Fuerzas Armadas Manual de las nuevas amenazas

El 29 de mayo, en conmemoración del Día del Ejército Nacional, el Presidente Mauricio Macri anunció en el Palomar: «Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la cooperación con otras áreas del Estado, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales». Desde la asunción de Cambiemos, una serie de hitos delinean esta misma perspectiva de cambio de paradigma sobre el rol de las FF.AA. El decreto 721/16 que les garantiza a los militares poder sobre ascensos, traslados y designaciones; el decreto de Emergencia de Seguridad Pública (228/2016) que incorpora en uno de sus anexos la autorización a las Fuerzas Armadas de derribo de aviones en fronteras. Y por último, las palabras del mismo Ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien en una entrevista del 19 de junio en el diario La Nación manifestó que el decreto que establece que solo pueden emplearse las FF.AA. ante una agresión externa «estatal» “está vigente, pero por poco tiempo”.

El debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas se impone en la escena pública y por ello Viento Sur convocó a tres especialistas: Luis Alén, abogado especialista en temas de derechos humanos; Gustavo Palmieri, abogado especialista en temas de democracia, seguridad, justicia, y derechos humanos; y Ernesto López, sociólogo experto en defensa nacional. Con ellos trabajamos nudos problemáticos vinculados a lo que el CELS definió como “la riesgosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas” o Ricardo Ragendorfer caracterizó, en Tiempo Argentino, como “el avance del proceso militarizador”.

-¿Qué argumentos esgrime Cambiemos para legitimar este nuevo paradigma?

Gustavo Palmieri: Se intenta legitimar desde la capacidad ociosa del Estado. En este sentido, cierta capacidad ociosa sigue siendo mejor que una capacidad peligrosa, más cuando no se los necesita. En realidad creo que hay que revisar si ya no está sobredimensionado el aparato de seguridad en la Argentina, en comparación con otras necesidades y políticas públicas.

Luis Alén: El argumento es: hay un fenómeno que es el narcoterrorismo, que es una agresión a la soberanía de los Estados y por lo tanto ahí las FF.AA. podrían intervenir. Es decir, podrían saltear la barrera de que no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior. Una de las primeras cosas que hacen es decir que hay que cuidar las fronteras y sacan ese famoso decreto, para mí inconstitucional, que autoriza a derribar aeronaves. Eso es aplicar la pena de muerte sin juicio previo, en un país donde esa pena está prohibida. Hoy las FF.AA. no tienen demasiados roles y ellos no saben en qué usarlas. Entonces intentan delinear una política que permita usarlas internamente. Creo que lo que subyace es la idea de utilizarlos en materia de represión interior.

Ernesto López: Se trata de un gobierno de centro derecha que muestra una notoria incapacidad para pensar el interés nacional. Esto se refleja en un arco de acciones que van desde la claudicante actitud con que se lleva la Cuestión Malvinas hasta el festejo que se hace por el acuerdo con el FMI, que es la consecuencia del fracaso de Macri y parece encaminarse hacia un desenlace desolador. Hay declaraciones por ejemplo de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculadas al involucramiento de los militares en las tareas de seguridad. Ella se pregunta “si Hezbolá o el ISIS atacan en Argentina: ¿el Ejército no puede intervenir? En Estados Unidos, ¿no hubiesen podido intervenir fuerzas armadas frente al 11 de septiembre?” Incluso menciona que en París los militares custodian las estaciones de trenes. Esa es una manera de tratar de instalar el asunto que también aparece relacionado con la realización próxima de la Cumbre del G20 en Buenos Aires.

-¿Qué diferencias se encuentran entre Seguridad y Defensa?

Ernesto López: Los militares y soldados están preparados para la guerra, para un uso de la fuerza en un grado extremo o la imposición de fuerza para disuadir. Para eso es su formación. Mientras que los policías están para otra cosa: combatir el delito. En la mayoría de los países latinoamericanos, los policías están puestos al servicio de jueces y fiscales, no actúan solos. Los militares no tienen ninguna relación con el poder judicial. Y además el uso de la fuerza en el caso de las fuerzas policiales, está estrictamente graduado y con protocolos. Las respectivas formaciones de soldados y policías son para dos cosas diferentes. Una es Seguridad, la otra el papel de la Defensa. El hecho de que ambos usen uniforme y armas no quiere decir que estén preparados para actuar indistintamente en cualquiera de los dos campos. Puede haber policialización de segmentos de los ejércitos y militarización de segmentos de las fuerzas de seguridad. Pero esto no quiere decir, en absoluto, que Seguridad y Defensa sean funciones estatales que puedan fusionarse. Así, el proyecto del Gobierno de desplazamiento de cerca de 5 mil suboficiales del Ejército a la Gendarmería exige sí o sí una re-socialización y un re-entrenamiento. No lo veo imposible.

Gustavo Palmieri: Las FFAA en Argentina no tienen como función intervenir en seguridad interior. Su doctrina que indica en qué casos tiene que intervenir, condiciona después toda su formación, todos sus equipamientos técnicos. Si uno hace la formación en función de la ley y compra equipamiento en esa línea, darles material y doctrina que no tiene que ver con su espacio profesional es desprofesionalizarlas.

-¿Qué experiencias nos dejan otros países latinoamericanos?

Ernesto López: Me remito a la conferencia internacional sobre drogas que organizó Naciones Unidas en 2016. Fue impresionante que coincidieran tanto Enrique Peña Nieto, presidente de México, como Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Ambos comprometidos hasta el cuello en la guerra contra el narcotráfico, acordaron que esta ha causado numerosas muertes, migración de poblaciones y una serie de catástrofes internas importantísimas. Los dos reconocieron que la militarización y la “guerra contra las drogas” había sido un fracaso, sugirieron cambiar de estrategia y establecer un nuevo paradigma de acción. Lo de Brasil, en mucha menor escala, se ubica en la estela de los casos de Colombia y México.

Gustavo Palmieri: En general, en el Cono Sur, en Centroamérica y en Colombia los militares tienen una intervención muy fuerte en cuestiones de fronteras. Argentina es uno de los países que mejor regulada tiene la no intervención de los militares en materia de seguridad interior, que es modelo. A nivel internacional, la intervención de las FFAA pensadas para la guerra, utilizadas para la seguridad interior siempre ha traído serios problemas en términos de violaciones a los Derechos Humanos. Además de las que ya cometen las fuerzas de seguridad. Pero a los ciudadanos no se los trata con el derecho humanitario del enemigo, sino dentro de la perspectiva de los Derechos Humanos, toda una doctrina que ha generado en los países donde se da como en Colombia, México, Venezuela, serias violaciones a estos derechos, aunque con distinto perfil cada una.

Luis Alén: Esto se hizo en Colombia con una excusa más fuerte que era la lucha contra las FARC y el ELN. Eso permitió a EEUU poner una serie de bases militares. Entonces, ahora ya están hablando de la instalación de bases acá, lo que les permitiría tener una fuerza de despliegue rápido en todo el continente sur. Eso responde a los intereses de EEUU y a la nueva política de acercamiento, que es en realidad de subordinación.

-¿Qué relación podemos encontrar en este cambio de paradigma con el modelo económico vigente?

Luis Alén: Este modelo no cierra sin represión, esto ya lo hemos visto. Ya desde el debut del gobierno de Macri hubo represión a los jubilados, represión a los docentes, represión a estudiantes. Vemos cómo, por ejemplo, se viola constantemente lo que es la autonomía universitaria e incluso en los colegios. Por otro lado esa entrevista con Chocobar, el policía que mató a un tipo por la espalda, muestra cuál es el paradigma que ellos quieren meter. Entonces para eso no les alcanza con las fuerzas federales de seguridad, sobre todo en provincias, porque puede haber allí quienes se nieguen a aplicar ese tipo de políticas a nivel local con sus fuerzas de seguridad.

Ernesto López: Al asumir, Macri tenía en mente desarrollar una política exterior regida por la difusa idea de reinsertar a la Argentina en el mundo. Para lo cual convenía establecer una relación amistosa y estrecha con los Estados Unidos y que facilitara intercambios recíprocos. Esta es una de las claves de la política exterior argentina actual. Se trata de vincular la situación económica interna con la ayuda internacional y con la posibilidad de que vengan inversiones externas. O una “lluvia de dólares”, como se dice. Es una expectativa o una apuesta gubernamental: se espera que ellos nos apoyen en el plano económico y Argentina –a cambio- ofrece un compromiso con esas prioridades de agenda de ellos: narcotráfico y terrorismo. Es obvio que este “canje” lleva implícita la aceptación del orden neoliberal.

-¿Es viable este intento de reforma?

Gustavo Palmieri: Estamos en un contexto en el que hay una gran deslegitimidad de las fuerzas de seguridad, que es lo que ahora se ve en relación con Gendarmería. Entonces es muy difícil que el Ejército se legitime socialmente desenvolviéndose con fuerzas de seguridad muy deslegitimadas. Y sobre todo, trabajando contra los movimientos sociales, organizaciones de trabajo y movimientos de derechos humanos muy legitimados. La resistencia y el compromiso con la justicia y la democracia por parte de los organismos siempre han sido muy importante. Nuestro país ha tenido una cantidad de condenas en materia de Derechos Humanos importantes. ¿Hay impunidad en América Latina? Sí, pero también hay condenas ejemplares en Argentina.