Premio Bioética 2022

“Allí donde hay una vulneración de derechos, debe alzar su voz la bioética”

El pasado 3 de noviembre, la Fundación Jaime Roca celebró la entrega de los premios en Bioética en su edición 2022. Con un jurado compuesto por la Dra. María Luisa Pfeiffer, el Dr. Gerardo Perazzo y el Dr. Juan Carlos Tealdi, la Doctora en Filosofía y docente investigadora de la UNLa, Cecilia Pourrieux, obtuvo el segundo premio por su trabajo Investigación, mercado y Estado: un conflicto presente.

 “El valor de haber ganado este premio tiene que ver con la posibilidad de divulgar que muchos de los ensayos clínicos que se realizan, tienen graves problemas éticos a partir de los cuales se vulneran los derechos de los sujetos que integran las comunidades más pobres o emergentes. Dilemas casi naturalizados por una parte de la comunidad científica y que deberían ser abordados y modificados de forma urgente”, afirmó la investigadora.

La investigación premiada

Como continuidad de los temas que la Dra. Pourrieux desarrolló en su tesis doctoral, esta investigación se introduce en los problemas morales que se presentan alrededor de los ensayos clínicos. “Con gran desazón fui testigo de cómo estos se vieron profundizados en la pandemia con la búsqueda acelerada de una vacuna, para la cual los ensayos clínicos fueron cruciales. Ello se recrudeció particularmente en los países emergentes, y la Argentina no fue una excepción”, sostuvo la especialista en diálogo con Viento Sur.

Así, en el trabajo premiado, Pourrieux recorre cómo en nuestro país se realizó un ensayo clínico con alrededor de 6 mil voluntarios/as, y que el producto de esos ensayos (las vacunas) fueron distribuidas entre los países más ricos (Estados Unidos, Israel, Canadá y países de la Unión Europea) en su primera etapa. “En la carrera contrarreloj, lo que primó alrededor de las vacunas fue la consideración de este producto como una mercancía. Como consecuencia de ese proceso, diciembre de 2020 fue el año de las pérdidas. De las afectivas, de las económicas, de todo tipo de pérdidas, pero el gran ganador en la bolsa fue la industria farmacéutica con dos laboratorios, con sede en los países centrales, a la cabeza”, se lamentó la investigadora.

Problemáticas alrededor de las cuales orbita la bioética

Hay una definición convencional de bioética, según la cual esta disciplina se ocupa de aquellos problemas morales que se originan desde la biología, las ciencias de la vida, la atención de la salud y los problemas del medio ambiente. Pero la mejor forma de definirla es en función de sus tareas. En este plano, hay cuestiones muy concretas en lo que refiere, por ejemplo, a la protección de los derechos de los sujetos que intervienen en las investigaciones.

“Algunas de las teorías clásicas de la bioética, como la teoría de los principios o el consecuencialismo, fracasan a la hora de afrontar ese tipo de problemas concretos relacionados con la ética. Por eso, es necesario dar una vuelta de tuerca y analizar el escenario histórico y social en el cual se desenvuelven ese tipo de problemáticas”, reflexionó Pourrieux. Es bajo esa perspectiva que la autora propone en su investigación abordar la interacción entre la ciencia y la ética, dado que ambos campos están atravesados por intereses y relaciones sociales y económicas determinadas.

“Tomemos el caso de los ensayos clínicos, donde no solamente es necesario considerar la actividad del investigador, sino los aspectos que involucran al mercado, a las regulaciones y sobre todo, a los Estados a la hora de confrontar los derechos de las comunidades con los intereses de la industria. Allí donde hay una vulneración de derechos, allí, debe alzar su voz la bioética, que en cierto modo es una forma de militancia”, afirmó.

La producción científica y el mercado

La investigación premiada recorre la contradicción entre las investigaciones “socialmente útiles” y las motivaciones “lucrativas” que atraviesan a las sociedades. Esta contradicción debe ser el primer escalón para abordar los problemas presentes en una ética de la investigación en salud. Así, el trabajo desarrolla cómo en la sociedad actual, la tecnociencia y sus productos no realizan una mera transferencia de conocimiento útil a la sociedad, sino que prevalece el carácter lucrativo de sus productos, transformándolos en mercancía. El resultado de este intercambio permite a la industria de la salud (laboratorios, científicos/empresarios) un ingreso monetario abusivamente superior a los costos de su desarrollo.

“Si queremos analizar temas como los ensayos clínicos, sobre todo aquellos que se realizan en nuestra región, es imposible soslayar que muchas de estas investigaciones giran en torno a los beneficios económicos que de ellos espera obtener la industria farmacéutica” afirma la docente, quien a su vez nos invita a desnaturalizar la concepción instalada de que los productos científicos son impolutos. “Eso es central, ya que las relaciones sociales y productivas dentro de las cuales se desarrollan esas disciplinas científicas determinan en gran parte los problemas. Detectando el problema, entonces podemos empezar a proponer soluciones” concluyó.

Patentes, producción de medicamentos y su conflicto con la salud pública

El trabajo de Pourrieux no solo postula el revisionismo, sino que además lo asume. Por ello retoma que en 1994, con la introducción de los llamados Acuerdos sobre los aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),se tornó más rígido el régimen de patentes, particularmente en los tópicos vinculados con la producción de medicamentos. Así, se agudizaron las exigencias de blindar el carácter privado del conocimiento como necesidad para valorizar el capital aplicado a las investigaciones científicas. Los ADPIC, prosigue el trabajo, surgieron en forma simultánea a la Organización Mundial de Comercio (OMC). El propósito central de los ADPIC fue entonces vincular, mediante las llamadas “concesiones cruzadas”, los derechos de propiedad intelectual con el comercio internacional. Desde entonces, las violaciones a la propiedad intelectual e industrial pudieron ser objeto de importantes sanciones comerciales internacionales.

En nuestro país, desde 1995, se adaptó para la legislación interna esa normativa y se abandonó una larga tradición en la que se privilegiaba el carácter de los medicamentos como bienes públicos, sostiene el trabajo premiado. Esto implicó un costo importante en términos de salud pública. Los ADPIC establecieron un régimen de transición para los países en desarrollo que expiró en 2005, aunque para los de menor desarrollo relativo se extendió hasta 2016 en el caso de las patentes farmacéuticas.

La única “ventana” que permitió una excepción al reconocimiento de patentes, prosigue la publicación, residió en la conocida cláusula de los ADPIC que admite la producción libre de medicamentos patentados por razones de “emergencia sanitaria nacional”. Esta cláusula fue la piedra de discordia en el primer gran conflicto entre la salud pública y las normas de los ADPIC, que tuvo lugar en Sudáfrica y derivó en el “Juicio de Pretoria”. En 1997, bajo la presión de la pandemia de HIV, el gobierno sudafricano resolvió legalizar la importación de antirretrovirales “copiados” (producidos en la India sin pagar patente) para el tratamiento del HIV. Invocó para ello la necesidad de tratar a los millones de infectados: algo que, a los precios reclamados por las multinacionales farmacéuticas, se habría tornado inviable en términos presupuestarios para el país. “Este mismo criterio no se aplicó recientemente con las vacunas para COVID, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud votó favorablemente una moción en este sentido”, expresó Pourrieux.

Pero volviendo a los ADPIC, cabe señalar que refrendaron el régimen de protección de la actividad inventiva durante veinte años, como ya ocurría con las anteriores leyes internacionales de patentes. Sin embargo, es conocida la práctica de las grandes corporaciones farmacéuticas para prolongar artificialmente la vigencia de esta protección por la vía de introducir modificaciones menores en la formulación de las especialidades medicinales, registrarlas luego como si fuera una innovación sustantiva y, por esa vía, asegurar un nuevo período de protección por veinte años.

Ética de la investigación y rol del Estado: respuestas necesarias, urgentes y estratégicas

Para Pourrieux, dentro de las medidas necesarias que se deberían proponer, una tiene que ver con la intervención del Estado para garantizar los derechos de sus comunidades frente a los embates de la industria. Además, se debería promover la creación de comités de ética integrados por profesionales y técnicos independientes, sin vínculos con la industria privada, nominados por el sistema universitario y los organismos estatales responsables. En la misma línea, propone también la sanción de una ley nacional cuya elaboración colectiva sea entre los miembros de la comunidad, los trabajadores de hospitales, especialistas en general, elegidos con criterios claros en cuanto a su compromiso con la sociedad y con total independencia del poder político y de la industria farmacéutica. Existen regulaciones, pero se siguen vulnerando derechos. “Hay mucho debate sobre las condiciones en las que se desarrollaron los estudios clínicos en la Argentina, con lo cual se demuestra que las leyes, las regulaciones actuales, no son suficientes” señaló la especialista.

En el cierre de la publicación distinguida, la investigadora profundiza otras propuestas que queremos retomar:  

– Promover la publicidad integral de las normas y procesos industriales involucrados en los ensayos clínicos. La propiedad privada o confidencialidad de los resultados no pueden ni deben prevalecer sobre los derechos de los/as pacientes;

– Mientras la industria continúe bajo el amparo de un Estado al servicio de intereses empresariales, no es suficiente la creación de un organismo nacional que centralice a organismos provinciales con la idea de ejercer un control y seguimiento de los ensayos aprobados;

– Difusión de los estudios en curso. La información no puede ser secreta, sino que debe ser pública y accesible a todos los ciudadanos;

– Si existieran organismos de control, hasta tanto se efectivice una ley, estos organismos provinciales controlados a nivel nacional deben promover y garantizar las condiciones para el funcionamiento de comités de ética en cada institución pública hospitalaria. No se trata solo de un problema sanitario. Quedó ya demostrado que es un problema político que involucra a toda la ciudadanía. Por esto mismo, el Estado debe garantizar la transparencia en la conformación de estos organismos.

Y, con carácter estratégico, el trabajo propone que se interpele al Estado y a la actual sociedad en relación con el antagonismo creciente entre el bien común y el interés privado. Es necesario promover herramientas y sensibilizar para que “la humanidad se reencuentre con los resultados, materiales y conceptuales, que ella misma ha cosechado”, cierra Pourrieux la investigación premiada.