La memoria en marcha

La demanda por los crímenes de la última dictadura cívico-militar siempre ocupó las calles. También los escritorios tribunalicios con cientos de expedientes judiciales y los recintos de organismos internacionales, donde la voz de la comunidad internacional acogió los reclamos. Se sostuvo en las búsquedas de los seres queridos ausentes, en la restitución de la identidad de nietas y nietos y en la preservación de los sitios de memoria. Se expandió en aulas y espacios educativos. Se hizo comunidad en clubes. Se narró en el arte de películas, teatros, música y obras de las más diversas.

La memoria en marcha fue el lema de la campaña que lanzaron los organismos de derechos humanos para la conmemoración del 24 de marzo de 2025. En él, anudan varios sentidos. Por un lado, el significado de una demanda que hace ya 49 años continúa de manera activa, impulsada por algunos actores sociales que son claves, pero que es realizada en el colectivo que la sostiene andando. En el contexto actual, la memoria en marcha es una consigna que también anuda el sentido de enfrentar las medidas de gobierno que son contrarias a las políticas públicas en la materia y los discursos que relativizan, justifican y reivindican el terrorismo de Estado.

Por último, la memoria en marcha tiene un sentido literal: marchar por las calles, ocupar el espacio público. Marchar en el presente implica disputar los límites de la violencia que se pretenden hacer tolerables tras la idea del orden público y que promueven una mayor irrupción del Estado a través de sus fuerzas de seguridad.

¿Cuáles son las encrucijadas para esta memoria en el marco de la irrupción de las derechas radicales que se sostienen en un fuerte cuestionamiento a las reglas de la democracia y a los acuerdos básicos construidos desde 1983 con fuertes disputas pero también con sólidos consensos?

La memoria en marcha es una consigna que reconoce un movimiento que es histórico, que es parte de un proceso que no ha sido lineal ni progresivo. Por el contrario, la agenda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de la última dictadura ha tenido funciones y formas variadas como la resistencia, el otorgarle fundamento al sistema político, la extensión del concepto de derechos y ciudadanía, el reconocimiento de otras víctimas de violencias estatales, o el sostenimiento de políticas públicas.

En la Argentina es posible reconocer algunos gobiernos, como el primero de la transición a la democracia (1983-1989), que impulsaron políticas de memoria, verdad y justicia limitadas. Su extensión se adecuó a lo posible teniendo en cuenta la preservación del sistema institucional, pero marcó hitos fundamentales para el sistema democrático como la conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) o la sustanciación del Juicio a las Juntas Militares.

Otras políticas intentaron clausurar cualquier abordaje social o institucional de los crímenes de la dictadura (fundamentalmente desde 1990 hasta el año 2003). Las acciones de gobierno, en estos casos, se dirigieron a cerrar los juicios penales que investigaban las graves violaciones a los derechos humanos, poner obstáculos en los mecanismos de obtención de verdad y suplantar las memorias activas por una idea de reconciliación que decía ser beneficiosa para la sociedad, pero ocultaba el objetivo de sembrar la impunidad por los crímenes.

Podemos reconocer también políticas que han producido enormes avances en materia de tratamiento del pasado dictatorial, basadas en reconocer la obligación y la conveniencia de producir toda la verdad, una memoria social permanente, y el máximo de justicia penal. Estos avances fueron notorios entre 2003 y 2015 y luego se sostuvieron entre 2020 y 2023. Entre muchas otras medidas, cabe destacar que se fortalecieron políticas de justicia para llevar adelante cientos de juicios penales en los que miles de responsables son aún hoy investigados y juzgados por los crímenes de lesa humanidad, se conformó el Archivo Nacional de la Memoria y una política de desclasificación de archivos con información imprescindible para las causas, se construyeron Espacios de Memoria en lugares históricos significativos para la comunidad a lo largo de todo el país, se establecieron planes de enseñanza en todos los niveles educativos, etc. En particular, durante estos períodos se diseñaron y sostuvieron como política de Estado algunas de las demandas planteadas por el movimiento de derechos humanos; y se consolidó un modelo de gestión de los espacios de memoria con participación de la sociedad civil.

Ahora bien, también transitamos dos gobiernos con abiertos cuestionamientos a las políticas de memoria, verdad y justicia. Entre 2015 y 2019, las políticas estatales nacionales debilitaron los principales espacios de gestión de las políticas de memoria e impulsaron una narrativa que dio lugar al cuestionamiento de lo sucedido durante la dictadura impulsando conceptos que relativizan la responsabilidad del gobierno militar, reinsertando la discusión sobre la violencia de las organizaciones políticas armadas en los años setenta. El acompañamiento de funcionarios, así como la visibilidad y la relevancia en la agenda pública de los grupos promotores de la llamada memoria completa o, directamente, defensores de los genocidas condenados judicialmente, fueron un rasgo característico de este momento.

Sin embargo un punto saliente para entender las derivas hasta la actualidad es el inicio, en esta etapa, del cuestionamiento de la legitimidad de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos como política de Estado. Estos años fueron un duro golpe a la agenda de los derechos humanos, pues no solo se enfrentaron los intentos de implantar una revisión de lo sucedido, sino también de deslegitimar sus demandas en un sentido amplio. La relevancia del movimiento de derechos humanos en las políticas públicas de memoria, de reivindicaciones de género, contra la discriminación, y otros tantos temas sociales, profundizaron estas maniobras de deslegitimación en el marco de las disputas dentro del sistema político.

Cinco décadas después de la irrupción del terrorismo de Estado, ya no se trata solo de la deslegitimación de estos actores y estas causas dentro del debate político. Tal como lo ha planteado Ezequiel Ipar, los partidos de derecha radical presentan “a las políticas que promueven la justicia social y los derechos humanos como responsables de los malestares subjetivos que genera la crisis, y han logrado con relativa eficacia despertar adhesión hacia posiciones ideológicas autoritarias” (Ipar, 2024, p.300). Los movimientos sociales y de derechos humanos que lograron trabajosamente incidir para que el Estado realice reconocimientos de tipo cultural, medidas redistributivas o políticas garantes de derechos, son señalados como culpables de que la democracia no funcione, de ser privilegiados a través de prebendas, u oportunistas. 

Esta construcción narrativa tiene su correlato en la puesta en marcha de una reestructuración del Estado y de las políticas cuyo eje es una pulsión económica que requiere destruir los derechos de las mayorías. Ya no se trata de ocultar o negar que una política sea violatoria de derechos, ni siquiera de aceptar que son consecuencias no deseadas, o de postular que son necesarias temporalmente. El paradigma de las derechas radicales naturaliza e incluso legaliza prácticas discriminatorias sobre grupos vulnerables afirmando que es lo justo.

Esta naturalización se exterioriza a través de la construcción de figuras odiantes y estigmatizantes que concluyen (o se inician) en la idea de que es necesario eliminar todo y a todos aquellos que son responsables de la crisis. Así, se ve alterado otro de los elementos que caracterizaron los acuerdos desde la transición política: la afirmación de que el autoritarismo actuaba en pos del aniquilamiento a la diferencia, mientras que la democracia promovía la convivencia en nuestras diferencias como sujetos ideológicos, políticos, sociales. El respeto a la vida se volvió el punto nodal de este acuerdo que también es cuestionado.

Una mirada retrospectiva puede mostrarnos que la democracia argentina fue fundada, puesta en crisis, debatida y reconstruida, en gran parte, discutiendo derechos. En lo que hace al sistema político, en aquella temprana transición, se discutieron y delinearon algunos principios como la protección estricta de la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa; el cumplimiento de las garantías procesales y el debido proceso; el orden constitucional y la división de poderes; la diferenciación tajante entre actividades de seguridad y de defensa nacional; la no discriminación; la igualdad de género; entre otros.

Aunque el retorno a la democracia logró amplios niveles de consenso sobre las condiciones que otorgarían estabilidad al sistema político y las garantías de igualdad formal, presentó luego un escenario de democracias con profundos niveles de desigualdad y exclusión y con sistemas ineficientes para garantizar los derechos vulnerados por prácticas institucionales violentas (como las policiales o las penitenciarias, entre otras). 

Tal como lo ha planteado Marina Franco, “la inestabilidad institucional, los cuestionamientos a la democracia como sistema político y a la presencia de las masas en la vida política, y la omnipresencia de la violencia política y represiva se fueron disolviendo después de la última dictadura. Desde entonces, la vida política y social argentina siguió jalonada por crisis de diverso tenor y otras formas de violencia institucional, pero la democracia se afirmó como regla de juego y como aspiración de forma de vida en común” (Franco, 2024, p.262).

La violencia dictatorial fue productora de ciertas relaciones sociales en y a través del espacio público. El retorno a la democracia promovió el debate y la libertad de vivir otro tipo de relaciones en ese mismo espacio. La apelación al orden y al desorden desde entonces, han remitido a lo que es o no es tolerable, a los asuntos y las formas en que se justifica la limitación o incluso la represión por parte del Estado.

La irrupción de las derechas radicales tensa aún más este acuerdo sobre el espacio público, tal como lo muestran, entre otros hechos, las reformas de protocolos de actuación frente a las protestas o las sucesivas represiones a manifestaciones de jubilados y personas con discapacidades. De manera generalizada, aquellos que ocupan la calle con alguna demanda o crítica a las políticas implementadas son catalogados de enemigos, riesgos para la Nación, terroristas, golpistas, o con un sinnúmero de metáforas estigmatizantes. La utilización de la semántica de la eliminación, materializada en acciones represivas, echa por tierra el acuerdo de respeto por la participación y el debate público que rige el sistema político democrático.

La democracia fue un horizonte y su retorno en 1983 alcanzó algunos consensos como el valor de la vida y la resolución de los conflictos políticos sin violencia, el respeto a la pluralidad de opiniones, la ocupación del espacio público como lugar de expresión, la libertad de protestar, etcétera. 

La experiencia de lo vivido en la última dictadura militar y el proceso de memoria, verdad y justicia fueron parte de la fundamentación de estos acuerdos democráticos. ¿Qué memorias debemos promover al llegar a los 50 años del golpe de Estado cuando todos estos fundamentos están puestos en cuestionamiento, devaluados y criticados violentamente; cuando las reglas institucionales son utilizadas sin contención en aras de un fin mayor (borroso, múltiple y contradictorio); cuando la idea de orden se repone en el debate político para justificar la irrupción violenta del Estado; cuando la construcción de una comunidad basada en las diferencias se desmorona frente a la idea de la amenaza provocada por esas ideas o esas personas diferentes; cuando los discursos odiantes degradan el principio de la vida como un derecho fundamental que debe garantizar la democracia?

Que la memoria marche es también una forma de expresar que tenemos que recuperar esas configuraciones simbólicas de la primera transición, cuando la democracia fue entendida como garante de derechos y productora de comunidad, y construir desde allí una oposición a cualquier deriva autoritaria.

Referencias

Franco, Marina. 2024. “El final del pacto del ‘Nunca Más’, nuestro mito contemporáneo”. En: Grimson, A (coord.): Desquiciados. Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, Siglo XXI Editores.

Ipar, Ezequiel. 2024. “Las derechas radicales y la política de la crueldad”. En: Grimson, A. (coord.): Desquiciados. Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, Siglo XXI Editores.