Cuando el odio mata

La razón es unánime: “Las mataron por lesbianas”, pero también lo es el reclamo de justicia por Andrea Amarante (42), Pamela Cobas (52) y Roxana Figueroa (52), asesinadas hace exactamente un mes por un vecino, que les arrojó una bomba molotov en la habitación que compartían en una pensión de Barracas.

Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, en el 2023 ocurrieron en Argentina ciento treinta y tres (133) crímenes de odio, en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas.^[1]

Pero, ¿a qué se llama un crimen de odio?

Desde el Observatorio definen a este tipo de crímenes como un acto voluntario consciente, generalmente realizado con saña, que incluye —pero no se limita— violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas, siendo en este caso nuestro objeto de relevamiento y observación el colectivo de personas de la comunidad LGBT+. Se incluyen además de las lesiones y menoscabos de derechos por acciones voluntarias, las lesiones de derechos por omisiones debidas a la ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural.

En Argentina, la Ley N° 26.791 (B.O. 14/12/2012) modificó el artículo 80 del Código Penal de la Nación y amplió los agravantes de algunos delitos —homicidio, lesiones y abuso de armas— cuando sean cometidos por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. En este sentido, el artículo 2 de la Ley N° 23.592 de Actos Discriminatorios establece: Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

“Argentina es innovadora y en muy pocos países de América Latina se agravan las penas específicamente por crímenes de odio. De todas formas, considero que todavía hay huecos en la Justicia a la hora de juzgar este tipo de crímenes. Existe una cierta resistencia a investigarlos desde esa perspectiva y en la mayoría de los casos ni siquiera se aplica bien esa figura”, asegura María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña e integrante de la Federación Argentina LGBT (FALGBT).

En ese sentido —y según el Observatorio— solamente Uruguay tipifica en su código penal conductas que incitan al odio por orientación sexual e identidad de género. Por su parte, el Distrito Federal de México también lo incluye, aunque no se replica en todos los estados. En otros países, como Colombia, el término “crimen de odio” no está incluido en la legislación penal como tal, pero existe un causal de mayor punibilidad: la «intolerancia» referida a la orientación sexual, la identidad de género y/o su expresión.

“El caso argentino es fruto de dos cosas: La lucha de las organizaciones que venían reclamando la tipificación de este delito —aunque hay un debate respecto de las penas que continúa— y de un contexto político que apoyaba la diversidad. Durante los gobiernos de Cristina Fernández se dieron muchos avances, muchos reclamos se concretaron y se convirtieron en políticas públicas. Pero en no todos los gobiernos se da eso”, manifiesta Rachid.

¿Qué ocurre con los discursos de odio?

Yo siento como que hay distintos impasses y vuelven a resurgir. Es un sector todavía minoritario, porque creo que la sociedad argentina, en realidad, es la que acompañó el matrimonio igualitario, la Ley de Género, el nuevo Código Civil y un montón de avances más. Ese sector minoritario es el que se resistió, que intentó e intenta preservar sus privilegios, y hoy se encuentra legitimado y fortalecido por un Estado y un gobierno nacional que impulsa y avala estos discursos, entonces pueden expresarse con más virulencia.

¿Cuál es el rol de las redes sociales?

Las redes se han convertido en un mundo paralelo, donde se gestan discursos que se viralizan de una manera impresionante. El alcance que tienen las redes sociales es mayor al de otras instancias como, por ejemplo, una movilización. No digo que no haya que movilizarse, pero el alcance que tienen algunos mensajes en las redes sociales es muy superior.

Hace unas semanas lanzamos la campaña “Ejército de troles (trolas, trolos y troles)”, en un juego con la palabra trolls, para dar una respuesta a los discursos de odio, con respeto y con amor. Y tuvo una respuesta impresionante. Nos llaman también personas que ocupan distintos lugares importantes en la cultura o en la sociedad para ofrecerse a hacer algo, a colaborar, a contribuir con la Federación. Hay mucha necesidad de dar respuesta a todo lo que está pasando, que es muy doloroso, angustiante, porque se está cuestionando todo lo que hemos construido. Sentimos que no nos da el cuerpo ni el tiempo para contestar a todos los agravios, la violencia, la discriminación, pero bueno, desde el dolor, la angustia, la bronca hay que construir y no permitir retrocesos.

En el último informe del Observatorio^[2], en cuanto a quiénes son los autores materiales de los crímenes de odio, se establece que el 71% son llevados a cabo por el Estado; y dentro de ese porcentaje, el 11% es perpetrado por personal de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo serían esos casos?

Muchos de los crímenes de odio tienen que ver con la ausencia del Estado, es la violencia estructural sobre todo hacia las personas trans, personas que desde edad muy temprana son expulsadas de sus hogares, del sistema educativo, del sistema de salud, y que se quedan sin otros recursos más que el trabajo sexual y que tienen un promedio de vida todavía de 35 a 40 años. Estas muertes tienen que ver con la ausencia del Estado y la desigualdad estructural por ser trans.

¿Y en el caso de las fuerzas de seguridad?

Creo que hay un problema estructural, que tiene que ver con cuál es la función que tienen. Y de hecho esta violencia por parte del Estado es como un reducto que se mantiene y es muy difícil de erradicar, aún con gobiernos a favor de nuestros derechos. Es más, cuando cambia un gobierno y se pasa a uno de derecha, como en su momento el de Mauricio Macri y ahora el de Javier Milei, la actitud de la fuerza de seguridad hacia nuestra comunidad cambia, especialmente hacia las personas trans.

Hay otro dato que quería analizar que es que la mayoría de los casos de crímenes de odio se dan en provincia y ciudad de Buenos Aires, y le siguen las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe. ¿Pudieron encontrar puntos en común en estas regiones?

En algunos casos tiene que ver con la cantidad de población y en otros con ciertas estructuras de poder que avalan esta violencia y esta discriminación, tanto por parte de la sociedad como por parte de las fuerzas de seguridad. Una de las cosas que nos llama la atención constantemente es la cantidad de crímenes de odio en Salta, una provincia que no tiene una gran cantidad de población. Sin embargo, ahí sí se puede ver un patrón distinto que tiene que ver con el aval por parte del Estado a las prácticas discriminatorias y violencias hacia nuestra comunidad.

¿Influyen las instituciones eclesiásticas?

La Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas tienen mucho poder en todo el país, pero sobre todo en algunas provincias y al igual que el Estado emiten un mensaje poderoso en relación a la sociedad en la que están. Entonces, el mensaje por parte del Estado está fuertemente influenciado también por estas iglesias, que no reconocen nuestros derechos por más mensajes teóricamente amigables que expresen.

[1] Estos datos no son exactos, ya que incluyen solo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la FALGBT+ o documentados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe.

^[2] Informe completo en https://falgbt.org/ultimo-informe/

Foto de portada: Leandro Teysseire