“Es simplemente un olvido,
una amnistía de todos para todos.
Un olvido de todos para todos”.
Congreso de los Diputados de España, 1977
La Ley de Amnistía aprobada en 1977 en España tuvo el objetivo de dejar atrás al Franquismo y a todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el período comprendido entre el final de la Guerra Civil (1936-1939) hasta 1975, año en el que murió Francisco Franco. Este olvido impuesto se rompió hace una década, cuando un grupo de víctimas decidió denunciar y reclamar una reparación a partir del principio de Justicia Universal. De esta manera, se organizó la “Querella argentina”, que tiene como representante a la jueza María Romilda Servini de Cubría.
La lucha de los sobrevivientes quedó registrada en el documental “El Silencio de Otros” dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar que, si bien fue estrenado el año pasado en nuestro país, obtuvo una gran repercusión luego de que la plataforma Netflix lo incluyera hace pocos meses en su programación.
Junto a Valeria Barbuto del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa analizamos el caso español y las políticas implementadas en torno a la memoria, la verdad y la justicia.
¿Por qué se tardó tanto en confrontar la Ley de Amnistía?
La discusión sobre lo que ocurrió en España sigue aún en discusión y la definición no es poca cosa, porque es la base para saber qué hacer, porque si hubo un genocidio tiene que ser juzgado. No se abordó lo sucedido y eso podría haber demorado la discusión social sobre si Franco vino a poner orden o en realidad impuso un régimen autoritario y violento. La Ley de Amnistía es la muestra o la expresión de una discusión mucho mayor, que es la salida del Franquismo y cómo se hizo, es decir, se impuso el acuerdo hegemónico sobre la transición y se priorizó reconstruir y darle gobernabilidad a España, dejando atrás lo sucedido. Cualquier ley que garantice impunidad para graves violaciones a los derechos humanos es el resultado en todos los países de ciertas discusiones sobre qué se hace con lo que pasó. Independientemente de cómo se lo mencione, hablamos de períodos que las sociedades entienden como excepcionales, entonces el interrogante es saber qué se hace. Y en todos los casos ante esa pregunta se pueden tener diversas respuestas, pero siempre son peleadas. En el caso español, la salida fue a través de un consenso bastante generalizado en el que salvo las víctimas, los familiares afectados por masacres, desapariciones y todo lo que se muestra en el documental, se acordó dar vuelta la página.
¿Qué significa el principio de Justicia Universal?
La jurisdicción universal entiende que un crimen de lesa humanidad es un crimen que ofende a toda la humanidad, y no solo a las personas del país donde ocurrió. El país tiene la obligación de investigar y juzgar, no puede dar amnistía. Pero si no lo hiciere, cualquier otro Estado puede hacerlo. Esto es en un aspecto muy general. La “Querella argentina” fue una enorme estrategia, brillante, innovadora para movilizar a la justicia a nivel nacional e internacional. Y es por eso que el caso español tuvo repercusión en nuestro país.
¿Por qué creés que se eligió a la Argentina?
Hay una relación que se da por las raíces culturales, que es muy fuerte y, además, los tribunales argentinos tienen mucho más arraigado el tema de los derechos humanos. Esta idea fundamental se da dentro de una genealogía común donde Argentina hizo uso de esa Justicia Universal a través de los juicios que llevó en España el juez Baltasar Garzón.
¿Podemos afirmar que nuestro país fue pionero en la defensa de los derechos humanos?
Las consecuencias de llevar adelante la verdad, la memoria y la justicia como en nuestro país requieren de mucha valentía. Además, los organismos de derechos humanos fueron muy fuertes y contaron con apoyo de sectores políticos y sociales. En Argentina, entre el ‘82 y el ‘84 comienza la discusión sobre qué sucedió y qué se iba a hacer. Ahí los sectores de derecha o más militares argumentaban que había habido una guerra contra quienes querían subvertir los valores morales, el derecho occidental y cristiano, que habían sido aniquilados, y que lo que iba a juzgar era el juicio de la historia. A eso se le dio una discusión a nivel local e internacional y el consenso generalizado determina que había habido graves violaciones a los derechos humanos. Entonces entramos a la democracia con un discurso sostenido desde las instituciones, que sin juzgamiento no iba a haber democracia y con una sociedad que decía que ese juzgamiento debía ser completo. Y eso es totalmente diferente a lo que sucedió en España, pero también en Chile, Brasil, y Uruguay, por ejemplo.
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