Despu\u00e9s de un a\u00f1o de audiencias p\u00fablicas y debates pol\u00edticos en relaci\u00f3n a las tarifas energ\u00e9ticas, se han dado a conocer fuertes aumentos en los servicios p\u00fablicos energ\u00e9ticos que ya han entrado en vigencia. En breve se concretar\u00e1n nuevos aumentos de los precios de gas natural, que seguir\u00e1n impactando en las tarifas de los servicios de gas natural y electricidad.<\/p>\n
El \u201csendero\u201d de traslado a tarifa de los precios resultantes de los acuerdos de gas boca de pozo que el Gobierno va otorgando a las empresas productoras impactan en las tarifas de gas y de electricidad (la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica es eminentemente dependiente del gas natural). A ello se le suman los resultados de las revisiones tarifarias de los servicios de distribuci\u00f3n por redes con m\u00e1s la decisi\u00f3n del Gobierno de trasladar a los usuarios finales, industrias y particulares, los costos de las expansiones que, entiende, resultan necesarias para garantizar el abastecimiento (nuevas centrales de generaci\u00f3n e infraestructura de transporte de gas).<\/p>\n
Hoy los usuarios finales de electricidad est\u00e1n pagando apenas el 60% del precio que se sanciona a partir del conjunto de unidades de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica, y las industrias un 80% aproximadamente. La decisi\u00f3n del Gobierno es ir traspasando los mismos a los usuarios finales. Mala noticia: estar\u00edamos apenas a mitad de camino de los \u201cobjetivos\u201d.<\/p>\n
Este sendero que gu\u00eda la pol\u00edtica energ\u00e9tica apoya en el objetivo de bajar d\u00e9ficit fiscal, a\u00fan a riesgo de afectar la competitividad y las econom\u00edas dom\u00e9sticas de gran parte de los demandantes residenciales.<\/p>\n
El criterio adoptado para la expansi\u00f3n de la infraestructura no es planificada ni centralizada, sino de llamado a concurso de ofertas de capacidad (de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica: renovable o convencional, de transporte de gas ya que a\u00fan no se ha establecido el criterio para el transporte el\u00e9ctrico). Son los privados, interesados en el pronto repago de las inversiones, quienes proponen expandir los sistemas, ofertando obras y precio por unidad entregada\/transportada. El Estado se limita a adjudicar los contratos resultantes, seleccionando las ofertas por una o, a lo sumo, dos variables (precio\/ubicaci\u00f3n)[1]<\/a>. El mecanismo adoptado por las autoridades no garantiza el crecimiento arm\u00f3nico de los sistemas regionales, ni el abastecimiento pleno en todos los niveles de consumo. Tampoco resulta equitativo ya que todos los costos traspasados impactan significativamente en quienes menos ingresos perciben.<\/p>\n El modelo es el inverso al del Gobierno anterior, cuando lo que no pagaban los usuarios lo asum\u00eda el Estado v\u00eda rentas generales, por lo que la tarifa era un mecanismo redistributivo de renta. Ahora, se busca que todo lo pague el consumidor: no solo los costos de las expansiones, sino tambi\u00e9n las rentas excepcionales que el Estado otorga, por v\u00eda de contratos o reconocimiento de precios, a los productores e inversores.<\/p>\n \u00a0<\/u><\/p>\n El rol del Estado y la desprotecci\u00f3n<\/strong><\/p>\n El \u201csendero de precios\u201d encubre la inacci\u00f3n del Estado para generar propuestas estrat\u00e9gicas para el crecimiento arm\u00f3nico y la omisi\u00f3n de regular al cartel de producci\u00f3n de hidrocarburos, en especial gas natural. Durante diez a\u00f1os no se exploraba \u201cporque el precio que reconoc\u00eda el Estado era bajo\u201d. El a\u00f1o pasado -2016- el precio reconocido por el Estado fue de USD 5,2 MMBTU, el doble que el a\u00f1o anterior y casi el 60% m\u00e1s caro que el precio actual en Estados Unidos de Norteam\u00e9rica en pleno invierno. Sin embargo tampoco se incorporaron reservas y la producci\u00f3n apenas aument\u00f3. En petr\u00f3leo decay\u00f3 la producci\u00f3n. Conclusi\u00f3n, algo que ya se sabe: el precio no es la variable que garantiza el abastecimiento futuro, ni las inversiones.<\/p>\n \u201cTransparentar precio\u201d deber\u00eda significar conocer los costos de producci\u00f3n y tener una estrategia para la regulaci\u00f3n de los productores concentrados y los monopolios naturales. Nada de eso ocurre, sigue siendo un sector sin instituciones gubernamentales comprometidas con los intereses de la sociedad, inactivas o ausentes, que se concentra y con pocas obligaciones para los actores.<\/p>\n Las empresas piden mayores precios y se les otorga sin an\u00e1lisis profundo de sus costos de producci\u00f3n y sin condicionamiento en relaci\u00f3n a los objetivos que deber\u00eda establecer el Estado. Basta escuchar a las productoras hidrocarbur\u00edferas en las audiencias p\u00fablicas por los precios del gas natural.<\/p>\n En cuanto a la infraestructura, el mecanismo adoptado es de corto plazo. Sin planificaci\u00f3n centralizada y dejando librado al inter\u00e9s de los privados las alternativas de expansi\u00f3n, la infraestructura que expande es de gran escala, pero no acompa\u00f1a las necesidades que la demanda requiere, ni la diversificaci\u00f3n de la matriz. A futuro ese d\u00e9ficit solo se puede cubrir con m\u00e1s infraestructura y mayores costos que, por supuesto, pagamos todos.<\/p>\n La decisi\u00f3n gubernamental es que los consumidores (se va viendo cu\u00e1les, seg\u00fan la capacidad de influir en los procesos de toma de decisiones) deben afrontar los precios plenos de los productos y servicios energ\u00e9ticos. Pero el Estado no conoce cu\u00e1les son los costos de producci\u00f3n ni tiene una estrategia para afrontar los m\u00faltiples desaf\u00edos ambientales, tecnol\u00f3gicos y socioecon\u00f3micos que plantea la producci\u00f3n y la incorporaci\u00f3n de reservas en el tiempo.<\/p>\n En materia energ\u00e9tica es esencial la funci\u00f3n de las instituciones del Estado, ya que los horizontes empresarios no son los del Estado ni los de la sociedad. Los primeros ven con un horizonte de, m\u00e1ximo, diez a\u00f1os, pues los mercados est\u00e1n dispuestos a esperar por resultados, y ese lapso es el que reconoce la monetizaci\u00f3n de sus actividades econ\u00f3micas. En el mundo de la energ\u00eda, esto es poqu\u00edsimo tiempo, por lo que los intereses empresarios no confluyen con los gubernamentales y sociales.<\/p>\n Por ello muchas decisiones privadas que se estructuran en base al repago de las inversiones en mediano plazo pueden afectar los intereses de la comunidad, que debe ser abastecida hoy y a futuro con la mejor alternativa posible. Esa ecuaci\u00f3n debe resolverla el Estado y no los particulares, por ello es el \u00fanico articulador de la diversificaci\u00f3n de la matriz. Basta ver el caso de las hidroel\u00e9ctricas. Ninguna empresa ha asumido en el pa\u00eds \u00edntegramente, dejando al Estado como iniciador y desarrollador de esas obras fundamentales.<\/p>\n En hidrocarburos, Argentina ha sido un pa\u00eds de fronteras abiertas al capital, que no ha invertido en exploraci\u00f3n en los \u00faltimos 40 a\u00f1os. Las exigencias para los permisionarios son bajas, la fiscalizaci\u00f3n es baja y la estrategia general para con el sector, nula. Mientras que el mundo ha mutado la regulaci\u00f3n hacia la productividad y control de la renta por parte del Estado, nosotros seguimos con un marco jur\u00eddico de hace 50 a\u00f1os.<\/p>\n En Argentina, el acceso a recursos no convencionales se presenta como la \u00fanica alternativa, cuando debiera ser apenas una alternativa m\u00e1s en la posible matriz de abastecimiento.<\/p>\n As\u00ed, la comunidad resulta pagadora por partida doble. Por un lado de los aumentos de precios de gas natural que otorga el Gobierno al cartel de producci\u00f3n de hidrocarburos, adem\u00e1s por los servicios de transporte y distribuci\u00f3n; por el otro, del conjunto de ineficiencias y decisiones no planificadas.<\/p>\n \u00a0<\/u><\/p>\n La vuelta al modelo de los \u201890<\/strong><\/p>\n El modelo es una vuelta a poner en \u201cpiloto autom\u00e1tico\u201d, caracter\u00edstico de los mercados absolutamente desregulados. Pero a diferencia de los a\u00f1os \u201890, donde exist\u00eda la infraestructura remanente y los precios de los energ\u00e9ticos \u201ccommoditizados\u201d (que resultan los precios internacionales) fueron inusitadamente bajos, hoy la situaci\u00f3n es m\u00e1s compleja. No hay capacidad remanente de infraestructura y los precios son el doble que en 2000.<\/p>\n Argentina y todos nosotros como consumidores y usuarios, estamos saliendo de un esquema hist\u00f3rico donde la energ\u00eda era un insumo barato (no solo de la \u00faltima d\u00e9cada) hacia uno donde la energ\u00eda es costosa para todos: industria y consumidores finales.<\/p>\n La pregunta es si la sociedad puede o debe afrontar los costos directos de las ineficiencias de las instituciones gubernamentales para generar una pol\u00edtica p\u00fablica en relaci\u00f3n a los insumos estrat\u00e9gicos y los servicios asociados. Ni puede, ni debe pagar cualquier precio\/tarifa. Afrontar tarifas mayores a las estrictamente necesarias para que expandan los sistemas y se garantice abastecimiento, es condenar a quienes no acceden hoy a los servicios a no contar con ellos, a quienes s\u00ed contamos con los servicios a transferir renta hacia el sector energ\u00e9tico sin recibir mejoras en infraestructura, acceso, confiabilidad y seguridad, y al Estado, a sacrificar renta.<\/p>\n \u00a0<\/u><\/p>\n \u00a1Se puede ser propositivo!<\/strong><\/p>\n Si bien la planificaci\u00f3n es una herramienta de gesti\u00f3n gubernamental, la Academia puede aportar. Los grandes debates y estudios en relaci\u00f3n al uso de recursos naturales, comparativas tecnol\u00f3gicas, el crecimiento arm\u00f3nico del pa\u00eds, de las regiones y de la poblaci\u00f3n han sido tema de an\u00e1lisis acad\u00e9micos que son la base de informaci\u00f3n para la planificaci\u00f3n.<\/p>\n El otro aporte de la Universidad es la formaci\u00f3n de recursos humanos, en especial para la gesti\u00f3n gubernamental y planificaci\u00f3n. A diferencia de la empresa, donde el objetivo es la producci\u00f3n de bienes o servicios espec\u00edficos y se provee en el mercado de otros bienes y\/o servicios conexos, operando como sistema cerrado y, por tanto, libre de presiones externas (salvo las de sus competidores[2]<\/a>), la gesti\u00f3n del Estado es el punto de confluencia entre los diferentes grupos de presi\u00f3n, factores de poder y necesidades sociales y econ\u00f3micas. Este hecho marca la necesidad del Estado de contar con capacitaci\u00f3n de recursos humanos, estructura, conocimiento, que garanticen la toma de decisiones gubernamental en aras del inter\u00e9s general y no de un sector particular.<\/p>\n En relaci\u00f3n a los usuarios, a la fecha, el dise\u00f1o de la tarifa social alcanza al 30% de los usuarios el\u00e9ctricos. Otro 20% no \u201ccalifica\u201d, es decir no se le otorga el derecho de acceso a la Tarifa Social, porque el SINTYS no tiene la informaci\u00f3n para garantizar que cumple con los criterios de identificaci\u00f3n de vulnerabilidad establecidos por el Gobierno.<\/p>\n La deficiencia en el dise\u00f1o de la Tarifa Social radica en que presume, como tantas veces, que la vulnerabilidad \u201cdebe ser pobre\u201d. Solo se admite un consumo m\u00ednimo de 150 Kwh\/mes sin costo (con la Res. 20\/2017, se han escalonado los precios a mayores consumos), sin analizar la estructura de necesidades de los beneficiarios. El direccionamiento de recursos debe considerar la situaci\u00f3n real que implica la vulnerabilidad de acceso a los productos energ\u00e9ticos. El acceso a la energ\u00eda significa acceso a la comunicaci\u00f3n, integraci\u00f3n, salud y seguridad. El actual dise\u00f1o de la Tarifa Social no considera las diferencias regionales, la cobertura con energ\u00e9ticos sustitutos, por ejemplo falta de acceso al gas natural por redes; no contempla hogares m\u00faltiples, entre otros. El Estado Nacional en el GBA no tiene Tarifa Social para los servicios de distribuci\u00f3n. Razonablemente deber\u00edan proteger en ese tramo de la tarifa. Otra vez, la Universidad tiene la capacidad de asistir y penetraci\u00f3n territorial, acercando la sociedad a los servicios, formando capacitadores, comunicadores en el uso racional, en t\u00e9cnicas de mitigaci\u00f3n de p\u00e9rdidas, eficiencia, etc. Pero en eso el Estado tampoco es contundente en materia de propiciar cambios en la conducta personal (h\u00e1bitos) y en pos del crecimiento sostenible.<\/p>\n El lector dir\u00e1 \u201c\u00bfQu\u00e9 tiene que ver esto con el aumento de las tarifas de los servicios p\u00fablicos?\u201d<\/p>\n Reitero, las tarifas de servicios p\u00fablicos, reflejan el conjunto de fuerzas imperantes en cada momento sobre el Estado y los criterios que el Gobierno adopta para resolver esas pugnas de intereses. En la medida que no se trabaje en planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica, para reelaborar estructuralmente el crecimiento de los sistemas para que est\u00e9n al servicio de la sociedad y el papel que se le asigne a cada uno de los actores, incluso a cada uno de nosotros como usuarios y destinatarios finales de la energ\u00eda producida, pagaremos cada d\u00eda tarifas m\u00e1s altas, afectando producci\u00f3n y empleo, pero tambi\u00e9n la asignaci\u00f3n de nuestros ingresos. No hay pol\u00edtica p\u00fablica energ\u00e9tica coherente que no contemple los aspectos socio-econ\u00f3micos.<\/p>\n La variable monetaria no debe ser la \u00fanica visi\u00f3n que gu\u00ede la pol\u00edtica sectorial. El reduccionismo rent\u00edstico debe ser superado.<\/p>\n