La pandemia y las políticas de aislamiento no hicieron más que recrudecer una realidad que previamente ya era compleja. Empleos informales, viviendas precarias, malos salarios, persecución policial, falta de documentación y dificultades para regularizar su situación hicieron que los migrantes fueran duramente golpeados en los últimos seis meses.
De acuerdo a un estudio impulsado por Agenda Migrante 2020[1] al inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el 58 por ciento de las personas migrantes y bajo protección internacional perdieron su trabajo o fuente de ingreso. Asimismo, quienes estaban vinculados de manera informal a tareas de cuidado, limpieza o de construcción dejaron de percibir su salario.
Al respecto, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) aseguró que “si bien los esfuerzos del Estado para paliar los efectos de la crisis producida por la pandemia son notables, se observa que aún resta incluir definitivamente a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas quienes están quedando por fuera del alcance de las políticas sociales”.[2]
Lila Báez, secretaria de Trabajadorxs Migrantes y Refugiadxs de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), advierte que “la realidad de las comunidades migrantes en la Argentina en pandemia es muy penosa por falta de regularización” y agrega que las medidas del Estado no los alcanza debido a la ausencia de una política para regularizar y formalizar la situación de los migrantes.
“Por ejemplo, para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) debes contar con un DNI permanente, esto significa tener más de 3 años de residencia en la Argentina, excluyendo a quienes tienen la precaria, que es el documento previo al primer DNI, y también a aquellos que poseen el primer DNI con una vigencia de dos años”, explica.
El cierre de fronteras y las trabas burocráticas y económicas para conseguir un vuelo de repatriación también complican la situación para aquellos que salieron de su país de origen en búsqueda de oportunidades para poder subsistir.
El 20 de enero de 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner se aprobó la Ley 25.871 de Migraciones, que mejoró sustancialmente la situación de los migrantes otorgándoles derechos y obligaciones. Con Mauricio Macri como primer mandatario, 13 años después, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70 y con la excusa de la emergencia en seguridad se deportaron más de 3000 migrantes, criminalizando esta situación.
Báez agrega que a través de este decreto se implementó el módulo de Radicación a Distancia de Extranjeros (Ra.D.Ex) que “es sumamente excluyente porque está en un solo idioma y es un problema para aquellos migrantes y refugiados que no hablan castellano”. Otra de las barreras es la económica debido a que “aumentaron las tasas migratorias hasta en un 900 por ciento”.
“De 300 pesos que pagábamos para tener el documento, algo tan básico, tan fundamental, se fue a 3 mil pesos por persona”, indica.
José Jeremías Pérez Rabasa, investigador del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa y becario doctoral del Conicet, asegura que “el discurso del macrismo asociaba a los migrantes con el crimen y el DNU aceleró los trámites de expulsión, acortó los tiempos de la defensa, y permitió que se pueda expulsar a alguien con una causa abierta, sin una condena como era antes. Esto está vigente, pero también está en instancia de la Corte Suprema por lo que se podría expedir por la inconstitucionalidad o no. Está parado y la Corte no tiene obligación de definirse”.
Tanto Báez como Pérez Rabasa afirman que “históricamente Argentina es un país receptor de migrantes”, que llegan en busca de condiciones básicas para la subsistencia. En nuestro país encuentran la posibilidad de trabajar, aunque por las dificultades burocráticas y económicas que existen hoy en día para poder regularizar sus situaciones, se tienen que conformar con trabajos informales y no registrados. Ante esta realidad, la precarización laboral se hace presente en la vida de los migrantes.
“Sin documentos nos sometemos al trabajo no registrado y al trabajo esclavo inclusive. También podemos hablar de trata de personas, de talleres clandestinos, que no son más que lugares de explotación de personas, migrantes en su gran mayoría”, confirma Báez.
La pandemia reveló el lado más crudo con respecto a la situación de los migrantes, sin la posibilidad de trabajar, acceder a los subsidios del Estado o poder volver a sus países. Muchos se vieron obligados a romper el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio y fueron criminalizados por este motivo.
El caso de los senegaleses
No hay una cifra exacta ni un registro oficial, pero se estima que en Argentina viven entre 5 mil y 10 mil senegaleses, un grupo pequeño si se lo compara con otras comunidades migrantes que residen en el país.
Sin embargo, su presencia no pasa desapercibida. Cada semana, los medios de comunicación muestran diversos hechos que los tienen como protagonistas: desalojos, persecuciones policiales, incautaciones de mercadería y detenciones, entre otros. Uno de los más renombrados últimamente fue el caso de los migrantes senegaleses de la ciudad de La Plata, quienes fueron acusados por el propio intendente Julio Garro de utilizar la venta ambulante para acciones criminales.
“Nuestro país y especialmente la ciudad de Buenos Aires que es el principal lugar de recepción tiene un racismo estructural, que es independiente de que hayan venido o no los senegaleses. Este racismo estructural está dado históricamente por la invisibilización y la negación. Los senegaleses son hipervisibles porque trabajan en la calle, en una ciudad que se presenta mayormente blanca, como la Europa de América, y con la lógica de que en Argentina no hay negros”, explica Pérez Rabasa.
Los actos discriminatorios y los abusos policiales tuvieron su eco en la Justicia y en 2009 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad emitió el fallo conocido como BaraSakho (el nombre de un senegalés) en el que no solo reconoció que existía una persecución discriminatoria e institucional contra los vendedores ambulantes senegaleses, sino que además ordenó a policías y fiscales dejarlos vender en la calle.
“Pensábamos que viniendo acá no iba a haber racismo. Pero también ahora los comerciantes hacen competencia, dicen que los chicos están robando a los clientes y no es así. El Gobierno de la Ciudad persigue a los manteros senegaleses, a los peruanos, a los africanos, a todos. Es así, todos viven lo mismo y es muy difícil. Te agarran tus cosas, se llevan tus bolsas, tu mochila. No te hacen nunca un acta, dicen que son policías pero están de civil. Es muy terrible, muy horrible” contó a Viento Sur un vendedor ambulante senegalés que pidió no ser identificado.
Esta situación fue denunciada por diversos organismos nacionales e internacionales, tales como el Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes[3] que el año pasado tras su visita a la Argentina denunció que “debe ponerse fin al excesivo control policial de los/as vendedores/as ambulantes de descendencia africana. En primer lugar, dada la falta de un fundamento jurídico que lo autorice, los arrestos sin orden judicial son ilegales. La brutalidad en torno a los arrestos hace que se violen aún más los derechos humanos. La condición de inmigrantes irregulares de estos vendedores debe corregirse mediante una medida oficial del gobierno”.
Esta
situación sumada al contexto de pandemia y aislamiento provoca una vulneración
mayor de la comunidad senegalesa. Desde Agenda Migrante insisten en que el
Estado priorice la figura del “habitante” prevista “como portadora de derechos
en la Constitución Nacional” y de esta forma “eliminar distinciones que imponen
un acceso diferencial a derechos básicos en un contexto de emergencia sanitaria”.
[1]https://www.cels.org.ar/web/2020/04/la-poblacion-migrante-debe-acceder-al-ingreso-familiar-de-emergencia/
[2]https://ov.pemsv28.net/caref/caref_bulk_140/cshtgs_a31695
[3]https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24350&LangID=S
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