Ley de la Marcha al Campo

En Argentina, 9 de cada 10 personas viven en ciudades y más del 30 por ciento de la población se concentra en el 1 por ciento del territorio nacional. Ante esta situación, diversas organizaciones sociales, sindicales y gubernamentales presentaron el proyecto de Ley de la Marcha al Campo, con el objetivo de descomprimir los centros urbanos y de generar condiciones de vida equitativas e igualitarias en cualquier punto del país.

“La iniciativa trata de crear condiciones de vida dignas en una Argentina despoblada y de impulsar políticas que le permitan a la gente radicarse o arraigarse en el campo. Tiene que haber un desarrollo de las economías regionales, con la posibilidad de acceso al empleo y a la tierra. El rol del Estado es fundamental, para que todas las políticas de infraestructura, vivienda, transporte acompañen la necesidad de que las personas puedan desarrollar su vida en su propio lugar de nacimiento” explica Pablo Narvaja, director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico e integrante de la Mesa de Encuentro para el Trabajo y la Vida Digna.

¿Cómo se contempla el acceso a la tierra?

El proyecto de ley trabaja sobre tierras disponibles del Estado, que se pueden dan en concesión por un tiempo  para que las familias puedan instalarse y desde ahí tengan un proyecto de vida. Se busca también la creación de una unidad ejecutora para que articule políticas y disponga de las tierras en el formato de comodato, es decir, que siempre sean del Estado. Lo importante es desarrollar la Argentina de una manera más profunda, con una visión federal. 

¿Qué pasa con el sector privado?

Se respeta la propiedad privada y no se compite porque, en general, los grandes dueños de tierras son los que producen cultivos extensivos, que en gran parte se exportan para alimentar animales fuera de la Argentina. La idea es que en ciudades pequeñas de las provincias o alejadas de la ciudad capital haya corredores verdes o huertas. Por ejemplo, en Casilda toda la verdura la llevan desde Rosario. Entonces, lo ideal sería generar producción local y evitar el transporte.

¿Cómo se incluyen a las culturas originarias?

Tienen que ser respetadas en el acceso a la tierra y en los modos de producción. Y también pueden ser incluidos en la distribución.

¿Esta iniciativa no profundiza el modelo agroexportador?

No, al contrario. Es apuntar a un país productivo, que agrega valor a la cadena agropecuaria y que busca ser más federal, con más igualdad e integración territorial entre las economías regionales. Pretende una nación con diversidad productiva y no solamente como productora de soja.

¿Qué pasa en las regiones del sur donde las tierras no son tan fértiles?

No hay zonas excluidas. Pensemos en el caso de Holanda, que produce más tomates que nosotros en invernaderos. Y lo mismo ocurre en Israel, que es un desierto. Estos países desarrollaron tecnología para que puedan producir aquello que la naturaleza no les permite. Todo pasa por impulsar políticas de Estado convergentes, que generen condiciones equitativas en todo lugar.

¿Cómo se soluciona la falta de conectividad del campo?

Hay que analizarla desde un punto más básico, como es una ruta, hasta la conectividad a una red de Internet. El Estado tiene la obligación de hacerlo. No es imposible técnicamente, pero lamentablemente el gobierno anterior desmanteló el Conectar Igualdad y el sistema de conectividad que se había emprendido. Hay que avanzar desde donde se dejó. Pero también, como decía antes, son importantes las rutas y el acceso a los servicios, como luz, agua, gas. Hay que hablar con la gente de esos lugares y ver cuáles son realmente sus necesidades y no aquellas que se tienen desde la perspectiva propia.