Fortalecer la democracia Evaluación de las Políticas Públicas

Las políticas públicas son procesos de decisión y acción orientados a resolver problemas de carácter público. Son fenómenos contingentes que surgen en determinados contextos históricos, socialmente construidos, orientados por valores y que están ciscunscriptos por marcos institucionales (normas, reglas de juego, estructuras de gobierno, asignación de recursos escasos, jurisdicciones, calendarios de trabajo). Las políticas son producto del trabajo de diversos actores sociales (grupos sociales, fuerzas políticas, equipos de gobierno) que tienen, además de valores e intereses, sus propias maneras de interpretar y explicar la realidad. También estos actores disponen de recursos de distinto tipo (materiales, financieros, organizativos, de conocimiento, simbólicos) que utilizan para alinear el sentido de la acción en una u otra dirección.
Dado que las políticas no son un resultado “necesario” o “natural” de los acontecimientos, sino que obedecen al juego de poder entre distintos sectores de la sociedad, y sobre todo, de la tensión existente entre los grupos mejor posicionados y aquellos menos favorecidos, cabe buscar caminos de análisis que tengan en cuenta valores diversos del espectro social. Mucho se ha dicho sobre la necesidad de dotar a las políticas públicas de mayor eficacia, eficiencia y efectividad (mejor gestión, mejor valor de la ecuación resultados/recursos y mejor cumplimiento de los objetivos, respectivamente), pero poco se ha mencionado la importancia de conocer cuáles son los puntos de vista variados que pueden ofrecer los fundamentos necesarios y los valores en los que se puedan referenciar estos criterios de análisis.
Evaluar (etimológicamente: valorar) es asignar valor o mérito a un objeto –en este caso, a una política pública— y no se podría llevar a cabo una evaluación justa de políticas públicas sin tomar en cuenta la disputa de valores existente en una sociedad. Más aún en un contexto como el actual, donde se dirime cotidianamente una contienda de posiciones entre un modelo de sociedad de corte nacional y popular y otro de tipo liberal conservador. A la construcción de políticas impulsadas con el fin de generar mayor independencia, soberanía popular y equidad se oponen líneas de acción orientadas hacia la restauración de privilegios de las minorías y la sujeción a los centros mundiales de poder.
En América Latina existe una tensión y una disputa de espacios entre diferentes proyectos político-institucionales. Por un lado, existen proyectos orientados al desarrollo con inclusión social, en el marco de la recuperación del rol central del Estado en el espacio público, la dinamización de la política y la movilización de la sociedad civil. Por el otro, están aquellos que impulsan el bienestar para un sector reducido de la población, le asignan al mercado el papel de gran regulador de las decisiones y promueven una desmovilización política y social.
De allí que tenga crucial importancia la formación de profesionales con pensamiento crítico y capacidad para contribuir en el análisis no solo del buen cumplimiento de los objetivos esbozados en las políticas y las estrategias sino también –y sobre todo– para reflexionar acerca de la efectivización de los derechos de la ciudadanía consagrados constitucionalmente e identificar los desafíos pendientes.
Estos profesionales deben contar con conocimiento y habilidades para reflexionar sobre las políticas desde el punto de vista técnico y académico pero también desde la perspectiva política, para construir un puente entre el conocimiento y las decisiones públicas, entendiendo que estas no son patrimonio exclusivo de gobernantes y agentes de la administración pública sino que involucran a las diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil. Desde este enfoque, los evaluadores son facilitadores de la transparencia de la política y de la deliberación colectiva sobre los asuntos que atañen a la comunidad.
De este modo, los evaluadores de políticas públicas deben poseer un conocimiento comprehensivo del Estado, la sociedad y las propias políticas, así como del estado del arte de la práctica evaluativa en América Latina. Y si bien ha habido importantes avances de tipo técnico (metodologías de investigación, dispositivos y recursos asignados), siguen pendientes algunas tareas que se enumeran a continuación.
En primer lugar, es conveniente desarrollar una cultura de la evaluación que facilite el ejercicio natural, institucionalizado e incorporado en la subjetividad de los diversos actores del quehacer público, de modo que la evaluación pase a ser una aliado –deje de ser una amenaza— del quehacer público.
En segundo lugar, si bien se está bregando de manera persistente para dejar atrás la mera evaluación de procesos y acentuar el análisis sobre resultados e impactos de las políticas, es menester contar con una visión holística de las políticas, que incluya las relaciones entre los resultados y los procesos, entre impactos y la efectivización de derechos, entre las prioridades establecidas en la agenda social y aquellas que realmente se incluyen en las agendas de gobierno.
Además, la práctica de la evaluación en distintos ámbitos de gobierno debería ser integrada (dispositivos articulados) y dialógica a fin de satisfacer las necesidades de conectar intersectorialmente las políticas públicas, de institucionalizar las prácticas de gobierno multinivel (interjurisdiccional, que incluya los niveles nacional, provincial y local) y abierto hacia la comunidad (en constante diálogo con la misma).
Finalmente, tan necesarias como las metodologías de producción de conocimiento lo son las de comunicación del mismo, a fin de que la evaluación resulte útil para la toma de decisiones y efectiva en la mejora de las políticas. Al evaluador no le cabe solo investigar, sino también argumentar sólida y persuasivamente. Es más, tiene una responsabilidad “pedagógica” de transferir conocimientos a las distintas “audiencias” de la evaluación (gobernantes, técnicos, agentes varios de la administración pública, destinatarios de las políticas y programas, organizaciones sociales y políticas).

Nueva Especialización
En este contexto regional, y fieles a nuestra definición como Universidad comprometida con la comunidad, lanzamos la Especialización en Evaluación de Políticas Públicas. El compromiso con las necesidades de la comunidad y el país es el fundamento de nuestro accionar. Dicho compromiso está inscripto en las primeras líneas de nuestro Estatuto y en nuestro Proyecto Institucional. En tal sentido, la UNLa perfila su currícula en función de los problemas de la sociedad a la que se debe. En esta oportunidad, con una carrera que apunta a un área de vacancia en la oferta de posgrados y que apunta al desarrollo de políticas públicas efectivas, equitativas y consensuadas en el marco del fortalecimiento del Estado y de la dinamización de participación social.
Esta nueva especialización surge de una iniciativa del Vicerrectorado de la UNLa y es fruto del trabajo conjunto de quienes formaron parte del equipo técnico de coordinación de la autoevaluación institucional de nuestra universidad (realizada en 2011 y 2012), de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión y de los equipos de investigación sobre evaluación institucional y de políticas públicas. Se trata de un posgrado con modalidad presencial que ofrecen conjuntamente la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional Arturo Jauretche con el propósito de brindar respuesta a las necesidades enunciadas precedentemente.
En esta carrera se formarán especialistas en conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales necesarios para la realización de evaluaciones, el análisis crítico de sus prácticas y la orientación de acciones que fortalezcan la institucionalización de la misma para la mejora de la gestión y de las políticas públicas.
El carácter innovador de la propuesta se refleja en los siguientes objetivos:
* Desarrollar los aspectos teórico-conceptuales vinculados a las políticas públicas, el entorno internacional y regional que influye en la evaluación de las mismas, así como su incidencia en el nivel de vida y calidad democrática de los países.
* Proveer conocimientos sobre las diferentes opciones metodológicas de evaluación, las técnicas de recopilación y análisis de información, organización del trabajo de campo y diseño metodológico y de técnicas.
* Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para la comprensión de la complejidad de las evaluaciones y el análisis crítico de procesos y estudios de evaluación.
* Proveer conocimientos y desarrollar habilidades para encomendar la realización de evaluaciones, formular los términos de referencias para distintos tipos de evaluaciones y desempeñar activamente el papel de contraparte.
* Desarrollar la valoración crítica para generar evaluaciones integrales e interdisciplinarias con rigor metodológico y éticas así como también para el uso de sus hallazgos y recomendaciones.
* Generar un espacio de estudio acerca de la evaluación de las políticas públicas orientado a fortalecer la acción pública con liderazgo estatal.
Los egresados y egresadas de esta carrera serán profesionales capaces de realizar, encomendar y utilizar rigurosa y éticamente la evaluación como un aporte a la toma de decisiones fundadas para la planificación y la gestión en el marco de políticas de estado inclusivas en el ámbito de instituciones públicas.
Las actividades curriculares se desarrollarán principalmente en la sede de la UNLa, pero se prevé su implementación también en la sede de la UNAJ. Es un programa de posgrado estructurado, con una carga total de 360 horas, distribuidas a lo largo de tres cuatrimestres.
Se programan encuentros presenciales intensivos de quince horas, cada dos semanas los días viernes y sábados. La combinación de actividades presenciales y no presenciales facilita la concurrencia de los participantes y permite alcanzar una cobertura geográfica amplia.
Los dispositivos pedagógicos planteados son:
* Cursos teórico-prácticos en los que se abordan los contenidos teóricos y los abordajes metodológicos y prácticos. Se desarrollan en clases expositivas presenciales en las que se estimula la reflexión y el debate colectivo, ejercicios de análisis y presentaciones individuales y grupales orientados a la resolución de problemas locales, regionales y nacionales.
* Talleres de integración al finalizar cada uno de los bloques temáticos. Son coordinados por el Director de la Especialización y utilizan estudios de casos que abarcan un abordaje integral de las asignaturas incluidas.
* Actividades no presenciales que se realizan a través del Campus Virtual de la UNLa. Por este medio se accede a la información relacionada con el cursado de la especialización, cronogramas, noticias, informes, materiales, recursos bibliográfico, etc. Implican la participación en foros de discusión, realización de consultas y de trabajos prácticos.
* Seminarios de trabajo final de especialización en los que se trabaja con elementos conceptuales y formales conducentes a la realización del trabajo final integrador.
* Tutorías de orientación y apoyo del especializando en la elaboración de su trabajo final integrador.
El impulso de una práctica reflexiva que facilite el desarrollo de mejores políticas públicas y el consenso basado en la amplia deliberación pública constituye un desafío para fortalecer el Estado y profundizar la democracia. Este horizonte requiere de la acción concertada entre los organismos de gobierno en todos sus niveles, de las redes de profesionales y de las instituciones de educación superior. A tal fin, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional Arturo Jauretche ofrecen este programa de formación junto con diversas actividades de investigación relacionadas con la temática y la conformación de ámbitos de encuentro, debate y producción conjunta de conocimiento del mundo académico y el profesional con los ámbitos de gobierno, de la política y de las organizaciones de la comunidad.