“Solo
sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al
pueblo… La medicina no es solo un oficio, es una ciencia social, una ciencia
política y una ciencia económica, y, finalmente, es también una forma de la cultura y la expresión
más concreta del grado de adelanto de una Nación”.
Ramón Carrillo
“La misión social de la universidad…
consiste en ‘ponerse al servicio del país’… Esta debe responder a las
necesidades, requerimientos y aspiraciones de la comunidad, factores todos
cambiantes. (…) el principio se mantiene: contribuir al desarrollo de la
comunidad. Para ello la universidad debe auscultar las necesidades del medio y
en algunas ocasiones anticiparse a ellas. (…) Aquí no se trata de capacidad técnica, sino de conciencia social (…);
el estudio de los problemas que afligen al país: Debe también esclarecer los problemas de índole política y cultural y convertirse en la
conciencia moral de la Nación (…) Su aporte es de esclarecimiento, estudio,
planeamiento preciso de los problemas y análisis de las posibles soluciones”.
No es casualidad que la Universidad Nacional de Lanús sea la que se propuso editar las obras completas de Ramón Carrillo. Desde su creación sostuvimos que para que la universidad sirviera al país y a la comunidad toda, debería salir de las disciplinas y estructurarse en torno a campos problemáticos construyendo su currícula y su epistemología en torno a problemas y no en torno a disciplinas.
El desafío fue y sigue siendo entender
que hay que seguir investigando en forma transdisciplinar como única solución
de cualquier problema social ya que, como sostenía Carrillo: “No se pueden enfrentar los problemas de la medicina sin un
criterio de justicia social” puesto que si la medicina pretende
dedicarse solo al desarrollo científico tecnológico y a la medicalización de la vida, no resolverá el
problema de la salud de la población como pilar de la grandeza de la Nación.
El primer sanitarista y Ministro de
Salud Pública ya en 1946 repetía que “la salud del
pueblo depende de diversos factores indirectos”[2] y sostenía que “con
otra universidad, los médicos
hubieran sido la avanzada de la política económico
social del Excmo. Señor
Presidente de la Nación, porque ellos –mejor que nadie-conocen el dolor y
sufrimiento de los humildes”[3].
Hablándoles a “los hombres del Ejército de la Salud” como llamó a los médicos, explicaba su posición y la
necesidad de formar médicos
sanitarios ya que el verdadero problema no es el problema individual de la
enfermedad sino el problema colectivo de la salud, que es el que preocupa a los
estadistas porque es la base de la felicidad popular ya que se define como
bienestar físico, mental, moral y social del individuo como resultado del medio
ambiente social.
Carrillo concibe la medicina como el
arte de preservar, conservar y restaurar la salud de la comunidad, configurando
un nuevo aspecto de la civilización contemporánea. Su evolución y su historia manifiesta el grado de
cultura de un pueblo.
Nos alerta Carrillo sobre la necesidad
de educar a todos los habitantes para que comprendan cuál es el problema de la
salud, que si bien depende de factores económico- sociales y de la educación sanitaria, tiene como sus grandes enemigos a la
pobreza y la ignorancia pero depende, también, de los servicios médicos.
Cuando ya en los años 40 del siglo XX
la medicina se volvía cada vez más técnica, más difícil y costosa, el llamado médico
del pueblo
consideraba que la salud exigía el esfuerzo combinado del gobierno y el pueblo,
de los médicos,
especialistas y auxiliares, y planteaba la necesidad de construir clínicas,
hospitales e institutos para los cuales no había que retacear
recursos.
A su vez sostenía que la sanidad pública
no se podría desarrollar si no existían dos condiciones:
“1°) un standard de vida alto de los
trabajadores y 2°) una
elevada educación sanitaria del pueblo”[4].
Nos planteaba que las plagas
existentes ya no eran un problema médico
sino del gobierno ya que si no se erradicaban demostrarían que el “Estado no ha organizado sus recursos para defender lo único
permanente de la Nación, su caudal humano que es el potencial biológico y el
futuro de todas las Patrias del mundo”[5].
Muchas veces hemos sostenido que la
relación entre la Academia, la ciencia y la política debe fortalecerse a fin
de mejorar las políticas públicas,
ampliar y fortalecer la democracia y, en definitiva, ampliar los derechos
ciudadanos y la calidad de vida de la sociedad argentina.
¿De qué universidad nos habla Ramón Carrillo? ¿Cuál era la misión de la universidad en esos tiempos? ¿Continúan las universidades con la misma misión? Creemos que muchas veces la misión del político fue buscar permanentemente el cómo, mientras que el académico y el científico buscaban esencialmente el por qué. Sin embargo, debemos intentar poner a la Academia a buscar, investigar y estudiar el cómo, o sea, las soluciones que la sociedad y el Estado necesitan y requieren de mayores conocimientos científicos y tecnológicos dada la progresiva tecnificación y cientifización de la resolución de problemas sociales.
Fronteras
y convergencias
En el año 2003 la UNAM publica varios
artículos dedicados justamente a las fronteras del conocimiento y convergencias
disciplinares[6]: nos referiremos a varios de ellos.
Giménez Montiel en su artículo llamado Límites del conocimiento y convergencia de las disciplinas en
el campo de las ciencias sociales sostiene que “hablar
de los límites del conocimiento y de las convergencias disciplinarias en el ámbito
de las ciencias sociales equivale a plantear un problema epistemológico que no
puede ser afrontado sistemáticamente por ninguna de las disciplinas
consideradas aisladamente, sino por una metateoría que las trascienda y a la
vez las abarque en su conjunto… en un medio académico como el nuestro… cada quien se
encierra en su propia disciplina y rehúsa confrontarse con las disciplinas de
al lado y, con mayor razón, con las del ‘otro lado’”[7].
A su vez, Gilda Waldman Mitnick también cuestiona las fronteras
disciplinarias y la compartimentalización del saber y sostiene que ”nuevas perspectivas analíticas… desarman los marcos del saber disciplinario
y plantean una nueva modalidad de estudio de lo social que favorece la inclusión
de saberes hasta ahora desvalorizados por la cultura académica canónica…” y destaca “lo
que se ha denominado estudios culturales, los cuales de hecho modifican las
fronteras disciplinarias para producir un saber más plural y flexible que
desarme los discursos unívocos insuficientes para explicar la profundidad de
las transformaciones sociales operadas en la sociedad contemporánea”[8]… Concluye que este tipo de análisis
“se coloca en el filo de las disciplinas académicas, desordena el mapa de los
saberes institucionales, abarca campos antes marginados de la investigación
social, deconstruye los discursos eurocéntricos”[9].
Claudette Dudet Lions, por su parte,
analiza “La dimensión
colectiva de los conocimientos sociales” como ámbito del saber sin límites
disciplinarios y allí sostiene que a partir de la decadencia de la Ilustración,
el conocimiento ha servido “solo para administrar el
poder” y como consecuencia de la crisis del positivismo se acentúa,
en el contexto de las universidades, la separación de las áreas de
conocimientos académicos
y administrativamente se separan en facultades, divisiones, coordinaciones,
departamentos e institutos en los que luego proliferan las subdivisiones, la
intersección entre disciplinas, y como consecuencia se produce el
debate sobre la permisibilidad de esta pluralidad y de los límites entre las
diversas disciplinas y áreas de conocimiento.
Al respecto, ya Popper, a pesar de ser
un ejemplo del positivismo, sostenía que “Las
disciplinas se diferencian en parte por razones históricas y por razones de
conveniencia administrativa…, y en parte porque las teorías que construimos
para resolver nuestros problemas tienen una tendencia a construir sistemas
unificados. Pero todas estas clasificaciones y distinciones son relativamente
poco importantes y superficiales. Noestudiamos temas sino problemas; y los
problemas pueden atravesar los límites de cualquier objeto de estudio o
disciplina”[10].
El predominio de los conocimientos
científicos y la división académico
administrativa excluyó la validez de los conocimientos legos, del sentido común,
de los conocimientos colectivos, creencias o mitos que quedaron devaluados. Al
relativizar los límites de las disciplinas se ha generado la
transdisciplinariedad en la construcción de conocimientos y la pluralidad teórica. “Los
procesos de intersección teórica entre dos o más disciplinas son los que Giménez ha nombrado hibridación y que según
este mismo autor, es lo que permitirá la innovación en
las ciencias sociales”[11].
Para Dudet Lions, al abordar el
estudio de las sociedades a través
de la construcción de los conocimientos societales y de los procesos de
comunicación y lenguaje, se estaría hablando de otra concepción del ser humano
donde la comunicación, la estética, la ética
y la afectividad colectiva son partes constitutivas del pensamiento social y
por lo tanto, la racionalidad ya no sería el punto medular.
Hemos visto que el reconocimiento de
la necesidad de un enfoque transdisciplinar se enfrenta no solo con la tradición académica y con las tensiones intra e
interuniversitarias, sino también
con las prácticas rutinarias de las divisiones administrativas de los estudios
que se oponen a los cambios tanto de denominación como de encuadramiento de los
distintos saberes que son transversales a múltiples disciplinas cuando no
cualitativamente distintos. Por otra parte, la creciente medicalización de la
vida, el positivismo médico
y los factores de poder económico y de los laboratorios, así como la colonización
cultural del mundo anglosajón no tuvo en cuenta la diversidad cultural, social,
política y organizativa de los diversos países con su propia historia. Además,
el racionalismo cartesiano para el cual la certeza proviene del “pienso, luego existo”, así como el positivismo
cientificista desconocen que la existencia humana no surge del racionalismo y
menos aún se circunscribe a la razón. Por el contrario, la razón y las ideas
surgen desde nuestra existencia en un momento y en un lugar determinado, la razón
está situada e históricamente preñada de pasiones, emociones, ideología
y política que determinarán los caminos del devenir.
Un
paradigma de la salud
La sociología de la salud debe superar la aproximación epistemológica de la sociología médica, yendo más allá del binomio salud-enfermedad
derivado del paradigma funcionalista como perspectiva gerencial, corporativa e
instrumental. La sociología de la salud implica la necesidad de la participación
ciudadana en defensa de un derecho a la salud más equitativo promoviendo la
integración efectiva entre servicios sociales y sanitarios.
La sociología de la salud, entonces, implica la
humanización de los servicios, su ética,
su historicidad social y su equidad para comprender y establecer una política
sanitaria en el marco de una política nacional que tienda a un estado de
bienestar o welfare state.
Para ello habría que transformar el
paradigma de la medicina en un paradigma de la salud. Todo ello es lo que
comprendía Ramón
Carrillo como primer sanitarista argentino, sociólogo, educador y político que
como Secretario de Salud ya sostenía que “frente a las
enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el
infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son
unas pobres causas”.
Medio siglo después de las políticas sanitarias de
Carrillo, a fines del siglo XX, Pierpaolo Donati sostiene que en el nuevo
paradigma sanitario “la crisis del sistema sanitario debería
ser gestionada de forma que la salud sea entendida no como sinónimo de un
aparato médico más eficaz, sino como producción de un
ambiente sano; considerando la enfermedad no como efecto de un insuficiente
control social, sino como insatisfacción de las necesidades del mundo vital; (…)
como modificación activa del sistema social en términos de comunicación auténtica
entre instituciones sociales y mundo vital” (Donati, 1994:30).
Sin embargo, los argentinos sabemos
que cada vez que se quiso democratizar la sociedad, o ampliar derechos
sociales, hubo un golpe de Estado tras otro, que no solo suprimieron
derechos, denostaron, calumniaron o criminalizaron las políticas públicas, proscribieron no solo a las
políticas sino también
a los políticos que implementaron hace más de medio siglo políticas de
distribución de
recursos y bienes sociales imprescindibles para una verdadera democracia.
Dichas políticas de censura, persecución y criminalización poco tienen que ver
con el racionalismo y/o el positivismo científico que pretende estudiar la
Academia. Es ideología, ética,
intereses políticos y económicos y pasiones con perspectivas antagónicas sobre
el significado de la democracia y del país que queremos y pretendemos
construir.
Nuestra obligación como académicos y científicos es poner en cuestión
lo dado, lo existente, lo que construyeron los hombres y mujeres que no es
fruto de la naturaleza ni del racionalismo puro y por lo tanto puede ser
reversible, o sea que debemos utilizar la razón crítica.
La ciencia no es neutral, ya que no se
pueden separar los descubrimientos científicos del uso que de ellos se hace.
Como sostiene el Papa Francisco, “El antropocentrismo
moderno, paradójicamente, ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad”.
Como planteaba Norbert Wiener, el creador de la cibernética, en su libro Dios y el Golem, S.A., la creación tecnológica puede ser utilizada para la paz y la humanidad o para la guerra y la destrucción. Puede también servir para democratizar o para sembrar aún más injusticias, para los poderosos o para el pueblo todo. El primer uso de la cibernética fue el primer lanzamiento de la bomba atómica. No podemos separar la ciencia y la tecnología del uso social que se hace de ella. Si lo hacemos podemos terminar como el aprendiz de brujo.
Silencios y proscripciones
Vimos cómo se ocultó hasta principios del
siglo XXI que fue Perón el que eliminó por decreto los aranceles universitarios
el 22 de noviembre de 1949, a fin de que toda la población tuviera y ejerciera
el derecho a los estudios superiores. Desde entonces no faltaron iniciativas
para volver a arancelar las universidades.
Todos los integrantes del gobierno de
Perón fueron perseguidos y/o encarcelados. El propio Perón estuvo exiliado y
proscripto durante 18 años y quedó prohibido hasta mencionar su nombre o
recordar sus obras.
Otro presidente que se alió al
peronismo tanto en 1958 como en los años 70 (cuando el pueblo eligió por
tercera vez a Perón), Arturo Frondizi, derrocado por otro golpe militar,
explica cómo se utilizó la calumnia en forma permanente para derrocar a los políticos
y a los gobiernos populares.
En su libro Estrategia
y táctica del movimiento nacional, Arturo Frondizi plantea desde su
prisión en la isla Martín García que la corrupción es el pretexto para derribar
gobiernos populares: “No ha habido hazaña militar, política, económica, cultural de trascendencia para
el afianzamiento de nuestra nacionalidad y el acrecentamiento de su patrimonio
material y espiritual que no haya sido objeto de las más irresponsables campañas
de difamación tendientes a invalidarlas, menospreciarlas o postergarlas (…) no perseguía la reparación de la moral o la ley
perdida, sino que se conformaba con lograr su objetivo político (…) antes se lanzaron contra los próceres
de nuestra independencia y organización nacional, desde San Martín hasta Rosas
y Urquiza, (…) siempre con el mismo propósito denunciado
por Berutti ‘acarrearles el odio público, que su
partido y amigos no pudiesen revivir y el gobierno que reemplazaba al caído se
pudiese sostener sin temor de que los caídos pudiesen voltearlo’”[12].
Posteriormente, el ex presidente
Frondizi sostiene que ello sucedía cada vez que desde el gobierno se ponían en
peligro las posiciones y los privilegios de la minoría, o sea los factores de
poder que hasta nuestros días siguen calumniando o criminalizando las políticas públicas democratizadoras en lo económico,
lo social o cultural ampliando derechos. Así pasó con Lisandro de
la Torre o con Hipólito
Yrigoyen. En realidad sabemos que la calumnia empezó con la Primera Junta de
Gobierno cuando en 1813 se les hizo juicio a Mariano Moreno o a Juan José Castelli.
Ramón Carrillo, un eminente neurólogo que se dedicó a la salud pública, que fue tanto un sanitarista como historiador, sociólogo, educador y político, murió calumniado, en la mayor pobreza, exiliado y proscriptos sus textos. Quizás es precisamente por haber producido medicamentos desde el Estado, enfrentándose con los laboratorios, por haber erradicado plagas como la fiebre amarilla, la viruela, la difteria, la disentería, la epidemia tifoidea o la peste bubónica. Quizás por haber multiplicado la construcción de hospitales, clínicas e institutos y servicios médicos al mismo tiempo que decía que quería hospitales sin enfermos.
Una nueva universidad para servir a la
Nación en el siglo XXI
Se nos desordenaron los saberes,
debemos cambiar el enfoque y dejar la comodidad académica de los ámbitos estancos definidos
para los mismos, la comodidad intelectual y académica administrativa encajonada ya sea
en centros, institutos, facultades, áreas, divisiones, departamentos, etc.
Es importante convocar para resolver
la necesidad de transformar la administración establecida de los saberes para
reordenar los cajones o para crear nuevos ámbitos dialógicos que permitan administrar nuevos
saberes y enfoques que tienen vasos comunicantes permanentes entre sí.
Así es que organizamos nuestra
institución en Departamentos transdisciplinares y definimos el Departamento de
Salud Comunitaria, el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, el
Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico y el Departamento de
Humanidades y Artes. En materia de investigación hemos creado los Institutos de
Problemas Nacionales, de Cultura y Comunicación, de Economía y Empleo, de Justicia y Derechos
Humanos y de Salud Colectiva.
Queremos enseñar, como quería Carrillo, a vivir en salud y con
optimismo para que la vida sea digna de ser vivida para toda la población. Pero
no hay posibilidad de enseñar si no se investigan en forma permanente las
mutaciones que, voluntarias o no, suceden en el país y en el mundo cambiando cada
vez más aceleradamente la morfología social. Tampoco se deberían realizar investigaciones
para obtener galardones individuales sino para formar hombres
y mujeres para la Patria al decir de Arturo Jauretche, y contribuir
al bienestar de la población.
Cuando sostenemos que el problema es
la justicia y no la abogacía, y que no es solo ni exclusivamente de los
abogados, muchos de los profesionales se molestan puesto que parecen ser los
propietarios de un valor o de una virtud como sostuvieron los antiguos filósofos.
Sin embargo, los caminos procedimentales de los conocedores del lenguaje y
vericuetos del poder judicial pueden derivar en injusticias así como la falta
de acceso o la tardanza que también
pueden derivar en injusticas. Mientras tanto, la especialización del
profesional es difícilmente accesible a la comunidad que finalmente debe
someterse a sentencias inexplicables e incomprensibles, ignorando sus derechos.
Así como los abogados no se explican
ni se comunican con los que deberán aceptar sus fallos o decisiones, usando
muchas veces una lengua muerta como el latín, muchos médicos utilizan términos incomprensibles para quienes no
conocemos su terminología y debemos aceptar sus decisiones u opciones sin
entender los beneficios o perjuicios de cada una.
Debemos defender nuestra salud como
nos enseñó Carrillo,“con el mismo ahínco con que cuidamos la libertad (…) La
libertad en todas las formas es un derecho del pueblo; la salud, en todos sus
aspectos, es también un
derecho del pueblo, aunque menos conocido…”.
Para Carrillo la educación sanitaria
de las masas, la difusión, la educación y la propaganda a través de todos los medios de difusión debía ser auténticamente popular, en un lenguaje
llano y al alcance de todos.
Sin embargo, los sistemas judiciales
así como los sistemas de salud enclaustrados, amurallados y especializados
donde el vulgo no opina, pero debe aceptar una sentencia judicial o médica, tienen un mediador “experto” que
los representa. Esos sistemas a su vez necesitan paramédicos y parajurídicos o empleados
judiciales para sostenerse.
Ramón Carrillo, por el contrario, sostenía que “frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son pobres causas”. En realidad el neurólogo Ramón Carrillo entendía justamente que la salud del pueblo es la mejor garantía y fortaleza de la Patria y por lo tanto el especialista debía ser al mismo tiempo un sociólogo, un educador y un estadista.
Política
de derechos
Cuando entendemos que la salud pública así como la justicia deben divulgarse, y
para ello debemos educar, comunicar y culturalizar, entendemos también que debemos tener estadistas que
planifiquen la democratización de la salud, de la justicia y de la educación
para llegar a un Estado de Bienestar
y, para ello, necesitamos políticas de Estado que busquen la seguridad social
de la mano de la ampliación de derechos.
Así fue que la Constitución Nacional de 1949 fue la primera Constitución emanada tres meses después de la Declaración de Derechos
Humanos que buscaba un Estado de bienestar y que iba aún más allá de los derechos establecidos por
dicha declaración de las Naciones Unidas. La Constitución Argentina sostenía:
Apartado
III. De la ancianidad 1.
Derecho a la asistencia – Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por
cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado
proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los
institutos y fundaciones creados, o que se crearen con ese fin, sin perjuicio
de la subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar a los
familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. 2.
Derecho a la vivienda – El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas es
inherente a la condición humana. 3.
Derecho a la alimentación – La alimentación sana, y adecuada a
la edad y estado físico de cada uno, debe ser contemplada en forma particular. 4.
Derecho al vestido
– El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior.
5.
Derecho al cuidado de la salud física – El cuidado de la salud física de
los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente. 6.
Derecho al cuidado de la salud moral – Debe asegurarse el libre ejercicio
de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.
7.
Derecho al esparcimiento – Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar
mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con
satisfacción sus horas de espera. 8.
Derecho al trabajo
– Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la
laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de
la personalidad.
9.
Derecho a la tranquilidad – Gozar de tranquilidad, libre de angustias y
preocupaciones, en los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano. 10.
Derecho al respeto
– La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes.
Capítulo tercero, Artículo 37, Apartado
I. Del Trabajador Derecho
a la seguridad social: El derecho de los individuos a ser amparados en los casos
de disminución, suspensión o pérdida
de su capacidad para el trabajo promueve la obligación de la sociedad a tomar unilateralmente
a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda
mutua obligatoria destinados, unos y otros a cubrir o complementar las
insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida o las que
resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.
Derecho
de trabajar:
El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas
las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de
ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite.
Derecho
a la defensa de los intereses profesionales: El derecho de agremiarse libremente y
de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los
intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los
trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre
ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo.
Derecho
a la preservación de la salud: El cuidado de la salud física y moral
de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la
sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna requisitos
adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del
esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo[13].
Derecho
al bienestar:
El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta
en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación
adecuadas, de satisfacer sus necesidades y las de su familia en forma que les
permita trabajar con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y gozar
mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad
social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e
indirectos que permita el desenvolvimiento económico.
Apartado
IV. De la educación y la cultura: La educación y la instrucción
corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que
colaboren con ella, conforme a lo que establezcan las leyes. Para ese fin, el
Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnico-profesionales, universidades y
academias.
1. La enseñanza tenderá al desarrollo del vigor físico de
los jóvenes, al perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de sus
potencias sociales, a su capacitación profesional, así como a la formación del
carácter y el cultivo integral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas
2. La enseñanza primaria elemental es
obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado.
3. El Estado encomienda a las universidades
la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de
las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la
Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la
colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía,
dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su
organización y funcionamiento.[14]
Derecho
a la salud
Como la Constitución del 49 promovía un Estado de Bienestar defendiendo los derechos a
la seguridad, a la salud y a la educación, entre otros, fue derogada por los
que se instalaron nuevamente en el poder a través de un golpe de Estado en 1955. Las minorías en el poder no solo proscribieron
al peronismo y a sus líderes, sino que decidieron volver casi un siglo atrás, a
la Constitución de 1853.
Seguiremos sosteniendo que los
derechos sociales son derechos de justicia, y defenderemos con ahínco tanto la
libertad como la salud como nos enseñaron Ramón Carrillo y el haber vivido muchas
veces la pérdida
de derechos que acompañaron tanto los golpes de Estado como los gobiernos en
manos de los poderosos.
Para ello continuaremos poniendo
nuestro esfuerzo en educar al único soberano que es el pueblo en un lenguaje
claro y llano al alcance de todos.
Fue precisamente Ramón Carrillo quien
entendió que la salud solo existirá si se entiende como bienestar físico, mental, moral y
social del individuo como resultado del medio ambiente social. Todos los derechos
plasmados en la Constitución de 1949, los derechos de la ancianidad, a la
asistencia y protección del Estado, a la vivienda, a la alimentación, al
vestido, al cuidado de la salud física, al cuidado de la salud moral, al
esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respeto, los derechos del
trabajador a la seguridad social, al trabajo, a la defensa de los intereses
profesionales, al cuidado de la salud física y moral, al bienestar, a la
educación y cultura son los derechos a la salud de la población con justicia y
dignidad como corresponde a un Estado de Bienestar democrático, así como lo entendían Ramón Carrillo y el gobierno peronista.
Por todo lo expuesto, nuestro mejor
homenaje a Ramón Carrillo será difundir su pensamiento, educar para la salud, formar ese
ejército
de hombres y mujeres de la salud pública que no son solo médicos, son también economistas, trabajadores sociales,
ambientalistas, políticos y a todos aquellos que trabajen para la grandeza de
la Nación y para ampliar y ejercer los derechos democráticos con justicia y
dignidad.
Para ello, debemos hacer un nuevo contrato social que surja de la comunidad organizada para el bienestar del pueblo, que no es una sumatoria de individuos aislados.
[1] Frondizi, R. (2005): La universidad en un mundo de
tensiones, Buenos Aires, Eudeba.
[2] Carrillo, R.:
“Discurso en
la comida de camaradería de la sanidad nacional”, 27 de diciembre de 1946,
en Política Sanitaria Argentina, Ministerio de Salud Pública de la Nación.
[12] Frondizi, A. (1964): Estrategia y táctica del movimiento
nacional, Buenos Aires, Ed. Desarrollo.
[13] En diciembre de 1945, ya se había establecido el aguinaldo que
significa un treceavo sueldo para todos los trabajadores y las vacaciones pagas
ya existían desde 1943.
[14] El 22 de noviembre de 1949 el Presidente Perón eliminó todos los aranceles universitarios. Desde ese momento la universidad argentina es gratuita.
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