El sistema productivo nacional ha sufrido, fundamentalmente durante la política neoliberal de los noventa así como en los últimos cuatro años, un proceso de desmantelamiento paralelo a la hipertrofia generada en el conjunto del tejido social económico.
La economía de especulación financiera alimentada por la dictadura militar y continuada por la política neoliberal hasta ahora, fomentó no solo la destrucción del aparato productivo sino también de los valores nacionales de solidaridad, trabajo y producción, para dejarle paso al individualismo y a la improductividad del trabajo.
El proceso de terciarización de la economía y el empleo en la Argentina no ha sido el fruto del crecimiento del sector empresario y secundario, sino muy por el contrario, ha sido la regresión de estos que provocó el crecimiento de los servicios improductivos y del cuentapropismo.
El cooperativismo en tanto sector social sufrió el mismo proceso, creciendo fundamentalmente en los sectores menos productivos. Es evidente entonces que el cooperativismo de producción o trabajo no solo no tiene mucha incidencia en la estructura económico-social, sino que se patentiza la necesidad de fomento y promoción administrativa, financiera, técnica, legal y educativa en materia de cooperativismo de trabajo.
Los vacíos normativos en materia de derecho cooperativo suelen dejar sin respuesta problemas fundamentales de las cooperativas de trabajo tales como la contratación de terceros, los problemas previsionales, despidos, relaciones entre cooperativas y sindicatos, cooperativas y Estado, ausencia de un fuero específico dada la particularidad de las relaciones laborales dentro de las cooperativas, salud de los asociados, etc.
Si bien la educación cooperativa ha sido declarada de interés nacional a través de la Ley 16.583 y su decreto reglamentario 12.308, no se ha implementado en la realidad, ya que dicha ley significaría que los principios teóricos-prácticos del cooperativismo debieran ser difundidos a lo largo del país y su enseñanza obligatoria en todos los niveles de la educación, cosa que no sucede.
Otras leyes se hacen necesarias, además de la voluntad política que se requiere para hacerlas cumplir y los recursos que se deben asignar. El derecho social debe sistematizar, garantizar y promover la autonomía del derecho cooperativo, así como los instrumentos idóneos para reglamentar y fomentar la propiedad social.
La ausencia de un sistema normativo idóneo, de una política de fomento y promoción, los escasos recursos asignados a tal efecto y de mecanismos de control necesarios por parte de la autoridad de aplicación, dieron lugar también a lo largo de la historia a la proliferación de falsas cooperativas, “cooperativas fantasmas”, así como se alimentaron formas de evasión fiscal y cooperativas formadas con el solo fin de evadir las leyes laborales y los derechos mínimos del trabajador.
Todas estas deformaciones del espíritu y del movimiento cooperativo contribuyeron asimismo a la falta de credibilidad de una organización que es por excelencia la organización humanitaria y solidaria de la producción. Insistimos, para el peronismo las cooperativas son las unidades básicas de la producción.
La organización nacional de las cooperativas y de la Economía Social
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional sancionó en otros tiempos expresamente el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, a controlar la producción y a colaborar en la dirección.
Uno de los desafíos fundamentales de la democracia política actual es el desarrollo industrial, que debe estar acompañado por un proceso que revierta la concentración de capital agrario, financiero e industrial a través de una política redistributiva del ingreso, así como la especulación financiera y la fuga de capitales.
La estabilidad de la democracia política en nuestro país estará estrechamente ligada a la posibilidad de satisfacer los reclamos sociales y de resolver el proceso inflacionario que manifiesta la institucionalización del conflicto entre los distintos sectores por acceder al producto colectivo.
La Argentina necesita encontrar formas de participación de los trabajadores, ya sea a través de la participación en los beneficios, la cogestión, el cooperativismo o la autogestióny todas las organizaciones libres del pueblo, que a partir del esfuerzo conjunto logre recuperar productivamente la capacidad instalada y elevar los niveles de productividad social.
La ausencia de participación de los trabajadores, la carencia de capacitación laboral en cuanto a la administración de empresas participativas, la burocratización de los instrumentos legales existentes para crear cooperativas, la total ausencia de los mismos para crear empresas cogestionarias, las dificultades financieras para poner en marcha y fortalecer el sector social de la economía, patentizan las dificultades que conlleva la estructuración, desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones participativas del trabajo, tanto como del sector social en su conjunto.
En el caso de México también, en 1980, se redefinió el concepto de “productividad» cambiándolo por “productividad social”. Tanto el gobierno como los trabajadores agrupados en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) acordaron que no se debía buscar la productividad en términos económicos sino que debía elevarse la productividad social, entendida como la capacidad de obtener más y mejores resultados que beneficien a todos y se traduzcan en nuevas fuentes de empleo, en bienestar para el trabajador y su familia, en mejores ingresos, como un esfuerzo que permitirá generar más riqueza, que repartirá mejor las riquezas, y que aumentará la competitividad del país internacionalmente para beneficiar a los trabajadores, a los empresarios y a los consumidores”.[1]
La participación de los trabajadores-productores en el planeamiento y ejecución de la producción puede en este momento elevar la productividad social, otorgarle un uso social al capital, generar empleos productivos y lograr una distribución del ingreso más justa. Es necesario fomentar el sector social en materia económica financiera, técnico-administrativa, legal y educativa. Entendemos entonces que estamos buscando elevar la productividad social que implicaría la democratización social:
- Elevar el nivel de educación de los trabajadores a través de los sistemas de autoeducación, programas de educación cooperativa, cooperativas escolares, etc.
- Contribuir a la democracia política a través de la democratización de la economía en general, la industria y el agro en particular, como freno a las agudas diferencias sociales existentes en el país.
- Contribuir a la democracia entendida como posibilidad de participación real de las grandes mayorías en los destinos que les pertenecen.
- Elevar la productividad social, entendida esta como la eficiencia para producir y distribuir los bienes socialmente necesarios.
- Humanizar el trabajo y el capital.
El Proyecto Nacional debería fomentar en forma prioritaria la organización cooperativa en la producción, así como otras formas participativas del trabajo que puedan recuperar productivamente tierras ociosas o empresas improductivas al mismo tiempo que contribuyen a la generación de empleo y que la participación de los trabajadores en la producción y en los beneficios no quede relegada a las áreas marginales de la economía o como formas menos leoninas de crédito y consumo.
En el segundo Curso de Cooperativismo Agropecuario en 1953, el doctor Erico Emir Panzoni, citando a Perón, dijo: “El día que el campo argentino, organizado en cooperativas, pueda hacerse cargo de estas funciones, seré el hombre más feliz de la tierra, porque le entregaré al pueblo lo que es del pueblo, en la seguridad de que el Estado ha de poner su poder y su fuerza al servicio del respeto de esa organización”.
Si queremos fomentar la economía social es necesario poner la tecnología y el capital al servicio de los hombres, puesto que estos son el fin último de toda producción. Para eso es necesariofomentar y promover a las cooperativas “madres”, “originales y originarias”, que son las de producción, pero también otras formas asociativas de los trabajadores.
Será prioritario el fomento de las cooperativas de vivienda, de productores agropecuarios, hortícolas, avícolas, industriales, escolares y toda cooperativa de trabajo que tienda a satisfacer las necesidades sociales básicas, a elevar la producción y a generar empleo.
La educación y capacitación cooperativa deben estar apoyadas por programas concretos que divulguen las virtudes de esta organización. La legislación debe ser modificada creando la normatividad necesaria para el fomento de dichas organizaciones, que contemplen su especificidad y reglamenten el control de las falsas cooperativas.
También se deberán instrumentar sistemas financieros y crediticios que reasignen recursos genuinos al sector social de la economía ya que, como sostenía Perón, el sector cooperativista forma “casi el puntal más importante en la organización del pueblo”.
Seguimos creyendo en la productividad social como la mayor o menor eficiencia con la que se producen y distribuyen los valores socialmente necesarios.
Y también seguimos creyendo en el
Constitucionalismo Social expresado en nuestra Constitución de 1949 cuando
sancionaba en el Capítulo 3, en su artículo 37:“El mejoramiento de la
condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la
necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional
procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las
direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo
individual proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades,
todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse”.
[1] Reunión Nacional de Productividad, México, 1980.
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