Reflexiones urgentes acerca de la pandemia en ámbitos específicos

Los eventos violentos que sucedieron en los últimos días en distintas unidades penitenciaras a lo largo del país, dan cuenta de que no se está avanzando en responder a las necesidades de la población privada de la libertad. Estas incluyen tanto medidas sanitarias, a partir de la aplicación de protocolos claros ante casos sospechosos, como también otras relacionadas con la provisión de insumos de higiene y limpieza de los lugares de detención, caracterizados por bajos estándares en las condiciones de mantenimiento. En paralelo, la demora en la respuesta judicial con respecto a modificaciones en regímenes de detención (como por ejemplo prisiones domiciliarias), genera un incumplimiento estatal a las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, los tres poderes estatales, tanto nacionales como locales, deben involucrarse activamente en la temática y, desde una perspectiva integral e intersectorial, promover la implementación de resoluciones adecuadas a la situación prevalente.

El grupo de trabajo sobre “Territorios, Derechos Humanos y Consumo”- del Doctorado y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria del Departamento de Salud Comunitaria- elaboró aportes específicos teniendo en cuenta los “tiempos bisagra” por el avance de la pandemia por COVID-19, aunque este equipo (conformado por Alejandra Barcala, Mariano Poblet Machado, Pablo Quatrini, Leandro Sabatini, Cecilia Ros, Luciana Rubel y Alejandro Wilner) ya venía trabajando previamente en estos temas.

a. Cárceles y Salud Mental

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria se han emitido varios pronunciamientos respecto a la problemática de la población carcelaria y consecuentes recomendaciones a diferentes niveles de actuación. A grandes rasgos, estos apuntan a la adopción de medidas sanitarias, la reducción de la superpoblación de los lugares de encierro y la adopción de medidas de compensación (como por ejemplo la autorización para la utilización de celulares). La repercusión y discusión política, comunicacional y social que se generó por estas medidas no puede ocultar que son necesarias para evitar un aumento de la violencia en dicho ámbito particularmente complejo, así como para prevenir la extensión de la pandemia en contextos de encierro.

Consideramos importante señalar la preocupación acerca de la respuesta sanitaria en el ámbito penitenciario. Asegurar la provisión de servicios de salud suficientes y de calidad es responsabilidad de las diferentes jurisdicciones estatales: sin embargo también implica un desafío para los y las trabajadores de la salud. Producir cuidados para padecimientos subjetivos, en un escenario de tensiones y violencias así como en un contexto en que las prestaciones sanitarias no pueden escapar a las lógicas penitenciarias, resulta complejo y requiere de estrategias creativas y novedosas que no siempre pueden producirse e implementarse en una situación definida por la escasez de personal y la ausencia de estímulos para el trabajo.

En este marco, es necesario instar a la implementación de programas de capacitación sobre bioseguridad, así como al compromiso de cumplimiento por parte del personal de seguridad, quienes desarrollan actualmente y a raíz del contexto una novedosa función de cuidado al interior del penal.

b. Personas que usan drogas

En estos días se habla del aumento de situaciones de ansiedad, angustia, tristeza, melancolía, abatimiento, desorganización de la vida cotidiana, dificultades para conciliar el sueño, entre otras. En las personas con consumos problemáticos, estos padecimientos suelen tener relación con incrementos en los deseos de consumir y en transformaciones sobre sus prácticas de consumo.

En este contexto consideramos importante que, quienes producimos cuidados formales o informales con personas con consumos problemáticos, busquemos garantizar la continuidad de dichos cuidados. Por otro lado, es importante tener en cuenta que las personas que usan drogas se enfrentan a riesgos adicionales en el marco de la pandemia, que requieren consideración e intervenciones particulares. Por ejemplo, compartir un cigarrillo, un vapeador, una pipa o cualquier otro equipo de inhalación o inyección puede promover el contagio por contacto, pero también porque el consumo de algunas sustancias es responsable de producir intensa tos que incrementa la diseminación viral.

Asimismo conviene advertir que, debido a la prevalencia de algunas condiciones crónicas de salud entre las personas con consumos problemáticos de sustancias, muchas de ellas presentarán un riesgo particular de contraer una enfermedad respiratoria grave si se infectan con COVID-19.

Algunos ejemplos podrían ser:

• La prevalencia de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) y el asma es más alta entre las personas que consumen drogas que en la población general (Palmer et al., 2012).
• Existe una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares entre las personas que se inyectan drogas y aquellas que usan cocaína (Thylstrup et al., 2015) (Schwartz et al., 2010).
• El consumo de tabaco y la dependencia de la nicotina pueden aumentar sus riesgos de experimentar resultados más negativos.
• Las prevalencias de portación de VIH, de hepatitis virales y de cáncer de hígado son altas entre las personas que utilizan drogas inyectables.

Por otro lado, las restricciones a la movilidad de las personas debido al aislamiento físico, preventivo y obligatorio complican el acceso a las drogas que consume esta población habitualmente y podría incrementar cuadros de abstinencia, así como situaciones de violencia vinculadas con la obtención de estas sustancias, tanto desde las y los usuarioscomo desde quienes las trafican.

Antes de finalizar, resulta ineludible advertir sobre los riesgos asociados a la estadía en ciertos centros de internación para el tratamiento de drogas y servicios de bajo umbral, cuyo incumplimiento de condiciones materiales mínimas (llegando incluso al hacinamiento) dificulta la posibilidad de implementar algunas medidas de higiene y distanciamiento físico, fragilizando así la continuidad y las condiciones en que se producen los cuidados.

Para cerrar, difundimos los canales institucionales tanto para casos de denuncia y control ante abusos policiales, como ante violencia familiar o sexual o situaciones relacionadas con uso de drogas:

• Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, línea para informar sobre hechos de Violencia Institucional, Tel. 0800-122-5878.
• Órgano de Revisión de Salud Mental,para informar sobre cualquier situaciónque involucre los derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de salud mental (011) 4342-5916/5848 (Fax) 4342-5839 – 0800-333-6776, Mail organoderevision@mpd.gov.ar
• Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,para informar sobre malos tratos, abusos, agravamiento de condiciones de detención, torturas, violencia institucional. E-mail: administracion@cnpt.gob.ar
• Respecto de violencia familiar y sexual, la línea 137 (Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación) atiende las 24 horas, los 365 días del año. Funciona desde el año 2006 y es atendida por profesionales de Psicología, Trabajo Social y un equipo jurídico, todos con una larga trayectoria de acompañamiento, orientación y seguimiento en estas situaciones de emergencia.
• La línea 141 de escucha y atención de SEDRONAR es un servicio gratuito, anónimo, de alcance nacional y que atiende las 24 horas de cada día. El mismo tiene por objeto acompañar a aquellas personas que atraviesan situaciones de consumo de sustancias, como así también a quienes solicitan ayuda para un/a familiar o amigo/a.

Canal de Youtube del Doctorado en Salud Mental Comunitaria:
www.youtube.com/channel/UC9uFgRsWgJbx_pCp81inx4Q

Facebook: www.facebook.com/smcunla/