Alejandra Gils Carbó Profesora Honoraria de la UNLa

Continuando con la política de distinguir a las personalidades argentinas y extranjeras que trabajan por la justicia, la solidaridad y los valores compartidos, la Universidad Nacional de Lanús nombró Profesora Honoraria a la Dra. Alejandra Gils Carbó. El acto se realizó en el Aula Magna colmada de público, y contó con la presencia de Juan José Castelucci, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y de Guillermo Forfán, Secretario Legal y Técnico de la Universidad Nacional de Jujuy, quien vino a Lanús en representación del rector de esa Universidad.

Pocos días después del acto de entrega de su diploma de Profesora Honoraria, y a raíz de las presiones sufridas, la doctora Gils Carbó presentó su renuncia al frente del Ministerio Público Fiscal a partir del 31 de diciembre de 2017.

Gils Carbó en el Aula Magna

Su discurso

“Esta distinción me causa una profunda alegría. Porque lo que yo siento es que aquí no es está entregando una distinción personal en el sentido individual que se entrega a una persona por sus logros propios. Creo que por un lado este acto expresa un sentir común de las autoridades aquí presentes, de la comunidad universitaria, sobre una visión de la justicia que todos nosotros compartimos. Esa visión que comparten los estudiantes, los docentes, los abogados que ejercen la profesión, funcionarios, magistrados, fiscales, fiscalas, que tenemos un anhelo: el de construir una justicia que alivie y dignifique. Que no enarbole solo espadas, que enarbole la ley que ampara, que protege, que da derechos y oportunidades; que priorice el contacto con la comunidad y que busque atender los intereses de todos los sectores sociales.

Por otro lado también me queda claro que la conformación del Ministerio Público Fiscal en que hemos trabajado en estos últimos cinco años de mi gestión no es un logro individual o personal, es un logro colectivo. A lo sumo me siento como un catalizador, como un agente que agrupa personas, emociones, opiniones, grupos, fuerzas, de centenares, de miles de trabajadores judiciales, de funcionarios, de organizaciones sociales que han contribuido a una transformación sustancial del Ministerio Público Fiscal.

De manera que lo que hoy distinguimos y a lo que hacemos honor es un proyecto que nos concierne a todos, que trasciende a cada uno de nosotros y que por eso no se puede desaparecer con solo desplazar a una persona. Esa transformación que construimos durante cinco años pudo haber pasado desapercibida, si no fuera por las enérgicas reacciones mediáticas y políticas que generó desde un primer momento, y que son la respuesta a los cambios profundos que hubo en la institución. La visibilización del organismo creció constantemente a la par de los ataques a mi persona, se sembraron las más variadas versiones sobre conjuras, sobre actividades político-partidarias que no están respaldadas por ningún acto, por ninguna acción de las que he llevado a cabo durante mis veinte años de Fiscal.

¿Qué fue lo que motivó entonces toda esta atención de la sociedad sobre un organismo que hasta mi llegada pasaba desapercibido? Desde 1863 hasta 2012 en que asumí, 24 varones desempeñaron el cargo de Procurador General de la Nación. Ninguno de ellos ejercía el cargo de Fiscal al momento de ser designado y todos habían ocupado previamente cargos políticos o contaban con una trayectoria de militancia partidaria. ¿Por qué de pronto entonces la figura de la primera Fiscal de carrera con veinte años de Fiscal, de la primera mujer que llega al cargo de Procuradora General, es vista por algunos como una militante que amenaza el sistema? Desde el primer día que ingresé a la administración de justicia hace treinta años nos machacaron la mente con una regla básica de que “hay que tratar a las partes con aséptica igualdad”. Pero, ¿es que las partes son iguales? En mis trece años como Fiscal Comercial pude ver los sustanciales obstáculos con que se encontraban los ciudadanos comunes para hacer valer sus reclamos en situaciones de desigualdad, de poder, que llegaban incluso a la lisa y llana privación de justicia. Pude ver que en intrincados procesos concursales los consumidores, los ahorristas, los trabajadores, los pequeños proveedores perdían sus derechos. Derechos que en muchos casos habían obtenido reconocimiento litigando largos años en pleitos con sentencias, con autoridad de cosa juzgada, y sin embargo luego cobraban sumas insignificantes a partir de acuerdos concursales aprobados por mayorías donde en los votos de escritorio había veinte personas que no eran acreedores; se mentía sobre los activos, se vendían activos millonarios por cifras irrisorias, y siempre con una actuación predominante de sociedades offshore que permiten ocultar a la verdadera persona que está realizando el acto; y todo esto se generaba a partir de estrategias de ingeniería financiera y contable imposible de develar para las partes y en la mayoría de los casos también para sus abogados. En esos procesos como Fiscal tuve una actuación proactiva defendiendo sus intereses sobre la base de pensar que el Ministerio Público Fiscal debe tener un rol protagónico ante las asimetrías. Porque solo de esa manera las personas más desfavorecidas, más desaventajadas jurídicamente pueden llegar a la justicia en las mejores condiciones de igualdad, porque de eso se trata la igualdad ante la ley que nos reclama la Constitución. Para eso es justamente el Ministerio Público Fiscal como organismo dinámico, flexible, y que tiene la capacidad de generar esos mecanismos de equilibrio. Y esa fue la visión que me guió desde un primer momento en todas las acciones como Procuradora General.

Otra visión que nos orientó en ese camino fue identificar que la justicia no es un procedimiento, la justicia es la solución a la injusticia. Por eso ese viejo esquema del trámite, del expediente como única manera de buscar una solución a un conflicto ante la ley impide ver lo que hay detrás de un delito: ese conflicto social o colectivo que subyace a muchos fenómenos considerados criminales por nuestra ley; y eso conduce no solo a una asepsia de los valores, sino también a una total ineficiencia en las investigaciones. Por eso la primera estrategia que adoptamos fue crear equipos especializados incorporando la interdisciplina. Equipos especializados para examinar los fenómenos criminales no como algo aislado, sino teniendo en cuenta el contexto social y también ese contexto de las complejas redes que tejen las organizaciones criminales. Y para eso enriquecimos al Ministerio Público Fiscal con la incoporación de médicos, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, economistas, contadores, técnicos en las más diversas disciplinas, que formaron equipos de trabajo para examinar los problemas penales con esta mirada integral y fijando políticas criminales que también abordaran el problema de la selectividad en materia penal que, para decirlo más fácil y para quienes no sean abogados, es el problema de que solo los pobres vayan presos.

Otra estrategia central de la transformación fue generar la articulación de los Fiscales de todo el país, entre ellos y con los equipos de apoyo técnicos, fiscales, de expertos, porque un Fiscal solitario es un Fiscal débil. Cómo podría el Fiscal de Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, haber afrontado como lo hizo la causa “Carbón Blanco” donde se pidieron condenas de hasta 20 años de prisión para grandes jefes del narcotráfico de este país, cuando sabemos que esas organizaciones cuentan con grandes complicidades. Cómo pudo actuando así en solitario obtenerse la condena y la destitución del Jefe de Policía de la provincia de Santa Fe por sus vínculos con el narcotráfico, con el Jefe de Drogas Peligrosas de la provincia de Córdoba por encubrimiento, la destitución y el enjuiciamiento de Raúl Reynoso, Juez Federal de Salta, ahí en esa frontera donde entraba el 80% de la cocaína para consumo y también para exportación. Esto pudo hacerse porque creamos una Procuradoría de Narcocriminalidad que tuviera una mirada global que superara los límites jurisdiccionales, que permitiera intercambiar la información de la Fiscalía, cruzar datos, fijar estrategias, planificar, y también abordar el problema de la selectividad, porque antes de PROCUNAR solo iban presos los camioneros que paraban en la aduana o en la ruta y no se investigaba al jefe de los camiones; iban presas las mujeres -y digo las mujeres porque en su mayoría son mujeres las que para salir de la miseria arriesgan su vida llevando droga en su cuerpo-, y no iban presos los grandes jefes, los grandes cómplices judiciales, policiales. Ustedes se preguntarán entonces quiénes investigaban a las grandes bandas del narcotráfico y la criminalidad organizada antes de que existieran los equipos. Solo la policía.

También creamos la Procuradoría de Criminalidad Económica para dotar a los Fiscales de equipos de apoyo que les permitan dilucidar los intrincados temas contables y financieros con peritajes objetivos, propios del Ministerio Público Fiscal: fiables, con autonomía, también con interacción, porque el 36% del lavado de dinero que decomisa PROCELAC proviene del narcotráfico, y el 14% de la trata de personas.

Creamos la Procuradoría de Trata y Explotación de Personas con esta misma dinámica, para desarrollar investigaciones que pudieran captar el funcionamiento de organizaciones internacionales de trata, grandes organizaciones no solo de explotación sexual sino de explotación laboral, otra novedad para la administración de justicia. La Dirección de Análisis Criminal que con tecnología propia desarrolla estudios y diagnósticos con todos los datos del país. Las investigaciones fiscales. También creamos la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad, un motor central de impulso a estos juicios; el Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores, el Programa de Protección de los Derechos de Trabajadores; también la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, y todos estos equipos los pusimos a funcionar en coordinación constante con los Ministerios Públicos Fiscales de la región, porque es la única manera de combatir el crimen transnacional.

Otro de los aspectos centrales que trabajamos durante estos cinco años fue la cooperación jurídica internacional. Y además creamos otras estructuras que tienen directamente que ver con otra visión central de la gestión que fue la salida al territorio: salir del escritorio para salir al territorio y acortar la brecha geográfica y social, y para dar acceso a la justicia a todos los sectores sociales. Creamos la Dirección de Políticas de Género que primero trabajó al interior de la institución cambiando el lenguaje, porque el lenguaje modela las mentes, y además atendiendo a este fenómeno de que cuando llegué el 85% de los Fiscales eran varones y no había ninguna visión ni política de género. También una red que expandimos por todo el país donde el Ministerio Público capacita promotores y promotoras de género para que estén ahí en el territorio, en los clubes, en los barrios, en la universidad, en la casa, para asistir con formación y capacitación a mujeres víctimas de violencia y mostrarles el camino de la denuncia y de la liberación. También creamos la UFEM, la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres, apoyando específicamente los litigios, luego de hacer un diagnóstico donde vimos que el principal destino de estas denuncias era el archivo. Y se abordaron estos juicios con la mirada que corresponde, teniendo en cuenta las dificultades probatorias, la importancia de la mirada de la víctima, teniendo en cuenta sus riesgos, consiguiéndole asistencia también psicológica para salir de ese circuito de violencia. Y no solo de violencia contra la mujer, sino de violencia contra cualquier persona que pueda ser abusada o agredida por su orientación sexual o su elección sexual; y también promovimos políticas de ingreso de personas trans al Ministerio Público que nos trajeron crecimiento y madurez a la institución. La PROCUVIN, Procuradoría de Violencia Institucional: por primera vez un equipo también interdisciplinario que se dedica exclusivamente a encarar casos de abusos policiales, de las fuerzas de seguridad; acá no voy a decir que el destino de estas denuncias era principalmente el archivo, acá voy a decir que eran pocas las que llegaban. ¿Adónde iban los jóvenes de barrios marginados a denunciar violencia institucional, a una comisaría? ¿Iban a ir a la Cámara Federal a sortear una denuncia? Fuimos a llevar acceso a la justicia a estos jóvenes, a quienes están privados de su libertad en las cárceles, en las comisarías, porque PROCUVIN también hace inspecciones en las cárceles y ha tenido un rol protagónico en muchísimas condenas por violación de derechos humanos hoy.

Y finalmente los ATAJOS, las oficinas del Ministerio Público Fiscal enclavadas en el corazón de los barrios más pobres, de las villas, de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, de algunas provincias; ATAJOS fijos y ATAJOS móviles que cubren decenas de barrios llevando asistencia, asesoramiento jurídico, acceso a la justicia, a personas con dificultades de acceder por falta de bienes materiales o culturales, y asistencia en todas las materias, desde acceso a la salud, a la seguridad social, no solo los temas penales. Y esto no fue algo de poner una oficina en el barrio y ya. Fue un esfuerzo institucional con un abordaje que se hizo en conjunto con organizaciones sociales, con la población del lugar, con sus autoridades, con referentes del barrio, con la Iglesia Católica, que nos permitieron expandir los ATAJOS en el territorio. Y así pudimos llevar la ley que ampara y que protege a quienes solo conocían la faz punitiva del derecho.

En fin, construimos un organismo flexible, que se acercó a las provincias, a los municipios, a los barrios, con el convencimiento de que producir espacios estatales con sentido social y solidario es una manera también de combatir el delito. No se combate el delito solo investigando y allanando, esto es una falsa dicotomía. Muy frecuentemente escuchamos un concepto que se ha transformado en un lugar común de tantas interpretaciones sesgadas que se le han dado. Me refiero a la famosa “seguridad jurídica”. Leemos que el país necesita seguridad jurídica para traer inversiones, que los empresarios reclaman seguridad jurídica para planificar y para generar desarrollo, que los mercados financieros reclaman seguridad jurídica y generalmente lo hacen cuando están pidiendo una relajación de los controles, pero poco y nada se habla de la seguridad jurídica para los más débiles. Por eso en las relaciones de poder, que son desiguales por definición, la pregunta que nos debemos hacer es dónde está la seguridad jurídica para los trabajadores, para las mujeres víctimas de violencia, para los migrantes, para las niñas y niños y jóvenes de los barrios marginados, para los pueblos originarios. Dónde está la seguridad jurídica para los pobres y para los oprimidos. Todas y cada una de las decisiones de política criminal y de los dictámenes que firmé como Procuradora General se inspiraron en estos principios. Como el dictamen que firmé pidiendo la liberación de Milagro Sala.

Hoy hay redes especializadas que no existieron nunca antes para la investigación de la criminalidad económica, de la corrupción y de los delitos de cuello blanco pero también para la protección de los derechos humanos. Nos encontramos ante el desafío de sostener estos cambios, de seguir avanzando en la construcción de una justicia activa, en la defensa de los derechos individuales, y especialmente de las minorías, y también en la defensa de un Ministerio Público Fiscal autónomo e independiente que sea una verdadera garantía de sustentabilidad del sistema democrático”.