Diez años de la Ley de Identidad de Género

Hace 10 años, el 9 de mayo de 2012, cientos de personas se congregaron en las afueras del Congreso Nacional con banderas arcoíris, carteles y pañuelos. Ese día, los senadores tratarían una ley que, de votarse favorablemente, marcaría un hito en la lucha por los derechos del Colectivo LGBTQ+. La expectativa era muy grande: algunos activistas pudieron acceder a los balcones del recinto legislativo y desde allí presenciar la sesión, mientras que el resto seguía el debate desde la pantalla gigante ubicada afuera, donde también había música, baile y comida. Finalmente, y tras casi dos horas y media, se sancionó la Ley de Identidad de Género. Y todo fue alegría, llanto, abrazos y aplausos.

“Esta fue y es una ley de vanguardia tanto en la región como en el resto del mundo, porque incorporó importantes pilares vinculados a los derechos humanos que tienen que ver con la despatologización, desjudicialización y desestigmatización de las identidades trans. Además, fue fuente de inspiración para que en otros países se aprobaran legislaciones similares”, asegura Andrea Vallejos, docente y coordinadora del Programa por la Igualdad de Género de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

En esa línea, Marcos Varela —activista trans por los derechos humanos y estudiante de la Especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad de la UNLa— expresa que la norma permite “reconocer los derechos, cuidarlos e implementarlos, con una política de Estado continua”.

“La Ley por sí sola no subsana ni repara injusticias, pero sí visibiliza lo que significa para cada persona tener una identidad de género”, agrega Varela.

Desde la sanción de la normativa, más de 12 mil personas rectificaron su DNI para que coincida con su identidad autopercibida, de acuerdo con un estudio difundido por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Dirección de Población del Ministerio del Interior. El informe también destacó que el promedio de edad de muerte de la población trans es de 40 años, cuando la expectativa de vida en la Argentina es de 76 años.

“Si bien la Ley contempla un acompañamiento estatal, esto no se efectiviza realmente, por ejemplo, en el acceso al sistema de salud de manera integral y federal. Hay muy pocos dispositivos armados interdisciplinariamente y no dan abasto para atender a nuestra comunidad, no llegan a cubrir las necesidades, no hay turnos, todo es muy complejo. Por otro lado, hay listas de espera de años para las intervenciones quirúrgicas, entonces termina siendo una cuestión clasista, donde las personas que dependen del sistema estatal tienen que esperar varios años para operarse, lo que afecta su calidad de vida. Esas son cuestiones que todavía no se están resolviendo. De hecho, recién ahora se pudo avanzar con la X en el DNI. Es como que siempre las políticas públicas se piensan en formato binario. Hay que dejar a un lado las cuestiones sexistas y binarias para que todos los derechos sean respetados”, opina Varela.

Sobre este punto, Vallejos se refirió a los “obstáculos” que las personas trans y travestis tienen a la hora de acceder a la educación, por situaciones de discriminación e irrespeto de las identidades de género.

“Desde la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) venimos abogando por la inclusión de las personas travestis y trans, fomentando, por un lado, el respeto de la identidad de género hacia el interior de las universidades y, por otro, incorporando en los registros informáticos un desplegable con diversas categorías que tiene que ver con las identidades sexo genéricas y que permite romper con la idea del binarismo. En esa línea, en 2013, la UNLa aprobó una resolución por Consejo Superior en la que se establecieron los procedimientos a implementar para aquellas personas incluidas en el artículo 12 de la Ley que refiere al trato digno, es decir, respetar el género de la persona independientemente de que haya o no realizado el cambio registral del DNI. Estos son algunos de los avances, claramente hay que seguir fortaleciendo el abordaje de los derechos de las personas trans en las universidades y su inclusión”, concluye Vallejos.