Observatorio Lucía Pérez: porque #VivasNosQueremos

Durante los dos primeros meses del 2023, 50 mujeres fueron asesinadas, 23 niños y niñas quedaron huérfanos, y se organizaron más de 40 marchas y movilizaciones en reclamo de justicia. Las cifras impactan, duelen, porque cada femicidio representa a una mujer con proyectos, sueños y afectos, cuya vida fue arrebatada por la violencia patriarcal.

Además, este 8M está signado por el segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez, la joven de 16 años oriunda de Mar del Plata, cuyo femicidio desencadenó el primer paro nacional de mujeres en 2016 y marcó un hito en la historia de los movimientos sociales y los feminismos de Argentina.

“El caso de Lucía logra que se abra un nuevo juicio, donde se incluya la perspectiva de género y donde el centro esté puesto en los victimarios y no en las víctimas. También, se logra avanzar con un jury hacia los jueces que pretendieron dejar impune el juicio en una primera instancia. Y, desde nuestra cooperativa, nos impactó porque decidimos crear el Observatorio Lucía Pérez[1] para dar cuenta de que no estamos hablando de un caso aislado, sino de un sistema de violencias sistemáticas que poseen patrones comunes y que no frenan. Entonces, buscamos reconstruir esa radiografía de las violencias, con información de calidad y pública, sobre todo porque sin ese diagnóstico es muy difícil pensar posibles acciones que contrarresten esa violencia”, explica Anabella Arrascaeta, periodista de la cooperativa La Vaca-Revista Mu e integrante del Observatorio.

¿Qué información brindan?

Lo que nos importa es poder reconstruir la mayor cantidad de información en torno a esta situación, entonces intentamos mostrar esa vida antes de la violencia femicida que terminó en la muerte y empezamos a poner todos los datos, la edad, de dónde era, dónde ocurrió el hecho, quiénes son los sospechosos, si hubo condena, cuántos años hubo, cuáles son los fiscales o fiscalías involucrados —porque nos parecía importante saber qué fiscalía y qué carátula impulsa la investigación—, si tenía hijos, si había hecho denuncias previas, si estuvo o no desaparecida: toda esa información intenta reconstruir la situación alrededor de ese crimen. Y toda esa información está pública y disponible. También mostramos qué respuestas se están dando hacia esa violencia, entonces registramos las marchas y movilizaciones en reclamo de justicia que se dan y qué organizaciones sociales están involucradas en cada territorio. La idea es construir la mayor cantidad de aristas posibles para reconstruir el mapa de la violencia que queríamos mostrar.

Hay un apartado con funcionarios denunciados…

Sí, porque no hay un protocolo de actuación ante esas denuncias, entonces hay veces que las personas son separadas de su cargo, que ponen la renuncia a disposición hasta que se esclarezca lo que sucedió —que son los menos— y otros que continúan con total naturalidad, porque ejercen esas violencias desde una situación de poder y abusan de eso. Depende mucho de la visibilidad, de la movilización en las calles, del acompañamiento de las organizaciones sociales, y de la presencia o no en los medios de comunicación locales.

A partir del caso de Lucía, ¿se ha logrado incluir la perspectiva de género en los juicios?

No, no es una perspectiva que esté siempre presente. Por ejemplo, el caso de Luna Ortíz[2] cuya muerte está en absoluta impunidad porque está la idea de que era adicta, de que estuvo con los tipos, entonces es como algo recurrente y no solo en la Justicia. Se trata de instalar desde los medios que no terminan de posicionar la mirada o perspectiva de género, que es tratar de demostrar la desigualdad estructural que hay, por ejemplo, en el caso de Lucía: era mujer, menor, los victimarios eran mayores, le vendían drogas por lo que ella tenía una deuda con ellos, o sea una cantidad de condiciones que plantean una desigualdad en la relación a partir de la cual no pueden considerarse como iguales.

Del mapa que han armado, ¿encontraron zonas donde el patriarcado es más evidente?

Miramos con mucha preocupación y atención la situación que se da en Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario, donde encontramos una cantidad absolutamente alarmante de femicidios, que no son aquellos que suelen llamarse “íntimos” —donde el femicida es la pareja o la ex pareja o el novio de la víctima—, sino que están ligados a narco criminalidades en los territorios, con participación, acción y omisión de agentes estatales, policía, gendarmería, etc. En 2022 se registraron 50 femicidios no vinculares, cuando el año anterior la fiscalía de género de Rosario no tenía registros: se pasó de cero a 50. Ahí se está dando un ecosistema que hace más propicias estas muertes y que también hace mucho más dificultosa la búsqueda de justicia porque hay muchos más actores involucrados, entonces los procesos son más difíciles, hay más complicidades, son más difíciles de establecer los sospechosos, no hay investigaciones que avancen. Estamos trabajando en estos crímenes, que empezamos a llamar “femicidios territoriales”, y que se dan entre las relaciones de poder dentro de un determinado territorio.

Hay una leyenda en el sitio del Observatorio que dice “Datos que no registra el Estado”, ¿por qué ocurre esto?

El Estado debería hacerlo porque es su función trabajar para erradicar la violencia de género, hay una ley. Es una responsabilidad que está eludiendo. Nuestro relevamiento es limitado, el Estado tendría muchos más recursos y podría lograr información mucho más acertada.

[1] https://observatorioluciaperez.org/

[2] Luna Ortiz tenía 19 años y murió el 3 de junio de 2017 por una sobredosis de cocaína. El día anterior se había encontrado con Isaías Villarreal, un hombre al que había conocido por las redes y que la sometió a un raid de drogas y violaciones que la llevaron a la muerte.

En 2019, la Justicia condenó a Villarreal a 14 años de prisión por el delito de “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Sin embargo, en 2022 salió en libertad por un cambio de carátula.