Justicia y Derechos Humanos La primera Licenciatura en Latinoamérica

La Universidad Nacional de Lanús se distingue, entre otras cosas, por ofrecer carreras no tradicionales, novedosas y que estén relacionadas con necesidades puntuales de la sociedad en estos tiempos.
En ese sentido y con un foco en los problemas de acceso a la justicia, lanzó la primera Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de Latinoamérica. La flamante oferta académica busca formar profesionales con conocimientos más integrales y multidisciplinarios que los que suelen tener las personas que se desempeñan en el área. Para ello, incluye contenidos jurídicos pero también otros relacionados con la sociología, la psicología social, la teoría política e historia, entre otros. Algunas de las asignaturas de la carrera son “Derecho Penal”, “Instituciones del Derecho”, “Derecho Constitucional”, “Constitucionalismo social”, “Configuración histórica de los derechos humanos en América Latina”, “Educación y TIC en Derechos Humanos”, “Teoría Política”, “Problemas actuales de acceso a la justicia”, “Metodología de la investigación social”, “Sociología del derecho” y “Elementos básicos de los procesos judiciales”.

Objetivos
“Está destinada a proveer a los que piensan los derechos humanos como una integralidad, no solamente desde un punto de vista limitado de los derechos civiles y políticos, sino desde la multidimensión de los derechos de igualdad, libertad y solidaridad, de las herramientas necesarias para construir políticas públicas, gestionarlas, administrarlas y evaluarlas”, explica Luis Alén, director de la flamante carrera, con larga trayectoria en la docencia y en la gestión pública vinculada a la materia (fue subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, entre otros cargos).

Un campo de acción amplio
La licenciatura, dictada por el Departamento de Políticas Públicas y Gobierno, tiene una duración de cuatro años (la Tecnicatura, título intermedio, tiene una duración de dos años) y viene a cubrir un vacío según Alén: “Los egresados podrán desempeñarse en el asesoramiento tanto de los poderes ejecutivos y legislativos, ya sea en el orden nacional, provincial o municipal, o dentro de organizaciones que promuevan la vigencia plena de los derechos humanos, movimientos sociales y ONG’s”, asegura.
Estarán capacitados para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en materia de derechos humanos; dirigir y participar en equipos de investigación interdisciplinarios; asesorar a organismos públicos; gestionar proyectos de políticas públicas vinculados a la ampliación de derechos; desarrollar acciones de promoción y difusión de los derechos humanos en instituciones públicas, organizaciones sociales y de la comunidad a través de programas y proyectos específicos; e integrar y asesorar equipos destinados a la formación y capacitación en el área de Derechos Humanos.
La impulsora de la carrera fue la propia rectora de la UNLa, Ana Jaramillo. “La idea surge de la necesidad de formar hombres y mujeres en defensa, principalmente, de los derechos conquistados en estos últimos tiempos. Son nuevos derechos y requieren estar a la altura de las circunstancias”.
Consciente de que esta oferta académica no tradicional puede generar resistencias en los ámbitos académicos y de la justicia conservadores, advierte: “La justicia real debe acercarse a la justicia ideal progresivamente. Algunos creen que la justicia es de los abogados, así como que la salud es de los médicos o el medioambiente de los arquitectos. Los abogados forman parte de la justicia, pero la justicia no es de los abogados, no les pertenece a ellos”.