La postal del Día Internacional de la Mujer trae un paisaje poco alentador en la Argentina. Según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2020 una mujer murió cada 29 horas, y en lo que va de este año ya se cometieron 47 femicidios, de acuerdo con un informe de la organización MuMalá. Por eso, este 8M la marea verde se hermana y se une más que nunca para continuar en su lucha contra la violencia de género y el patriarcado. Sabe que el esfuerzo colectivo, las vigilias y el reclamo en las calles dan su fruto, como la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que trajo una bocanada de aire fresco al nefasto año pandémico.

“La aprobación del aborto legal y voluntario tracciona un conjunto de políticas vinculadas a la salud sexual, perinatal, reproductiva y no reproductiva que deben integrarse y que son prioritarias en la actual gestión”.

Andrea Paz se define como socióloga, feminista y lanusense. Integra el equipo matricial de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud del Ministerio bonaerense de Salud y es maestranda en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la Universidad Nacional de Lanús.

“Las políticas de salud sexual siempre estuvieron muy centradas en los cuerpos con capacidades reproductivas y en los de las mujeres CIS. Por eso fomentamos un cambio en el modelo de atención y trabajamos en otras líneas como la anticoncepción, la incorporación de la corresponsabilidad de los varones CIS en las prácticas reproductivas y no reproductivas, la vasectomía,  etc. Es prioridad repensar estas problemáticas en términos vinculares y en conjunto con políticas de salud perinatal, de partos respetados, de derivaciones obstétricas oportunas. Nosotras decimos que somos las mismas mujeres las que parimos y las que abortamos, entonces hay que pensarnos como sujetos íntegros que en algunas ocasiones decidimos criar y maternar, y en otras abortar”.

¿Cómo se podría explicar esa nueva concepción del sistema de salud?

Lo vemos desde una perspectiva de cuidado. En varias oportunidades, el sistema no se construye desde esa lógica, especialmente si pensamos cómo se trabaja aún bajo el modelo denominado médico dominante hegemónico. Es decir, tenemos que pensarnos en red, en vínculos y desde ahí visibilizar qué tipo de lazos generamos en el campo de la salud. La mayoría son vínculos desiguales, con algún ejercicio de la violencia, donde la palabra del otro no es tenida en cuenta, donde hay un saber hegemónico que está por encima del resto. Esto trae como consecuencia que muchas veces las acciones sanitarias que están pautadas para prevenir y atender ciertas enfermedades y trastornos terminen generando otros. Abrir esta discusión es entender que tenemos una situación de poder, de privilegio, de saberes legítimos y que tenemos que ver cómo desarmamos esa estructura para crear vínculos de cuidado para garantizar el acceso a derechos de las personas que vienen a los servicios y de nosotros y nosotras como trabajadores.

¿Cuál era la situación en la Provincia al inicio de la gestión?

Una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos fue hacer un registro de efectores de la salud, que eran quienes garantizaban la interrupción legal del embarazo. Había poca información, no oficial, porque no existía una política pública que priorizara este derecho. Además, adherimos al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Esto fue muy importante porque tampoco había una directiva clara en materia de aborto, que no era más que cumplir con la legislación que regía en el país. Adherir tuvo un impacto simbólico y político porque hasta ese momento cada efector tenía un protocolo propio. Entonces, se unificó y todos los equipos que venían trabajando en silencio y soledad empezaron a visibilizarse y a concebirse e integrarse en una red.

Andrea Paz

¿Encontraron resistencias en el camino?

Yo siempre digo que si no encontramos resistencias dudemos de que estamos transformando algo. Es como un termómetro que nos permite medir si estamos avanzando en un modelo de cambio genuino o no. En este punto, creo que es fundamental historizar y ver cómo el aborto quedó excluido del sistema de salud. Cuando se analiza la construcción de la obstetricia como especialidad médica se observa que se construyó en base a conflictos y lucha con otras actoras de ese momento que eran las parteras, las curanderas, las comadronas, que acompañaban los partos de las mujeres. Y si bien fue más sencillo para los médicos varones deslegitimar la tarea de las comadronas y curanderas porque no estaban profesionalizadas, fue más complicado deslegitimizar la labor de las parteras (hoy conocidas como obstétricas). Entonces se las acusó de que eran aborteras. De esta manera, se concreta la especialización en obstetricia, donde el aborto queda fuera de su ejercicio, el parto entra en el hospital y lo que queda afuera es el aborto. Esto nos permite ubicar la lucha que venimos dando en términos más profundos y de ver por qué en la Argentina el aborto quedó por fuera de las instituciones de salud durante tanto tiempo. Por supuesto que hubo muchas compañeras obstétricas, médicos y médicas que fueron construyendo otras lógicas dentro de los centros de salud, garantizando derechos y abriendo puertas en contra del sistema dominante. Pero esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, vamos trabajando junto a los distintos equipos de la provincia de Buenos Aires que antes lo hacían en soledad.

Durante el año pasado, se conformó la mesa de trabajo Niñas, No Madres

Sí, y lo tenemos como una prioridad en la agenda 2021. Claramente la violencia y los embarazos no deseados en las niñas son un problema profundamente social, que tiene lamentablemente anclajes estructurales muy fuertes. Hay que trabajar en la visibilización y prevención de esta problemática porque, generalmente, las niñas llegan al sistema de salud con un embarazo muy avanzado, que en algunas situaciones puede interrumpirse legalmente por violación, pero en otras no. Entonces, no se las puede dejar desamparadas y deben ser acompañadas por todos los actores del Estado. Es un tema muy complejo, pero lo primero que tenemos que hacer es visibilizarlo como problemática porque cuando vamos a algunos sectores o servicios no está visto como tal.

El 2020 trajo la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿cuál creés que es la connotación del concepto de voluntad?

Considero que esa palabra tiene una potencia política muy significativa en la sociedad en su conjunto y en el campo de la salud en particular. Primero porque nos permite decidir por nosotras mismas lo que sucede en nuestro cuerpo, que no es ni más ni menos que empezar a pensarnos políticamente como ciudadanas plenas. Y en el campo de la salud la palabra voluntad viene a darle un lugar a la persona que se acerca al servicio de salud con su deseo o necesidad, es decir, cambia el eje en la construcción de las relaciones. Si bien antes se requería de una autoridad de la salud para legitimar una práctica necesaria, hoy la ley nos dice que hasta las 14 semanas inclusive lo único que necesita una persona para decidir sobre sus derechos reproductivos es su propia manifestación. Y esto apunta al corazón de lo que es el sistema médico dominante donde la voz y el saber de las otras personas que no son médicos ni trabajadores de la salud casi no tienen lugar. Esa palabra es fundamental en cuanto a los derechos de las mujeres y de las personas con capacidades reproductivas, y busca repensar y generar transformaciones tan necesarias en los servicios de salud.

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