Damián Loreti "Comunicación en democracia, democracia en comunicación"

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordó al gobierno el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Y dijo que la va a seguir monitoreando” planteó Damián Loreti frente al auditorio del cine universitario Tita Merello, la tarde del martes 26 de abril. Era la segunda charla del ciclo “Comunicación en democracia, democracia en comunicación. Voces múltiples” lanzado por el Centro MacBride para reflexionar sobre la actualidad de los medios de comunicación masiva y su inaudito poder en el mapa político actual, y el derecho de comunicación e información de los pueblos.
En un panel también conformado por la Rectora de la UNLa Dra. Ana Jaramillo y el Dr. Fernando Buen Abad –director del Centro MacBride-, Loreti explicó con todo detalle los pasos que resultaron en la redacción de los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación” y en la formulación y los debates previos a la redacción final de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida simplemente como “Ley de Medios”. A continuación, la entrevista que concedió a Viento Sur antes de la charla.

-A la luz de la realidad que estamos viviendo, resulta evidente que un marco democrático no basta para asegurar una comunicación democrática. ¿Qué sería necesario para garantizarla?
-Al marco democrático le han quitado bastantes espacios de “democraticidad”. Han alterado las reglas preexistentes de modo no democrático, no consistente con los principios de derechos humanos en materia de libertad de expresión. El ministro (Aguad) lo dijo claro: “esto es un negocio y veremos cómo hacemos para ayudar a los chiquitos”. Ese es un paradigma basado en la mirada más conservadora de las reglas de la teoría clásica en materia de libertad de expresión. Quienes creemos que la comunicación es un derecho y que además hay reglas y estándares en materia de derecho internacional y de derechos humanos vinculados al derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, tenemos cosmovisiones distintas. Un marco puede funcionar como plataforma o como cepo: lo que han hecho es cambiar el marco transformándolo en una actividad muy gubernamentalizada, quitando los espacios de las expresiones de la llamada sociedad civil, y al mismo tiempo han re-regulado en favor de los poderosos del mismo modo que lo había hecho Menem en el ’98. Con lo cual, no se puede hablar de este marco como si existiera. Ahora bien: cuando se tiene el marco, hay que usarlo. Hay cosas que no se hicieron al tiempo en que era necesario que se hicieran. Esto no tiene que ver con las adecuaciones: tiene que ver con galvanizar o institucionalizar buenas prácticas, buenas expresiones, medios nuevos. Y ahí no alcanza el marco: ahí además se necesita la política.

-¿Cuál es su balance de la audiencia ante la CIDH en Washington, y cuáles son los pasos a seguir a partir de esa instancia?
-El primer balance es previo a la audiencia. Porque si uno mira las reformas, fue lo primero a lo que se le puso mano junto con las retenciones al agro. Con lo cual ahí había, para los comunicólogos, una especie de “nos cerraron la persiana arriba de la cabeza y estábamos nosotros justo en el dintel”. Pero esto era aún más grande. Y los espacios de la comunicación vinculados a las organizaciones libres del pueblo, sociedad civil, Coalición –como querramos llamarlos- nos movimos con mucha celeridad. Empezamos a hacer planteos en la segunda semana de gobierno (de Mauricio Macri), cuando fue la reforma del decreto de necesidad y urgencia número 13. En esas primeras semanas de gobierno apareció el espacio de la Coalición (por una Comunicación Democrática –CCD-), que siempre siguió funcionando. Nos encontró con la velocidad de quienes sabíamos que teníamos que estar y estuvimos. Ahí se diseñó la estrategia. Por eso digo que la evaluación de la audiencia empieza antes: con las reuniones informales con el Relator, con la recepción a la Defensora del Público en Washington, con las reuniones informales o formales del propio Relator en la Argentina y la concesión de la audiencia, que marcó que había una preocupación por un gobierno que recién empezaba. Lo cual no es común. Planteado ese escenario, sobre la audiencia nosotros nos atuvimos a la agenda que nos habíamos propuesto. El gobierno no cumplió con las expectativas que algunos teníamos, que no eran ni revisar la década, ni mirar hacia el futuro, ni discutir un futuro proyecto, sino que había tres decisiones del Estado que se apartaban y se apartan del sistema interamericano de derechos humanos y queríamos saber cuál era la explicación. El Estado no satisfizo las expectativas: respondió otra cosa desde su mirada política y hubo una serie de preguntas no contestadas, no nuestras sino de la propia Comisión. La pregunta del Relator (Especial para la Libertad de Expresión, el abogado uruguayo Edison) Lanza cuando termina, marca en potencial que la autoridad regulatoria, la regla en materia de televisión para abonados y el control de concentración se apartarían de los estándares del sistema. Cuando se hace el resumen en el comunicado final del período de sesiones por la propia CIDH, hay un largo párrafo sobre la audiencia, en el cual reconocen la iniciativa del gobierno argentino de flexibilizar o cambiar el clima en relación con los periodistas y empezar a discutir un montón de cosas, pero en los párrafos finales le recuerdan al gobierno desde la Comisión el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, y dicen que lo van a seguir monitoreando. En términos diplomáticos, yo diría que esto es altamente fructífero. Es muy importante la pregunta del comisionado peruano (Francisco) Eguiguren que quedó sin respuesta: “¿de qué modo van a regular los temas de concentración?”. Creo que eso incidió en el planteo “esto hay que seguirlo porque hice preguntas que están sin contestar”. ¿Cómo continuamos a partir de la audiencia? Me parece que hay que mirar de qué modo discutir desde este actor social que ha validado la Comisión Interamericana, y de qué modo darle instrumentos a la CIDH para que haga este monitoreo.

-Pocos días antes de la audiencia, el diario La Nación publicó un editorial donde decía que “la mirada debería desplazarse de la TV abierta, la radio y la prensa gráfica a los nuevos administradores de la información, los buscadores de Internet y las redes sociales dominantes”. ¿Qué piensa de esto?
-Ahí hay un desafío importante. Hay una inadvertida tendencia a hablar de cosas que no existen. No hay una ley de convergencia, que es lo que se está planteando: sí hay un emergente de espacios de comunicación que no tienen que ver con las regulaciones comparadas en materia de servicios de comunicación audiovisual. Si las frecuencias no sirvieran para nada no habrían pedido la extensión de los plazos: dos días antes de la nuestra hubo una audiencia en la cual la Asociación Internacional de Radiodifusión pidió licencias sin fin. Comparar Yahoo -que es la segunda capa de las siete de Internet- con una estación de televisión que utiliza espectro radioeléctrico… No, para mí no son datos comparables. Pero doy un paso más atrás. Hay en el sistema mundial dos reglas básicas: una es la Organización Mundial del Comercio, y la otra es la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO. En la primera todos los bienes y servicios son transables. En la segunda, los bienes y servicios culturales y educativos están preservados. La ley argentina tomó el modelo de la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual -y vamos a preservar esto- según el cual no estamos hablando de bienes transables que se le dan a cualquiera. Es una posición que la Argentina había tomado cuando se sancionó la Ley 25.000 allá por el ’96, ’97: “todos los servicios de telecomunicaciones están liberalizados, radio y difusión quedan afuera”. Si uno mira lo que pasa en los países, lo que son convergentes son los actores, no las regulaciones. No es que la ley estaba vieja: fue una opción. Hay cosas que no queríamos regular porque no forman parte de los servicios de comunicación audiovisual; no es una ley general de telecomunicaciones. Se optó por no regular los diarios electrónicos, facebook, twitter, vigilancia electrónica, responsabilidad de los intermediarios, Spotify y todos los etcéteras parecidos que forman parte de un paradigma distinto de liberalización. Hay cosas que creo que no hay que regular porque entran en la regulación general. No creo que Internet sea un lugar en el cual no existe la ley: lo que podés tener son problemas de jurisdicción en donde litigo si tengo un problema con X porque yo firmé un contrato donde decía que se iba a aplicar la regulación del Estado de California; entonces si vivo en Estados Unidos voy a Delaware y si no vivo en Estados Unidos me voy a Irlanda. O si tengo un problema con las plataformas de películas me voy a Holanda. Porque yo firmo, hago click y acepto eso. Pero es un problema distinto del de los medios de comunicación. No todos tienen que estar en la misma ley. Por ejemplo la ley de Estados Unidos tiene una parte de telecomunicaciones y una parte de “radiodifusión”; y la autoridad cuando actúa, según de qué se trate, aplica una o aplica la otra. Los europeos tienen cuatro directivas de telecomunicaciones y una de servicios de comunicación audiovisual, según qué hacés te aplican una u otra. En España, el operador convergente que hace telecomunicaciones y televisión por cable tiene control de concentración en el cable, no en la otra actividad. En una aplica UNESCO, en otra aplica ONC. Entonces la respuesta es: son dos cosas diferentes y no todo tiene por qué estar regulado; los que son operadores convergentes son los actores. Se podría haber resuelto eso: una oportunidad fue Argentina Digital. Yo creo que se perdieron algunas posibilidades cuando se discutió la ley en 2014, lo cual no implicaba barrer la Ley de Medios.

-En un artículo reciente usted comentaba las consecuencias de quitar el cable de la legislación. ¿Cómo sería esto?
-Es eso mismo. La consecuencia es en tres órdenes. Uno es hacia la pluralidad interna del ámbito en el cual opera ese cablero porque se lo exime de la obligación de tener una señal propia y programación independiente local. Eso habilita mayor concentración, porque voy a tener un troncal en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza y voy a esparcir contenidos que van a ser contenidos “propios” de una operadora de cable con esa extensión. Entonces, el primer afectado es el pluralismo local. Segundo afectado: la fuente de trabajo. Y el tercer afectado –si bien eso se está corrigiendo con una resolución que a mi criterio es muy insatisfactoria, pero lo salda en parte- son las televisiones abiertas de cada sitio porque desaparece la obligación de que pasen por cable las televisoras abiertas. En la resolución que publicaron el viernes pasado y que había anunciado de Godoy al final de la audiencia, entran los canales con licencias, los servicios públicos del Estado -Estado Nacional, provincias, ciudad de Buenos Aires-, e Iglesia Católica. No entran las universidades ni los canales de pueblos originarios. Ahí hicieron un zig-zag sobre lo que podríamos llamar el mapa de medios para cumplir con los empresarios de los medios y con el propio Estado Nacional, dejando afuera a quienes no consideran, llamémoslo así, “compatibles”.

Damián Miguel Loreti (02/12/62) es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Forma parte del plantel docente de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación (2002-2006) y vicedecano (2006-2010) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la cátedra de Derecho a la Información de la carrera de Ciencias de la Comunicación de esa facultad y profesor titular de la Cátedra Libre UNESCO-Libertad de Expresión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
Es asesor de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y Caribe. Participó en la elaboración de los “21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación” y fue un importante impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.