Cada 8 de marzo las mujeres salimos a las calles para visibilizar nuestro reclamo. Ese día todas nos sumamos a una sola lucha y juntas gritamos #NiUnaMenos #VivasNosQueremos. Por este motivo, desde la revista Viento Sur de la Universidad Nacional de Lanús quisimos difundir el trabajo que cada día se realiza desde la institución en pos de erradicar la violencia machista. Elegimos a cinco referentes quienes, desde sus respectivas áreas, analizaron el impacto que sus acciones tienen no solo dentro del ámbito universitario, sino también en la comunidad toda.

 

GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Andrea Daverio

Especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad

En la Argentina una mujer muere cada 30 horas por violencia de género, es decir, por el simple hecho de haber nacido mujer. La cifra, aportada por el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, no deja de ser alarmante si se considera, además, que durante 2017 hubo 292 asesinatos, dos casos más que el año anterior.

En el último tiempo se ha impulsado un marco jurídico importante en pos de resguardar a la población femenina. El gran hito fue en 2009 con la sanción de la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

“Hace bastante que se ha resaltado la importancia de incorporar la igualdad de género y la diversidad sexual en todos los momentos de las políticas públicas, es decir, desde la definición de los problemas hasta los procesos de implementación, de toma de decisiones, de evaluación, de planificación. Esto significa que no es aditivo, no es sumarle el componente, sino que es pensar a lo público desde esa perspectiva. En nuestro país se sancionaron diferentes normas, tales como la Ley de Educación Sexual Integral, la de Matrimonio Igualitario, la de Parto Humanizado. Hubo una decisión sobre estas problemáticas que sufría la sociedad en pos de transformar la realidad y contribuir a esa modificación”, explica Andrea Daverio, directora de la Especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

En todos los cambios sociales, el Estado “tiene un rol fundamental” porque es el que “garantiza los derechos y es clave en la distribución de los recursos”, dice Daverio. “En ese sentido es vital lo que hace y lo que no, porque las políticas públicas incluyen las acciones y las omisiones. Cuando no se corrigen desigualdades y no se aseguran los accesos, en realidad se están beneficiando y negando otros. La legislación conlleva la obligación y la responsabilidad de ponerla en marcha porque sirve para mejorar nuestra vida”.

Daverio considera que la ley argentina es “muy buena”. Sin embargo, las estadísticas sobre violencia continúan siendo altas y las muertes aumentan cada año. “Es un tema muy profundo en las sociedades patriarcales y creo que las políticas públicas son una pieza clave. Sin embargo, es importante impulsar muchas acciones de manera simultánea. Entonces, la normativa es necesaria y debería ser acompañada y cumplida. Debe tener un presupuesto adecuado, para la prevención, el cuidado de las mujeres, la sensibilización, la capacitación de los agentes estatales, etc. Lo cierto es que en la actualidad se destinan recursos al Instituto Nacional de las Mujeres pero no se toman las medidas necesarias para que efectivamente estemos más protegidas. La ley debe ir de la mano de un soporte financiero y un compromiso estatal. Los femicidios no bajan porque son necesarias más iniciativas, que tengan que ver con el Instituto, con el Poder Judicial, con el sistema educativo, y con otras estrategias que puedan trabajar con estos ‘hilos’ que atraviesan a nuestras comunidades, donde la violencia hacia las mujeres es la expresión más brutal del patriarcado. El Estado es responsable porque debe garantizar las condiciones de vida y de derechos de todas”.

Desde hace cuatro años la UNLa tomó el compromiso de capacitar profesionales y lanzó la Especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad, con el objetivo de “contribuir a incrementar conocimientos y capacidades para la formulación de políticas públicas desde un enfoque que incluya esta perspectiva, y que puedan traducirse en el diseño de estrategias y proyectos que promuevan la construcción de una sociedad igualitaria y más democrática”.

“La Universidad es parte del Estado nacional y tenemos una responsabilidad. Uno de los modos en los que cumplimos con nuestro cometido es cooperando para que, por un lado, el género se incorpore de manera trasversal en todas las currículas de grado, y por otro para que se extienda en las prácticas de nuestros egresados. Esta es una especialización única, no hay una oferta igual en otra institución. Es el resultado de un trabajo de diagnóstico, que evidenció la necesidad que tienen los y las profesionales de distintas áreas, tales como docentes, abogadas, comunicadoras, sociólogas, que carecen de herramientas para abordar estas temáticas. Generamos un espacio donde se reflexiona, se analiza y se brindan instrumentos que sirven para intervenir de otra manera, a partir de la deconstrucción de saberes y prácticas. A veces hay que deconstruir toda la formación de la que se viene y repensar la forma en la que se ha adquirido el conocimiento. Todos debemos transitar ese camino”.

La UNLa forma parte, también, de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias creada en 2015 para analizar este enfoque hacia el interior de las casas de altos estudios. “Hacemos un intercambio de experiencias, protocolos de acción, programas educativos. Organizamos actividades conjuntas, como por ejemplo, la de integrar el Consejo Interuniversitario Nacional. Es un ámbito de intercambio de saberes, de miradas, de conocimientos, de prácticas. Creo que es un gran hallazgo colectivo”.

 

GÉNERO Y TERRITORIO

Violeta Correa

Programa Políticas Públicas y Género

En 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La norma establecía entre sus objetivos el desarrollo de políticas públicas, el acceso a la justicia de las víctimas y su asistencia integral.

Sin embargo, desde hacía varios años distintas organizaciones venían trabajando con los casos de violencia de género que se sucedían en sus barrios. Muchas mujeres se agruparon para buscar soluciones frente a estas temáticas que hasta ese momento no encontraban una respuesta en el Estado. Fue así que recurrieron a la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en busca de apoyo y orientación.

“La UNLa había comenzado a recibir demandas sobre problemáticas que sucedían en la región, por ejemplo, casos de gatillo fácil, temas que tenían que ver con la seguridad y la agresión hacia las mujeres -explica Violeta Correa, entonces coordinadora del Programa y actual docente de la UNLa-. Había distintos grupos que partían de la idea de que la Universidad les podía aportar otras miradas, capacitarlas o darles ayuda. Además, teníamos experiencias de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social, que habían tenido bastante intervención en diversas localidades aledañas con temas de violencia de género y trata, que comenzaba a circular. Fue así que en 2008 creamos el Programa Políticas Públicas y Género”.

La iniciativa fue confeccionada sobre tres ejes: la comunidad, la formación y lainvestigación. “A la comunidad la entendimos conformada por las organizaciones sociales, los gobiernos locales, las entidades no gubernamentales y el Poder Judicial. Empezamos a articular con todos esos grupos que actuaban en el territorio y nos convertimos en un espacio confiable y distante de las tensiones políticas que podrían generarse en otros ámbitos locales”.

Una de las primeras acciones que llevó adelante el Programa fue la confección de un estudio de investigación diagnóstica sobre cinco regiones de la provincia de Buenos Aires, por pedido del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. El objetivo era conocer respecto a los casos de violencia hacia las mujeres y de los temas de género, trata y tráfico de personas. “El diagnóstico permitió ver la desarticulación existente entre las entidades, que trabajaban con proyectos propios y no en red –dice Correa-. No era solo en la forma, sino también en los objetivos y en la proyección. Por ejemplo, no existían estadísticas integradas sobre los casos de violencia, es decir, las únicas con las que se contaban eran las que poseía cada institución tomadas con criterios absolutamente distintos. Entonces, una situación estaba registrada en el municipio, en el centro de salud, en el hospital, en una ONG, pero todo eso no tenía una intervención integrada y por eso imposibilitada de dar una estrategia articulada a la atención del problema. Había organizaciones que no querían saber nada sobre tratar con hombres agresivos porque solo eran cuestiones de mujeres. Además, en muchos distritos había iglesias evangélicas de tipo pentecostal que en realidad accionaban en contra de la independencia de los derechos femeninos y se enfocaban en roles naturalizados de dominación y reproducción. Todo eso era parte de la cotidiana, con actores que supuestamente atendían activamente estas cuestiones. Ni hablar de las comisarías de la mujer, donde la mayoría no distaba de ser igual a las otras, solo que tenían personal femenino. Tampoco había políticas de género con responsabilidad estatal, en ese sentido, no había ni una línea presupuestaria destinada a esto”.

Tras el análisis, se comenzó un trabajo interrelacionado entre las comunas y los gobiernos de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Lanús, que son los más cercanos a la UNLa. De esta manera, la Universidad “se convirtió en interlocutora de los Ejecutivos locales en la formación de sus propios cuadros y de sus áreas vinculadas al género”.

“Las políticas de género necesitan de dos actores esenciales para ser efectivas: uno es el Estado, entendiendo a este en las políticas concretas que se expresan en el territorio, como lo son los municipios y sus gobernantes. Pero el otro actor fundamental es la sociedad misma y sus organizaciones. El accionar articulado se logra desde el territorio con el apoyo de la estructura y las políticas. Los temas de género hoy son un campo de disputa y de poder que pone en tensión las visiones conservadoras que atraviesan a todos los sectores de la sociedad. El trabajo territorial es indispensable para el conocimiento y para la acción en la construcción de políticas de género”.

A diez años de su nacimiento, el Programa Políticas Públicas y Género ha generado estrechos vínculos con el Programa por la Igualdad de Género y el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa. Se lanzó la Especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad, y la formación de posgrado para capacitar “cuadros que intervengan en la región”. Además, la UNLa integra la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias.

“El vínculo con la comunidad sufrió un corte y se desintegraron muchas políticas. Hubo un quiebre en espacios que se habían abierto y que después se cerraron; profesionales que estaban y luego se fueron. Así que tenemos el desafío de generar nuevos lazos para fortalecer esa articulación”, concluye Correa.

 

GÉNERO Y JÓVENES

Andrea Vallejos

Programa por la Igualdad de Género

En el año 2006 se sanciona en Argentina la Ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La norma establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. Entre uno de sus objetivos está, además, el de “procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”.

“La Ley se dicta desde hace ya 12 años y ha influido un montón en pos de romper y criticar las formas tradicionales en las que nos socializamos, porque para una vida libre de violencia hay que desandar un montón de cuestiones”, afirma Andrea Vallejos, referente del Programa por la Igualdad de Género de la Universidad Nacional de Lanús.

El área, que depende de la Secretaría de Bienestar y Compromiso Universitario, trabaja de manera articulada con instituciones educativas de la región con el propósito de “conocer e indagar cómo es la vinculación de los jóvenes con las representaciones hegemónicas y las construcciones de género que se dan en torno a la masculinidad y la femineidad”.

“Lo que nos pareció muy interesante es ver que cada día hay una mirada más crítica hacia la idea tradicional de cómo debemos ser –dice Andrea-. Ese quiebre es generacional, los jóvenes de 15 a 20 años presentan otras estructuras y ya no se aceptan determinados roles. Por ejemplo, en el caso de las pibas no conciben a la maternidad como única opción sino que pueden planificar una vida que la incluya o no, es decir, que consideran válida la postergación o el armado de un proyecto alejado del rol de reproducción”.

Con respecto a los varones jóvenes, afirma que “por su parte, comienzan a pensarse en una masculinidad por fuera de lo patriarcal, de lo machista. Algunos quieren ser parte de los espacios de género, discutir, mientras que otros repiensan individualmente cuáles son los patrones que copian o no. Sin embargo, en ambos casos hay un respeto muy fuerte por la diversidad sexual”.

Los noviazgos violentos son otra de las aristas a tener en cuenta. Según una encuesta del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño, el 50 por ciento de las mujeres considera que mantiene una relación marcada por síntomas violentos con su pareja. Asimismo, el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, se impulsó la campaña “¿Te ama?” en redes sociales para concientizar sobre esta temática. “Existen muchas acciones en torno a los noviazgos violentos, porque es allí donde comienzan las prácticas de violencia hacia las mujeres. Lamentablemente hay aún un número muy alto de relaciones complejas, con mucho control y celos. El Programa Nacional dio un gran aporte, pero es una de las cuestiones donde hay que seguir poniendo el ojo. Por un lado porque las pibas avanzan y dicen que no a muchas situaciones y a los varones todavía les cuesta respetar esas decisiones y acompañarlas. Los pibes no son felices violentando a sus compañeras, sino que son criados en un contexto donde todo el tiempo se bombardea con vínculos que no son sanos. Si analizamos la música que consumen, vemos que la mujer es un objeto, que se le hacen cosas sin consultarla, o son propiedad del varón. Las novelas también están signadas de estas agresiones y en varias oportunidades lo que se ve en la pantalla no coincide con lo que vive un joven cotidianamente”.

Vallejos, además, agrega que si bien las chicas detectan que el escenario es agresivo se les hace difícil “cortar y barajar de nuevo”. “Tiene que haber otra forma de demostrar cariño que no sea a través de los celos. El amor romántico que nos vendieron en las novelas y los libros, donde ella acepta todo y él es superprotector no va, hay que deconstruirlo y desarmarlo. El objetivo, entonces, es trabajar para que haya alternativas, sin mujeres víctimas de género”.

El trabajo no se restringe a los lazos establecidos con la comunidad, sino que desde el Programa por la Igualdad de Género se generan diversas acciones hacia el interior de la Universidad.

“Apostamos a una fuerte visibilización y fomentamos las relaciones igualitarias. En esa línea impulsamos espacios disruptivos donde podamos pensar de qué manera somos respetuosos por la diversidad de las mujeres y de todos los que transitamos. También los estudiantes pueden acercarse y denunciar o hablar sobre algún compañero o docente que evidencie prácticas violentas. En diciembre, además, se aprobó un protocolo de acción para que todos sepamos cómo actuar ante las situaciones de violencia que se dan dentro de la Universidad”.

Ante la pregunta de “qué hacemos de cara al futuro”, Andrea responde que “en los últimos 12 años avanzamos un montón en cuanto a la legislación, pero falta seguir trabajando porque estamos en un contexto donde se cierran espacios. Las políticas públicas deben profundizarse, hay que difundirlas y hacerlas accesibles para todos. Las leyes escritas en un papel no garantizan su cumplimiento, sino que hay que ponerlas en práctica”.

 

GÉNERO Y ADULTOS MAYORES

Gladys Martínez

Programa de Voluntariado del Centro del Adulto Mayor

Durante el Primer Seminario Internacional sobre Género y Diversidad Sexual en la Vejez celebrado en la Argentina en 2015, se difundieron datos que indicaban que 1 de cada 9 habitantes del país tiene más de 60 años. Asimismo, se estableció que en esa franja etaria hay 74 varones cada 100 mujeres y que después de los 75 años casi la mitad, es decir, 55 caballeros cada 100 damas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud indica que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, pero presentan “más patologías crónicas y mayor discapacidad”.

Esta feminización de la vejez es uno de los ejes abordados por Gladys Martínez, coordinadora del programa de “Voluntariado del Centro del Adulto Mayor” de la Universidad Nacional de Lanús, que tiene el propósito de “promover un envejecimiento con derechos”.

“La longevidad es una preocupación social y en todo el mundo las mujeres mayores de 60 años superan a los varones en 60 millones. Esta feminización es un tema que hay que considerar dentro de lo que es el mejoramiento de las condiciones de envejecimiento, con alternativas saludables y con la cuestión de género como clave. En las últimas décadas hubo grandes modificaciones y estas personas han sido parte de ellas, pero no siempre se han manifestado en sus acciones cotidianas”.

Otro de los puntos clave que destaca Martínez es la feminización en el cuidado de las personas dentro del ámbito doméstico. La mujer continúa siendo protagonista “a pesar de los avances y las transformaciones”. “En el cuidado familiar siempre la hija va primero o se generan atenciones diferenciadas, donde la parte femenina se encarga más del aseo del cuerpo y de los ámbitos domésticos, mientras que los parientes masculinos se hacen cargo de trámites u otras cuestiones. Es el Estado el que debe entender que es una responsabilidad social y no familiar. Cuando la mujer posee un empleo no ocupa este rol naturalmente, sino que se agrega más tareas de las que habitualmente cumple. A la hora de los cuidados en una pareja ocurren situaciones similares. Al hombre le cuesta más hacerse cargo mientras que la mujer cuida a toda la familia. Y cuando quedan viudos se les hace más difícil, porque culturalmente no tienen asignados los quehaceres cotidianos. Él fue proveedor y el resto de las tareas se delegaban en alguna figura femenina”.

Desde el Centro del Adulto Mayor se proponen distintas actividades, entre ellas, los talleres y cursos gratuitos que se brindan gracias al apoyo del PAMI. Dentro de la matrícula se destaca que el 70 por ciento son mujeres y para ellas “la experiencia es revalorizante porque muchas no tuvieron la oportunidad de estar nunca en un ámbito universitario”.

“Algunas se sienten muy descalificadas sobre lo que han hecho o no durante su vida, prácticas que claramente estuvieron signadas por la cultura. Todas las búsquedas y acciones que hacen se orientan hacia lo que más conocen y eso está bueno. Hay una preservación de saberes que son más femeninos culturalmente hablando y donde ellas encuentran su lugar de vinculación social”.

Además de las ofertas en capacitación y recreación, el Centro intenta que “la perspectiva de género sea transversal a cada circunstancia” en pos de generar nuevas visiones en torno a la feminización de la vejez y del rol que tradicionalmente se les asigna a las señoras. Para cumplir con estas metas se delinean diversas estrategias, como los intercambios intergeneracionales.

“Estos encuentros ponen en tensión temas que no están solucionados ni para los jóvenes ni para los adultos mayores. Son las mismas personas las que tienen que encontrar una respuesta a temáticas que aún siguen estando naturalizadas. No abordamos directamente las cuestiones de género porque pueden derivarse en discusiones vacías, signadas en las historias de vida o trayectorias de cada uno. Sí se puede modificar mucho más a partir de nuevas aperturas o ante hechos específicos como son los femicidios o los casos de violencia de género. Pero en cuestiones más sutiles, buscamos ampliar el acceso a distintos conocimientos. Ellos vuelven a sus casas y se paran desde otro lugar, sobre todo las mujeres porque lo ven como una deuda que tienen con respecto a su formación y a la posibilidad de acceder al conocimiento en un ámbito calificado. Hay una perspectiva de género en eso también, que posee un impacto mayor en su cotidiana”.

 

¿Cómo se hace para deconstruir esas estructuras patriarcales en las que fueron criados estos adultos mayores?

Las mujeres son más permeables al cambio, porque creo que lo venimos acompañando. Hay hombres que tienen posiciones muy masculinizadas y sienten que se les desarma un lugar que han construido a lo largo del tiempo. Pero los mismos procesos de intercambio grupales les permiten “acomodarse” y respetar los códigos que planteamos cuando vemos situaciones excesivas. Por supuesto, intervenimos ante modos o formas de comportamiento claramente machistas. Hay varones a los que les cuesta mucho y al tomar la palabra lo hacen de manera diferente y descalificando la opinión de las mujeres, así que ahí lo vamos coordinando y cambiando. La transformación no creo que sea muy profunda, pero hay que seguir poniéndole mucho énfasis, dejando de lado naturalizaciones y estereotipaciones para ambos sexos. Es importante, además, ser cuidadosos a la hora de encarar los temas porque se pueden generar resistencias muy fuertes.

 

GÉNERO Y DISCAPACIDAD

Marcela Méndez

Comisión Asesora de Discapacidad

“Las mujeres en situación de discapacidad están invisibilizadas y sufren una doble vulnerabilidad y una doble estigmatización”, denuncia Marcela Méndez, coordinadora de la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “esta invisibilización y relegación responde a tramas sociales, económicas, políticas y culturales que la ubican en una posición de subalternidad producto de las interacciones sociales a lo largo del tiempo. (…) En la situación de las mujeres y de las personas con discapacidad, la diferencia se constituyó históricamente arraigada a la inferioridad y la subordinación, fundamentada y atravesada por las relaciones de poder, que se manifiestan como un ejercicio de violencia”.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU alertó en 2017 sobre “la discriminación múltiple, es decir, que algunos individuos o grupos sufren discriminación por más de uno de los motivos prohibidos, por ejemplo mujeres discapacitadas pertenecientes a una minoría étnica o religiosa.  Esa discriminación acumulativa afecta a las personas de forma especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para combatirla”.

Asimismo, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron en 2016 un informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer en el que, entre otros puntos, se destacó la ausencia de datos estadísticos sobre agresiones hacia este colectivo en la Argentina. También, se expuso “el acceso restringido a la educación, la salud y el empleo, y la falta de apoyos que les permitan desarrollar una vida con plena participación en la sociedad, con igualdad de oportunidades”.

Al respecto, Méndez apunta: “Al no haber cifras concretas, las políticas públicas se diseñan sin datos. De todas formas, que no haya estadística rigurosa y desagregada no es algo ingenuo. La pobreza es funcional al sistema, pero la discapacidad es la que más lo interpela porque es impensada y si la fusionamos con la perspectiva de género mucho más. Se potencia la vulnerabilidad”.

 

¿Qué pasa en las Universidades?

“Los pocos registros que hay indican que las mujeres con discapacidad no están visibles en el ámbito universitario. Un relevamiento hecho entre el 2012 y el 2015 informó que 3779 estudiantes se autorreconocieron en situación de discapacidad, de los cuales el 80 por ciento son hombres. No es un dato riguroso, sin embargo es el único que hay y nos dice que existen muchísimas barreras culturales, sociales, económicas, comunicacionales, pedagógicas. Pero también nos interpela, ¿dónde están esas mujeres? Nosotros debemos plantearnos sobre la deuda que tenemos en la producción de conocimientos desde la academia y a la hora de interrelacionar esta temática con el género. El desafío es pensar los problemas públicos no por categorías sino desde la interseccionalidad porque en estas sociedades capitalistas por esencia y por matriz, las opresiones se fusionan en nuestras realidades. En el caso de esta doble vulnerabilidad hay que ver el problema con esta complejidad”.

La Comisión Asesora de Discapacidad de la UNLa tiene como objetivo el de “debatir, diseñar, coordinar y articular la política universitaria de accesibilidad y discapacidad que se implementa en la Universidad”. “Trabajamos con todos los estudiantes y compañeros que desarrollan sus actividades en la UNLa –dice Méndez-. Lo importante es identificar los obstáculos. Es un proceso que va a llevar mucho tiempo y que depende de todas las áreas. Esta situación aún puja por el ingreso en las agendas de las universidades públicas y del sistema educativo en general, porque siempre se pensó desde la educación especial. Ahí ya tenemos una gran deuda”.

La igualdad de derechos para las mujeres en situación de discapacidad presenta diversas complejidades. Sin embargo, Marcela Méndez destaca que el camino a seguir tiene como base a la comunidad. “Su voz recién empieza a aparecer en determinados movimientos feministas. Hay muchas que vienen dando una gran lucha, aunque silenciosa y sin la posibilidad de poder influir en la sociedad. El camino está en generar alianzas, tejer lazos y redes para poder dar el cambio cultural porque no va a venir de arriba. Entonces hay que empezar desde abajo y ‘de manera arácnida’ para finalmente lograr incidir en las agendas gubernamentales”.

 

 

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