Derecho a la ciudad

El cambio climático es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo. Sin embargo, las grandes ciudades son las principales causantes del mismo, ya que consumen el 80 por ciento de la energía que se produce en el planeta y generan más del 76 por ciento de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero. En esa línea, América Latina se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad, a pesar de que sus países miembro no estan entre los que más emisiones realizan.

En pos de debatir y analizar esta problemática, la Asociación de Graduados (Agunla) de nuestra universidad organizó la charla “La gestión territorial del hábitat en el medio urbano”, que contó con la participación de Mauro Pérez Toscani, consultor en políticas públicas, cambio climático y desarrollo sostenible en el Senado de la Nación; Abigail Corizzo, becaria Conicet y docente de UNLa; y Ariel Monzón, jefe de distrito de AySA Quilmes y secretario ejecutivo de la organización Contaguas. La moderación y presentación estuvieron a cargo de Sol Quiroga, directora de la Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana; y Martín Radics, presidente de Agunla, respectivamente.

“Hay que mitigar las emisiones de gases dados por el transporte, la industria, la desforestación, etc. y ver cómo adaptamos las ciudades, los barrios populares y todas las particularidades de nuestra región a los impactos del cambio climático. Creo que la mirada debe estar puesta en la adaptación y en los análisis de vulnerabilidad y riesgo, en pos de generar herramientas de resiliencia urbana. Esto significa que los territorios identifiquen sus potencialidades y riesgos para hacer frente a la cuestión del clima climático. Y las personas tienen que ser protagonistas y participantes. No podemos traer fórmulas desde afuera y copiarlas. Las medidas no pueden simplemente bajar al territorio, sino que deben adaptarse”, explicó Pérez Toscani.

En esa línea, Corrizo abordó el concepto de “Derecho a la Ciudad” aportado por el filósofo Henri Lefebvre en la década del ´60, que busca generar urbes alternativas a las propuestas por el sistema capitalista.

“Se busca una ciudad equitativa en todos los términos y que no sea solo amigable para personas blancas, de clase media alta y con un determinado poder adquisitivo. La gente que vive en barrios populares o asentamientos sufre más los efectos del cambio climático y está expuesta a distintas vulnerabilidades que son de carácter material y simbólico. La primera por estar asentada en territorios con riesgos sanitarios, al margen de la urbanización, donde no accede a los servicios básicos, vías de transporte, empleos cercanos, etc. Y la segunda por estar excluida de la participación pública, del acceso a la información y de las ofertas culturales”, explicó.

En consonancia con lo expuesto por su compañera, Monzón advirtió que “la pobreza es una cuestión ambiental y que las desigualdades se resuelven con políticas públicas”.

“El cuidado del ambiente no tiene que ser un freno para nuestra reactivación económica. Hay que acompañar los proyectos de obras públicas para que los servicios lleguen a todos y fomentar el consumo interno. Nuestro desafío está en el desarrollo tecnológico y en la aplicación de políticas que tiendan a la justicia social”, concluyó.