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Descripción del contexto en que se desató la pandemia de COVID-19

A principios del año 2020, para la Argentina en particular, existían retos vinculados con la pobreza, el crecimiento económico y las dificultades de financiamiento. Nadie imaginó que dos meses después el mundo enfrentaría una pandemia de una magnitud nunca vista, con lógicas consecuencias sanitarias y, fundamentalmente, sociales y económicas sin precedentes.

En las consecuencias socioeconómicas de la pandemia en nuestro país, es que se centra este artículo principalmente. Un informe elaborado por las agencias, los fondos y los programas de Naciones Unidas en Argentina acompañado por el Banco Mundial, da cuenta del impacto transversal provocado por la pandemia desatada por la COVID-19. El impacto generado es, a la vez que socioeconómico, también de carácter ambiental, además de tener efectos sobre los Derechos Humanos. Este impacto y los efectos causados por la pandemia obligan a recalcular cualquier plan de desarrollo sostenible, así como también a reevaluar prioridades y reasignar recursos. Los primeros análisis e investigaciones muestran cifras contundentes: se registra una caída en la producción, el crecimiento de la pobreza y de la cantidad de personas en estado de emergencia –sanitaria, alimentaria, económica-. Además, se abren interrogantes sobre la dimensión temporal de esta crisis: la sociedad argentina teme que lo coyuntural pase a ser estructural, y que los nuevos pobres y marginados de esta crisis pasen a ser los nuevos pobres y marginados del país.

Mientras estoy escribiendo este artículo sigue avanzando el plan de vacunación en el país. El gobierno nacional sigue negociando la llegada de más dosis de vacunas, y por otro lado se abre la posibilidad de que se empiecen a fabricar algunas en el país, como es el caso de la Sputnik VIDA, cuyo anuncio hiciera días atrás el presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa vía 

Zoom junto con el Primer Ministro de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y otras autoridades de gobierno del país euroasiático.

Este tipo de medidas de carácter sanitario preanuncian, por parte del gobierno nacional, una intención de acercarse a un escenario de pospandemia entre los meses de agosto y septiembre de este año. Mientras tanto, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales continúan delineando medidas preventivas acompañadas de restricciones y aperturas, según avancen o retrocedan la curva de contagios y el índice de mortalidad.

Grupos que se vieron afectados

La crisis de la COVID-19 exacerbó la vulnerabilidad y la discriminación hacia los y las menos protegidos/as de la sociedad, destacando profundas desigualdades económicas y sociales que requieren atención urgente como parte de la respuesta y recuperación: en especial las mujeres y hombres, niños, niñas, jóvenes y personas mayores, pueblos originarios, personas refugiadas y migrantes, personas en situación de pobreza, las personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas LGTBI. El respeto y la protección de los Derechos Humanos de todos/as es clave en este contexto.

La importancia de un Estado presente

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales tomaron medidas rápidas y efectivas para mitigar el impacto de la crisis. La sociedad argentina en su conjunto está dando muestras de compromiso y solidaridad (rasgos que, por otra parte, creo que son característicos de nuestro pueblo), para enfrentar esta crisis y hallar una salida con equidad y en democracia.

La historia argentina está llena de fluctuaciones y paradojas. En las últimas décadas, el país ha sufrido crisis económicas y sociales  y recuperaciones recurrentes, que han incluido y excluido del bienestar, alternativamente, a millones de personas.

Argentina es un país con un desarrollo humano muy alto (se encuentra entre los primeros 50 en el mundo con este indicador). El mismo país con capacidad de producción de alimentos para 400 millones de personas, hoy debe brindar asistencia alimentaria para 11 millones de argentinos y argentinas. Sin embargo, tanto los datos positivos como los negativos concluyen que Argentina tiene un potencial inmenso, pleno de recursos naturales y humanos, y seguramente hallará el camino para que la respuesta inmediata y efectiva a esta crisis dé paso a una recuperación enfocada en el desarrollo sostenible.

La Argentina tiene, a la vez, una larga tradición de protección social: protección social que, a la vez de requerir su universalización y una mayor eficacia, necesita, como contracara, complementariedad y sinergia con el mundo productivo. Existe una interdependencia entre ambas dimensiones: la protección social tiene su techo mientras la producción genera empleo, lo cual conlleva al acceso a importantes beneficios socioeconómicos. Esta relación necesaria enfrenta a la Argentina a un gran reto. Las serias restricciones fiscales dan poco margen al país para fortalecer y promover ambas dimensiones, mientras obligan a un replanteo del modelo económico y del tipo de relacionamiento que tendrá la Argentina con el resto del mundo.

En el contexto del Aislamiento Social, la principal causa asociada con la disminución de ingresos está relacionada con el tipo de actividad económica y la imposibilidad de salir a trabajar (56%); seguida por la suspensión temporal (18%); la disminución en el nivel de ventas, pedidos o clientes (15%); la reducción de horas trabajadas (12%); la reducción del salario (8%), entre otras con menor incidencia. Esto se ve reflejado en que en aquellos hogares sin presencia de asalariados, el 72% sufrió una reducción de sus ingresos. Además, en el 7,2% de los hogares se ha perdido al menos un empleo: son 400.000 hogares en los que una persona ha perdido su empleo. Esta cifra llega al 10% en el noreste argentino. Si se toman los datos del Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF), el 10% de los hogares con menos ingresos tienen al menos un miembro que perdió su empleo. Entre los hogares con al menos una persona con discapacidad, la pérdida de empleo llega al 15%.

Ante la disminución de ingresos, algunos hogares (39%) han tenido que dejar de pagar algún servicio, principalmente luz, gas, teléfono, celular o Internet. Estos valores ascienden al 45% en el caso de los hogares de menores ingresos. Además, un 5% de los hogares tuvo que reducir el consumo de medicamentos, valor que asciende al 7,5% en los hogares ubicados en villas y asentamientos.

La rápida expansión mundial del Coronavirus y sus efectos en la economía del país, hacen augurar no solo una caída del PBI sino también una caída del empleo. La crisis provocada por la pandemia tendrá un fuerte impacto sobre el mercado laboral en Argentina, que ya venía debilitado anteriormente. Si bien durante el último trimestre de 2019 se venía registrando un leve repunte en la tasa de empleo, su evolución durante los dos últimos años fue estable. En cambio, la tasa de actividad iba aumentando. El crecimiento de la participación laboral, mayoritariamente vinculado a una entrada de las mujeres en el mercado de trabajo, se debe a una necesidad de contrarrestar la caída de los ingresos de los hogares en recesión. El desfasaje en el aumento entre la tasa de actividad y la tasa de empleo en el país es síntoma de la creciente presión de la oferta laboral sobre el mercado de trabajo.

Aunque Argentina es un país en el que la mayoría de las instituciones laborales -incluyendo la legislación para la protección del empleo, la negociación colectiva y los mecanismos de protección social contributivos- están diseñados para cubrir fundamentalmente a los/las trabajadores/as asalariados/as formales, los shocks como el actual dejan en una situación de desprotección a un gran porcentaje de las personas trabajadoras del país, particularmente a quienes trabajan en la informalidad y por cuenta propia. Para los trabajadores y las trabajadoras formales, se implementó un conjunto sustantivo de políticas que apuntan a la protección del trabajo y se apoyan principalmente en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (también conocido por su sigla ATP). Para el conjunto de trabajadores y trabajadoras no alcanzados por el ATP, se implementó un programa que recibió el nombre de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que es una transferencia a trabajadores y trabajadoras informales, monotributistas (categorías A y B), monotributistas sociales, trabajadores/as de casas (formales e informales) y beneficiarios/as de la AUH, de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) o el Plan PROGRESAR. El monto del IFE era de $10.000, y originalmente se pensó otorgar en dos veces (abril y mayo 2020), aunque finalmente el gobierno tuvo que efectuar un tercer pago en el mes de junio 2020 debido a la delicada situación económica de los trabajadores y las trabajadoras informales (que hoy, en junio de 2021, sigue siendo aún más delicada aunque ya no se efectúe el pago del IFE). El pago de esta herramienta de protección social alcanzó a 7.854.316 hogares. En cuanto a la situación en las villas y los asentamientos, los datos mostraron que la llegada del IFE (31%), el bono extraordinario de AUH (45%) y la tarjeta Alimentar (25%), tenía una cobertura más alta que en el resto de los hogares. Esto quiere decir que estas ayudas sociales en hogares de bajos ingresos significó un gran alivio para esa parte de la población. Esto se comprueba tanto al analizar la cobertura por cuartiles de ingresos como entre quienes perciben una transferencia social. El 62,8% contaba con cobertura pública de salud y el 17,4% tenía una cobertura privada de salud.

Las restricciones impuestas por el gobierno nacional para el movimiento de personas, aunque son absolutamente necesarias desde el punto de vista sanitario, no dejan de tener graves consecuencias en el aspecto social. Datos del INDEC señalan que el 55% de los hogares tiene como jefe o jefa a un/a empleado/a en relación de dependencia, de los cuales el 16% son pobres. En tanto el 22% de los hogares tiene como jefe/a un/a asalariado/a no registrado/a, de los cuales el 43% son pobres. Finalmente el 23% de los hogares tiene como jefe/a a un/a cuentapropista y el 35% son pobres. Para el 55% de las familias con jefatura de hogar con trabajo en relación de dependencia registrado, el “quedarse en casa” es viable si se mantiene su salario. Este hecho también genera la pregunta sobre la sostenibilidad para las empresas, ya muy golpeadas por una crisis preexistente a la pandemia, y la capacidad del Estado para financiar, a través de subsidios, los ingresos de los y las trabajadores. En tanto, casi la mitad de los hogares tienen como jefe/a a un/a trabajador/a independiente e informal. Para ellos/as, el aislamiento implica prácticamente dejar de percibir ingresos. 

Reducir la pobreza

Es posible hacer un análisis más profundo sobre las condiciones socioeconómicas utilizando un concepto más amplio, la pobreza crónica, que busca identificar los factores que hacen que la pobreza sea una condición persistente, más allá del crecimiento económico y las intervenciones de políticas sociales. Una característica central de la pobreza crónica es su reproducción intergeneracional. Las personas crónicamente pobres viven en malas condiciones de vivienda: las casas son de baja calidad y están superpobladas —el número de individuos que vive en una casa es de 6,1 en promedio, con 2,5 niños/as menores de 12 años—, y sus condiciones sanitarias son de menor calidad que las de los hogares no vulnerables, especialmente en lo que respecta a las aguas residuales y la higiene. Aunque en general la pobreza crónica se identifica con quienes viven en barrios y asentamientos populares, conocidos como barrios populares, un porcentaje importante de personas crónicamente pobres vive fuera de ellos (en vecindarios pobres), una característica que tiene implicaciones con respecto a las políticas públicas (que suelen estar enfocadas en la población de los barrios populares).

Los/las niños/as se ven especialmente afectados por la pobreza crónica: representan casi la mitad del total. Por el contrario, las personas mayores representan solo el 0,5% de la pobreza crónica, principalmente debido a las pensiones no contributivas.

Los perfiles de pobreza en hogares con niños y niñas muestran que los valores son más elevados entre aquellos con jefatura con trabajos informales y desempleadas. Estos casos, como se mencionó, se verán más afectados/as por la crisis. Medidas como las anunciadas (un bono extraordinario de la AUH, el refuerzo alimentario, el IFE, etc.) contribuirán a mitigar parcialmente la situación. Pero así como el IFE, el ATP, la AUH, la AUE y el Plan PROGRESAR vinieron a mitigar el ensanchamiento de la brecha de la desigualdad, también existen otros instrumentos de ayuda social, como por ejemplo los REPRO y la Contribución Extraordinaria a las Grandes Fortunas. Con respecto a esta última, es debatible si se debe implementar un único pago o si se debe extender en el  tiempo hasta que la situación de los afectados y las afectadas por esta pandemia se estabilice. En opinión de quien escribe esta nota, la Contribución Extraordinaria a las Grandes Fortunas debe extenderse en el tiempo necesariamente. Otra medida que debe ponerse sobre la mesa de discusión política de la coalición de gobierno, es la creación de un Salario Básico Universal para quienes hayan sido duramente golpeados por la pandemia, y aún para aquellas personas que estuvieran desempleadas anteriormente a su inicio. Es importante aclarar que en los principales países de Europa también se llegó a barajar esta medida.

Según CIPPEC (basándose en datos del INDEC), en el primer semestre del 2020 la pobreza alcanzó al 40,9% de la población. Esto significa que entre 2019 y 2020 (porque recordemos que a la crisis por la pandemia le antecedió la crisis heredada del gobierno de Mauricio Macri) ingresaron a la pobreza 25 millones de personas. Sin las medidas económicas tomadas por el gobierno para paliar los efectos nocivos de la pandemia, la tasa de pobreza podría haber aumentado un 2,6% más, afectando al 43,5% de la población.

Este tipo de transferencias de recursos económicos impide que casi 1,2 millones de personas caigan por debajo de la línea de pobreza. Reducir la pobreza requiere de una estrategia multisectorial y coordinada que se sostenga en el tiempo, y que pase de un esquema de protección social, donde será crucial seguir sosteniendo esta transferencia de recursos como medida a corto plazo, hacia una política de creación de empleo genuino en un mediano  plazo.

Si bien Argentina es uno de los países más urbanizados de la región, contiene más de 4400 barrios populares (villas y asentamientos informales), donde al menos 4,2 millones de personas (10% de la población total) viven sin acceso formal a los servicios básicos y con un alto índice de pobreza e indigencia. La tasa de pobreza monetaria por impacto de la cuarentena en hogares de barrios populares donde residen niñas y niños superaría el 90%. Alrededor del 40% de los barrios y del 50% de sus habitantes se encuentran en la provincia de Buenos Aires, donde unas 345.000 familias viven en 1450 poblamientos con alta vulnerabilidad social.

En el complejo escenario posaislamiento que se vislumbra, apuntalar la recuperación de la actividad desde, hacia y con los barrios populares, es fundamental. Tanto por el impacto en estas comunidades como por su enorme valor social y económico en términos generales. La situación sanitaria y socioeconómica de los habitantes de los barrios populares es una preocupación central del gobierno y de la sociedad en general, además de ser un punto de atención crítico de la asistencia humanitaria que requiere de ampliación.

En la actualidad, la Argentina sigue inmersa en medio de la crisis socioeconómica que desató la pandemia. Las iniciativas de gobierno tendientes a reactivar la golpeada economía nacional resultan insuficientes, lo que queda demostrado cuando observamos el creciente número de comercios y pymes que cerraron sus puertas y bajaron sus persianas desde que empezó el 2021.

La protección de los sectores más vulnerados como prioridad

Antes de finalizar este artículo, quisiera referirme lo más brevemente posible a cómo afecta la pandemia a uno de los sectores más vulnerables y a la vez más numerosos de nuestro país: el de las personas con discapacidad.

A estos fines, UNICEF Argentina y Fundación IPNA realizaron una encuesta, la cual arrojó que del total de la muestra, las personas con discapacidad (niños, niñas y adolescentes en su mayoría) representan el 59%. La encuesta fue realizada durante el mes de mayo, y de 731 respuestas obtenidas, el 79% corresponde a adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, en tanto que el 87% son menores de 35 años. Según datos recogidos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en el año 2010, el 12,9% del total de la población del país tiene alguna discapacidad. En el año 2018 se realizó el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. Según este estudio, el 10,2% de la población de entre 6 años y más tienen algún tipo de discapacidad. Según el INDEC, los hogares con al menos una persona con discapacidad, ronda en un 25,3%.

Dentro de los hogares donde viven personas con discapacidad, previamente al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el 41% asistía a algún centro educativo, el 24% a algún espacio de atención, un 8% trabajaba y solamente un 6% recibía una prestación profesional. En cuanto a la situación económica y laboral de los hogares en los que hay personas con discapacidad, más de la mitad de los hogares con algún miembro con discapacidad manifestaron que los miembros de la familia que trabajan tuvieron que dejar de hacerlo por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Del 46% que pudo continuar trabajando, un 29% lo realiza de la misma forma que antes de la cuarentena, un 27% trabajando a distancia desde el hogar y un 25% debió acortar el tiempo de trabajo a la mitad. Dada esta situación, las personas encuestadas afirmaron en un 63% que los ingresos en el hogar disminuyeron. De este porcentaje, el 46% declaró que debió dejar de trabajar fuera del hogar para poder continuar con el trabajo de cuidado de la persona con discapacidad. Sobre quienes pudieron continuar con el trabajo fuera del hogar, en un 37% debieron reducir el horario del mismo para poder realizar los cuidados. Esto refleja que las transformaciones en la situación laboral y de ingresos impactan en mayor medida a las mujeres, al tener mayor nivel de involucramiento en las tareas de cuidado de la persona con discapacidad en los hogares.

De acuerdo con la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo realizada por el INDEC en 2013, el 76,4% del trabajo doméstico no remunerado es realizado por mujeres. Asimismo, y específicamente en relación con el cuidado de las personas, dicho estudio arroja que el 74,5% de las mujeres asumen el trabajo doméstico no remunerado de cuidados de otros miembros del hogar.

Más allá del sesgo que los efectos de la pandemia y la cuarentena pueden ejercer en la valoración de actividades de proximidad social, también estas afirmaciones de adolescentes y jóvenes contribuyen a problematizar el discurso socialmente extendido de una vida social de adolescentes y jóvenes (previa a la pandemia) exclusivamente mediada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Al respecto, el porcentaje de las respuestas de las y los adolescentes con relación a cuánto extrañan ir a la escuela, ver a amiga/os o hacer deporte, es muy significativo. Escuchar a la niñez y adolescencia es sumamente importante, más aún cuando poseen distintos niveles de discapacidad. Por último, hay que decir que más del 60% de los hogares con discapacidad manifestó haber experimentado una reducción de sus ingresos, lo cual no solo puede traducirse en una menor capacidad de obtención de los bienes y servicios fundamentales para los hogares, sino que, en términos estructurales, es probable que los efectos de la pandemia terminen ampliando la brecha en el ejercicio pleno de las personas con discapacidad y especialmente, de las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza.

Posibles alternativas para salir de la crisis en la pospandemia

Reactivar la economía de nuestro país requiere de un gran esfuerzo, y por sobre todas las cosas, depende de las decisiones que tome el gobierno nacional y de las políticas públicas que implemente para dejar atrás tamaña crisis.

Como mencionara en algún pasaje de este artículo, creo que algunas de las medidas que nos permitirían salir paulatinamente de esta crisis socioeconómica serían la extensión en el tiempo del cobro de la Contribución Extraordinaria a las Grandes Fortunas mediante una prórroga de la ley por la que fue creada dicha herramienta, la creación e implementación de un Salario Básico Universal en el cual queden unificados programas asistenciales ya existentes tales como el IFE, el ATP, la AUH, la AUE, el PROGRESAR y la Tarjeta Alimentar, a los cuales se les podrían sumar las pensiones por discapacidad (porque nadie debe quedar desprotegido ante esta crisis). Otra eventual salida debe sí o sí darse por el lado de la creación de puestos de trabajo, donde estimo que el gobierno debería  tomar dos caminos que no tienen por qué ser mutuamente excluyentes: en primer lugar (y tal como se había planteado antes del comienzo de la pandemia) los planes sociales otorgados por el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, deben tener como objetivo capacitar a sus beneficiarios para así insertarse en el mercado laboral. Para lograr esto es de vital importancia que haya una articulación entre el ministerio anteriormente mencionado y el Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, el gobierno nacional debe lograr un acuerdo beneficioso tanto con el Club de París como con el Fondo Monetario Internacional que le permita ahorrar numerosos dólares, los cuales podrían ser invertidos en generar nuevas fuentes de trabajo y de esta manera poner a funcionar el aparato productivo, para permitir muy de a poco esa reactivación económica tan deseada.

Para los próximos meses se espera tener vacunada a la mayor parte de la población; y en virtud de esta circunstancia es que hay que ir delineando un escenario pospandemia que incluya medidas como las que acabo de enunciar. Por supuesto que a este escenario pospandemia no escapa el tema de la educación, ni el de la resocialización de niños y adolescentes en edad escolar.

En este sentido creo que lo más conveniente sería implementar un sistema mixto de clases, es decir, intercalar en la semana días con clases presenciales y días con clases virtuales. Las clases presenciales deberían llevarse a cabo con burbujas de diez o quince alumnos en días intercalados, en tanto que para las clases virtuales deberían optimizarse tanto la provisión de los dispositivos correspondientes como el acceso libre y gratuito a la conectividad del servicio de Internet.

Por último, pero no por eso menos importante, en cuanto a las medidas que permitan salir de la pandemia al colectivo de las personas con discapacidad, es de primera necesidad prestar suma atención al aspecto social de estas, ya que es de esperar que como consecuencia del ASPO sufran un decaimiento en su estado de ánimo. Es por ello que lo primero que debe hacerse como medida de contención hacia este sector, es restablecer el funcionamiento de centros de día, escuelas especiales y cualquier otra actividad que permita su incentivo y la estimulación en su estado de ánimo.

En este artículo me propuse reflejar, resumidamente, cuáles son algunas de las consecuencias socioeconómicas y los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19 entre algunos de los grupos más vulnerables de nuestro país, pero también me propuse aventurar algunas posibles alternativas que nos acerquen a una salida a no muy largo plazo. Si bien es importante cuidar la salud de todos los argentinos y todas las argentinas, no debemos olvidar que hay miles de personas que necesitan trabajar para poder comer y para poder vivir, y también que nuestro país viene de soportar las medidas destructivas del modelo neoliberal de un gobierno como el de Mauricio Macri. El presidente Alberto Fernández, en la medida que la pandemia lo permitió, ha tomado medidas para incentivar sectores importantes tales como el de la construcción y diversas ramas de la industria. También ha mantenido reuniones con el Fondo Monetario Internacional, distintos líderes de los países más poderosos del mundo y hasta con el Papa Francisco para lograr apoyos importantes ante la renegociación de pago de la monstruosa deuda heredada del gobierno anterior.

En este estado de situación se encuentra nuestro país atravesando esta crisis social, económica y también sanitaria. A pesar de todas las vidas que se perdieron en este largo período de pandemia, se está haciendo un gran esfuerzo para salir adelante. El pueblo argentino conoce de crisis, y ha sabido resistir y superar todas esas crisis a base de resistencia y de solidaridad. Todos juntos debemos aportar nuestro granito de arena y “tirar para el mismo lado” aunque haya sectores que intenten sacar rédito político de esta situación. Debemos entender que esta crisis la superamos todos juntos, porque nadie se salva solo.

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