Por \u00faltimo, la memoria en marcha<\/em> tiene un sentido literal: marchar por las calles, ocupar el espacio p\u00fablico. Marchar en el presente implica disputar los l\u00edmites de la violencia que se pretenden hacer tolerables tras la idea del orden p\u00fablico y que promueven una mayor irrupci\u00f3n del Estado a trav\u00e9s de sus fuerzas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n \u00bfCu\u00e1les son las encrucijadas para esta memoria en el marco de la irrupci\u00f3n de las derechas radicales que se sostienen en un fuerte cuestionamiento a las reglas de la democracia y a los acuerdos b\u00e1sicos construidos desde 1983 con fuertes disputas pero tambi\u00e9n con s\u00f3lidos consensos?<\/p>\n\n\n\n La<\/em> memoria en marcha<\/em> es una consigna que reconoce un movimiento que es hist\u00f3rico, que es parte de un proceso que no ha sido lineal ni progresivo. Por el contrario, la agenda de memoria, verdad y justicia por los cr\u00edmenes de la \u00faltima dictadura ha tenido funciones y formas variadas como la resistencia, el otorgarle fundamento al sistema pol\u00edtico, la extensi\u00f3n del concepto de derechos y ciudadan\u00eda, el reconocimiento de otras v\u00edctimas de violencias estatales, o el sostenimiento de pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n En la Argentina es posible reconocer algunos gobiernos, como el primero de la transici\u00f3n a la democracia (1983-1989), que impulsaron pol\u00edticas de memoria, verdad y justicia limitadas. Su extensi\u00f3n se adecu\u00f3 a lo posible teniendo en cuenta la preservaci\u00f3n del sistema institucional, pero marc\u00f3 hitos fundamentales para el sistema democr\u00e1tico como la conformaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional sobre la Desaparici\u00f3n de Personas (CoNaDeP) o la sustanciaci\u00f3n del Juicio a las Juntas Militares.<\/p>\n\n\n\n Otras pol\u00edticas intentaron clausurar cualquier abordaje social o institucional de los cr\u00edmenes de la dictadura (fundamentalmente desde 1990 hasta el a\u00f1o 2003). Las acciones de gobierno, en estos casos, se dirigieron a cerrar los juicios penales que investigaban las graves violaciones a los derechos humanos, poner obst\u00e1culos en los mecanismos de obtenci\u00f3n de verdad y suplantar las memorias activas por una idea de reconciliaci\u00f3n que dec\u00eda ser beneficiosa para la sociedad, pero ocultaba el objetivo de sembrar la impunidad por los cr\u00edmenes.<\/p>\n\n\n\n Podemos reconocer tambi\u00e9n pol\u00edticas que han producido enormes avances en materia de tratamiento del pasado dictatorial, basadas en reconocer la obligaci\u00f3n y la conveniencia de producir toda la verdad, una memoria social permanente, y el m\u00e1ximo de justicia penal. Estos avances fueron notorios entre 2003 y 2015 y luego se sostuvieron entre 2020 y 2023. Entre muchas otras medidas, cabe destacar que se fortalecieron pol\u00edticas de justicia para llevar adelante cientos de juicios penales en los que miles de responsables son a\u00fan hoy investigados y juzgados por los cr\u00edmenes de lesa humanidad, se conform\u00f3 el Archivo Nacional de la Memoria y una pol\u00edtica de desclasificaci\u00f3n de archivos con informaci\u00f3n imprescindible para las causas, se construyeron Espacios de Memoria en lugares hist\u00f3ricos significativos para la comunidad a lo largo de todo el pa\u00eds, se establecieron planes de ense\u00f1anza en todos los niveles educativos, etc. En particular, durante estos per\u00edodos se dise\u00f1aron y sostuvieron como pol\u00edtica de Estado algunas de las demandas planteadas por el movimiento de derechos humanos; y se consolid\u00f3 un modelo de gesti\u00f3n de los espacios de memoria con participaci\u00f3n de la sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n Ahora bien, tambi\u00e9n transitamos dos gobiernos con abiertos cuestionamientos a las pol\u00edticas de memoria, verdad y justicia. Entre 2015 y 2019, las pol\u00edticas estatales nacionales debilitaron los principales espacios de gesti\u00f3n de las pol\u00edticas de memoria e impulsaron una narrativa que dio lugar al cuestionamiento de lo sucedido durante la dictadura impulsando conceptos que relativizan la responsabilidad del gobierno militar, reinsertando la discusi\u00f3n sobre la violencia de las organizaciones pol\u00edticas armadas en los a\u00f1os setenta. El acompa\u00f1amiento de funcionarios, as\u00ed como la visibilidad y la relevancia en la agenda p\u00fablica de los grupos promotores de la llamada memoria completa<\/em> o, directamente, defensores de los genocidas condenados judicialmente, fueron un rasgo caracter\u00edstico de este momento.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo un punto saliente para entender las derivas hasta la actualidad es el inicio, en esta etapa, del cuestionamiento de la legitimidad de las v\u00edctimas y de las organizaciones de derechos humanos como pol\u00edtica de Estado. Estos a\u00f1os fueron un duro golpe a la agenda de los derechos humanos, pues no solo se enfrentaron los intentos de implantar una revisi\u00f3n de lo sucedido, sino tambi\u00e9n de deslegitimar sus demandas en un sentido amplio. La relevancia del movimiento de derechos humanos en las pol\u00edticas p\u00fablicas de memoria, de reivindicaciones de g\u00e9nero, contra la discriminaci\u00f3n, y otros tantos temas sociales, profundizaron estas maniobras de deslegitimaci\u00f3n en el marco de las disputas dentro del sistema pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n Cinco d\u00e9cadas despu\u00e9s de la irrupci\u00f3n del terrorismo de Estado, ya no se trata solo de la deslegitimaci\u00f3n de estos actores y estas causas dentro del debate pol\u00edtico. Tal como lo ha planteado Ezequiel Ipar, los partidos de derecha radical presentan \u201ca las pol\u00edticas que promueven la justicia social y los derechos humanos como responsables de los malestares subjetivos que genera la crisis, y han logrado con relativa eficacia despertar adhesi\u00f3n hacia posiciones ideol\u00f3gicas autoritarias\u201d (Ipar, 2024, p.300). Los movimientos sociales y de derechos humanos que lograron trabajosamente incidir para que el Estado realice reconocimientos de tipo cultural, medidas redistributivas o pol\u00edticas garantes de derechos, son se\u00f1alados como culpables de que la democracia no funcione, de ser privilegiados a trav\u00e9s de prebendas, u oportunistas. <\/p>\n\n\n\n Esta construcci\u00f3n narrativa tiene su correlato en la puesta en marcha de una reestructuraci\u00f3n del Estado y de las pol\u00edticas cuyo eje es una pulsi\u00f3n econ\u00f3mica que requiere destruir los derechos de las mayor\u00edas. Ya no se trata de ocultar o negar que una pol\u00edtica sea violatoria de derechos, ni siquiera de aceptar que son consecuencias no deseadas, o de postular que son necesarias temporalmente. El paradigma de las derechas radicales naturaliza e incluso legaliza pr\u00e1cticas discriminatorias sobre grupos vulnerables afirmando que es lo justo.<\/p>\n\n\n\n Esta naturalizaci\u00f3n se exterioriza a trav\u00e9s de la construcci\u00f3n de figuras odiantes y estigmatizantes que concluyen (o se inician) en la idea de que es necesario eliminar todo y a todos aquellos que son responsables de la crisis. As\u00ed, se ve alterado otro de los elementos que caracterizaron los acuerdos desde la transici\u00f3n pol\u00edtica: la afirmaci\u00f3n de que el autoritarismo actuaba en pos del aniquilamiento a la diferencia, mientras que la democracia promov\u00eda la convivencia en nuestras diferencias como sujetos ideol\u00f3gicos, pol\u00edticos, sociales. El respeto a la vida se volvi\u00f3 el punto nodal de este acuerdo que tambi\u00e9n es cuestionado.<\/p>\n\n\n\n Una mirada retrospectiva puede mostrarnos que la democracia argentina fue fundada, puesta en crisis, debatida y reconstruida, en gran parte, discutiendo derechos. En lo que hace al sistema pol\u00edtico, en aquella temprana transici\u00f3n, se discutieron y delinearon algunos principios como la protecci\u00f3n estricta de la libertad de expresi\u00f3n y la prohibici\u00f3n de la censura previa; el cumplimiento de las garant\u00edas procesales y el debido proceso; el orden constitucional y la divisi\u00f3n de poderes; la diferenciaci\u00f3n tajante entre actividades de seguridad y de defensa nacional; la no discriminaci\u00f3n; la igualdad de g\u00e9nero; entre otros.<\/p>\n\n\n\n Aunque el retorno a la democracia logr\u00f3 amplios niveles de consenso sobre las condiciones que otorgar\u00edan estabilidad al sistema pol\u00edtico y las garant\u00edas de igualdad formal, present\u00f3 luego un escenario de democracias con profundos niveles de desigualdad y exclusi\u00f3n y con sistemas ineficientes para garantizar los derechos vulnerados por pr\u00e1cticas institucionales violentas (como las policiales o las penitenciarias, entre otras). <\/p>\n\n\n\n Tal como lo ha planteado Marina Franco, \u201cla inestabilidad institucional, los cuestionamientos a la democracia como sistema pol\u00edtico y a la presencia de las masas en la vida pol\u00edtica, y la omnipresencia de la violencia pol\u00edtica y represiva se fueron disolviendo despu\u00e9s de la \u00faltima dictadura. Desde entonces, la vida pol\u00edtica y social argentina sigui\u00f3 jalonada por crisis de diverso tenor y otras formas de violencia institucional, pero la democracia se afirm\u00f3 como regla de juego y como aspiraci\u00f3n de forma de vida en com\u00fan\u201d (Franco, 2024, p.262).<\/p>\n\n\n\n La violencia dictatorial fue productora de ciertas relaciones sociales en y a trav\u00e9s del espacio p\u00fablico. El retorno a la democracia promovi\u00f3 el debate y la libertad de vivir otro tipo de relaciones en ese mismo espacio. La apelaci\u00f3n al orden y al desorden desde entonces, han remitido a lo que es o no es tolerable, a los asuntos y las formas en que se justifica la limitaci\u00f3n o incluso la represi\u00f3n por parte del Estado.<\/p>\n\n\n\n La irrupci\u00f3n de las derechas radicales tensa a\u00fan m\u00e1s este acuerdo sobre el espacio p\u00fablico, tal como lo muestran, entre otros hechos, las reformas de protocolos de actuaci\u00f3n frente a las protestas o las sucesivas represiones a manifestaciones de jubilados y personas con discapacidades. De manera generalizada, aquellos que ocupan la calle con alguna demanda o cr\u00edtica a las pol\u00edticas implementadas son catalogados de enemigos, riesgos para la Naci\u00f3n, terroristas, golpistas, o con un sinn\u00famero de met\u00e1foras estigmatizantes. La utilizaci\u00f3n de la sem\u00e1ntica de la eliminaci\u00f3n, materializada en acciones represivas, echa por tierra el acuerdo de respeto por la participaci\u00f3n y el debate p\u00fablico que rige el sistema pol\u00edtico democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n La democracia fue un horizonte y su retorno en 1983 alcanz\u00f3 algunos consensos como el valor de la vida y la resoluci\u00f3n de los conflictos pol\u00edticos sin violencia, el respeto a la pluralidad de opiniones, la ocupaci\u00f3n del espacio p\u00fablico como lugar de expresi\u00f3n, la libertad de protestar, etc\u00e9tera. <\/p>\n\n\n\n La experiencia de lo vivido en la \u00faltima dictadura militar y el proceso de memoria, verdad y justicia fueron parte de la fundamentaci\u00f3n de estos acuerdos democr\u00e1ticos. \u00bfQu\u00e9 memorias debemos promover al llegar a los 50 a\u00f1os del golpe de Estado cuando todos estos fundamentos est\u00e1n puestos en cuestionamiento, devaluados y criticados violentamente; cuando las reglas institucionales son utilizadas sin contenci\u00f3n en aras de un fin mayor (borroso, m\u00faltiple y contradictorio); cuando la idea de orden se repone en el debate pol\u00edtico para justificar la irrupci\u00f3n violenta del Estado; cuando la construcci\u00f3n de una comunidad basada en las diferencias se desmorona frente a la idea de la amenaza provocada por esas ideas o esas personas diferentes; cuando los discursos odiantes degradan el principio de la vida como un derecho fundamental que debe garantizar la democracia?<\/p>\n\n\n\n Que la memoria marche es tambi\u00e9n una forma de expresar que tenemos que recuperar esas configuraciones simb\u00f3licas de la primera transici\u00f3n, cuando la democracia fue entendida como garante de derechos y productora de comunidad, y construir desde all\u00ed una oposici\u00f3n a cualquier deriva autoritaria.<\/p>\n\n\n\n Referencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n Franco, Marina. 2024. \u201cEl final del pacto del \u2018Nunca M\u00e1s\u2019, nuestro mito contempor\u00e1neo\u201d. En: Grimson, A (coord.): Desquiciados. Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha<\/em>, Siglo XXI Editores.<\/p>\n\n\n\n Ipar, Ezequiel. 2024. \u201cLas derechas radicales y la pol\u00edtica de la crueldad\u201d. En: Grimson, A. (coord.): Desquiciados. Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha<\/em>, Siglo XXI Editores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La demanda por los cr\u00edmenes de la \u00faltima dictadura c\u00edvico-militar siempre ocup\u00f3 las calles. Tambi\u00e9n los escritorios tribunalicios con cientos de expedientes judiciales y los recintos de organismos internacionales, donde la voz de la comunidad internacional acogi\u00f3 los reclamos. 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