Medio siglo de la Masacre de Trelew

Con múltiples actos y actividades se conmemoran hoy los 50 años de la Masacre de Trelew, hecho que para muchos marcó el inicio de lo que posteriormente de conocería en nuestro país como el Terrorismo de Estado.

Un 22 de agosto de 1972 fueron fusilados 19 presos políticos, quienes una semana antes habían intentado fugarse del penal de Rawson. Tras el fallido operativo, los militantes negociaron su entrega frente a un Juez federal y los medios de comunicación, pero eso no evitó el brutal desenlace ocurrido en la base aeronaval Almirante Zar.

Sobre este tema charlamos con Remo Carlotto, actual secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur y docente en la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de nuestra universidad.

¿Qué ocurrió el 15 de agosto de 1972, una semana antes de la denominada Masacre de Trelew?

La Masacre se da en el contexto de una acción llevada adelante por distintas organizaciones guerrilleras de la época —el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros— que organizan un operativo de fuga desde adentro del penal de Rawson con apoyo logístico externo. En esa cárcel estaban alojados cientos de militantes de agrupaciones guerrilleras, políticas, sindicales, etc., que eran referentes de lucha y resistencia a la dictadura de ese momento que se denominaba “Revolución Argentina”, que había sido encabezada por (Juan Carlos) Onganía y que en 1972 estaba bajo la conducción de (Alejandro Agustín) Lanusse.

La idea era lograr la fuga de seis cuadros de dirección de las organizaciones y de otros intermedios. Entonces, toman el penal desde adentro, pero afuera hay un desentendimiento logístico y no cuentan con los vehículos necesarios para llevar adelante la fuga. Sacan primero a los seis dirigentes y después sale un grupo de 19, en total 25. Los primeros seis, junto a una coordinación que tenían, toman un avión de la línea Austral rumbo a Chile. Los otros 19 llegan en un momento en el que ya no se podía retener más al avión y acuerdan que fuguen los cuadros superiores[1]. Los 19 restantes toman el aeropuerto y negocian su entrega ante un juez federal y los medios de comunicación, donde explican la situación que se vivía en las cárceles con los presos políticos y plantean el miedo por su integridad física y por las torturas que se daban.

Los 19 se entregan y, en vez de ser trasladados a Rawson, son llevados a la base aeronaval Almirante Zar de Trelew. Todo esto sucede el 15 de agosto y una semana después son sacados de los calabozos, puestos en fila y fusilados, hecho en el que participan dos oficiales de la marina y otros suboficiales que llevan adelante el fusilamiento.

Tres de ellos lograron sobrevivir…

Cuando van los médicos a constatar que estaban muertos se dan cuenta de que tres de ellos[2] seguían vivos, entonces son trasladados para su recuperación. Luego, se convirtieron en los principales testimoniantes de lo que ocurrió y su relato queda registrado en una entrevista que le dan a Francisco “Paco” Urondo un día antes de ser liberados de la cárcel de Devoto, el 24 de mayo de 1973, cuando asume la presidencia Héctor Cámpora y se da una amnistía general de presos políticos. Luego los tres fueron víctimas de desaparición forzada en la dictadura del ‘76.

¿Cómo se justificó este hecho?

Lo que se intentó construir allí es lo que se denomina la Ley de Fuga, donde se aplica el criterio de construir el escenario, es decir, los militantes habían intentado fugarse nuevamente y en el forcejeo les quitan armas a los miembros de la marina, entonces a los oficiales no les queda más remedio que disparar. Es una vieja usanza de ejecuciones sumarias que se aplica en el ámbito de las luchas políticas en el mundo.

¿Qué ocurrió en la sociedad?

La Masacre se da en un contexto donde imperaba una dictadura desde el ’66 y donde se había instalado la doctrina de seguridad nacional, que buscaba la identificación del enemigo interno y la lucha contra la subversión y el enemigo comunista. Había persecuciones a organizaciones sindicales, a aquellas de origen peronista y a las guerrilleras, y continuaba la proscripción del peronismo. La lucha armada era parte de la lucha popular que se daba en esa época y eso explica la posibilidad logística de poder copar un penal de máxima seguridad y tomar un avión y fugarse. Toda esta operatividad se da dentro de un plan de lucha y resistencia contra los procesos dictatoriales y en busca de un proceso democrático sin proscripciones y con un nuevo modelo de Estado. En ese sentido, también hay una irrupción masiva de la juventud en las organizaciones del momento, que crecen y se encolumnan bajo las banderas del peronismo para pedir el fin de la dictadura y el retorno de Juan Domingo Perón. Además, hubo una participación popular de apoyo a los presos políticos y sus familiares en Trelew y de rechazo ante lo sucedido[3].

Muchos aseguran que la Masacre fue el punto que marcó el inicio del terrorismo de Estado, ¿coincidís en esta afirmación?

El primero en plantearlo fue Eduardo Luis Duhalde, que era abogado de presos políticos en esa época. En la Masacre, los compañeros y compañeras se entregan ante un juez federal y plantean ante los medios de comunicación su estado de situación y cuál sería el peligro para sus vidas a partir de volver a estar en manos de los represores. Ese mismo día, la dictadura sanciona una ley en la que toma capacidad operacional sobre el tema e impide la circulación de información, es decir, que hay toda una acción coordinada de censura. Además, hay un corrimiento de la Justicia federal y una intención de generar un acto de escarmiento tras la ley de fuga. A diferencia de lo que ocurrió luego a partir de 1976, este acto criminal se da en un momento de avance de las luchas populares y en un camino de apertura democrática.

La Justicia procesó a seis responsables en 2012, 40 años después…

La caracterización que hizo la Justicia argentina es la prosecución de estos juicios en el marco de la Comisión de crímenes de lesa humanidad, es decir, que estos crímenes son imprescriptibles e inamnistiables. Se busca la reparación directa de las víctimas, sus familiares y el conjunto de la sociedad, para que los responsables reciban una condena ejemplar y sean condenados más allá del tiempo. La morosidad de la Justicia, los procesos de impunidad en los que se pidió la prosecución de estos crimines no debe impedir que se siga reclamando verdad, memoria y justicia. Es importante resaltar la responsabilidad del Estado ante estos hechos.

Este año también se condenó, en un juicio civil, al oficial de la marina Roberto Bravo, que está exiliado en Estados Unidos…

Sí, y es una condena muy importante porque Bravo vive en Estados Unidos desde 1973, obtuvo la ciudadanía y se convirtió en un empresario proveedor del Estado norteamericano, entonces el proceso de extradición y demanda es difícil. La responsabilidad de un juicio civil es importante pero hay que seguir reclamando que pueda ser enjuiciado y encarcelado en la Argentina.

En estos procesos de memoria, verdad y justicia es fundamental el rol de los abogados…

Definitivamente. Desde el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo se han llevado adelante estrategias de búsqueda de Justicia frente a los procesos de impunidad —que terminan con la llegada de Néstor Kirchner— sumado al criterio de reparación, con penas para los responsables y con un reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado. Y también es esencial instalar el principio de no repetición dentro de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y de los estamentos gubernamentales para que aquellos que cometen violaciones a los derechos humanos sean sancionados.

[1] Marcos Osatinsky y Roberto Quieto (FAR), Mario Roberto Santucho, Domingo Menna, Enrique Gorriarán Merlo (PRT-ERP) y Fernando Vaca Narvaja.

[2] María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar.

[3] El 11 de octubre tuvo un lugar el “Trelewazo”, una protesta popular contra el accionar represivo que secuestró y trasladó a la cárcel de Devoto a 16 habitantes que participaban de las comisiones de solidaridad con presos políticos cuando apenas habían pasado 45 días de la Masacre de Trelew.