No tan distintos El Consenso de Washington y el programa económico de Macri[1]

1. Introducción: ¿cuál es el carácter del programa económico del macrismo?

A pesar de lo reciente de la asunción a la presidencia de Mauricio Macri, han corrido ya ríos de tinta sobre el carácter último de su política económica. Básicamente, y a pesar de que el asesor estrella del macrismo, Jaime Durán Barba, haya dicho que «el PRO es el único partido de izquierda que hay en el país», los medios afines al gobierno y algunos analistas condescendientes con este nuevo proyecto político, parecen haber llegado al consenso de que el macrismo no es estrictamente un gobierno neoliberal tradicional, sino que se trata de una fuerza de centro-derecha «moderna y democrática», que ha tenido que aplicar un ajuste económico ineludible de manera gradual, es decir, una “corrección” de ciertos aspectos insostenibles de la economía, para luego retomar la vía del crecimiento “sano, sostenible, genuino”. Inclusive, debido a la supuesta gradualidad de sus políticas y a su método de «prueba y error», muchos han llegado al extremo de considerarlo una suerte de «kirchnerismo responsable».

La correcta caracterización de la política económica del macrismo es necesaria por al menos dos razones. Primero, porque un acabado conocimiento de su contenido es una condición necesaria para conseguir la unificación de las fuerzas nacionales, populares y democráticas que hoy se encuentran en la oposición al gobierno. Y segundo, porque ello contribuye decididamente a poner el foco sobre los principales ejes de su política económica presente y futura, de modo de poder marcar un límite político a su avance, con el objetivo de preservar un piso de derechos económicos y sociales logrados durante los doce años de la etapa kirchnerista.

Sin embargo, la caracterización de la fase de la economía argentina que se inicia con la asunción a la presidencia de Mauricio Macri presenta dos grandes dificultades: en primer lugar, se trata de una etapa cuyo inicio es muy reciente; en segundo lugar, Macri no presentó un programa económico preciso durante la campaña electoral. En efecto, durante su campaña Macri no solo omitió explicitar su programa sino que, podría decirse, deliberada y prolijamente ocultó la orientación de su proyecto económico en general, y de sus medidas de política en particular. En efecto, la campaña electoral del macrismo ha estado signada por la aplicación de los “novedosos” instrumentos del llamado «marketing político». Veamos.

El nombre mismo de esta “disciplina” es ya de por sí problemático: indudablemente el marketing[2] -una técnica muy arraigada entre las empresas privadas- se presenta como de suyo incompatible con lo que normalmente se entiende por la actividad política, asociada con la idea de herramienta para la transformación de la sociedad. Originalmente, el marketing (o mercadotecnia) se utiliza para facilitar la venta de productos y servicios a través del uso de la publicidad, entre otros instrumentos, lo que sin lugar a dudas no excluye apelar al engaño como recurso. La publicidad no se distingue precisamente por exhibir con fidelidad y exhaustivamente las cualidades reales del producto o servicio que se pretende vender, sino que en el afán de hacerlo apetecible para los consumidores, naturalmente, se tiende a resaltar los atributos positivos y a ocultar o pasar por alto los defectos o cualidades negativas.

Más aun, no pocas veces el marketing intenta asociar el producto que se quiere vender con ideas, figuras, ideales o cualidades que no pertenecen a él. Es el caso, por ejemplo, en el que personalidades con determinada aprobación social aparecen en publicidades intentando vender productos que nada tienen que ver directamente con ellos. Se pretende así “embellecer” el artículo o subliminalmente asociarlo con atributos que no son propios sino del personaje en cuestión. Así procede el marketing en la esfera privada. La idea del “marketing político” es traspolar esas prácticas y recursos al terreno de la política para mejorar la popularidad o incluso conquistar el voto de ciertos candidatos.

Esto es lo que, confesamente, se hizo para que Macri llegue al poder. Lejos de mostrar el verdadero carácter del candidato, sus ideas, su pasado o de explicitar sus futuras medidas de gobierno en materia económica, Macri se dedicó a presentar durante la campaña una serie de sentencias o slogans más bien genéricos, insípidos e inofensivos, sin contenido concreto real alguno destinados a captar el voto de amplios sectores de la sociedad. Entre estas consignas se cuentan: «podemos vivir mejor», «se viene la revolución de la alegría», “no vas a perder ningún derecho”, o «se va a mantener todo lo bueno y se va a mejorar lo malo».

Es ilustrativo de esta apelación a discursos efectivos, más allá de su contenido de verdad, que durante la campaña electoral ni Macri ni el resto de los candidatos o referentes de Cambiemos se refirió a una supuesta «pesada herencia» ni mucho menos anunció un programa de ajuste que debía aplicarse inexorablemente luego de asumir el poder, para “desactivar” una supuesta «bomba de tiempo» que había preparado el anterior gobierno. Los candidatos, empleando las recetas del marketing político, solo auguraban un futuro mejor y se dedicaban puntillosamente a los enunciados esperanzadores y positivos. No lo hicieron ellos directamente, pero sí el hipertrófico aparato mediático que acompañó a Macri en su campaña electoral.

Más adelante, a las promesas vagas y abstractas se fueron sumando compromisos específicos, asociados a los intereses de diversos grupos sociales, con el propósito de conseguir el voto de dichos sectores. A los sectores vulnerables les ofreció “pobreza cero”; a los jubilados se les prometió elevar el haber hasta el “82% móvil”; a los trabajadores, anular el impuesto a las ganancias cuarta categoría; a los maestros se les aseguró “condiciones de trabajo más dignas”; se sostuvo que “la inflación es algo simple de resolver”; se prometió también sostener la gratuidad de las transmisiones televisivas, la propiedad pública de empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas, y así sucesivamente. Como veremos más adelante, la puesta en marcha del programa económico significó el riguroso incumplimiento de cada una de estas promesas electorales, tanto las generales como las específicas.

El despliegue de una campaña electoral de esta naturaleza, basada en el marketing político, vale decir, diseñada con el explícito propósito de capturar votos en base a promesas de improbable cumplimiento y a la formación de expectativas sobre un cambio positivo, entorpece una temprana caracterización de la política económica del actual gobierno. Esto se debe a que una vez en el poder, Macri intentó, o bien ocultar y disfrazar las políticas que comenzaba a poner en práctica, o bien simular que hacía los mejores esfuerzos por cumplir con lo comprometido durante la campaña electoral. De manera que la verdadera orientación del programa de Macri ha quedado oculta en una maraña de justificaciones, excusas, camuflajes, maniobras de distracción o directa tergiversación. La comunicación del gobierno y la información suministrada por los medios de comunicación oficialistas no permiten observar con claridad lo que el gobierno hace en la esfera económica. Hay que señalar que, a diferencia de otras etapas históricas en las que gobiernos de similar orientación económica aplicaron programas semejantes, en esta oportunidad se intenta por todos los medios ocultar su naturaleza ante la opinión pública.

El objetivo de este ensayo es el de desentrañar el verdadero contenido de la política económica de Macri, dada su centralidad en las discusiones políticas presentes y futuras. A tal efecto, en el siguiente apartado, se comienza con una breve presentación de los principales rasgos históricos y teóricos del llamado neoliberalismo. En el tercer apartado, se realiza una somera descripción del «Consenso de Washington» (en adelante, CW). En el cuarto apartado se analizan de manera puntual y objetiva las medidas del macrismo en relación a cada una de las prescripciones recomendadas por el CW, con el propósito de analizar si dicho decálogo de políticas consigue caracterizar con precisión al programa económico actual. Por último, se presentan una serie de conclusiones acerca del verdadero carácter de la política económica del gobierno macrista.

2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo?

Suele llamarse «neoliberalismo» a la profundización de los principales rasgos del “liberalismo económico”, cuya inspiración originaria se asocia habitualmente al nombre de Adam Smith[3], de sus continuadores pertenecientes a la denominada escuela de economía política clásica primero (vgr. Ricardo, Malthus, James y John Stuart Mill) y más adelante, de los autores marginalistas o «neoclásicos» (vgr. Jevons, Bohm-Bawerk, Menger, Walras, Marshall).

En términos generales y sin apelar a tecnicismos, el liberalismo económico -y luego el neoliberalismo- sostienen que la mejor forma de promover el bienestar de la humanidad consiste en retirar toda restricción al libre desarrollo de las capacidades empresariales de los individuos sin interferir tampoco en sus libres decisiones de consumo. De esta manera, si los individuos actúan libremente, motivados exclusivamente por su egoísmo -entendido como la búsqueda de su propio bienestar- se logrará “naturalmente” el mayor bienestar para la sociedad considerada en su conjunto.

En dicho marco, el rol del Estado debe ser mínimo, limitándose a crear y preservar las instituciones apropiadas para salvaguardar la propiedad privada y para que opere de manera efectiva e irrestricta la libertad de mercado. Es decir, el Estado restringe su intervención a aquellas áreas en las que la actividad privada no tiene interés en participar porque no se presentan las condiciones de rentabilidad adecuada. Dichas funciones se limitan básicamente a i) garantizar la «calidad» del dinero, de modo que sirva como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor; ii) disponer las funciones policiales y de seguridad que permitan el resguardo de la propiedad privada; y iii) poner a disposición de los mercados la utilización de todos aquellos recursos necesarios para el proceso de acumulación.[4]

De esta forma, se constituye el llamado «Estado neoliberal», cuya misión fundamental es la de asegurar las condiciones para el mejor desempeño de la actividad privada en el camino de la acumulación, lo que involucra tanto a empresas domésticas como extranjeras. Sintéticamente, este Estado neoliberal tiene como tareas específicas asegurar las «tres libertades» y las «dos seguridades» para las empresas a escala global: i) libertad de comercio (de bienes y servicios); ii) libertad de inversiones (domésticas y extranjeras); iii) libertad de finanzas (entrada y salida de divisas); iv) seguridad de los activos tangibles (impedir nacionalizaciones y expropiaciones); y v) seguridad de los activos intangibles (propiedad intelectual).

Desde una perspectiva histórica, el neoliberalismo fue la respuesta surgida en las décadas de 1970 y 1980 al supuesto “fracaso” del «Estado de Bienestar» y del «régimen de acumulación fordista». Por diversos motivos, que pueden tener explicación en las distintas teorías de las crisis capitalistas (vgr. caída de la tasa de ganancia; maduración de las innovaciones; escasez de demanda), las instituciones de Bretton Woods surgidas a la salida de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a mostrar visibles signos de agotamiento que impedían mantener el ritmo de crecimiento, tanto en las economías centrales como en algunas economías periféricas que habían avanzado en su proceso de industrialización y, por ende, también de desarrollo.

Bajo el régimen anterior, el Estado jugaba un rol central como garante del crecimiento, del pleno empleo y del bienestar de los ciudadanos. Por así decirlo, convivían aunque en distinto grado según las circunstancias de cada país, la participación del Estado con el proceso de asignación de recursos y determinación de los precios propio del mercado. En los países del bloque socialista la intervención era mucho mayor, pero en los restantes países se consideraba que actuaba una economía “mixta” donde se complementaban los mecanismos de mercado con la regulación del Estado.

Se entendía que el Estado debía tener una injerencia permanentemente para lograr el funcionamiento virtuoso de los mercados, a través de intervenciones directas (incluyendo la producción estatal de ciertos bienes y servicios) o de políticas de estabilización macroeconómicas (fundamentalmente monetaria y fiscal) o contracíclicas, de corte «keynesiano».

Hacia mediados de los 70’s, en un contexto de crisis, estancamiento e inflación (estanflación), las opciones políticas que se abrían en el mundo desarrollado -sobre todo en Europa, pero también en EE.UU.- parecían provenir de dos polos opuestos: por un lado, las social-democracias sugerían que se podía avanzar en la profundización de los controles (a los movimientos de capital, comercio, precios y salarios); por el otro, se recomendaba optar por la libertad absoluta del mercado que resurgía como novedad de la mano del neoliberalismo.[5]

El desenlace de esta supuesta encrucijada es conocido: las políticas “PRO-mercado” se expandieron a fines de la década de 1970 y la de 1980 tanto en los países centrales (Reagan, Thatcher) como en los países periféricos (primeras experiencias de liberalización en América Latina), y hasta con la implementación de reformas que se sucedieron en China. Pero el golpe de gracia se produjo unos años después con la caída del Muro de Berlín, que terminó redundando en la desintegración de la U.R.S.S. y del conjunto del bloque soviético. Fue una época en la que se instauró la idea del «fin de la historia” y del “fin de las ideologías».[6] Luego del colapso de los “socialismos realmente existentes” se intentó establecer la hegemonía absoluta del neoliberalismo a escala mundial, avanzando con sus políticas de reformas estructurales a lo largo y a lo ancho del planeta, las cuales se consagraron doctrinariamente en el CW.

Durante largos años la ideología y la práctica del neoliberalismo habían estado gestándose, por así decirlo, en las sombras, dentro de determinados círculos político-académicos. Un conjunto reducido de férreos defensores de esta doctrina se aglutinó en torno a la figura del filósofo político austríaco Friedrich Von Hayek, creando hacia 1947 la exclusiva Mont Pelerin Society. Los miembros del grupo se describían como «liberales» en lo político -por su apego a los ideales de las libertades individuales, en el sentido europeo tradicional de la palabra- al tiempo que adscribían radicalmente a la libertad de mercado en materia económica. Este mix de apego por las libertades tanto económicas como políticas de su doctrina llevó a que se acuñara el rótulo de «neoliberales».

Las crisis del Estado de Bienestar y del régimen de acumulación fordista marcaron el momentum para que el neoliberalismo se afianzara como una orientación para las políticas públicas. Los primeros experimentos de constitución de un «Estado neoliberal» se pusieron en práctica, precisamente, en América Latina, donde la crisis de mediados de los 70 había hecho estragos en la esfera económica, mientras en la esfera política los regímenes democráticos fueron en muchos países derrocados por dictaduras militares.

Puntualmente, el primero de ellos se puso en marcha en Chile, luego del golpe de Estado y asesinato del presidente democrático Salvador Allende, que dio lugar a la instauración de una sangrienta dictadura militar. El golpe de Estado fue promovido por los sectores económicos concentrados de la sociedad chilena, que veían avanzar al presidente Allende hacia el socialismo por la vía democrática. Se reveló también que Allende fue depuesto con el concurso y el auxilio de la CIA, del Secretario de Estado de los EE.UU. Henry Kissinger y de múltiples compañías americanas. En el marco de dicho régimen se disolvieron todas las instituciones políticas y sociales, se liberalizó completamente el mercado de trabajo, se privatizaron las empresas y activos del Estado (salvo CODELCO, la empresa estatal productora de cobre), se instauró un régimen privado de administración de fondos de pensiones (AFP) y se abrió la economía al capital extranjero y al libre comercio.

A cargo del manejo económico estuvieron los llamados «Chicago Boys», un grupo de jóvenes economistas chilenos que se habían formado en la Universidad de Chicago, quienes comulgaban con los lineamientos y teorías de Milton Friedman. Estos economistas se habían formado en Chicago en el marco de un programa de cooperación financiado por los EE.UU. en el contexto de la Guerra Fría, para contrapesar las ideas progresistas y de izquierda que se debatían en América Latina. Este “experimento chileno” tuvo un segundo ensayo durante la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. Ambos casos sirvieron como experimento para la posterior implementación de las políticas neoliberales en los países centrales y para avanzar paulatinamente en los países periféricos, y luego para hacerlo con mucha mayor penetración durante la década de 1990. Actualmente, el neoliberalismo se ha transformado en el pensamiento hegemónico, habiendo colonizado el sentido común no solo en materia estrictamente económica, sino para el conjunto de nuestras relaciones sociales y culturales.

Durante los primeros años del siglo XXI en buena parte de América Latina sus recetas, prescripciones y políticas fueron abandonadas, como resultado de las profundas crisis que habían experimentado los países de la región a causa de la aplicación de estas políticas. Sin embargo, en la actualidad amenazan con volver de la mano de gobiernos conservadores. A continuación se analizarán los rasgos principales del llamado “Consenso de Washington”.

3. El Consenso de Washington: los «diez mandamientos» del neoliberalismo

Se denomina CW a una serie de recomendaciones originalmente realizadas por el economista John Williamson, investigador del Institute for International Economics, con sede en Washington, hacia el año 1990.[7] El objetivo de dichas “sugerencias” era que los países de América Latina «pongan la casa en orden» ante la necesidad de afrontar una solución definitiva a la crisis de la deuda que estalló hacia 1982, como consecuencia del aumento previo de las tasas de interés en 1979 por parte del Secretario de la Reserva Federal de los EE.UU., Paul Volcker. De acuerdo con el autor, se pretendía «establecer qué se considera en Washington que constituiría un conjunto deseable de reformas de política económica».[8]

Puntualmente, se trata de diez orientaciones concretas para la política en distintas áreas para los cuales «Washington puede lograr un grado razonable de consenso en cuanto a su desarrollo».[9] En rigor, el papel que cumplió fue el de establecer entre diversos actores políticos y económicos situados en Washington (el Congreso; los altos cargos de la administración y las agencias económicas de los EE.UU.; el Consejo de la Reserva Federal; las instituciones financieras internacionales; los grupos de expertos allí radicados) una agenda común de políticas recomendadas por el gobierno de los EE.UU. y los organismos financieros internacionales para la región en su conjunto.

Se postulaba que la puesta en marcha de este set de políticas económicas colocaría a los países de América Latina nuevamente dentro de un sendero de crecimiento acelerado y sustentable en el futuro, lo que a su vez iba a permitir un paulatino proceso de convergencia con los niveles de bienestar y desarrollo relativo de los países más avanzados del mundo. Sin embargo, para lograr esa convergencia final, es decir, dar el salto del subdesarrollo al desarrollo, los países debían primero hacer la tarea: cumplir punto por punto los «diez mandamientos” del CW. Paulatinamente, estas sugerencias se fueron convirtiendo en una suerte de guía para los gobernantes de la fase neoliberal de los países latinoamericanos. En suma, el CW se convirtió en un verdadero manual de neoliberalismo. Este decálogo de medidas se analiza a continuación.

3.1. Los déficits presupuestarios

Los países de América Latina tienen que cumplir una férrea disciplina presupuestaria. Desde este punto de vista, los estímulos keynesianos a través del gasto público no son recomendables, al menos en el mediano plazo, por lo que a lo sumo se permiten incurrir en pequeños déficits de corto plazo. De acuerdo con el Sr. Williamson, «en Washington existe un amplio acuerdo respecto a que los grandes y persistentes déficits fiscales constituyen una fuente básica de trastornos macroeconómicos en forma de inflación, déficit en la balanza de pagos y evasión de capitales».[10] Solo son tolerables pequeños déficits de corto plazo (de entre 1 y 2% del PBI) siempre y cuando sean destinados a financiar inversiones en infraestructura productiva. Por consiguiente, la recomendación general es que los gobiernos ajusten su balance de gastos e ingresos a esa norma.[11]

3.2. Las prioridades del gasto público

En consonancia con el punto 3.1, el CW exhorta a que el cumplimiento de la disciplina fiscal sea logrado a través de ajustes en los gastos de gobierno, más que por aumentos de la recaudación tributaria. A este respecto, se recomiendan ajustes en tres categorías específicas de gasto: i) las subvenciones y subsidios, puntualmente aquellos destinados hacia las empresas públicas, los combustibles y energía, los servicios públicos, los alimentos y el crédito blando; ii) la educación y la salud, priorizando un servicio universal en materia de educación básica y asistencia sanitaria primaria y, por consiguiente, reduciendo el financiamiento de la educación universitaria y la medicina avanzada y de alta tecnología; iii) la inversión pública, priorizando puntualmente la inversión en infraestructura y recortando en el resto de los rubros.

3.3. La reforma fiscal

Hay una fuerte aversión del «Washington político» hacia la reforma tributaria, como forma de incrementar la recaudación y, de ese modo, cumplir con la disciplina fiscal del punto 3.1. Claramente, se prefiere que el equilibrio fiscal se obtenga en base a recortes en los gastos. Sin embargo, en caso de ser necesario dicho tipo de reforma, el principio que la debería orientar es la ampliación de la base imponible y el cobro de bajas tasas; es decir, cobrarles pocos impuestos a muchos contribuyentes, lo que se constituye en un tipo de reforma tributaria claramente regresiva, ya que favorece a los más ricos y perjudica a los más pobres.

3.4. Las tasas de interés

El CW recomienda dos principios generales respecto de las tasas de interés: i) que sean fijadas por el mercado, lo que implica la eliminación de todo tipo de crédito blando o tasa de interés fijada por el Estado; ii) que las tasas de interés reales sean positivas, es decir, que la tasa de interés nominal sea mayor al nivel de inflación. Más allá de lo que sostiene el CW, a título personal el Sr. Williamson agrega que «los tipos de interés deberían ser positivos, pero moderados, con objeto de estimular la inversión productiva y evitar la amenaza de una explosión de la deuda pública».[12]^{, [13]}

3.5. El tipo de cambio

Independientemente de la forma de lograrlo (determinación del mercado o intervención del banco central) el CW recomienda tener un tipo de cambio «competitivo y estable», de modo que pueda impulsar las exportaciones y mantener un déficit de cuenta corriente del balance de pagos financiado de una manera sostenible en el tiempo, sin necesidad de un gran ingreso de capitales por la cuenta capital y financiera del balance de pagos, en el marco de una política general «orientada al exterior».

3.6. La política comercial

Un segundo elemento de la política «orientada al exterior» recomendada por el CW es la necesidad de liberalizar las importaciones, de modo de acceder a bienes de capital e insumos intermedios a menores precios, con el objetivo de mejorar la «competitividad» de los sectores productivos con ventajas comparativas y mejorar las exportaciones. Por el contrario, la protección a las importaciones genera distorsiones innecesarias que, en última instancia, terminan dificultando las exportaciones y empobreciendo la economía. En términos prácticos, se recomienda eliminar totalmente las barreras cuantitativas a la importación y reducir los aranceles a niveles moderados.

3.7. La inversión extranjera directa

Si bien el CW no recomienda una liberalización total de los flujos financieros, sí lo hace respecto de la eliminación de todas las restricciones a la inversión extranjera destinada a la producción, de modo de obtener los capitales, la tecnología y la experiencia de las empresas transnacionales. De esta forma, se destronaría además el «nacionalismo económico» que pueden practicar los países.[14]

3.8. Las privatizaciones

En consonancia con la promoción de las inversiones extranjeras, el CW recomienda también la privatización de las empresas estatales. De esa forma, se estaría ayudando a reducir el déficit de gobierno tanto a corto (por los ingresos obtenidos por la venta de las empresas) como a largo plazo (porque ya no se necesitará que el gobierno aumente el gasto público para futuras inversiones de empresas estatales). Además, en términos más ideológicos, el argumento por detrás de las privatizaciones es la supuesta mayor eficiencia del sector privado respecto del sector público.

3.9. La desregulación

La menor regulación estatal de las actividades económicas tiene como objetivo principal el fomento de la competencia en los mercados. En términos prácticos, se recomienda la eliminación de los controles de precios, al establecimiento de empresas, al envío al exterior de sus beneficios y a las importaciones, así como la desaparición del crédito subsidiado, la reducción de los impuestos sobre la renta de las empresas y la eliminación de las limitaciones a los despidos de los trabajadores, entre otras.[15]

3.10. Los derechos de propiedad

El CW recomienda el fortalecimiento de los derechos de propiedad a través del sistema de patentes, con el objetivo de generar mayores incentivos a la actividad innovadora mediante el aseguramiento de una recompensa monetaria a lo largo del tiempo. De lo contrario, con derechos de propiedad que no se respeten, tampoco existiría la seguridad jurídica necesaria como para que las empresas en general se dediquen a la inversión en nuevos productos y procesos más eficientes y para que las empresas extranjeras se radiquen localmente.[16]

4. Las prescripciones del Consenso de Washington y las medidas económicas del macrismo

A continuación, una vez presentado el decálogo de instrumentos de política recomendados por el CW, se realiza un racconto detallado de las medidas tomadas por el gobierno de Macri en relación con cada una de las prescripciones del CW.

4.1. Los déficits presupuestarios

En una de las primeras apariciones públicas del por entonces ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay (la conferencia de prensa brindada el día 13 de enero de 2016) se denunció un desbocado déficit fiscal durante el último año del gobierno kirchnerista, del orden del 7% del PBI. Dicho número era falso: fue en realidad construido mediante una compleja alquimia algebraica destinada a elevar el verdadero resultado del fisco y justificar el posterior ajuste del gasto. De acuerdo a la metodología de imputación de la contabilidad nacional, validada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y publicada a posteriori por el propio INDEC, el déficit primario (recursos menos gastos) de Argentina en 2015 fue de solo un 1,9% del PBI, de acuerdo con la llamada «Cuenta de Inversión».

Sin embargo, las declaraciones del ministro Prat-Gay mencionaban un déficit anunciado por el kirchnerismo de un 2,3%, bastante cercano al resultado final luego informado por el INDEC. A ello, el ministro le sumó algunas partidas «no convencionales» en un claro ejercicio de contabilidad creativa: un 1,1% adicional de gastos corrientes pendientes de pago, que fueron indebidamente sumados al déficit («deuda flotante»); un 2,5% adicional que surge de no computar los ingresos que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le giraron al Tesoro Nacional; por último, y aunque resulte increíble, un 1,2% adicional que surge del cómputo del gasto que implicaría el cumplimiento de las promesas de campaña realizadas por el entonces candidato a presidente Mauricio Macri.

De esa manera, se procedió a exagerar mediante procedimientos engañosos el nivel del déficit fiscal recibido que, en rigor, se encontraba dentro los parámetros recomendados por el propio CW. A partir de entonces, se allanó el camino para llevar adelante un proceso de ajuste del gasto enfocado en despidos de claro carácter político entre los trabajadores estatales, la eliminación de subsidios a los servicios públicos y la disminución de los llamados «gastos sociales», tal como se describirá en el punto 4.2.

No obstante dichos recortes puntuales y quirúrgicos, los gastos corrientes del gobierno en términos reales se mantuvieron en niveles similares a los de 2015, con incrementos nominales del orden del 42,8%, apenas por encima de la inflación anual informada por el IPC-CABA (41%). Como resultado de la caída de los ingresos corrientes del 4,2% en términos reales, debido fundamentalmente a la menor recaudación de impuestos por la menor actividad económica y por la eliminación y reducción de retenciones al agro y a la minería, lejos del discurso ordenador de las cuentas públicas, el déficit primario se ubicó en torno al 4,5% del PBI, con ingresos que se incrementaron en términos nominales en un 39,1% y erogaciones en un 41,8%. Este resultado incluye los recursos extraordinarios obtenidos como resultado del blanqueo fiscal (1,1% del PBI); de no haberse obtenido estos ingresos adicionales provenientes de las concesiones otorgadas por el macrismo a los grandes evasores, el déficit primario habría sido del orden del 5,6%, bien por encima de la meta fiscal fijada por el gobierno del 4,8%.

En suma, el macrismo no solo mintió al elevar artificialmente el déficit primario del gobierno anterior, sino que utilizó además esa mentira para avanzar en su política de recortes a varios derechos conquistados entre 2003 y 2015, tal como se observará con mayor nivel de detalle en el punto a continuación. Más allá de eso, y en contra de su propio discurso, no solo no redujo el déficit fiscal, sino que lo incrementó en 2016 como consecuencia de los menores ingresos obtenidos a partir de la eliminación de impuestos a los sectores más prósperos y también por la recesión auto-infligida por sus propias políticas económicas de ajuste.

Este paradójico resultado de las políticas neoliberales se repite en el mandato de Macri: pese a los esfuerzos por reducir el gasto, el déficit crece. Esto se debe a tres factores: i) la reducción de impuestos a ciertos sectores empresariales y a sectores privilegiados; ii) la reducción de ingresos fiscales debido a que el ajuste provoca recesión económica, afectando negativamente a la recaudación; y iii) al peso cada vez más elevado de los servicios de una deuda externa que tiende a crecer aceleradamente como resultado de los créditos fundamentalmente externos destinados a cubrir el déficit público. Estos tres factores concurrentes se manifestaron ya durante los primeros meses del gobierno macrista.

4.2. Las prioridades del gasto público

Los cambios en las prioridades del gasto del gobierno nacional pueden rastrearse en la comparación entre 2015 y 2016 del presupuesto de gastos de la «Cuenta de Inversión». En resumidas cuentas -y en consonancia con el fuerte endeudamiento externo e interno en que incurrió el gobierno a partir de su capitulación ante los fondos buitres- se observa un marcado incremento en el presupuesto asignado al pago de los intereses de la deuda pública del orden del 180% (139% en términos reales, descontada la inflación anual del orden del 41%). De esa manera, el porcentaje del presupuesto de gastos asignado a esta función se incrementó en casi 7 puntos porcentuales, pasando del 7,7% en 2015 al 14,4% en 2016.

Obviamente, este brutal aumento de la importancia relativa del pago de los servicios de la deuda pública en el total de gastos tuvo como contrapartida un importante recorte en otras funciones y finalidades. Puntualmente, el grueso del recorte de gastos se observa en la función de «servicios sociales», que pasó de representar un 60,2% del gasto total en 2015 a un 56,1% en 2016, a partir de un aumento nominal de solo el 38,8% entre ambos años (una caída real del -2,2%).

Al analizar la evolución del gasto al interior de la función de «servicios sociales» entre 2015 y 2016 se observan caídas reales en las siguientes finalidades: vivienda y urbanismo (-62,3%), trabajo (-30,9%), ciencia y técnica (-11,9%), educación y cultura (-10,3%), salud (-8,5%), agua potable y alcantarillado (-6,4%) y promoción y asistencia social (-2,3%). La única finalidad que incrementa su presupuesto en términos reales fue la seguridad social (3,4%), fundamentalmente debido a los ajustes semestrales automáticos de jubilaciones y pensiones previstos en la Ley de Movilidad Jubilatoria (Ley 26.417) promulgada en el año 2008, durante el gobierno anterior.

El resto del recorte real del gasto se produjo dentro de la función de «servicios económicos», la cual pasó de representar el 20,8% del gasto total en 2015 a dar cuenta del 18,2% en 2016, con una reducción en términos reales del -10,7%. Dentro de dicha función, las finalidades que explican la caída son básicamente el recorte de subsidios a la energía y los combustibles (-6,7% en términos reales) y a los transportes (-9,9% en términos reales).

En síntesis, siguiendo a rajatabla los postulados del CW, el macrismo realizó un fuerte recorte en los servicios sociales y en el subsidio a los combustibles y los transportes, perjudicando muy duramente las condiciones de vida de los trabajadores, jubilados, desempleados, PyMEs y clubes de barrio y de pueblo, los principales beneficiarios de estas políticas de gasto. Al mismo tiempo, el fuerte endeudamiento público tanto interno como externo disparó las necesidades presupuestarias para poder hacer frente al pago de intereses de la deuda.

4.3. La reforma fiscal

Apenas asumidos, Macri y su equipo económico avanzaron en ciertos ajustes regresivos en materia de política tributaria. En primer lugar, el 17 de diciembre de 2015, a través del Decreto 133/2015, se hizo efectiva la eliminación de los derechos de exportación a los productos agropecuarios en general y la reducción en 5 puntos porcentuales de las retenciones a las exportaciones de soja. Asimismo, en febrero de 2016, mediante el Decreto 349/2016, se fijaron en 0% los derechos a la exportación de los productos de la minería.

Por otra parte, en el marco de la sanción en mayo de 2016 de la Ley 26.860 «de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior» -más conocida como «Ley de blanqueo»- se dispusieron múltiples cambios en la aplicación del Impuesto a los Bienes Personales (el bien llamado «impuesto a la riqueza»): exención del pago a quienes estén al día ante la AFIP y tengan todo su dinero en blanco; eliminación de la progresividad de las alícuotas (que iban desde 0,5% hasta 1,25%); reducción paulatina de las alícuotas entre 2016 y 2018 (hasta llegar a una alícuota única de 0,25%); aumento (desde $ 305.000 a $ 800.000) del patrimonio a partir del cual se comienza a tributar el gravamen; y supresión de la sobretasa del 10% erogada por las empresas ante la distribución de dividendos.

Sin embargo, hasta ahora estas modificaciones se tratan de un «botón de muestra» de una reforma fiscal integral en la que está trabajando el gobierno de Macri, y que se espera que sea presentada en los próximos días. De acuerdo con fuentes informales, la iniciativa busca reducir gradualmente la presión tributaria del actual 41% al 33% en 2023. Los principales puntos de la reforma tendrían que ver con una baja de los aportes patronales, la eliminación de exenciones al IVA, la aplicación de gravámenes a la renta financiera y la reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos, bajo jurisdicción provincial.

Más allá de los detalles que se podrán observar recién entonces, el espíritu de la reforma es bien claro: la idea del macrismo es reducir la presión fiscal a las empresas. Esto se condice con su visión del crecimiento económico y la distribución del ingreso, basada en el funcionamiento de la llamada «teoría del derrame»: cuanto menores sean los impuestos corporativos, mayores las ganancias de las empresas, mayor la inversión productiva y, junto con ella, la generación de empleo. Lamentablemente, la evidencia empírica demuestra que dicho “efecto derrame” no se produce y que, por el contrario, la ausencia del Estado favorece la concentración del ingreso, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

4.4. Las tasas de interés

Desde la asunción del gobierno de Macri, el BCRA implementó una política supuestamente anti-inflacionaria de neto corte monetarista: el intento permanente de limitar la masa de dinero en circulación en la economía a través del uso de Letras del Banco Central (más conocidas como LEBACs) como instrumento de esterilización monetaria. Se trata de un instrumento de deuda de corto plazo emitido por el BCRA, por el cual se paga un determinado interés dentro de un plazo menor al año. Cuanto más elevada la tasa de interés pagada por el BCRA, mayor el interés de los poseedores de pesos en comprar LEBACs y «secar» el mercado de dinero en circulación.

Entre diciembre de 2015 y julio de 2017 el stock de LEBACs emitidas por el BCRA pasó de 350 mil millones a 950 mil millones de pesos, un incremento del 175%.[17] La fuerte emisión de las LEBACs tuvo lugar en un marco de incremento de la tasa de interés para los tramos más cortos, que llegó a alcanzar un 38% nominal entre marzo y mayo de 2016, y que actualmente se encuentra en torno al 26,5%. Estos elevados rendimientos llevaron a que Argentina se convierta en una de las plazas más atractivas del mundo para la llamada «bicicleta financiera» -o, más técnicamente, «carry-trade»– mediante la cual los inversores extranjeros ingresan dólares al país, los cambian a pesos, compran LEBACs de corto plazo cubriéndose del riesgo devaluatorio a través de instrumentos financieros (dólar futuro) y obtienen suculentos rendimientos en pesos que rápidamente vuelven a transformar a dólares para fugarlos hacia el exterior, con lo que se renueva el proceso de valorización financiera.

Esta política fue anunciada como un instrumento para combatir la inflación, partiendo del diagnóstico de corte monetarista según el cual el aumento de los precios responde a la emisión de dinero. Sin embargo, la elevación de la tasa de interés que paga el BCRA tiene una vinculación directa con los objetivos de tipo de cambio del gobierno: se utiliza para evitar un corrimiento al dólar en un contexto de incertidumbre cambiaria. De cualquier modo, como política anti-inflacionaria resultó un rotundo fracaso, ya que en 2016 se registró el valor más alto en 15 años. Al mismo tiempo, las elevadas tasas de interés atentaron contra las inversiones de carácter productivo, a la vez que generaron una masa de endeudamiento público tanto interno como externo que pone en duda la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico del macrismo.

4.5. El tipo de cambio

El contenido general de la política económica y exterior del actual gobierno parecen resumirse adecuadamente en una sola y (lamentablemente) conocida frase: “todo lo bueno viene de afuera”. Puntualmente, los discursos y acciones de política tendieron en los primeros meses de gobierno a generar un shock de confianza para los sectores empresariales y una mejora de la rentabilidad para algunas actividades en particular, bajo el supuesto de que de esa forma mejoraría la competitividad y se pondrían en marcha los dos motores de crecimiento económico que prioriza el gobierno: un boom de exportaciones y la pretendida llegada de inversiones externas (la “lluvia de inversiones extranjeras”).

Para ello, y con el pretexto de liberar las fuerzas productivas del país del grillete del «cepo cambiario», el gobierno de Macri devaluó la moneda en casi un 40% durante diciembre de 2015. Esa devaluación continuó su marcha desde entonces, llegando el tipo de cambio a los $ 18 por dólar a mediados de agosto de 2017. Sin embargo, el resultado general de esta política devaluatoria fue un verdadero fracaso: lejos de generar eventuales ganancias de competitividad-precio que hagan posible un boom de exportaciones y una llegada masiva de inversiones extranjeras para aprovechar las nuevas condiciones de rentabilidad, lejos estuvo de mejorar la situación externa de la economía argentina -que durante los primeros siete meses de 2017 ha cosechado el peor déficit comercial de su historia, del orden de los 3.500 millones de dólares- al tiempo que reavivó un proceso inflacionario que se encontraba relativamente controlado y en descenso hacia fines de 2015.

4.6. La política comercial

Al inicio de su mandato Macri desmanteló el sistema de administración del comercio vigente hasta finales de 2015: las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). En su reemplazo, se montó un nuevo sistema tendiente a «monitorear» la evolución del comercio (el SIMI, o Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), pero que en la práctica significó la apertura indiscriminada de múltiples sectores a la importación de bienes extranjeros, muchos de ellos que arriban al país bajo condiciones de dumping debido a la sobreoferta de bienes a escala global producto de la crisis económica vigente desde 2008.

Como resultado de la liberalización comercial, en un contexto recesivo -con un recorte del PBI del orden del 2,3%- se produjo una caída del 6,9% de las importaciones totales durante el año 2016 medidas en valor, pero no fueron justamente los bienes de capital, sus piezas y accesorios y los insumos intermedios los que se beneficiaron con la liberalización, sino todo lo opuesto: se produjo un incremento de solo 2,2% en el caso de los bienes de capital, mientras que los bienes intermedios y las piezas y accesorios para bienes de capital se redujeron en 14,4% y 10,8% respectivamente. Por el contrario, los rubros que sí mostraron un fuerte incremento de las compras externas fueron los bienes de consumo (9,1%) y los automóviles (33,5%), desplazando de esa forma producción y empleo local.

Durante los primeros siete meses de 2017, en un contexto de menor recesión económica pero de una mayor liberalización comercial, las importaciones se elevaron marcadamente, incrementándose en un 15,4% respecto al mismo período de 2016. Al analizar la evolución de las compras externas por uso económico, se observó durante los primeros siete meses del presente año un incremento generalizado, pero en donde fundamentalmente se destacan por su dinamismo los alimentos que sirven como insumo industrial (78,8%), los alimentos básicos (25%) y elaborados para el consumo hogareño (35,6%), los automóviles de pasajeros (44,2%) y los equipos de transporte industriales (48,2%) y no industriales (69,3%). Es decir, la liberalización claramente atentó contra la producción nacional en general, y en detrimento de sectores industriales consolidados (sector automotriz) y basados en supuestas ventajas naturales (alimentos y bebidas) en particular.

Sin embargo, más allá de estas políticas implementadas, aparecen en el horizonte otras reformas estructurales orientadas hacia la liberalización más preocupantes. Se trata de las múltiples negociaciones de acuerdos comerciales con países y regiones extranjeras que está llevando a cabo el gobierno de Macri -de manera unilateral o en el marco del Mercosur- para profundizar la apertura a las importaciones.

Puntualmente, y por su carácter avanzado, se destacan las negociaciones que tienen lugar entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) para lograr un tratado de libre comercio (TLC), cuyo análisis de impacto muestra múltiples ganancias comerciales para la UE y significativas pérdidas para los países del Mercosur en general, y para el nuestro en particular.[18] Más allá de estos avances, ya han comenzado también las negociaciones de carácter exploratorio a nivel del Mercosur para la futura firma de TLCs con los países del Área Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), Japón, Canadá y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Entre las negociaciones bilaterales, se destaca por su grado de avance la profundización (o «modernización») del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 6 entre la Argentina y México, cuyo resultado seguramente será una nueva aceleración en el ingreso de productos industriales mexicanos a cambio de la exportación de algunos productos alimenticios con origen en nuestro país, con el potencial impacto negativo de ese tipo de comercio no solo sobre la balanza comercial, el empleo y los salarios, sino también sobre el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas futuras a nivel nacional.

Cabe señalar también que esta política de apertura comercial indiscriminada luce contradictoria con el avance, al menos en el plano discursivo, de prácticas “proteccionistas” por parte de países desarrollados. En particular, cabe mencionar el embarazoso episodio vinculado al intento de Macri de sumarse al Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), al mismo tiempo que el nuevo presidente de los EE.UU., Donald Trump, anunciaba que su país lo abandonaba.

4.7. La inversión extranjera directa

Luego de efectuada una amplia liberalización de los controles de cambios (anunciada como “el fin del cepo cambiario”), en el plano del discurso y la propaganda, la apuesta de Macri fue mostrarle al mundo que Argentina ya no era víctima de un gobierno intervencionista que asfixiaba la iniciativa privada a través de políticas de corte “populista” y que se encontraba “fuera del mundo”, sino que ahora volvería a insertar al país en el concierto internacional a través de la ya comentada apertura comercial y de las inversiones extranjeras. Para ello, el presidente y la entonces canciller Malcorra participaron de una nutrida agenda de viajes por países extranjeros y foros internacionales, recibieron a gran cantidad de mandatarios de diversas naciones que eran vistos como potenciales inversores en nuestro país y anunciaron la pronta negociación de múltiples acuerdos de liberalización comercial y desregulación de la economía, tal como fuera presentado en el punto 4.6.

Sin embargo, ya en los primeros meses de 2016 se vislumbró que, lejos de crecer, las inversiones extranjeras no reaccionaron positivamente ante el cambio de incentivos y señales implementados por el nuevo gobierno. La mejor evidencia de ese errático comportamiento estuvo en la falta de concreción de las expectativas de recepción de inversiones que anunció el ministro Prat-Gay apenas asumió en su cartera: de acuerdo a sus dichos del 16 de diciembre de 2015, durante las cuatro semanas siguientes se esperaban inversiones por un monto de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares.

Paradójicamente, las únicas “inversiones” que ingresaron en dicho período fueron la conversión de yuanes a 3.086 millones de dólares en el marco del swap de monedas con China suscripto durante el anterior gobierno y el préstamo sindicado otorgado por siete grandes bancos internacionales por un valor de 5.000 millones de dólares a once meses, pero con una garantía en títulos públicos por un valor de 10.000 millones de dólares. Es decir, durante los primeros meses de gobierno solo ingresaron en concepto de “inversiones” la mitad del límite inferior que se había propuesto el equipo económico. Peor aún: se trataba exclusivamente de “inversiones” financieras. Esta tendencia se vería luego reforzada con el ingreso de capitales especulativos para usufructuar el “carry-trade” propiciado por el BCRA.

Ante el evidente fracaso del plan original, en vez de dar un golpe de timón y fortalecer la demanda interna, el gobierno decidió seguir apostando por “todo lo bueno que viene de afuera”: en este caso, un nuevo ciclo de endeudamiento. Sin embargo, para poder asegurar la vuelta a los mercados de deuda internacional, debía salvarse un escollo: la demanda de los fondos buitres. En tiempo récord y en un clima sospechosamente amigable, el gobierno firmó su capitulación ante los fondos buitres en mejores condiciones que las que esos mismos fondos habían solicitado al anterior gobierno. Fue una negociación invertida: el deudor pagó más de lo que se le exigía.

A pesar de haber dado a los mercados internacionales todas las señales posibles, el resultado de la política de atracción de inversión extranjera directa se transformó en un verdadero fracaso: las expectativas en torno al aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de los EE.UU., la escasez de proyectos de inversión rentables en un contexto recesivo y la creciente capacidad ociosa del aparato productivo atentaron en contra del esperado aluvión inversor. En términos concretos, las inversiones extranjeras de carácter productivo se desplomaron en 2016 respecto de 2015 en un 51%.

4.8. Las privatizaciones

Quizás este punto sea aquel en que menos explícitamente haya avanzado -al menos hasta el momento- el gobierno de Macri. El fuerte rechazo de la población a los catastróficos resultados de las privatizaciones de la década de 1990, en términos de tarifas de los servicios públicos y vaciamiento de empresas insignia del desarrollo nacional, seguramente haya llevado a que el gobierno no haya puesto abiertamente este tema en su agenda. Sin embargo, si uno posa la lupa sobre ciertas circunstancias puntuales, puede observar velados y prolijamente encubiertos -aunque no menores- avances en la materia.

Los primeros casos en concretarse han sido la venta de acciones de empresas privadas en manos de ANSES que se produjeron entre finales de 2016 y febrero de 2017. Más precisamente, en noviembre de 2016 se produjo la venta de la participación del FGS en las acciones de Petrobras a Pampa Energía, por unos 156 millones de dólares. Posteriormente, a fines de febrero de 2017, se conoció la decisión del gobierno nacional de desprenderse de las acciones de la empresa Solvay Indupa, vendiendo su participación a la brasileña Unipar Carbocloro por un valor aproximado a los 80 millones de dólares. Ambas ventas se realizaron “a sola firma” del administrador del Fondo, ya que a partir de la sanción de la “Ley de blanqueo” quedó sin efecto la limitación legal de acuerdo con la cual para vender las acciones debía contarse con la aprobación del Congreso de la Nación, por considerárselas de interés público. Se trata de privatizaciones parciales, porque son casos en los que el Estado es accionista -en alguno con poder de decisión en los directorios- de empresas privadas. Pero son indudablemente privatizaciones.

Estas operaciones muy probablemente sean un preludio para el principal objetivo en la materia: la re-privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y de Aerolíneas Argentinas. En este caso, la táctica de Macri parece ser similar a la que se aplicó en la década de 1990: el gradual vaciamiento de las empresas con el propósito de presentarlas como “inviables”, de modo de precipitar su venta con la excusa de que generan déficit fiscal. En esta línea se ubican tanto la noticia de que YPF mostró pérdidas en su balance por primera vez en 20 años, así como la política de «cielos abiertos» instaurada en materia de transporte aéreo, de modo de generar una competencia desleal y ruinosa para Aerolíneas Argentinas con las llamadas aerolíneas «low cost» que, a la sazón, también aseguran un negocio multimillonario para Macri y sus amigos de Avianca. Sin lugar a dudas, están pavimentando el camino hacia la privatización.

Asimismo, en relación con la empresa satelital estatal ARSAT, el Ejecutivo firmó en junio del presente año una carta de intención con la empresa estadounidense Hughes Network Systems, en donde se propone la creación de una nueva empresa cuyo capital accionario será de por lo menos el 51% para la empresa estadounidense y como máximo del 49% para ARSAT. Esta nueva empresa será la encargada del lanzamiento en conjunto de varios satélites, comenzando con el ARSAT-3. Si bien no se trata de una operación de privatización de los actuales satélites que son propiedad de ARSAT, se le cede a una empresa extranjera la decisión sobre el manejo de un recurso estratégico para la Argentina -como es su capacidad satelital- y se le cede la posición orbital nacional reservada para el ARSAT-3, privatizando así un patrimonio público.

Por último, la reforma previsional que quiere discutir el gobierno seguramente conduzca al desfinanciamiento del sistema jubilatorio, al deterioro de su solvencia y a la licuación del fondo de garantía de los haberes. El establecimiento de una comisión para la revisión global del régimen previsional durante los próximos tres años probablemente tenga el objetivo no explicitado de privatizar también las jubilaciones, una vez desmantelado el actual sistema de reparto y solidaridad intergeneracional. Aquí no hay certezas pero sí presunciones e indicios que apuntan en la dirección marcada por el CW.

4.9. La desregulación

Esta recomendación del CW es de carácter más general, e incluye a varios de los puntos repasados anteriormente. Durante lo que va del gobierno de Macri ya se han aplicado varias de las recomendaciones puntuales del CW. En primer lugar, en relación con la eliminación de los controles de precios se decidió achicar el programa «Precios Cuidados», que permitió administrar los precios de gran cantidad de productos a través de la fijación y publicidad en conjunto con el sector privado de precios de referencia. El programa nació con 194 productos en enero de 2014 y alcanzó los 506 productos en octubre de 2015, ofrecidos por parte de 115 empresas proveedoras y despachados en 2018 establecimientos de grandes cadenas de supermercados, 310 bocas de expendio de supermercados y autoservicios regionales, 120 mayoristas y unos 5.000 almacenes de la Red Comprar. Debido a que el programa gozaba de gran popularidad entre los consumidores, en el marco de sus promesas de campaña, Macri prometió sostenerlo.

Si bien efectivamente se vio obligado a hacerlo por esta misma razón -oportunamente el Director de Defensa del Consumidor declaró que “[el] control de precios no está en la agenda del gobierno y no es una política económica que creamos que sea útil”-, en la práctica el programa ya ha sido virtualmente desmantelado, más allá de los anuncios de su extensión hasta septiembre de 2017: ya no existe en todas sus variantes (supermercados, almacenes, motos, construcción, etcétera); su grado de cumplimiento es sumamente bajo; la cantidad de productos ha disminuido fuertemente; las primeras marcas se han retirado, dejando espacio a segundas marcas; no se observan inspectores o relevadores de precios en los comercios; no se realiza el seguimiento de precios; las multas por desabastecimiento son casi nulas; no existe norma alguna que obligue a las empresas a informar los precios; y se disolvió el programa «Consumo Protegido», que llegó a atender más de 50.000 abusos de empresas a consumidores en 2015.

En relación con los controles y requisitos para el establecimiento de empresas, en abril de 2017 se sancionó la Ley 27.349, conocida como «Ley de emprendedores», a propuesta del Ejecutivo. La misma tiene entre sus objetivos simplificar y agilizar la creación de empresas, eliminando barreras burocráticas. Puntualmente contempla i) la posibilidad de crear empresas en 24 horas; ii) el establecimiento de una nueva figura societaria como la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS); iii) la obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) dentro de las 24 horas de solicitada; y iv) la simplificación de apertura de cuentas bancarias. Si bien por un lado esta medida simplifica los tiempos para la creación de empresas, por el otro se reducen los controles del Estado respecto de las personas físicas y jurídicas que participan de la operatoria.

Por su parte, la eliminación de los controles para el giro de divisas al exterior se implementó rápidamente, en el marco del llamado «levantamiento del cepo cambiario». Apenas asumió el gobierno de Macri se quitaron las trabas para el envío de utilidades al exterior por parte de subsidiarias y filiales de empresas extranjeras radicadas en el país a sus casas matrices, al tiempo que se eliminaron totalmente los controles cambiarios. La fuga de activos externos desde que asumió el gobierno hasta el primer semestre de 2017 alcanzó la elevadísima suma de 23.778 millones de dólares entre formación de activos externos y giro de utilidades y dividendos, de acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Respecto de la liberación de los controles a la importación, las medidas adoptadas por el gobierno ya han sido reseñadas en el punto 4.6. La reducción de los impuestos sobre las rentas de las empresas fue abordada en el punto 4.3. La desaparición del crédito dirigido al sector productivo y a las PYMES a tasa subsidiada vino de la mano de las reformas en materia de política monetaria y manejo de la tasa de interés presentadas en el punto 4.4. Al respecto, también cabe destacar la reciente declaración del presidente del BCRA: «hay que desterrar de nuestro léxico el crédito subsidiado».

Por último, si bien no se han llevado a cabo aún avances en materia de facilitación de los despidos de los trabajadores por parte de las empresas, el tema ya figura en agenda en el marco de la flexibilización laboral que el gobierno tiene pensado presentar luego de las elecciones de medio término de octubre próximo. En suma, como se observa, el gobierno de Macri ha avanzado sustantivamente en los múltiples puntos recomendados por el CW relacionados con la desregulación de la economía.

4.10. Los derechos de propiedad

Si bien no fueron medidas tan visibles para el público en general, el gobierno ha avanzado sin pausa en la materia, a través de la inclusión de ciertas disposiciones en el marco de la normativa nacional y de acuerdos externos ya firmados o en negociación, en particular con países y regiones desarrolladas, que son las que mayor interés tienen en reforzar la propiedad de sus activos intangibles.

En primer lugar, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), a solicitud de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (AAAPI), dictó en septiembre de 2016 la Resolución N° 56, de acuerdo con la cual se eliminó la aplicación de las llamadas «Guías de Patentabilidad» adoptadas durante el anterior gobierno, al tiempo que permite la validación de aquellas patentes aprobadas en otros países, eludiendo los exámenes de fondo de patentabilidad en Argentina.

Si bien luego de la impugnación ante la justicia por parte de los laboratorios nacionales nucleados en torno a la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), el INPI emitió la Resolución N° 125, de acuerdo con la cual se aclara que se mantiene vigente el uso de las «Guías de Patentabilidad» y que las patentes extranjeras solo sirven de referencia para los exámenes de fondo, lo cierto es que la Resolución N° 56 continúa vigente, lo que sumerge al sistema nacional de patentes en un limbo jurídico.

En segundo lugar, durante febrero de 2017 el INPI firmó un acuerdo con la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) con el objetivo de aplicar una prueba piloto en nuestro país del proceso de aprobación de patentes conocido como «Patent Prosecution Highway» (PPH), que permite la aceleración de los procedimientos para la obtención de patentes de cualquier tipo y sin la necesidad de someterse a exámenes rigurosos. De acuerdo con este acuerdo, solo las transnacionales estadounidenses podrán solicitar patentes en Argentina que todavía no fueron aprobadas en otros países -incluyendo al propio Estados Unidos- y extender la duración de las patentes para el caso de los medicamentos a partir del desarrollo de nuevas aplicaciones terapéuticas, lo que está por encima de toda la normativa internacional en materia de patentes tanto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como del «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por último, en el marco de la negociación para la conformación de un tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea, se está negociando un capítulo sobre «propiedad intelectual». En dicho acuerdo se pretenden instaurar compromisos del tipo OMC plus (que van más allá de la normativa actual de la OMC) en materia de i) «patentes» y «derechos de prueba», en donde se busca la extensión de su duración ante demoras injustificadas en su otorgamiento y la protección de los datos de prueba para la elaboración de medicamentos y productos agroquímicos; ii) «derechos de autor», en cuyo caso se pretende el fortalecimiento de los compromisos y la extensión a los temas vinculados con la «era digital»; iii) «indicaciones geográficas» (IGs), también fortaleciendo los compromisos existentes y extendiendo la protección más allá de los vinos y bebidas espirituosas a otros productos (vgr. lácteos); y iv) «marcas», a partir del logro de mayores niveles de protección y el abordaje del origen geográfico.

5. Conclusiones: el gobierno de Macri, un gobierno neoliberal «clásico»

Como se ha visto, al utilizarse el CW como parámetro, la caracterización de la política económica del actual gobierno resulta sumamente sencilla, a pesar de los denodados intentos del gobierno por ocultar, oscurecer y disfrazar mediante una verdadera campaña publicitaria, mediática y comunicacional no solo su verdadera orientación, sino también las consecuencias de estas políticas en materia económica y social. No se trata de una derecha ni «moderna» ni «progresista» en materia económica: se trata lisa y llanamente de un gobierno neoliberal «clásico».

Se realizó un gran esfuerzo de creatividad para poner nuevos nombres de fantasía a viejas medidas económicas y a sus resultados, tales como «liberación del cepo cambiario» (devaluación), «sinceramiento de tarifas» (tarifazo), «inserción al mundo» (apertura de las importaciones), «reordenamiento del gasto» (ajuste fiscal), «reacomodamiento de precios relativos» (inflación), «reconversión productiva» (cierre de fábricas), “emprendedorismo” (precarización laboral), entre otros tantos. De esta forma, el gobierno no solo niega lo que realmente hace, sino que pretende también falsear y ocultar las consecuencias de sus medidas, a través de maniobras de camuflaje de sus actos y resultados.

En efecto, uno de los problemas centrales que se interpone entre el gobierno de Macri y gran parte de la sociedad es que existe un cortocircuito, una incongruencia entre lo que Macri prometió en campaña, lo que sus encargados de marketing quieren hacer creer a la sociedad, y lo que realmente sucede. Gran parte de los argentinos experimentan hoy las consecuencias negativas en términos de desempleo, reducción de los ingresos, caída de la producción y cierre de fábricas y comercios, que son la consecuencia ineludible de las políticas económicas neoliberales aplicadas por el gobierno.

A pesar del amplio fracaso de los programas de reforma basados en el CW, cuya aplicación en nuestro país culminó en la crisis de 2001, nada parece detener los intentos de marchar por la vía neoliberal del gobierno de Macri para dar cumplimiento a este decálogo. Como se ha detallado a lo largo de este ensayo, el gobierno ha realizado avances parciales en absolutamente todas y cada una de las prescripciones o «mandamientos» del CW.

En el caso de los avances parciales, a diferencia de algunos diagnósticos que sostienen que solo se ha avanzado moderadamente debido a la aplicación de una política de corte «gradualista» o a causa de la utilización del método de «ensayo y error», lo que muestra la experiencia es que no se ha avanzado más únicamente cuando la organización y la resistencia de masivos sectores de la sociedad impidieron que eso suceda, a través de protestas en las calles o del repudio de las medidas a través de las redes sociales. En algunos casos, al gobierno no le ha quedado otra alternativa que “dar marcha atrás”. Muchas veces, parece haber retrocedido a la espera de que el próximo resultado electoral planteara un nuevo escenario político más favorable. O bien, retrocedió para evitar que el repudio se viera reflejado en dichos resultados electorales.

El problema principal de este programa económico neoliberal, a diferencia de lo sucedido durante la década de 1990, es que el gobierno de Macri ni siquiera ha logrado producir buenas noticias en el corto plazo, más allá de su obvia y clara insostenibilidad de mediano y largo plazo. Esto se debe a varios facotres. En primer lugar, a que en la década de 1990 se aplicaron recetas neoliberales luego de la enorme crisis hiperinflacionaria y de deuda que tuvo lugar en el país. En segundo lugar, está siendo implementado en un contexto internacional que parece ser no apto para políticas neoliberales. El gobierno se ha mostrado del todo incapaz para comprender ese mundo. O peor aún: tal vez aturdidos y enceguecidos por su dogmatismo, poco les importe la falta de efectividad de las políticas que aplican.

Por eso, en un mundo crecientemente proteccionista, en donde la grandísima mayoría de los gobiernos del mundo impone restricciones a la importación de modo de proteger sus industrias, la Argentina se mueve a contramano: se abre tontamente al mundo, retira al Estado de la regulación de la economía y debilita su mercado interno. En el marco de la peor crisis de los últimos 90 años del capitalismo -que es la crisis del neoliberalismo- el gobierno de Macri adopta extemporánea y anacrónicamente su recetario, que no es capaz de dar otra cosa que malas noticias para las mayorías populares de la Argentina.

[1] El presente ensayo surge a partir de la disertación realizada por Axel Kicillof el día 4 de abril de 2017 en el marco del seminario «Economía Política y Desarrollo en Argentina», organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que también integraron como parte del equipo docente Augusto Costa y Carlos Bianco.

[2] Según la Real Academia Española se trata del “conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda”.

[3] Smith, Adam (1776), Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura Económica, 2ª Edición en Español, 15ª Reimpresión (2006), México D. F.

[4] Harvey, David (2007), Breve historia del neoliberalismo, AKAL, Madrid.

[5] Harvey (2007), op. cit.

[6] Fukuyama, Francis (1992), El fin de la historia y el último hombre, Editorial Planeta, Barcelona.

[7] Williamson, John (1990), «What Washington means by policy reform», publicado en Williamson, John: Latin American adjustment: how much has happened?, Institute for International Economics, Washington DC.

[8] Williamson (1990), op. cit.

[9] Williamson (1990), op. cit.

[10] Williamson (1990), op. cit.

[11] Conviene recordar que, salvando las obvias distancias, el gobierno de Estados Unidos solo alcanzó superávit en sus cuentas públicas en 6 de los últimos 50 años.

[12] Williamson (1990), op. cit.

[13] Este es un punto central, porque en muchos países la elevación de la tasa de interés ha generado un formidable negocio financiero, más aún cuando el tipo de cambio se mantenía estable o era preanunciado, dando lugar al llamado “carry trade”, es decir, al ingreso de capitales al solo efecto de obtener una notable rentabilidad financiera.

[14] En la práctica, la liberalización de la cuenta capital generalmente involucra no solo a la entrada y salida de capitales asociados a la inversión extranjera y el giro de utilidades, sino que los mismos canales “desregulados” son empleados para movimientos especulativos de entrada, salida y fuga de capitales.

[15] Es importante subrayar que la literatura de corte neoliberal suele señalar al “mercado de trabajo” como uno de los más regulados, de manera que la política general de desregulación dirigida a los servicios públicos termina apuntando a programas de flexibilización laboral.

[16] Al tratarse de países en vías de desarrollo, la defensa irrestricta de los derechos de propiedad suele asociarse, más que a las innovaciones locales, al pago de regalías a empresas extranjeras por el uso de nuevas tecnologías. Esto incluye a los productos medicinales, plaguicidas e insecticidas, pero también a la tecnología transgénica para la producción agropecuaria. Se incluye aquí también la industria del software y del entretenimiento.

[17] Girard, Cristian (2017), «Macrismo explícito: el riesgo de las LEBACs», Agencia Paco Urondo, Dossier del 28 de julio de 2017.

[18] Bianco, Carlos (2016), «Acuerdo Mercosur-Unión Europea: el nuevo pacto Roca-Runciman, pero sin la carne», Revista Coyuntura y Desarrollo #369, FIDE, Buenos Aires, julio de 2016.

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Axel Kicillof es Diputado Nacional FPV-PJ. Carlos Bianco es docente-investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores (CTA-T).