La cuenca del río Matanza-Riachuelo (CMR) es un territorio que abarca 2047 km2, formado jurisdiccionalmente por 14 municipios de la provincia de Buenos Aires[1] y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el que viven aproximadamente 5.800.000 personas.
Si bien a lo largo de sus 64 kilómetros de longitud reúne las más diversas situaciones de uso y ocupación (sectores con los más serios conflictos socio-territoriales y ambientales, otros donde se radica una población de alto poder adquisitivo, clubes de campo, y hasta zonas de producción agrícola-ganadera), su destino ha estado definido históricamente por la presencia del Riachuelo.
Está marcado por una impronta de producción industrial, de pequeñas y medianas empresas, y un bicentenario manejo insustentable del territorio que ha dejado un daño ambiental en el curso de agua, particularmente en su cuenca baja, intensificado por el rápido crecimiento poblacional de las últimas décadas que aumentó la ocupación informal del suelo urbanizable, con efectos en la calidad del hábitat.
Un punto de inflexión en su gestión ambiental se produce con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que ante una demanda presentada por un grupo de vecinos reclamando la recomposición del ambiente (en la que pasó a llamarse “Causa Mendoza” – Daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo) resolvió declararse competente en la causa motivado en “la necesidad de tutelar un bien colectivo e interjurisdiccional en peligro”.
La CSJN dio prioridad absoluta a la prevención del daño futuro, la recomposición de la polución ambiental ya causada y el resarcimiento de los daños irreversibles, y en respuesta a la sentencia el Gobierno Nacional creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), responsable de la implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo (PISA).
Actualmente, si bien se realizaron importantes tareas de remoción y limpieza de residuos sólidos del espejo de agua, de los márgenes y de basurales, se avanzó en relocalización de parte de la población en situación de riesgo y en la construcción de infraestructura (particularmente infraestructura cloacal), lejos aún se está de resolver el conflicto ambiental, sanitario y habitacional que dio origen a la “Causa Mendoza”.
La percepción a 12 años de este fallo histórico es que luego de un período en el que parecía que finalmente se estaba avanzando firmemente en revertir uno de nuestros más graves desastres ambientales, tras un grave hecho de corrupción[2] y cuatro años de una gestión ineficiente se debilitó la institucionalidad de ACUMAR y se resquebrajó el sistema de ejecución del PISA.
A la nueva gestión le corresponde el desafío de hacerse cargo de una de las mayores deudas que
el Estado ha contraído con buena parte de
los millones de habitantes que viven en condiciones de vulnerabilidad en la
Cuenca, hoy uno de los epicentros de la crisis generada por la pandemia de la
COVID-19.
[1] Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
[2] Al respecto ver: “El saneamiento se hizo en el juzgado” Pagina 12, Suplemento El País, miércoles, 7 de noviembre de 2012. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-207289-2012-11-07.html
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