Crónica de un cientificidio anunciado

Es posible definir el gobierno de Javier Milei como el segundo intento de terminar con los movimientos “pendulares” que han caracterizado la historia argentina desde las primeras décadas del siglo XX. Son numerosos los estudios que han analizado la alternancia entre gobiernos conservadores y oligárquicos, y gobiernos de características nacionales y populares a partir de ese período (Diamand, 1983; Portantiero, 1977). La dictadura, que interrumpió la institucionalidad democrática en 1976 e implementó el terrorismo de Estado, fue el principal intento de romper con este “péndulo”. Martínez de Hoz fue muy explícito cuando afirmó que para terminar de una vez por todas con el peronismo había que acabar primero con el protagonismo que tenían los trabajadores industriales en la economía y en la política argentina. Esta fue una de las razones por las cuales dedicó buena parte de su política a desmantelar la industria nacional mediante la apertura irrestricta a los mercados internacionales. Como hemos visto, a pesar de haber ejercido una represión sin precedentes que provocó decenas de miles de detenidos, asesinados y desaparecidos, y de haber implementado estrategias económicas que produjeron una profunda desindustrialización y una enorme distribución regresiva de la riqueza para castigar principalmente a los trabajadores, la dictadura no logró terminar con los movimientos pendulares permanentes. Es así que el período que siguió al proceso de recuperación de la democracia mostró nuevamente una alternancia entre los modelos neoliberales y los proyectos nacionales y populares.

En este contexto, desde el comienzo de la campaña electoral, el candidato Javier Milei planteó que su objetivo principal era terminar para siempre con las posibilidades de que las fuerzas populares puedan retornar al gobierno. Afirmó que no se trataba únicamente de acabar con la posibilidad de alcanzar un desarrollo industrial autosostenido, sino que también había que destruir la capacidad del Estado de conducir el modelo de crecimiento económico y de distribuir los bienes que permiten la integración social del conjunto de la ciudadanía. En sus propias palabras, el objetivo principal era “terminar para siempre con el modelo empobrecedor del Estado omnipresente… cuya máxima aberración es la justicia social… y la atrocidad de que donde hay una necesidad hay un derecho” (Milei, 2023). Es por ello que no es posible concebir al gobierno de Milei solo como una nueva fase del movimiento oscilante de la política argentina. Es la estrategia diseñada por los sectores concentrados del capital para abolir para siempre esta alternancia.

Milei se autodefinió como “anarcocapitalista” en lo teórico, pero también como un “minianarquista” en lo práctico. Esto quiere decir que si bien se manifestó como un enemigo total del Estado, siguiendo a los clásicos de la Escuela Económica Austríaca como Ludwig Von Mises, acepta que el Estado debe mantener ciertas funciones como la seguridad y la protección de la propiedad privada y la vida de los individuos (Morresi y Vicente, 2024). Muchas de sus propuestas de campaña, como la desaparición del Banco Central, la eliminación de la moneda nacional, la derogación de los impuestos nacionales, el comercio de órganos, la libre portación de armas, etc., quedaron solo en enunciados. En cambio, intentó avanzar decididamente contra el papel desempeñado por el Estado en su función de garantizar los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional, a los que consideró “un cáncer”. Entre estos derechos se encuentran el de la salud, la educación, el trabajo digno, etc. Milei articuló las bases conceptuales de la Escuela Económica Austríaca con las miradas neoliberales más radicales que surgieron a partir del llamado “Consenso de Washington” (Williamson, 2004). En esta dirección, también propuso la reducción de ministerios públicos, la privatización de todas las empresas estatales, la liberalización total del mercado de capitales y del comercio exterior, la desindustrialización a favor de un modelo extractivista y de especulación financiera, y el alineamiento irrestricto con los EE.UU. en cuanto a la política exterior.

Una de las características particulares del modelo propuesto por Milei es la conjunción de estas propuestas con las que forman parte del movimiento global de la “nueva derecha” internacional. Esta fusión es la que le permite integrar a su proyecto también a los sectores nacionalistas conservadores. Es así que su discurso está cargado de una fuerte denostación de las perspectivas de género y ambientalistas, y de la estigmatización de las minorías y diversidades. Para lograr esta integración resignó ciertos principios liberal-libertarios como el derecho de la mujer a decidir sobre el aborto, o el respeto a la institucionalidad republicana y a los otros poderes del Estado (Seman, 2024). A todos estos ingredientes hay que sumarle la decisión de dar una “batalla cultural” que le permita lograr una hegemonía ideológica de mercado, individualista, autoritaria y xenófoba con el objetivo de legitimar las transformaciones propuestas.

En síntesis, la épica de Milei logró fusionar las ideas del anarcocapitalismo con las miradas del “neoliberalismo radical” (Svampa, 2025) y con las concepciones ultraconservadoras que expresan las derechas globales y el nacionalismo católico criollo (Seoane y Carriquiriborde, 2024). No se trata únicamente de una vuelta a las políticas neoliberales de ajuste, desindustrialización y redistribución regresiva. Estamos frente a un agresivo intento de destrucción del Estado y del movimiento nacional y popular con el objetivo manifiesto de impedir para siempre el retorno a las políticas de desarrollo económico-social integradoras y soberanas.

Los fundamentos del cientificidio

El ataque a la educación, la universidad, y la ciencia y la tecnología, está fundamentado desde estas tres perspectivas que conforman el paradigma del gobierno de Milei. En primer lugar, desde la vertiente de la Escuela Económica Austríaca, se opone totalmente a la participación del Estado tanto en la educación como en la universidad, la ciencia y la tecnología. En el caso de la escolaridad, los austríacos sostienen que el único sentido de que el Estado “mantenga el control del sistema educativo es poder moldear la mente de los súbditos” (Rothbart, 2009). Es por ello que Milei sostuvo en numerosas ocasiones que la escuela pública solo sirve para adoctrinar y que había que terminar con la obligatoriedad educativa. Respecto de la ciencia, esta misma corriente propone que debe ser exclusivamente una responsabilidad del mercado. En su texto Ciencia, Tecnología y Gobierno, Rothbard (1959) afirma que la ciencia “es únicamente función de la economía de libre mercado. Cualquier gobierno que se entrometa en esa función no puede sino distorsionar y obstaculizar la economía, perjudicar al funcionamiento eficiente y al desarrollo de la ciencia y la tecnología y sustituir la libertad individual por una coacción que nadie desea”. Esta mirada es complementada por autores como Miguel Anxo Bastos (2018), que plantean que “en una sociedad como la que proponemos, la ciencia sería financiada como en el pasado, a través de donaciones, cooperación con empresas, universidades y centros de investigación”. Es por ello que el debate de quienes defienden el papel del Estado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología frente a estas perspectivas ya no se restringe a cuánto debiera ser el presupuesto en este sector, si hacerlo en ciencia básica o aplicada, o cuáles son las prioridades que debe fijar el Estado para la inversión pública, como ocurrió con las anteriores experiencias neoliberales. El anarcocapitalismo pretende eliminar totalmente el financiamiento estatal a la investigación científico-tecnológica.

En segundo lugar, desde la vertiente neoliberal, se afirma que la inversión en ciencia y tecnología nacional es totalmente innecesaria. Por un lado, porque según su concepción de la economía es imprescindible ajustar el gasto público para lograr el equilibrio fiscal que permita frenar la inflación, sin importar que la inversión estatal en ciencia y tecnología siempre ha sido insignificante en relación al PBI (0,35% cuando llegó al máximo en el 2015). Por otro, porque el modelo socioeconómico propuesto no incluye al desarrollo científico-tecnológico nacional como uno de los vectores del crecimiento. El programa económico del gobierno solo ha priorizado la especulación financiera y la producción primaria como fuente generadora de riqueza y de exportaciones, dejando de lado toda posibilidad de agregar valor a partir del trabajo y la capacidad de innovación de los argentinos. La apertura irrestricta del mercado a la importación de productos extranjeros incluye los paquetes tecnológicos llave en mano de las grandes corporaciones internacionales. Un ejemplo de ello es el texto del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

En tercer lugar, la vertiente conservadora de extrema derecha ha aportado su mirada oscurantista y estigmatizadora a la desvalorización de la ciencia que las concepciones anarcocapitalistas y neoliberales extremas han encontrado en el gobierno de Milei. Estas perspectivas, que cobraron fuerza durante la pandemia a partir de los movimientos antivacunas que adquirieron un alcance global, también negaron los aportes científicos en áreas como la sustentabilidad ambiental, el calentamiento global, la biotecnología aplicada a la salud, los estudios de género, etc. El impacto de la difusión de estas ideologías, no solo ha intentado deslegitimar y estigmatizar la investigación en áreas de conocimiento vitales, sino que incidió en el retiro del gobierno argentino de los organismos y compromisos internacionales que, como la OMS o la Agenda 2030, se dedican a la investigación en estos temas (Galanzino, 2024).

La ciencia y la tecnología al borde del precipicio

Con el objetivo de terminar con los movimientos pendulares y avanzar hacia políticas de Estado de mediano y largo plazo en ciencia y tecnología, durante el gobierno de Alberto Fernández se aprobó un conjunto de leyes que debían fijar las inversiones y las prioridades nacionales para los próximos años. La Ley de Financiamiento de la Ciencia (27.614) y el Plan de CyT 2030 (27.738) fueron logros que resultaron consensuados prácticamente por unanimidad en el Congreso de la Nación. En el mismo sentido, y con la intención de fomentar la inversión privada, se aprobaron también las Leyes de Economía del Conocimiento (27.570) y la de Biotecnología y Nanotecnología modernas (27.685). Apenas asumido el gobierno de Javier Milei, al mismo tiempo que se dejaron estas leyes de lado, se emprendió un fuerte ataque a la investigación científica tanto desde la esfera legislativa, como presupuestaria.

La primera medida adoptada por el gobierno fue la desjerarquización del MINCYT que había sido creado por Cristina Fernández en el 2007 y eliminado diez años después. Pero en este caso, la degradación fue mucho mayor que la ocurrida durante la gestión de Macri. Todos los programas residuales del Ministerio, como los organismos que pertenecían a la cartera (CONICET, Agencia I+D+I, CONAE y Banco Nacional de Datos Genéticos) pasaron a depender de una subsecretaría que, a su vez, fue incorporada al organigrama de la Jefatura de Gabinete. Al mismo tiempo, se avanzó en la intención de desarticular totalmente el sector mediante el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742), que disponían modificaciones sustanciales en el esquema de intervención y regulación de la economía y de las instituciones públicas (Filmus, Dranovsky y Lavagnino, 2025). El DNU avanzó en generar la posibilidad, a partir de la reforma del Estado, de un cambio de Estatuto de las Sociedades del Estado que afecta a numerosas empresas públicas de base tecnológica. Entre otras, Nasa, Dioxitek, Y-Tec, ARSAT, VENG, FADEA, FEMSA. En lo que respecta a la “Ley Ómnibus”, su objetivo en este sector fue promover una reforma en el Estado que permitiera disolver cualquier organismo científico-tecnológico y pasar a situación de disponibilidad a todo el personal. La resistencia de la comunidad universitaria y científica logró que en la aprobación del texto final se excluyera la posibilidad de disolver todos estos organismos. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de modificar sus funciones, integrarlos o desnaturalizar su objetivo mediante el expediente de rediseño de planta. Para lograrlo, el gobierno intentó avanzar mediante distintos decretos que pretendieron afectar al INTA, el INTI y el BNDG. Nuevamente el Congreso Nacional escuchó los reclamos de la comunidad científica y se opuso a este intento, obligando al Ejecutivo a dar marcha atrás (Decreto 628/25).

Ante estas dificultades para desarticular el sistema científico-tecnológico a partir de las modificaciones en la legislación, el gobierno de Milei se propuso ahogarlo presupuestariamente e intentar disminuir las plantas de investigadores y tecnólogos mediante el deterioro salarial, la restricción al ingreso, despidos masivos y el éxodo. La caída del presupuesto de la Función Ciencia y Tecnología a valores reales durante el primer año del Gobierno de Milei ha sido del 30,4% respecto del 2023. En el 2025 este recorte se ha agudizado más aún, al caer un 19,3% en relación con 2024 (EPC-CIICTI 2025).

De esta manera, en menos de 2 años de gestión Milei hará retroceder un 46,3% la inversión en ciencia y tecnología en términos constantes (CIICTI-EPC 2025). Si tomamos como parámetro el último año del gobierno de Cristina Kirchner (2015), en el que la inversión llegó a su máximo histórico, el retroceso supera la mitad de aquella inversión. Si lo evaluamos en relación con el PBI, la caída en 2 años ha sido del 47,6%, pasando del 0,3% al 0,157%. Esto implica un ajuste muy superior al que había realizado Macri en sus 4 años de gobierno (-35,3).     

El proyecto de presupuesto 2026 que Milei envió al Parlamento continúa la tendencia decreciente. De aprobarse tal como fue presentado, el retroceso sería de un -2,3% más y la inversión caería al 0,152 del PBI. Cuando analizamos cuánto presupuesto ha perdido cada uno de los organismos de CyT, vemos que a pesar de que el discurso oficial elige a las ciencias sociales como foco de su crítica, los grandes organismos tecnológicos son los que más se han visto afectados por el recorte. Por ejemplo, la CNEA ha perdido el 45% de sus ingresos, el INTI también el 45% y el INTA el 35%. El CONICET, por su parte, ha sufrido una caída del 33% de su presupuesto. La AGENCIA I+D+I, vital para el financiamiento de la investigación y la transferencia tecnológica, prácticamente ha dejado de funcionar, y sus ingresos han perdido el 87%. Todos los programas del ex MINCYT, especialmente CONSTRUIR y EQUIPAR CIENCIA que tenían un fuerte sentido federal, han dejado de funcionar. La caída de la inversión nacional en CyT en algunas provincias como Formosa, Neuquén, La Rioja, Tierra del Fuego y Santa Cruz ronda el 60% (EPC-CIICTI, 2025).

Por supuesto, este fuerte ajuste también ha golpeado severamente los salarios de los trabajadores de la ciencia y la tecnología. Los más perjudicados han sido los investigadores de carrera y los becarios del CONICET, cuyos sueldos cayeron un 35,7% entre noviembre del 2023 y agosto del 2025. En el mismo período los investigadores y docentes universitarios perdieron el 29% de sus salarios, y el resto de los trabajadores del SINEP el 26,7%.

Por último, el gobierno nacional, a través de diferentes mecanismos, ha emprendido políticas de racionalización del personal de los organismos de ciencia y tecnología. En los primeros 19 meses de gestión el empleo en el sector pasó de 75.057 trabajadores en diciembre del 2023 a 71.071 en junio del 2025 (EPC-CIICTI). Ello implica la destrucción de 4.040 puestos de trabajo. El CONICET fue la institución más afectada (-1085). El INTI (-740), INTA, CNEA, ANLIS, ANMAT, FADEA y NASA han sido otros de los organismos que perdieron una mayor proporción de su personal (EPC-CIICTI). La calidad de los investigadores y profesionales que están abandonando las instituciones públicas de investigación es, sin lugar a dudas, una de las dramáticas consecuencias de las actuales políticas que serán más difíciles de recomponer para recuperar nuestro sistema de ciencia y tecnología. Pero también lo es la falta de horizontes para nuestros jóvenes científicos que se ven obligados a buscar nuevas oportunidades fuera del país, y la disminución de las vocaciones por la investigación que encontramos en las nuevas generaciones.

Como hemos señalado al comienzo de este breve artículo, el objetivo principal del gobierno de Milei es generar las condiciones para que el movimiento nacional, popular y democrático no pueda volver a conducir el Estado e impedir la posibilidad de transitar un camino de crecimiento económico que incluya una mejor distribución de la riqueza y una integración social plena. Para lograrlo, también se propone la destrucción del complejo científico-tecnológico argentino, que es uno de los pilares que puede sostener un modelo de desarrollo soberano basado en la capacidad de generar riqueza, modificar la matriz productiva y de exportaciones, y crear puestos de trabajo de calidad. Evitar que Milei logre su cometido exige, indudablemente, una gran capacidad de resistencia frente a su ofensiva destructora. Pero también requiere de una enorme capacidad de elaboración de políticas para el futuro. Es necesario entonces analizar los errores que se han cometido en el pasado y las causas de la falta de articulación e integración al interior del Sistema Científico Tecnológico y de las dificultades para colocarlo al servicio de las profundas transformaciones sociales y económicas que exige el país. En un contexto global y nacional cargado de incertidumbres, es necesario tener la convicción de que cada vez más la ciencia y la tecnología serán imprescindibles para la construcción de un país con mayor crecimiento, justicia social y soberanía. Por eso es necesario redoblar los esfuerzos para evitar que siga avanzando en su destrucción y para elaborar propuestas dirigidas a contribuir a delinear un futuro donde todos los argentinos puedan vivir con dignidad.

Referencias

Anxo Bastos, M. (2020). Sobre el anarco capitalismo. Innisfree.

Decreto DNU 628/2025, Poder Ejecutivo Nacional. Boletín Oficial de la República Argentina, 3 de septiembre de 2025.

Diamand, M. (1983). El péndulo argentino. ¿Hasta cuándo? Centro de Estudios de la Realidad Argentina.

Filmus, D., Dranovsky, G., & Lavagnino, N. (2025). Del péndulo al precipicio. Ciencia, tecnología y universidad en cuarenta años de democracia. CICUS.

Galanzino, M. L. (2024). La regresión avanza: análisis de la política ambiental regresiva en materias de bosques y humedales bajo el gobierno de Milei (10.12.2023 – 31.09.2024). Desarrollo Estado y Espacio, 3(2), e0053.

Ley 27.570, Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Boletín Oficial de la República Argentina, 26 de octubre de 2020.

Ley 27.614, Financiamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Boletín Oficial de la República Argentina, 26 de marzo de 2021.

Ley 27.685, Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología. Boletín Oficial de la República Argentina, 16 de septiembre de 2022.

Ley 27.738, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de octubre de 2023.

Milei, J. (2023, 19 de noviembre). Discurso. CNN en Español. https://cnnespanol.cnn.com/2023/11/19/javier-milei-hoy-comienza-el-fin-de-la-decadencia-argentina-orix-arg

Morresi, S., & Vicente, M. (2023). Rayos en cielo encapotado: la nueva derecha como una constante irregular en la Argentina. En P. Semán (Ed.), Está entre nosotros. Siglo XXI Editores.

Portantiero, J. C. (1977). Economía y política en la crisis argentina (1958-1973). Revista Mexicana de Sociología, 39(3), 531–565.

Rothbard, M. (1959). Ciencia, tecnología y gobierno. Unión Editorial.

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Semán, P. (2023). Está entre nosotros. Siglo XXI Editores.

Seoane, V., & Carriquiriborde, N. (2024). Privatización y financiamiento a la demanda: Respuestas neoliberales para desregular el sistema de educación pública en Argentina. Revista Tempos e Espaços em Educação, 17(36).

Svampa, M. (2025). Policrisis. Siglo XXI Editores.

Williamson, J. (2004). The Washington Consensus as policy prescription for development. Institute for International Economic

Daniel Filmus es director del CIICTI. Profesor titular de la UBA. Investigador del CONICET/CITRA.

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