De acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional Argentina la soberanía radica en el pueblo de la Nación, quien elige a sus representantes y delega en el Estado las facultades para su ejercicio, para alcanzar el bien común en el marco de las formas republicanas de Gobierno.
El cumplimiento de estos principios no admite la subordinación a otras autoridades extranjeras o supranacionales en la definición y aplicación de las políticas que habrán de regir la vida de todos los ciudadanos o habitantes de nuestro país.
Es por eso que resulta sumamente preocupante que la serie de propuestas y medidas promovidas por el Gobierno Nacional resulten una copia acrítica, en el mejor de los casos, o el estricto cumplimiento de instrucciones impartidas por documentos emanados de los organismos multilaterales.
Una de las formas en que se concretan tales instrucciones adopta la forma de las condicionalidades establecidas y aceptadas en los contratos que formalizan los préstamos internacionales.
La otra, algo menos compulsiva pero igualmente eficaz por la celeridad y compromiso con que se cumplen, es la que surge de documentos con formato técnico, elaborados por organismos multilaterales para disponer el contenido de las políticas a adoptar por los países subordinados.
En esa línea, una lectura del Estudio Económico multidimensional publicado por la OCDE para Argentina en julio 2017[1], permite identificar con claridad la fuente de los Proyectos de Ley, las políticas y medidas que el Gobierno está aplicando empecinadamente, a pesar de la evidente y justificada reacción de la población afectada.
La somera descripción de los aspectos destacables del Estudio la realizaré indicando las páginas de referencia por si los lectores tienen interés en acceder al texto completo.
Según se destaca en el mismo, “Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la OCDE para su propio uso”; pero también se señala que “La OCDE no garantiza la exacta precisión de esta traducción y no se hace de ninguna manera responsable de cualquier consecuencia por su uso o interpretación”. En este caso no queda claro si es solo una salvaguarda editorial por la forma o una advertencia por los posibles efectos de su aplicación a la realidad.
Por Oscar Tangelson
Director del Instituto de Producción, Economía y Trabajo UNLa
Aspectos destacables
En la página 4 hay una propuesta y una contradicción. Manifiesta su apoyo a las políticas del Gobierno pero propone alinearlas con el promedio de los países de la OCDE. Pero, de ahí la contradicción, expresa que los beneficios de un mayor crecimiento van a depender de una mejor distribución del ingreso.
En página 5 recupera coherencia y formula sus principales recomendaciones:
. Eliminar subsidios a la energía;
. Racionalizar el empleo público;
. Reforma tributaria mediante la baja del mínimo no imponible, eliminar los tributos a las transacciones financieras, disminuir temporalmente contribuciones a la seguridad social.
. Para el aumento de la productividad y las inversiones reclama bajas tarifas a la importación y proteger a los trabajadores con seguros de desempleo en vez de una normativa laboral estricta, es decir, postula la reforma laboral.
En página 6 propone un crecimiento más inclusivo para lo cual sugiere indexar las prestaciones jubilatorias solo por índices de precios al consumo e igualar edad jubilatoria de mujeres y hombres.
Entre las páginas 8 y 10 demuestra creatividad: “Desde 2003 la desigualdad de los ingresos disminuyó pero los indicadores de bienestar están por debajo del promedio de la OCDE”.
Naturalmente sería conveniente tener las condiciones de Suecia o Dinamarca pero el ingreso per capita de Argentina en 2016 según el Banco Mundial fue de 12.440,3 u$s, en tanto el promedio para los países integrantes de la OCDE alcanzó 36.864,3 u$s. Plantear como objeción crítica que los indicadores de bienestar son inferiores a países que triplican el ingreso por habitante no solo es técnicamente incongruente sino que constituye una manifestación de cinismo argumental.
Y, además, plantea: “La economía revivió después del colapso del régimen de convertibilidad y el impago de la deuda de 2001, apoyada inicialmente por la suba del precio de las materias primas y, posteriormente, por una expansión insostenible del consumo. La desigualdad de los ingresos y la pobreza disminuyeron después de la crisis. Sin embargo no fueron abordados los importantes problemas subyacentes”.
A partir de la página 11 se hilvanan afirmaciones sin fundamento y contradicciones conceptuales e instrumentales que permiten conocer el origen de las incongruencias en la toma de decisiones de política económica del Gobierno.
En página 11 plantea textualmente “Entre 2011 y 2015, el crecimiento fue prácticamente nulo (Gráfico 4)”, argumento que reiteradamente exponen los funcionarios, según el libreto convenido.
Pero ni la OCDE ni el libreto mencionado recogen un análisis más amplio del citado Gráfico 4, que aquí se transcribe.
Como puede advertirse el período más prolongado de crecimiento y la pendiente más dinámica se verifican entre 2003 y 2015, con la excepción de la caída de 2009 como consecuencia de la crisis mundial de 2008.
Para un año base 1980=100, la pesada herencia llevó el PBI de un índice de 115 en 2002 al más alto nivel de 200 al finalizar el 2015. Es decir que por primera vez se duplicó el valor registrado en 1980.
En página 13 señala el camino a seguir. “Luego de medidas iniciales enérgicas aún queda por delante una agenda de reformas ambiciosas. Estimaciones basadas en la publicación de la OCDE Going for Growth sugieren que reformas que alineen las políticas en Argentina con el promedio de la OCDE podrían aumentar el PIB per cápita en un 15% en 10 años. Reformas para alinear con Chile, Colombia y México aumentarían los ingresos per cápita en 8,5% en 10 años”.
Pero analizando, como comparación, la información publicada por el Banco Mundial se observa que, considerando el PIB por habitante a precios internacionales en 2005 alcanzaba a 13818 u$s en tanto en 2015 era de 20380 u$s lo que implica que en la década el incremento alcanzó a 47,5%. Es decir que el modelo del gobierno populista triplicó en su logro concretado de aumentar el producto por habitante, respecto a la promesa hipotética del modelo neoliberal.
Como los expertos de la OCDE parecen conservar un mínimo de pudor intelectual, en la página 15 admiten:
- “El ingreso familiar real disponible se redujo como resultado del alza inicial de la inflación y el retiro de las subvenciones a los servicios públicos”.
- “El empleo ha dado señales ambiguas, pero ha estado cayendo desde la segunda mitad de 2016”.
- “La inversión será un motor clave del crecimiento en 2017, apoyada por los planes de infraestructura, un clima empresarial que mejora y crecientes entradas de inversión extranjera directa”.
- “Con una demanda de importación que supera a las mejoras previstas de las exportaciones en 2017 y un aumento de pagos de servicios de la deuda pública está previsto que la cuenta corriente se mantenga en déficit”.
El informe admite en su página 16 los riesgos asociados con la implementación de reformas estructurales y el contexto externo.
“Las vulnerabilidades a mediano plazo son fundamentalmente externas, especialmente porque dos terceras partes de las necesidades de financiación del sector público fueron cubiertas por financiación externa, desde que el país recuperó el acceso a los mercados internacionales de crédito en 2016”.
“Debido a las restricciones en el acceso a los mercados de capital internacional en el pasado, el volumen total de la deuda externa llega a tan solo el 25% del PIB y la deuda externa corporativa se encuentra muy por debajo del promedio de América Latina con 13% del PIB”.
La falacia de este último párrafo es antológica. El bajo nivel de deuda externa se atribuye a la falta de acceso a los mercados de capitales y no al resultado de una política deliberada de desendeudamiento.
Si eso fuera cierto, ¿por qué Argentina canceló la deuda con el FMI y reorientó los Programas del Banco Mundial, el BID y la CAF de los habituales préstamos de ajuste, convirtiéndolos en préstamos para inversión?
Olvidan o ignoran lo que ya señalaba Mariano Moreno en su Representación de los hacendados: “Todas las naciones en los apuros de sus rentas han probado el arbitrio de los empréstitos y todas han conocido a su propia costa que es un recurso miserable con que se consuman los males que se intentaban remediar”[2].
En la página 19 plantea que la política monetaria debe permanecer restrictiva para reducir la inflación. Y abunda en que “en 2016 el Banco Central estableció oficialmente un régimen de metas de inflación. Cumplir estos objetivos ambiciosos requerirá mantener una postura monetaria restrictiva. La ley define actualmente múltiples objetivos de la política monetaria incluyendo el empleo y el crecimiento equitativo. Estos objetivos poco precisos pueden provocar inconsistencias en las decisiones de política monetaria y debilitar la previsibilidad y credibilidad de la misma”.
Más adelante (p.21) señala que el gasto público es en 2016 del 40,5% del PIB, por encima del promedio de América Latina, y casi el promedio de la OCDE donde llega al 42,4%. Pero, ¿no era que teníamos que aspirar a indicadores de bienestar similares a los de la OCDE?
Tal como señalo en un artículo anterior[3], la OCDE corrige casi un 50% la distribución original del ingreso mediante la aplicación de políticas tributarias progresivas y el despliegue de una batería de transferencias, asignaciones y subsidios, en tanto en Argentina la redistribución no llega a corregir el 15%.
Y, en ese marco, se suceden las contradicciones.
Plantea que la reforma tributaria es una necesidad, entre las cuales modificar el Impuesto a las Ganancias que en su mínimo no imponible equivale a 5 veces el salario promedio por lo cual solo paga el 10% más rico de la población. Propone, entonces, ampliar el número de contribuyentes ¡para ayudar a fomentar una cultura de cumplimiento de las normas!
Con idéntico propósito pedagógico y, seguramente, más equidad, podría promoverse la reducción de la evasión impositiva y la fuga de capitales.
En ese sentido también, la reflexión que formula en página 30 resulta ilustrativa: “Impuestos recurrentes sobre bienes inmobiliarios podrían ser más utilizados ya que, en general, se ha encontrado que son menos dañinos para el crecimiento económico que los impuestos sobre la renta. Como ejemplo, en OCDE el impuesto sobre bienes inmobiliarios recauda 3,3% de los ingresos fiscales en tanto en Argentina es solo 1,2%”, sin considerar, agrego, los efectos derivados de la supresión virtual del Impuesto a los Bienes Personales.
“Teniendo en cuenta cuán cerrada al comercio se encuentra la economía, una rápida retirada de barreras en ciertos sectores, como los que producen bienes intermedios y de capital, podría proporcionar importantes beneficios en el corto y mediano plazo” (p.32).
Como puede advertirse esta propuesta se corresponde con la posición de los países desarrollados en todas las negociaciones de acuerdos de libre comercio.
En cuanto al mundo del trabajo, las propuestas son ampliamente conocidas. Entre otras el documento señala:
- Mejorar la normativa del mercado laboral;
- Relajar las regulaciones laborales;
- Reducir la incertidumbre relacionada al costo de mano de obra;
- Promover negociaciones salariales más descentralizadas;
- Protección a los trabajadores y no a los puestos de trabajo;
- Las industrias no son competitivas por más que hayan generado empleo.
En página 46 reconoce que Argentina alcanzó una reducción de la desigualdad mucho mayor que Chile o México pero menor que la mayoría de los países de la OCDE.
Contradictoriamente, una página después indica que las pensiones de jubilación son altas en relación a los ingresos en la edad laboral. Será necesario ajustar la compleja fórmula que calcula la movilidad jubilatoria para asegurar la sustentabilidad del sistema y modificar la edad jubilatoria de la mujer.
El documento formula numerosas consideraciones acerca de la educación y la salud que, por su especificidad e importancia justifican, entiendo, un más detallado análisis.
Finalmente, en el último párrafo una reflexión sin desperdicio: “Las energías renovables han tardado en expandirse en Argentina. Medidas recientes para fomentarlas, garantizando un precio fijo en moneda extranjera, posiblemente estimulen la inversión pero es probable que produzcan precios altos en el largo plazo. Países como Italia y el Reino Unido, que experimentaron con tarifas de suministro garantizadas, las eliminaron por ese motivo. En caso de requerir subsidios una alternativa efectiva es la de realizar subastas inversas para encontrar inversores dispuestos a instalar capacidades con el mínimo apoyo en vez de ofrecer un precio fijo”.
Es fácil advertir que el Gobierno está promoviendo todas las políticas y medidas dispuestas por la OCDE y el FMI salvo, lógicamente, las que perjudiquen los planes de negocios y los intereses personales de sus integrantes.
[1] Documento de Estudios Económicos de la OCDE. Visión general: ARGENTINA, Estudio económico multidimensional. JULIO 2017. https://www.oecd.org/countries/argentina/Argentina-2017-OECD-economic-survey-overview-ESP.pdf
[2] PIGNA, Felipe. LA VIDA POR LA PATRIA. Una biografía de Mariano Moreno. Editorial Planeta. ISBN: 9789504959403. Pág. 257
[3] TANGELSON, Oscar. EL POPULISMO LATINOAMERICANO. IPET UNLa. Buenos Aires, Agosto 2017.
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