La filosofía occidental se ha detenido de forma recurrente en el tópico de la memoria a lo largo de su historia, pero mayormente lo ha hecho —desde la Modernidad europea— poniendo su foco en la perspectiva individual, como una facultad de la conciencia subjetiva que imagina, piensa o percibe.
En la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de los totalitarismos y las guerras mundiales, la filosofía europea le prestó especial atención a la composición de memorias colectivas, en torno a los dispositivos implementados por los Estados para consolidar narrativas que puedan clausurar la repetición de hechos sociales altamente traumáticos, siendo Auschwitz la imagen testigo de un capítulo de la humanidad difícil de olvidar.
Ahora, ¿la memoria es algo que se tiene o se construye?¿Se pueden sedimentar memorias colectivas que les permitan a los pueblos no reincidir en ciertas conductas?¿Esas memorias trascienden las experiencias individuales de los sujetos que han vivido fácticamente los hechos?
La bibliografía sobre el asunto es tan abundante como contradictoria. Desde la posición de R. Koselleck, quien sostiene que la memoria colectiva resulta de una imposición y que la única memoria real es la individual (Svampa, 2020, 120), hasta la de Paul Ricoeur, quien teoriza acerca de una correlación entre historia y memoria; asistimos desde hace décadas a una efectiva moda de estos estudios.
En Argentina, las políticas de derechos humanos implementadas desde el año 2003 en los gobiernos presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner, adjudicaron centralidad al concepto de memoria, ligado mayormente al accionar de las fuerzas armadas entre 1976 y 1983, en el marco de la implementación por parte de estas de un plan sistemático que implicaba secuestros, torturas, desapariciones forzadas de personas, centros clandestinos de detención, asesinatos, robo de bebés y una serie de acciones de censura y represión en términos culturales e informativos.
Políticas planificadas y financiadas desde 2003, pusieron en escena la existencia de una memoria colectiva que se presentaba como el correlato de una época y que dio lugar a la consolidación de un área específica que incluyó publicaciones, jornadas, congresos, institutos, subsidios, conformación de archivos históricos y sitios recuperados, etc. En buena medida esas acciones se apoyaron en el trabajo realizado por organizaciones de DDHH —como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo— y Comisiones por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que venían llevando adelante reclamos sobre la situación de detenidos desaparecidos desde los inicios del golpe cívico-militar y que los sostuvieron con el retorno a la democracia y frente a los distintos intentos por parte de los gobiernos sucesivos por establecer “reconciliaciones”, por medio de indultos y leyes de distinto calibre, como la de “Obediencia debida” y “Punto final”.
De todos modos, pasados 50 años del golpe militar y luego del triunfo electoral de Javier Milei y Victoria Villarruel en las elecciones presidenciales de 2023, se han reinstalado discusiones públicas que se creían consensos sociales instituidos, en apariencia apoyados en una memoria social sedimentada. V. Villarruel, hija de un militar que participó del Operativo Independencia y que fue “carapintada”, se reconoce como una ferviente militante del accionar de las fuerzas armadas durante el último golpe militar argentino, apelando a la necesidad de una “memoria completa” y al reconocimiento de lo que ella caracteriza como “las víctimas de atentados de las organizaciones terroristas”, que se dieron en el marco de una “guerra sucia”. Por su parte, Javier Milei, menos estridente en este aspecto, ha negado la existencia de 30 mil desaparecidos en varias oportunidades y desde su gobierno se han lanzado videos oficiales que básicamente hacen un llamado a la necesidad de una “historia completa”, que condene el “accionar subversivo” y arroje nueva luz sobre los hechos. Como ha demostrado en varias oportunidades, Milei en estos puntos sigue los lineamientos de la batalla cultural definida en la prédica del intelectual argentino de derecha Agustín Laje, quien fue becado por el Departamento de Defensa de los EEUU por la publicación de su libro Los mitos setentistas (2011).
“Una sociedad que se aferra a la mentira, no puede construir un futuro en libertad” afirma Laje en el corto audiovisual presentado desde presidencia de la Nación argentina en 2025. Apela con ello a la necesidad de desnaturalizar un relato impuesto según él desde una posición autoritaria del Estado, enmarcado en lo que califica como “anticapitalismo discursivo”. Su posición sobre el golpe de Estado de 1976 constituye un tópico más dentro de la idea de “la cultura como campo de conflicto”, ligado al indigenismo, el antirracismo, la ideología de género, el ecologismo y el globalismo (Laje, 2022). Resulta evidente a más de dos años de mandato que el gobierno en funciones, más allá de su plan económico, se propone intervenir en esos puntos previamente definidos.
No es casualidad que una revisión radical de la historia reciente y particularmente de lo ocurrido en los años de la dictadura militar, haya cobrado tanta adherencia en un momento en el cual casi el 80% de la población argentina tiene menos de 50 años (Censo 2022), señal fáctica de que no ha vivido en términos estrictos la dictadura cívico-militar y por tanto, sus miembros no tienen recuerdos individuales sobre lo sucedido, directos o indirectos. Ello significa que la sociedad local depende de la historia o de narrativas socialmente construidas, que hoy se encuentran en disputa en sus núcleos fundamentales.
Si la memoria en su fase colectiva depende de experiencias individuales y relacionales[1], es imposible pensar que las generaciones posteriores a 1976 actúen conforme a un imaginario sobre el cual no tuvieron experiencias en el sentido benjaminiano del término. Es entonces cuando sale al auxilio la idea de la historia como “la recopilación de los hechos que han ocupado la mayor parte de la memoria de los hombres” (Halbwachs, 2004: 80) o como la coagulación de las memorias temporales de generaciones pasadas. Porque para Halbwachs, la historia comienza cuando la memoria se termina. En esa línea, Lucila Svampa sostiene:
En la tarea de la transmisión intergeneracional de los recuerdos interviene la historia en dos sentidos. En primer lugar, en tanto narración e indagación científica y en segundo lugar, como un conjunto de rememoraciones que responden a la conformación de una historia oficial, sostenida por el Estado. (126)
El tránsito entre los gobiernos kirchneristas y el de Javier Milei, expresa que las formas de la memoria social y política pueden depender también de posiciones ideológicas o adopciones partidarias presentes, más allá de la verdad de los hechos históricos; que ya en este punto, con cientos de juicios de lesa humanidad desarrollados en tribunales federales, miles de pruebas y testimonios presentados, resulta irrefutable lo que pasó en esos años[2]. La discusión entonces no gira sobre el número de desaparecidos, sobre si hubo una guerra o un genocidio, ni acerca del nivel de legitimidad o no de las fuerzas armadas para secuestrar bebés, bienes, censurar, torturar o exterminar militantes, dirigentes políticos y trabajadores; sino sobre cómo y a quiénes representa en la actualidad cada una de las posiciones y qué visión del futuro proponen. El pasado es algo vivo y siempre cambiante porque encarna como nada las disputas del presente.
No obstante, siguen vigentes las preguntas ¿Cómo se conforman, consolidan y reproducen las memorias colectivas?¿Pueden los Estados institucionalizar memorias comunes? ¿Cuáles son los vehículos utilizados? ¿Cómo medir la eficacia de esos dispositivos?
Estas preguntas cobran nuevamente relevancia en tanto la actual gestión del Estado Nacional promueve el olvido y el perdón y para ello pone en discusión los fundamentos de la verdad, una en donde las pruebas y memorias individuales y colectivas sobre los hechos no alcanzan. Paul Ricoeur en su libro La memoria, la historia, el olvido, del año 2000, nos recuerda: “la memoria colectiva solo consiste en el conjunto de las huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados” (Ricœur, 1999: 18). El efecto de esas huellas traumáticas es el que debería impulsarnos como sociedad a sostener intergeneracionalmente un conjunto de definiciones sobre el pasado reciente, pero habitamos un presente en el cual el 85% de los jóvenes se informa por redes sociales[3] y lo hacen a través de “filtros burbuja” (Pariser, 2017) que funcionan a la manera de sesgos de confirmación, en donde un algoritmo fortalece y cristaliza un imaginario segmentado sobre el mundo, con noticias y shorts generados por IA. Poco lugar hay para los razonamientos extensos y los datos chequeados.
Si bien rige una suerte de jerarquía epistemológica entre la memoria y la historia, en donde la segunda se muestra como un garante documentado a la hora de representar el pasado, sigue siendo la primera la forma en la que los pueblos han transmitido a sus nuevas generaciones simbólicamente el pasado sedimentado, más allá de los intentos estatales para institucionalizar memorias colectivas, con monumentos, himnos o manuales escolares.
Como docentes, militantes, ciudadanos y padres, tenemos la responsabilidad de recuperar un diálogo cara a cara —en apariencia extraviado— en el club, en la plaza, en las aulas, en las mesas para escuchar, volver a presentar las pruebas y los hechos e insistir, porque recordar es repetir de otra manera.
Bibliografía:
-HALBWACHS, M. (2004). La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
-LAJE, A. (2022). La batalla cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha. Buenos Aires: Hojas del sur.
-PARISER, E. (2017). El filtro burbuja. Como la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Buenos Aires: Taurus.
-RICOEUR, P. (2004). La memoria, la historia y el olvido. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
-SVAMPA, Lucila (2020). La historia entre la memoria y el olvido. Un recorrido teórico. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 20, pp. 117-139 https://doi.org/10.14198/PASADO2020.20.05
[1] Si bien la memoria individual toma elementos de la memoria social y colectiva, esta última también se compone claramente de insumos individuales.
[2] Más de 350 sentencias en juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, con más de 1.200 personas condenadas por crímenes de la última dictadura y otros miles de testimonios y pruebas recabadas. Actualmente, el proceso continúa con decenas de causas elevadas a juicio y otras tantas en investigación.
[3] La cátedra Audiencias y Recepción de la carrera de Comunicación Social de la UBA presentó un relevamiento sobre las rutinas de consumo informativo de los jóvenes, cuyo resultado sostiene que el 85,07% se informa principalmente a través del celular. Predominan los formatos audiovisuales (63,19%), especialmente los contenidos breves. El 76,74% realiza otras actividades mientras se informa, reforzando la idea de consumo fragmentado y continuo. Se observaron asimismo “consumos informativos breves, fragmentados y multitarea: entre clases, viajes y trabajos”.
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