- Introducción
El 22 de noviembre del año 1949 por Decreto Presidencial 29.337, se suspendió el cobro de los aranceles universitarios. Con la medida se apuntó a democratizar el ingreso a la educación superior favoreciendo importantes reformas políticas, económicas y culturales en la sociedad argentina.
Hasta el advenimiento del Peronismo, la institución fue elitista y funcionó como un medio de separación de clases sociales otorgando el monopolio del conocimiento y del poder que ello conlleva, a una minoría selecta. La oligarquía terrateniente, el capital extranjero y un reducido grupo de empresarios y de comerciantes radicados en las capitales de provincia, detentaron el poder económico y también el cultural. Ello les otorgó capacidad de decisión política y el control institucional del Poder Judicial, de la administración económica, la salud pública y la educación, entre otras esferas de gobierno.
Según lo detalló Arturo Jauretche en su libro el Medio Pelo en la Sociedad Argentina, el desarrollo económico y social argentino de fines del siglo XIX y de principios del XX, generó las condiciones para el surgimiento de los sectores medios y de pequeños empresarios, muchos de ellos de origen inmigrante. Estos grupos forjaron un status aspiracional conformado por valores, prácticas y consumos culturales. La identidad de los sectores medios se construyó a partir del deporte (tenis o del rugby), de habitar barrios acomodados, ir al hipódromo, tener auto y pileta o viajar de vacaciones. La posibilidad de estudiar en colegios de elite y de acceder a la universidad fueron dos piezas fundamentales de su status.
Jauretche puntualizó que las clases altas y los representantes de los poderes extranjeros delinearon los contenidos y las finalidades de la educación superior, en un proceso que denominó de “colonización pedagógica”. El resultado fue que las clases medias y los empresarios argentinos educados en las universidades aspiraron a ser “clase alta terrateniente” y a verse más como europeos que como americanos y eso los condujo a distanciarse del pueblo. Los intelectuales de clase media se convirtieron en una “intelligentzia” y reprodujeron inconscientemente los conceptos formulados por las usinas ideológicas del extranjero. Como resultado de esa educación, las burguesías locales carecieron de ideología propia, de conciencia y de normas de grupo y para ellos “inglés es el lenguaje de los negocios” y “francés el lenguaje del espíritu”.
Jauretche mencionó que los descendientes de los criollos, de los pueblos originarios y de los gauchos fueron desplazados violentamente a los márgenes de las grandes urbes y culminaron en las villas miseria. Fueron por mucho tiempo desempleados, trabajadores rurales temporarios y con el advenimiento de la industrialización integraron las cuadrillas de obreros de la incipiente economía nacional. Los sectores populares tenían vedado el ingreso a los colegios nacionales y a la universidad y accedían meramente a la escuela primaria en la cual asimilaban los valores de la clase dominante, que edificó desde allí una “política de la historia” y una “colonización pedagógica”.
Ese esquema clasista, racista y estratificado de la universidad fue cuestionado por los nuevos grupos políticos y culturales que paulatinamente se integraron al socialismo y a la Unión Cívica Radical y que confluyeron en las jornadas de la Reforma del año 1918.
La sanción de la gratuidad universitaria de 1949 supuso un reconocimiento a los reclamos y a las luchas de las generaciones anteriores. Tal medida fue facilitada por el hecho de que el Justicialismo logró apoyó en un sector del reformismo y por la capacidad de instalar agenda que tuvo el Movimiento Obrero organizado.
La eliminación de los aranceles adquirió implicancias sociales, ideológicas, políticas y económicas de largo alcance y fue y sigue siendo un rasgo fundamental de la cultura nacional de la Argentina. La democratización de la educación favoreció un cambió de status de las clases medias y de los trabajadores. Los primeros modificaron su visión del mundo acercándose a las posiciones populares y como parte de dicho proceso es que pueden interpretarse la nacionalización de los grupos medios de los años sesenta, el Cordobazo o el rol de los jóvenes en el tercer gobierno Justicialista. Para los trabajadores la gratuidad de la universidad supuso un cambio político y aspiracional. Los obreros ascendieron socialmente, ocuparon lugares fundamentales del poder estatal y privado y tuvieron una renovada conciencia de su centralidad en la construcción de La Nación Argentina.
En el presente artículo vamos a documentar brevemente el marco histórico de aparición de la gratuidad universitaria. Haremos referencias a un conjunto de iniciativas previas al año 1949 y detallaremos de manera sucinta algunos debates sobre el restablecimiento de los aranceles luego de 1955.
- La Reforma Universitaria del año 1918 y la gratuidad universitaria
En el año 1972 el filósofo Juan José Hernández Arregui mencionó que la gratuidad universitaria alcanzada en 1949, integró el ideario de los reformistas de 1918. Puntualizó que “En 1943 la universidad tenía algo más de 60 mil alumnos. Con Perón llegó a 260 mil. La enseñanza universitaria era gratuita, comedores estudiantiles, apuntes sin cargo impresos en la Fundación Eva Perón, privilegios para los estudiantes que trabajan, colonias, supresión de los exámenes de ingreso, mesas examinadoras mensuales, acortamiento de las carreras, etc.- Tal cual lo había reclamado la Reforma de 1918, en la Argentina, la enseñanza media y superior dejó de ser un prerrogativa de clase” (Hernández Arregui 1972: 120).
Como bien sostiene Hernández Arregui, la Reforma Universitaria del año 1918 estuvo caracterizada por un anhelo de cambio social y por un espíritu democratizador. Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a las instituciones educativas públicas, ya que ese limitante dejaba como saldo que solamente las clases altas y medias acomodadas podían estudiar.
La experiencia reformista propuso acercar a la universidad a los problemas de la comunidad y favoreció la apertura de programas de extensión y de vinculación con el medio. En su ideario la universidad no podía estar aislada de la vida cultural del país, sino que debía comprometerse consciente y activamente con la vida nacional.
Como resultado del mandato del PrimerCongreso Nacional de Estudiantes efectuado en el mes de julio del año 1918, Gabriel Del Mazo y Dante Ardigó elaboraron un Proyecto de Resolución de “Gratuidad de la Enseñanza Superior” con el fin de elevarlo al poder público. La iniciativa propuso constituir una universidad “absolutamente gratuita” y que esté caracterizada por ser “abierta, amplia y democrática”. Del Mazo y Arigó destacaron que los altos aranceles conformaron una institución de carácter “oligárquica”, que profundizaba las desigualdades sociales existentes impidiendo a los pobres estudiar. La limitación económica se convertía en un filtro y muchos jóvenes no alcanzaban ese derecho pese a que tenían capacidades y vocaciones. En su óptica, la gratuidad de la institución iba a “afianzar la justicia”, contribuyendo a forjar un nuevo humanismo educativo.
Para financiar el Proyecto Del Mazo y Arigó impulsaron una reforma tributaria recuperando la experiencia de la República Oriental del Uruguay, que implementó un “Impuesto al Ausentismo” compuesto con una contribución inmobiliaria efectuada sobre las personas que tenían una propiedad y no eran residentes en el país.
La iniciativa de gratuidad universitaria no fue implementada en 1918 y no derivó en la propugnada actualización de la normativa nacional en la materia. Retomando los postulados reformistas, en el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios del mes de agosto de 1932, los jóvenes siguieron pidiendo la democratización del acceso a las Casas de Altos Estudios. Entre las resoluciones del Congreso, se consideró necesario:
“1) El Estado debe establecer una asignación fija, que en ningún caso podrá ser disminuida, que permita el eficaz desenvolvimiento de la Universidad, limitándose únicamente a controlar la inversión de la misma. Ello sin perjuicio de la formación del fondo universitario proveniente del gravamen al privilegio y a la riqueza improductiva;
2) La gratuidad de la enseñanza, que es una consecuencia de la democracia universitaria y de la asistencia e investigación libre;
3) Aumento de la remuneración a los profesores con el fin de asegurarles su independencia económica;
4) Se creará un amplio sistema de becas con el fin de: a- asegurar a los estudiantes pobres sus estudios; b- asegurar a los estudiantes capacitados sus cursos de perfeccionamiento con vistas a sus vocaciones docentes o de investigación”.
En esta oportunidad como en el año 1918, la gratuidad no fue sancionada y las universidades siguieron siendo aranceladas y elitistas.
- El Estado nacionalista y las universidades
“El costo de la tecnología que venimos empleando es muy alto, principalmente porque el ingreso del conocimiento tecnológico no ha sido programado ni administrado con sentido nacional, preservando los intereses del país”. Juan Perón (2007: 49).
Durante la etapa se le dio impulso a la industria argentina y ello supuso una importante demanda de recursos humanos altamente calificados en ciencia y tecnología. En este contexto, Juan Perón creyó necesario formular una nueva programación de la política científica nacional. El mandatario aseveró que “la comunidad científica es todavía reducida con relación al ingreso por habitante (…) los institutos están prácticamente concentrados en el área metropolitana y pampeana. Además, la remuneración de los investigadores es tan limitada que sólo una vocación acendrada puede retener el talento en esta actividad. Me parece claro que no existe hasta el presente una política científica y tecnológica centralmente diseñada de fácil realización (…) Así, mientras el país exporta tecnología en la capacidad intelectual de sus técnicos, importa tecnología en máquinas y proceso industriales” (Perón 2007: 50 y 51).
La Constitución de 1949 modificó el esquema de los cinco ministerios incluidos en la Carta Magna de 1853. Gracias a esta reforma, se creó el Ministerio de Educación de la Nación como un desprendimiento del de Justicia e Instrucción Pública. La nueva cartera educativa le otorgó al Estado una mayor capacidad de decisión para proyectar y ejecutar las políticas universitarias.
La Constitución estableció por primera vez en el país la autonomía de las Casas de Altos Estudios y dividió al territorio en “regiones universitarias”. La Constitución fijó que “Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”. En base a este último concepto es que se edificó la Universidad Obrera Nacional en 1948, que tenía una oferta educativa propia de cada región.
Durante la etapa se aprobó una actualización normativa integral en todos los niveles educativos y en el caso universitario el Congreso Nacional sancionó las leyes 13.031/47 y 14.297/54. La legislación incluyó los derechos laborales de sus miembros como fueron la figura del docente investigador de tiempo completo, el aumento salarial automático y la estabilidad de los profesores garantizada con la figura de las carreras “docente” y “científica”.
El Primer Plan Quinquenal
Las metas económicas, educativas y tecnológicas del primer peronismo fueron proyectadas en dos Planes Quinquenales de desarrollo aprobados por el Congreso de La Nación.
El Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos. El texto remarcó que podrían acceder a los distintos niveles educativos “todos aquellos que tengan la aptitud adecuada prescindiendo de los medios económicos que poseen”. El Plan presentó un Proyecto de Ley de “Estatuto Universitario” que incluyó la meta de la “gratuidad de la enseñanza universitaria”. La iniciativa en su Título III “De los estudiantes”, Capítulo I “Del ingreso a la Universidad”, Artículo 48 “Gratuidad”, fijó que “la enseñanza universitaria es completamente gratuita en todos sus aspectos para todos aquellos alumnos inscriptos que carecieren de medios para costearla. Los estudiantes que por sí o por su familia no se hallaren en las condiciones señaladas en el párrafo anterior costearán la referida enseñanza en todo o en parte, según las circunstancias de cada caso, conforme a los aranceles y demás disposiciones universitarias”.
Como complemento, en el artículo 50 de la propuesta se incluyó la obligación del Estado de crear Becas de “compensación económica familiar” y de “estudios”. La distribución del beneficio se realizaría “teniendo en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas y culturales referidas a cada universidad”.
Es interesante detallar, que a diferencia de la iniciativa contemplada en el Proyecto de ley del Primer Plan Quinquenal, la norma 13.031/47 de “Régimen Universitario” no incluyó la gratuidad plena de los estudios. En su lugar, el artículo 87 fijó que “El Estado creará becas para la enseñanza gratuita, cuya distribución entre las diversas universidades de la Nación, se hará por el Poder Ejecutivo. Para proceder a dicha distribución, se tendrán en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas y culturales, referidas a cada universidad, procurando que con la concesión de becas se cumplan, de la manera más acabada posible y con un sentido social, los fines asignados a la universidad”. Los miembros de familias “obrera, artesana o empleada” carentes de recursos podrían requerir el beneficio y la “beca consistirá en obtener gratuitamente la enseñanza universitaria en todos sus aspectos y grados, el suministro de libros y útiles, y en el otorgamiento del diploma o título que se obtuviere, y en conceder una compensación económica familiar que equivalga lo más aproximadamente posible a la aportación del alumno”.
Al momento de tratarse en el recinto la ley 13.031/47 el diputado radical Alfredo Calcagno, cuestionó el hecho de que la gratuidad de la enseñanza “insinuada en el Plan Quinquenal, no figura en el proyecto”. La UCR presentó una iniciativa de ley en representación de la minoría y Calcagno puntualizó que “nuestro proyecto suprime las limitaciones numéricas al ingreso y consagra el principio de la gratuidad sin restricciones, así como la compensación económica a la familia proletaria”. La iniciativa de ley elevada por el bloque radical estipuló que “la enseñanza será gratuita y laica. No se exigirá contribución pecuniaria ni regirá tasa alguna para ingresar a las universidades”. Si los nuevos estudiantes privaban de ingresos económicos a su familia, estás tendrían “derecho a una ayuda pecuniaria” (Sesiones Cámara de Diputados 1947: 676 y 706-708).
El Decreto Presidencial 29.337/49
Finalmente, la gratuidad de la universidad en la República Argentina no se alcanzó con una ley, sino con la sanción del Decreto Presidencial 29.337 del día 22 de noviembre del año 1949. El texto estableció “Suspéndase con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los aranceles universitarios”.
A diferencia del proyecto introducido en el Primer Plan Quinquenal, la propuesta no formuló diferenciaciones sociales entre los jóvenes y la situación de sus familias y todos los estudiantes eran eximidos del pago.
Entre los considerandos del Decreto 29.337/49 se fijó que el “engrandecimiento y auténtico progreso de un Pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen” y que “una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”. El texto sostuvo que los “jóvenes capaces y meritorios” iban a poder encausar sus actividades potenciando sus aptitudes y su “legitima vocación” en “su propio beneficio y en el de La Nación”.
Ratificando la decisión gubernamental, el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) en el apartado IV. G. 8 “Universidades”, estableció que la enseñanza superior era “gratuita”. El Programa de Gobierno fijó que las universidades y profesorados tenían que “asegurar el ingreso a los diversos cursos de todos los aspirantes que reúnan condiciones básicas de aptitud y vocación”.
La primera norma propiamente educativa sancionada por el Congreso de La Nación que incluyó taxativamente la gratuidad universitaria, fue la “Ley Orgánica de Universidades” 14.297 de 1954. El texto afirmó los principios del Decreto 29.337/49 y estableció que las “universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social”,teniendo como objetivo “asegurar la gratuidad de los estudios”.
El financiamiento de la gratuidad universitaria
“El gasto en investigación y desarrollo debe ser tan grande como jamás lo haya sido hasta ahora, pero también programado como para soslayar cualquier posibilidad de despilfarro. Deben aprenderse bien estos conceptos, pues son absolutamente esenciales: sin tecnología nacional no habrá industria realmente argentina, y sin tal industria podrá existir crecimiento, pero nunca desarrollo”. Juan Perón (2007: 95)
Un aspecto fundamental del Decreto 29.337/49, es que en el artículo 2 se comprometió al Estado Nacional a dotar a las universidades de los recursos complementarios necesarios para alcanzar dicho objetivo.
Con anterioridad, la ley 13.031/47 creó un tributo especial para financiar la universidad conformado con el impuesto del dos por ciento a toda persona –de existencia física, ideal, con o sin personalidad jurídica, o sucesión indivisa– que empleare trabajo de otra.
La ley 14.297/54 incluyó entre los fondos de las universidades los provenientes del artículo 8 de la Ley 13.558 (Presupuesto Nacional) que fijó que “Del producido del impuesto a que se refiere la Ley 13.343 y previa deducción de la participación que corresponde a las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, aféctase el cincuenta por ciento (50%) con destino a las universidades nacionales, constituyendo la suma que así se obtenga los «recursos universitarios», provenientes de dicha ley”.
Entre 1946 y 1952 el presupuesto aumentó de 48 a 307 millones de pesos moneda (+ 636%), se destinaron 4 millones de pesos a becas y se distribuyeron gratuitamente 174.642 ejemplares de apuntes (Ministerio de Educación de La Nación 1952: 30-31).
Aspectos derivados de la gratuidad universitaria
“No puede concebirse a la universidad como separada de la comunidad, y es inadmisible que proponga fines ajenos o contrarios a los que asume la Nación. No puede configurarse como una isla dentro de la comunidad, como fuente interminable de discusiones librescas”. Juan Perón (2007: 72).
Resultado de la sanción de la gratuidad universitaria la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente. Recién con la dictadura militar del año 1976 se generó un retroceso en la inscripción de nuevos estudiantes:
| Año | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 |
| Matricula | 47.400 | 80.445 | 138.317 | 160.047 | 222.903 | 261.342 | 487.389 | 386.743 |
Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación de la Nación.
A diferencia de los gobiernos comunistas o de los capitalismos europeos de la época, la democratización del acceso en 1949 no se complementó con la implementación de cursos de ingreso que direccionaran las inscripciones o con la fijación de cupos preestablecidos por carrera.
El Justicialismo articuló en tensiones dos grandes tradiciones universitarias. Por un lado, respetó aspectos de la cultura individualista y reformista en la cual cada estudiante decide por vocación o interés personal su carrera.
Por otro lado, impulsó programas tendientes a reforzar áreas de investigación, docencia y transferencia en el universo de las ingenierías y de las carreras industriales. En 1944 se crearon la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (Decreto 14.538/44 y ley 12.921/46) y la Dirección General de Enseñanza Técnica. En 1948 se aprobó la ley de apertura de la Universidad Obrera Nacional con una oferta de ingenierías y con horarios nocturnos para trabajadores (Ley 13.229). Si bien las disciplinas aplicadas y tecnológicas tuvieron un considerable crecimiento, no se modificó estructuralmente la tradición profesionalista y la elevada matrícula de las áreas sociales y humanísticas que se mantiene vigente hasta la fecha.
En un gran resumen, la gratuidad del sistema de educación superior implicó:
a- Variable económica laboral. El Plan Quinquenal aceleró el desarrollo industrial e impulsó la creación de una nueva infraestructura, la reorganización estatal y empresarial y la renovación de maquinaria. Todo eso demandó una importante capacitación de mano de obra para la industria y para gestionar el sector público en las áreas de salud, asistencia social o infraestructura. El Decreto 29.337/49 facilitó el ingreso a la universidad de los sectores de bajos recursos masificando la matricula estudiantil y aumentando el número de profesionales titulados. La medida buscó cubrir las demandas de capacitación que son propias de una economía en crecimiento y con pleno empleo. Dicha medida favoreció el desarrollo regional y la soberanía cultural, científica y tecnológica local, regional y nacional.
b- Variable social y política. La gratuidad democratizó el acceso a la institución y permitió que la educación superior cumpla una función de ascenso y de igualación social y cultural. Todos los jóvenes más allá de si situación económica, tenían que poder estudiar potenciando sus aptitudes y vocaciones. La medida acercó a miles de latinoamericanos imposibilitados de acceder a ese derecho en sus países. Tal decisión, supuso una modificación política en el país permitiendo a los sectores populares el acceso a cargos públicos y privados y a responsabilidades institucionales que históricamente eran propias de una elite económica. Con la democratización universitaria se generaron condiciones para modificar el origen social de la clase gobernante.
c- Variable tecnológica. Juan Perón consideró que “en lo científico tecnológico, se reconoce el núcleo del problema de la liberación. Sin base científica tecnológica propia y suficiente, la liberación de hace también imposible (…) las diferencias que nos separan de las grandes potencias han sido ahondadas por la brecha tecnológica” (Perón 2007: 14 y 32). La sanción de la gratuidad fue paralela al impulso estatal al desarrollo de la energía atómica (CNEA), la investigación científica (CONITYC o Instituto Antártico) y la tecnología aplicada a la industria (IAME o Fabricaciones Militares). El aumento de la matrícula universitaria iba a derivar en la radicación de los estudiantes y profesionales en las áreas de vacancia tecnológica y científica estratégicas.
- Retrocesos históricos
Luego de producido el golpe de Estado en el año 1955, se derogó el entramado institucional y normativo del Justicialismo. Fueron suspendidas la Constitución Nacional del año 1949 y cientos de leyes incluyendo las de educación superior aprobadas en 1947 y 1954.
El Decreto Ley 6.403 de “Organización de las Universidades Nacionales” sancionado en el mes de diciembre del año 1955, eliminó las menciones a la gratuidad de la educación superior. Las instituciones en el marco de la autonomía podrían fijar aranceles y regular sus políticas de ingreso.
La Ley Orgánica de universidades 17.245/67 sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, si bien sostuvo que “La enseñanza será gratuita salvo en los cursos para graduados”, abrió la puerta a un arancelamiento. El artículo 92 de la norma estableció que “Las Universidades establecerán el mínimo anual de materias aprobadas con que podrá mantenerse el derecho a esa gratuidad. Fijarán asimismo las excepciones a contemplar, los requisitos que deberán llenarse para recuperar el referido derecho y los aranceles anuales fijos a cobrar en los casos señalados, que no podrán ser inferiores a la asignación básica del menor sueldo de la escala docente. Se establecerán también los derechos por exámenes repetidos y por repetición de trabajos prácticos los que serán progresivos en la misma materia para el mismo alumno (…) Los fondos recaudados deberán destinarse íntegramente para becas estudiantiles”.
El gobierno democrático del año 1973 eliminó los aranceles y las tasas académicas implementadas en los años sesenta y principios de los setenta.
La dictadura militar del año 1976 nuevamente introdujo aranceles a los estudios. La “Ley orgánica de las universidades nacionales” 22.207/80 fijó que “Respetando el principio de igualdad de oportunidades, la enseñanza podrá arancelarse conforme con una reglamentación general, dentro de excepciones o de aranceles diferenciales. Las Universidades podrán disponer la percepción de tasas por la prestación de servicios administrativos”.
Con la vuelta a la democracia en el año 1983 las universidades argentinas eliminaron el cobro de aranceles. Sin bien el Gobierno Nacional no aprobó ninguna norma específica que lo detallara, este principio se consolidó como una cultura institucional. Es en este sentido, que la Constitución Nacional del año 1994 reconoció los “principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.
Si bien la gratuidad tiene sanción constitucional desde el año 1994, la Ley de Educación Superior 24.521/95 contempló la potestad de las universidad de conseguir“recursos adicionales” provenientes de “contribuciones o tasas por los estudios de grado”, que tenían que “destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos”.
La Ley 27204/15 modificó este y otros artículos de la Ley de Educación Superior y fijó taxativamente que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.
5- 1949-2019 setenta años de gratuidad universitaria
“El futuro debe edificarse sobre bases tanto filosóficas como eminentemente prácticas. Por ello, el intelectual debe remitirse a interpretar el cambio y a vislumbrarlo con suficiente anticipación, así como a poner en juego la inteligencia junto con la erudición, la ciencia social junto con la ciencia física, el mundo de las ideas junto con el de la materia y el del espíritu y la idea junto con la creación concreta”. Juan Perón (2007: 113)
La ley 26.320/07 estableció el día 22 de noviembre como «Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria«, homenajeado la importante fecha histórica.
Desde el año 1949 a la actualidad, se implementaron varias políticas de Estado tendientes a garantizar el derecho de los sectores populares a ingresar a la universidad. La eximición del pago de aranceles fue complementada programas de becas de diversa índole y con la apertura de comedores y de residencias estudiantiles subsidiados.
La expansión del sistema universitario en todas las provincias facilitó el acceso a la educación a muchos jóvenes, que antes se veían limitados por la distancias geográficas y culturales. La apertura de instituciones en el Conurbano Bonaerense y en otras localidades socialmente relegadas y con escasa tradición universitaria, modificaron la histórica localización educativa ubicada meramente en las grandes capitales donde habitaba la clase alta. Uno de los rasgos de la mayoría de estos establecimientos, es que una parte mayoritaria de sus estudiantes son de primera generación familiar universitaria.
Es más de un aspecto, en este último tiempo la política universitaria avanzó en su sentido democratizador. No se puede decir lo mismo del proyecto de país y a diferencia de la Argentina del año 1949, actualmente el Estado no garantiza el pleno empleo de las familias de los estudiantes y no tiene un proyecto industrial que ponga en valor el conocimiento universitario. El Estado carece de planificación en el mediano y largo plazo. La clase dirigente tiene conceptos enfrentados acerca del tipo de país que hay que promover y eso dificulta la formación de líneas estratégicas y coherentes de programación universitaria en el mediano plazo.
En el siglo XXI estamos aplicando recetas económicas liberales del siglo XIX y la Argentina está reprimarizando la economía y reforzando su perfil agropecuario y exportador. Los datos de la actividad industrial de los últimos años son negativos y se están perdiendo miles de puestos laborales. A este modelo de desarrollo le sobran trabajadores y no requiere de técnicos y de una mano de obra calificada.
Argentina está acentuando un perfil social que es propio de Latinoamérica y que se caracteriza por la existencia de grandes diferencias de ingresos entre una minoría rica y una mayoría sumamente pobre. El subdesarrollo económico y la desigualdad están moldeando un país que parece acostumbrarse a que el 40% de sus habitantes vivan en la marginalidad, el desempleo, el subempleo o con planes sociales.
El académico, el artista y el científico no se van a desarrollar individualmente si la comunidad en la cual viven fracasa. El gran desafío a setenta años de la sanción del Decreto 29.337/49 es reconstruir el proyecto nacional que le dio origen y justificación a la medida. En su defecto, por más gratuita que sea la universidad, no dejará de ser elitista y mantendrá la nueva división social existente en la Argentina entre los incluidos y los descartados.
Bibliografía citada
– Del Bello Juan Carlos (2007) La Universidad Privada Argentina, Del Zorzal, Buenos Aires.
– Dércoli Julián Andrés (2014) La política universitaria del primer peronismo, Nuevo Encuentro, Buenos Aires.
– Guadagni Alieto Aldo (2018) Hay que fortalecer la inclusión social de nuestra universidad, Centro de Estudios de la Educación Argentina, Universidad de Belgrano, Año 7, N 77.
– Hernández Arregui, Juan José (1972) Peronismo y Socialismo, Hachea, Buenos Aires.
– Jauretche Arturo (2006) El Medio pelo en la sociedad argentina, Corregidor, Buenos Aires.
– Ministerio de Educación de La Nación (1952) Labor desarrollada durante la primera presidencia del General Juan Perón, Ministerio de Educación de La Nación, Buenos Aires.
– Perón Juan Domingo (2007) Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, INJDP, Buenos Aires.
– Puiggrós Adriana (1993) Peronismo, cultura política y educación, Galerna, Buenos Aires.
– Recalde Aritz (2016) Intelectuales, Peronismo y Universidad, Punto de Encuentro, Buenos Aires. – Sesiones Cámara de Diputados (1947) Sesiones del 23 y 24 de julio de 1947, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de La Nación.
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