Niñas, no madres

En el marco de un nuevo 8M, ONU Mujeres-América Latina y el Caribe llamó a reflexionar en torno a la premisa “Día Internacional de las Mujeres 2025 – Para las mujeres y niñas en toda su diversidad: Derechos, igualdad y empoderamiento”.

El lema no es casual. En enero de este año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una condena contra Nicaragua y Ecuador por la violación a los derechos humanos de tres niñas (Norma, Susana y Lucía) sobrevivientes de violencia sexual, a quienes se les negó el acceso a la interrupción del embarazo. 

“Las decisiones del Comité marcan un hito, que responde contundentemente a las realidades de miles de niñas en la región y al flagelo de la violencia sexual en toda América Latina y el Caribe. En los casos de Norma, Susana y Lucía se les negaron el aborto, lo que generó la imposición de embarazos y maternidades forzadas y, en efecto, vulneraron su proyecto de vida. Con base en este razonamiento, entre otros, la ONU establece que los Estados de Ecuador y Nicaragua violaron puntualmente los derechos a la vida, a la vida digna, a estar libres de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, a la igualdad y no discriminación y a la vida privada”, expresa Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, y vocera del Movimiento Son Niñas No Madres, organismo conformado por más de una decena de entidades que en 2019 impulsó una estrategia de litigio internacional que culminó con el histórico fallo.

La decisión de la ONU se suma, además, a la condena emitida en 2023 contra Perú por el caso de Camila, quien a los 13 años fue forzada a continuar con su embarazo, producto de las constantes violaciones de su padre. Tras sufrir un aborto involuntario, la menor fue criminalizada.

Qué implica el fallo de la ONU

La condena insta a los Estados a que modifiquen su legislación, a fin de que se puedan evitar embarazos infantiles y maternidades forzadas. En esa línea, obliga a los países a ofrecer reparaciones específicas a las víctimas.

“Cuando hablamos de reparación significa que estos Estados están obligados a ofrecer una indemnización a las sobrevivientes, acompañarlas para que puedan reinsertarse en el sistema educativo y completar los estudios que abandonaron, que desertaron por dedicarse a cuidar niños siendo ellas niñas. También están obligados a garantizar en términos económicos que los hijos que nacieron de estas de estos embarazos forzados puedan acceder a la educación en todos los niveles, primario, secundario y universitario”, explica Marianny Sánchez, vocera del Movimiento Son Niñas No Madres y directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global.

Sánchez agrega que, además, los Estados deben prestar “el acompañamiento psicológico necesario para procesar, gestionar emocional y personalmente sus historias, que son bastante fuertes. Y quiero agregar que en el caso específico de Ecuador, el comité le pide al Estado ecuatoriano que se disculpe públicamente ante Norma por la inacción, omisión y desprotección que fue tan interviniente en su caso”.

El fallo también les exige a los países modificar sus legislaciones, en pos de “garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida, la salud de la persona o niña está en riesgo, pero también cuando ese embarazo es producto de un evento tan doloroso y que genera tanto sufrimiento como la violación”.

“Además de la modificación de la legislación, también se pide que se eliminen las barreras para el acceso, porque una cosa es lo que existe en la ley y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el aborto en casos de violación ya es legal desde 2021 pero hay importantes barreras para el acceso. El caso nicaragüense es muy diferente porque el aborto está criminalizado, está penalizado en su totalidad y entonces ahí sí se tendría que cambiar la normativa de acuerdo a lo que le obliga esta condena”, especifica Sánchez.

La situación en Latinoamérica y Argentina

En América Latina y el Caribe, cinco de cada cien niñas fueron madres en 2021, de acuerdo a lo informado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). De esta manera, la región cuenta con la segunda tasa más alta de partos en menores de 15 años.

Asimismo, cerca del 20 por ciento de esos embarazos se dieron tras sufrir violencia sexual y, en muchos de los casos, se trata de violaciones reiteradas. Según estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las víctimas del 80 por ciento de las violaciones son niñas de entre 10 y 14 años.

En Argentina, cerca de 40 mil niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres cada año, según Amnistía Internacional. De ese grupo, casi mil no llegan a los 15 años, es decir, que diariamente 3 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, la mayoría producto de abuso sexual.

En esa línea, el Ministerio Público Tutelar destacó en 2020 que el 80 por ciento de niños y niñas de entre 12 y 14 años que sufrieron abuso sexual infantil comprendieron que fueron abusados después de recibir clases de Educación Sexual Integral (ESI).

Columna de Viento Sur en Radio UNLa

Foto de portada: https://socorristasenred.org/