DDHH sin fronteras mediáticas Entrevista a Emiliano Galende

Viento Sur conversó con Emiliano Galende, especialista en Psiquiatría, sobre las políticas que impulsaron la sanción de la Ley de Salud Mental en 2010, sobre los nuevos escenarios adversos que en estos días coartan la aplicación plena de la Ley, y sobre las resistencias que esta legislación convoca por sus valores democráticos, de inclusión e igualdad de derechos. “Podrán ignorarla, ponerle obstáculos, inclusive no avanzar en su implementación, pero guste o no la Ley está vigente y va a ser difícil que avancen, porque inclusive una modificación no se puede hacer por decreto” dijo el especialista.

-¿Cómo podemos vincular la existencia de manicomios con el rol de un Estado que separa, discrimina, encierra y disciplina?

-Las políticas manicomiales implicaron la entrega de sujetos reducidos a cuerpos al poder de una autoridad profesional que, diagnosticando su peligrosidad, disponía la privación de su libertad y control. Políticas de desigualdad han existido siempre. Diferenciar a una población, quitarle sus derechos y perseguirla forma parte de la historia universal. Ese es el problema del derecho penal positivo, que no se rige por la igualdad. Pero hay otras políticas de Estado posibles. Políticas vinculadas a la igualdad, y que se plasman en leyes que integran a las personas, que respetan sus derechos y que hacen que el Estado se comprometa  a garantizar el ejercicio de los mismos.

-¿Qué cambió en América Latina y la Argentina para que los psiquiatras se encuentren con sus pacientes como sujetos de derecho?

-Esta perspectiva vinculada a la política manicomial es política y el cambio de su mirada y hegemonía lo es también. En la Psiquiatría, desde sus inicios, convivieron distintas miradas. En el mismo momento en que se construyeron manicomios, existieron quienes los denunciaban como instituciones represivas y de control. Porque en la periferia y fuera de los manicomios, la Psiquiatría como disciplina médica dio lugar a otras corrientes disciplinares, tales como la psicología, la filosofía y la antropología. Entendían que ninguna de estas áreas de conocimiento tenía un saber totalizante del problema, por lo cual consideraban necesario que se complementasen. En la Argentina se extendieron mucho el psicoanálisis y la psicología, y eso atenuó mucho el papel de los médicos psiquiatras, pero en general en la mayor parte de América Latina la atención de los padecimientos mentales la han detentado los médicos hasta los últimos 30 o 40 años. Este juego se abrió cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la atención y el cuidado de personas con sufrimientos mentales debían estar en manos de diversas especialidades de manera simultánea, y los cuidados debían ser abordados desde varias miradas disciplinares. La OMS tomó esto como un tema político y fue en una asamblea de 1953 en la que formuló la reestructuración de los servicios psiquiátricos bajo los modelos de Salud Mental. Los nuevos planteamientos tuvieron que ver con invertir la relación que el Estado tiene con las personas con sufrimientos mentales, y dejar de discriminar negativamente a los “sujetos peligrosos”.

-¿Existen otros hitos que influyeron en este cambio?

-Otro aporte fue el de la Asamblea de las Naciones Unidas que en 1991 publica los nuevos principios para la atención de los trastornos mentales y la exigencia de un consentimiento informado del paciente. El Estado previsto en la nueva Ley de Salud Mental Argentina retoma estos valores y establece que las personas que tienen padecimientos de salud mental son sujetos de derechos y que estos deben ser garantizados. Por eso asume un rol protagónico de apoyo y protección, con el fin de restituir a esta población al conjunto de la sociedad. Se instala una nueva mirada basada en lineamientos democráticos.

-¿Entonces en la Argentina la reforma del campo de la salud mental se hizo de arriba hacia abajo?

-Sí, porque la Psiquiatría no se reformó por sí misma. Y un antecedente para que esto suceda fue que al final de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que entre un campo de concentración y un hospital psiquiátrico no había ninguna diferencia. De este hallazgo atroz formó parte también un famoso programa vinculado a la Alemania nazi y luego al fascismo italiano que se llamó “eugenesia”. El movimiento de eugenesia llevó al asesinato de miles de pacientes que estaban internados en hospitales psiquiátricos y a la eliminación de personas que tenían algún déficit mental. Con el cese de la guerra se visualizó claramente este genocidio.

-¿Qué situaciones tuvieron que converger para que se sancionara en 2010 la Ley de Salud Mental en la Argentina?

-Claramente estuvo presente la decisión política. A comienzos de este siglo, los cambios políticos en Argentina y en América Latina dieron lugar a un contexto donde el problema de la democracia y la igualdad tuvieron un peso muchísimo mayor. Casi todos los países latinoamericanos desarrollaron programas democráticos para la integración social, tratando de superar viejas políticas de desigualdad. Y la Ley de Salud Mental en la Argentina es uno de ellos.

-¿Cuáles fueron los mayores logros de la LSM hasta ahora?

-La Ley tiene algunas estructuras organizadas por el Estado y que son pilares para que pueda progresar en sus políticas, valores y principios. Uno es la creación de un Órgano de Revisión Nacional y Provincial que es de orden público y tiene aplicación en toda la Nación. Este órgano está ligado al control y a la regulación, para que los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental sean realmente respetados y protegidos. Se vincula en sus acciones con el Ministerio Público de la Defensa. Lo segundo tiene que ver con el artículo 22 de la ley que crea una Unidad de Letrados. Es decir que las personas que son internadas involuntariamente tienen derecho a designar un abogado y el Estado debe garantizarles un representante legal que podrá oponerse a la internación e inclusive solicitar su externación en cualquier momento. Esta unidad está compuesta por abogados del Ministerio Público de la Defensa que van a los hospitales y clínicas psiquiátricas y revisan en qué condiciones se están respetando los derechos de las personas allí internadas. En el poco tiempo que llevan trabajando, dos años aproximadamente, ya son miles las personas que se han externalizado por acción de los abogados de esta unidad. Y el tercero es que por primera vez se les da aplicación a los principios de la OMS que establecen la necesidad de la intersectorialidad. Esto implica que los problemas de Salud Mental ya no son solo de los médicos y psicólogos en exclusividad, sino que hacen a los problemas de vivienda, de integración social y de acceso al trabajo. Entonces se creó una Comisión Interministerial a nivel de la Jefatura de Gabinete de la Nación y dentro de este organismo una Comisión Asesora. Esas tres estructuras garantizan que la Ley esté insertada en las políticas del Estado vinculadas con la protección del ejercicio de derechos, la regulación y el control.

-¿Peligra la Ley en esta etapa con las nuevas políticas?

-La Ley está establecida, reglamentada y es de aplicación obligatoria para todo el país. Lo que están apareciendo son obstáculos. Por ejemplo, están desactivando algunas de las estructuras que esta ley ha puesto en marcha tales como la Comisión Interministerial que se reunía mensualmente y ellos no la están convocando. Otro de los obstáculos es que como el Órgano de Revisión tiene la capacidad de dictar resoluciones, tratan de cuestionar algunas de ellas, pero por ahora es solo eso. Estas prácticas tienen sus antecedentes, porque quienes tomaron el gobierno en esta última elección son los mismos que gobernaban la Ciudad de Buenos Aires. Allí y durante la gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, nunca aplicaron una Ley de Salud Mental que tenía quince años de vigencia y que era muy parecida a la Ley Nacional. Esto lleva a pensar que están haciendo lo mismo con la Ley Nacional, ignorándola. Pero la ley está fuerte, en marcha y gran parte de las provincias tienen sus Órganos de Revisión propios. Inclusive muchas ya han avanzado con el artículo 22 y la unidad de letrados. Podrán ignorarla, ponerle obstáculos, inclusive no avanzar en su implementación, pero guste o no la Ley está vigente y va a ser difícil que avancen, porque inclusive una modificación no se puede hacer por decreto. Y si quieren pasar por el Congreso, eso no va a ser sencillo porque esta Ley se aprobó con un solo voto disidente en el Senado. Su consenso es enorme tanto en las Asociaciones de Familiares como en los pacientes y en gran parte del colectivo del campo de la salud mental. Solamente las asociaciones de psiquiatras se han opuesto a algunas partes de la ley. Pero el campo de la salud mental es más amplio, abarca otras disciplinas que apoyan la Ley y están comprometidos en su defensa.

-¿Cómo podemos defender la Ley de Salud Mental y garantizar que se aplique en su totalidad?

-Se están construyendo en todo el país distintos movimientos de resistencia que buscan avanzar en su aplicación y coordinar fuerzas para resistir a los obstáculos que estamos viviendo. La Universidad Nacional de Lanús participa de esta resistencia. En esta línea, el 5 de noviembre de 2016 realizamos las XII Jornadas de Trabajo “La Salud Mental Comunitaria en escenarios adversos”. Asistieron más de 500 personas de la zona, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y San Luis. Participaron familiares, usuarios de los servicios de salud mental, trabajadores sociales, enfermeros, abogados, comunicadores sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, médicos, psicólogos sociales, médicos psiquiatras, musicoterapeutas, estudiantes, artistas, desocupados, amas de casa, jóvenes y vecinos. La resistencia que se está creando es muy grande. Las dos mayores transformaciones que se realizaron sobre finales del siglo XX y que afectaron a las vidas de las personas, porque la Salud Mental nos afecta a todos, están vinculadas con las revoluciones del feminismo y de las personas con trastornos mentales. Son las únicas dos poblaciones que han logrado un mayor grado de libertad. Esto es así, no vemos grandes poblaciones que tengan mayor libertad en África, en Asia, en Medio Oriente ni en los países capitalistas centrales de Europa o Japón.