En el marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior – CRES 2018 –llevada a cabo del 10 al 15 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba-, la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús fue protagonista en representación de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos y la Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional, presentando a la organización general de la CRES, una declaración que será incorporada a los anexos de la declaración final de dicha Conferencia que se realiza cada 10 años.
Se pudo intervenir para modificar la nominación de «capacidades diferentes» y/o «capacidades especiales» a que se hacía referencia en varios ejes y en la declaración final de la CRES, por «persona con discapacidad». Esto demuestra la gran deuda del sistema universitario latinoamericano en este campo.
Transcribimos algunos fragmentos del texto del documento realizado por 15 países y la Red Latinoamericana.
“(…) El reconocimiento de la carga histórica de desventaja educativa que han experimentado las poblaciones con discapacidad en nuestros países, es el asunto de base para concretar o fortalecer las respuestas institucionales que lleven otorgarles el lugar merecido para que sus aportes como profesionales e investigadores contribuyan en la producción de conocimiento y en el desarrollo de sus colectivos y de las sociedades. Sin restar importancia a la responsabilidad asumida por muchas Universidades desde sus instancias de ‘bienestar estudiantil’, la formación plena y pertinente de profesionales con discapacidad es una cuestión, igualmente, transversal, a toda la estructura organizativa de las instituciones de educación superior; se requiere, por tanto información actualizada y permanente sobre los estudiantes con discapacidad de tal forma que sus condiciones de formación sean indicadores de calidad educativa, de flexibilidad curricular y de formación centrada en el estudiante. Además, esta mirada implica generar, fortalecer y sostener la constitución de condiciones de formación como una acción articulada al pensamiento universitario que destaca el valor y aporte de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana. En consecuencia, se debe definir el lugar transversal de la discapacidad, detectando los obstáculos y barreras que impiden el pleno ejercicio de los derechos por parte de este colectivo en los diversos ámbitos de su vida”.
“(…) Las Universidades de nuestros países requieren de políticas gubernamentales e institucionales que garanticen recursos y que releven y posicionen la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad, en donde es esencial eliminar las barreras no solo en el acceso a las instituciones, haciéndose urgente abordar las barreras actitudinales presentes en todos los integrantes de las comunidades universitarias. Para ello se hace esencial dejar atrás el modelo biomédico imperante y hacer vida el modelo social de la discapacidad. Las universidades de Nuestra América requieren transitar de la inclusión como discurso a la inclusión como prácticas, políticas y cultura y para ello es esencial la garantía de participación plena al interior de las instituciones de todos sus integrantes y en ese todos, las personas con discapacidad no pueden seguir estando fuera”.
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