Bajo la consigna Marchamos con barbijo y nos cuidamos con memoria, este 24 de marzo el reclamo por la memoria, la verdad y la justicia vuelve a las calles, luego de las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.
El Día Nacional de la Memoria tiene, además, un impacto especial para nuestra región debido al juicio oral unificado por los delitos ocurridos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Infierno de Avellaneda —donde operaba la Brigada de Investigaciones de Lanús—, que se desarrolla desde octubre de 2020.
Guadalupe Godoy es abogada querellante en la causa y directora del Programa de Memoria en la Universidad Nacional de la Plata.
¿Cuál es la importancia de unificar las causas en un solo juicio oral?
La demanda de unificar las causas y de no hacerlas de forma aislada es uno de los pedidos que tenemos los querellantes y eso tiene que ver, por un lado, con evitar la fragmentación que impide mencionar lo que fue el circuito represivo en su conjunto y dimensionar la práctica genocida; y, por otro lado, tiene que ver con la optimización del tiempo porque hay que pensar que los hechos ocurrieron hace más de 40 años, entonces hay urgencias. El circuito de las brigadas, además, tiene una multiplicidad de víctimas que pasaron por Banfield y Quilmes y a veces por el Infierno. La unificación también tiene que ver con las dificultades que tenemos en la ciudad de La Plata con la ausencia de jueces titulares del Tribunal Nº 1, son todos jueces subrogantes con muchas excusas para no llevar adelante las causas y con casos en otros tribunales, entonces la unificación tiene que ver con condicionamientos propios de esta jurisdicción.
¿Las urgencias tienen que ver con impedir la impunidad biológica?
La impunidad biológica está relacionada con una estrategia de las defensas que tiene, lamentablemente, un anclaje en la operatoria del Poder Judicial. Su función es la de retrasar lo más posible los procesos y el hecho de que las sentencias que se logran en los juicios orales adquieran firmeza. Entonces el retraso en el inicio del proceso, la lentitud de los mismos y las instancias de Casación y Corte hacen que la mayoría de los acusados se terminen muriendo antes de que tengan una sentencia firme. Es una estrategia interesante para las defensas pero que no sería posible si no se contara con el aval del Poder Judicial que admite esa morosidad.
Este juicio tiene a Miguel Etchecolatz como uno de los principales imputados…
Sí, pero un gran logro es que en los juicios esté Jaime Smart, que fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires con todo lo que implica a nivel de la estructura civil que avaló y fomentó la dictadura. Fue uno de los que planificaron el genocidio. Y, también, se ampliaron responsabilidades para con el destacamento de inteligencia 101 de La Plata. De todas formas, es importante reflexionar sobre por qué estamos juzgando a Etchecolatz y a la mayoría de las personas que, excepto 2 o 3, ya tienen condenas anteriores, y tenemos en la gatera juicios en la ciudad de La Plata donde está todo el Regimiento 7 que nunca en la vida ha tenido una condena. Ahí sí se ven las resistencias judiciales sobre qué juzgar y cómo, es decir, qué causas llegan a juicio y cuáles no.
Esto significa que muchos represores acumulan penas que nunca llegan a quedar firmes…
Etchecolatz tiene un par firmes, pero la mayoría no. Ahí es donde se ve el rol de la Corte de Casación, es decir, de los estratos superiores del Poder Judicial, que son ralentizadores e impulsores de la impunidad biológica.
Durante una de las audiencias, uno de los sobrevivientes contó sobre la posible existencia de un nieto o nieta nacida en cautiverio que no figura en sus registros de búsqueda…
Los juicios orales de este tipo de causas se diferencian de los comunes en que siguen siendo una instancia de reconstrucción de la verdad. Vos en general en un juicio común llegas a la instancia oral para poder precisar responsabilidades, pero con hechos ya establecidos. Eso es algo que nos llevó muchas veces a discusiones con los jueces, porque no solo son juicios para inducir responsabilidades y pedir condena, sino que también se pregunta para seguir reconstruyendo, y por eso la urgencia de juzgar. Imaginate si esto no se podría haber hecho hace 15 años atrás, te da mucha impotencia ver todo el tiempo perdido. En ese sentido, hay que destacar la labor invalorable de recopilación de datos de las organizaciones, que analizan todos los testimonios de Conadep, de los Juicios por la Verdad, de las instrucciones, ven fechas, datos, etc., y con toda esa información van rearmando la historia.
¿Qué valor tienen estos juicios?
Creo que son un escenario privilegiado de disputa de sentido. Hay muchas formas de ver y pensar la dictadura, hay muchos discursos como el de la guerra, el de los dos demonios, y creo que esto fue un genocidio y los juicios son uno de los escenarios en el que disputamos ese sentido sobre lo que significó. Además de reconstruir la verdad, de obtener condenas, justicia, etc.
¿Tienen la esperanza de que tras el juicio las condenas queden firmes?
Todo lo logrado fue gracias al trabajo del movimiento de derechos humanos y es a fuerza de reclamo y persistencia, después tenemos los límites que imponen las condiciones políticas y el paso del tiempo, pero tampoco me parece si hoy sea el eje prioritario. Es decir, que las penas no estén firmes no invalida en nada lo importante de los juicios. Que no queden firmes muestra las resistencias que el Poder Judicial tiene con respecto a los juicios, por eso lo reclamamos siempre.
Este 24 de marzo se vuelve a revalidar el reclamo por memoria, verdad y justicia…
Sí. Considero que las dificultades de los pueblos para juzgar sus propios genocidios siempre han sido enormes, porque los responsables no son solo aquellos que estuvieron al frente del aparato represivo, sino también los intereses y los sectores que lo propiciaron, se enriquecieron y se beneficiaron. Hay que ver si esos intereses siguen hoy vigentes.
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