Un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley 1420, que tuvo lugar el 8 de julio de 1884, es un pretexto para considerar la evolución de la defensa de la educación pública en nuestro país y los desafíos que enfrenta hoy esta tarea.
La Ley 1420 fue fundante del sistema educativo argentino porque estableció que la obligatoriedad de la educación común, que era la que se adquiría en la escuela primaria, debía ser garantizada por el Estado: “La obligación escolar supone la existencia de la escuela pública gratuita al alcance de todos los niños en edad escolar” (art. 5). A partir de esta Ley, el Estado Nacional creó escuelas primarias en los territorios nacionales o gobernaciones y, luego, con la Ley Lainez en 1905, también en las provincias que lo requerían. Por lo tanto, la obligatoriedad de la educación común significó una apuesta del Estado por la expansión de la enseñanza primaria.
La sanción de la Ley 1420 implicó la imposición de los liberales sobre los católicos, que eran los dos bandos que se disputaban el control de la educación, como quedó de manifiesto en el Congreso Pedagógico de 1882 y en el debate parlamentario de esta Ley y, visto desde la perspectiva del presente, podríamos decir que paradójicamente eran los liberales quienes defendían el control del Estado sobre el sistema educativo, que se materializó en la creación del Consejo Nacional de Educación que concentraba las funciones de control y supervisión; mientras que los católicos defendían que la familia era la responsable de la educación y que se debía salvaguardar el derecho de los particulares a impartir educación, esta Ley lo reconoció, al prever la existencia de colegios y escuelas particulares, pero bajo la supervisión estatal.
Este impulso de la escuela pública por parte del liberalismo oligárquico -recordemos que en 1884 gobernaba el general Julio A. Roca-, se inscribía en un proyecto político que consistía en la inserción de Argentina en la economía mundial como exportadora de materias primas para la industria inglesa, importadora de productos manufacturados y receptora de créditos o empréstitos que reafirmaban nuestro rol subordinado en la escala internacional y, entre otras consecuencias, implicaba la destrucción de las economías regionales.
La función de la escuela en el modelo liberal oligárquico tuvo un inspirador insoslayable: Domingo Faustino Sarmiento quien en 1849 en Chile había publicado Educación Popular, donde propone una instrucción pública estatal, semejante a la que había observado en los países europeos y en los Estados Unidos, en su viaje financiado por el gobierno chileno para que formulara una propuesta para organizar la educación en el vecino país. Para Sarmiento, imbuido de los ideales eurocéntricos de la Ilustración, la educación tenía una función política que era reasegurar el orden social. De allí su famosa frase: “un pueblo ignorante siempre votará por Rosas”. La educación común debía homogeneizar a los inmigrantes borrando sus particularidades culturales y eliminar la barbarie, es decir, civilizar a los gauchos, los mestizos y los descendientes de los pueblos originarios o exterminarlos, como hizo Roca para incorporar sus tierras al modelo agroexportador.
Esta función política de la educación es la que Juan Carlos Tedesco, en su obra clásica[1], caracteriza como la finalidad de la educación en esta etapa: formar ciudadanos que aceptaran el orden liberal oligárquico y el modelo agroexportador. La creación de los sistemas educativos nacionales, aquí y en otras latitudes, revistió siempre dos facetas: por un lado asegurar o reproducir el orden social, pero a la vez formar a las personas para que puedan desempeñarse en otros lugares que el que naturalmente le asigna la sociedad.
Entonces, ¿qué podemos reivindicar hoy de la Ley 1420? La creación de un sistema educativo basado en la educación pública financiada por el Estado, con alcance nacional. Ese sistema permitió primero el ascenso de los sectores medios urbanos, que a través de la educación accedían a la Universidad y a la política. Por ello, en 1918, cuando gobernaba la Unión Cívica Radical apoyada por las clases medias que habían desplazado del poder político a la oligarquía, los universitarios reclamaron que la Universidad se reformara de acuerdo con la nueva correlación de fuerzas que imperaba en el país.
Nuevos modelos
Con la crisis mundial del capitalismo en 1930, surgió un nuevo modelo de Estado que se propuso intervenir en la economía y garantizar los derechos sociales básicos, la salud, la educación y el trabajo. Para este modelo estatal, la educación tenía que asociarse al mundo del trabajo: ya no bastaba formar ciudadanos que se integrasen al orden social y una élite para gobernar, en el nuevo contexto se requería también formar trabajadores para una economía que se complejizaba. Por ello, la escuela media deja de ser solo un estudio propedéutico para los estudios universitarios y se diversifica en educación comercial para la gestión y la administración, educación industrial y educación agropecuaria, junto a las clásicas escuelas normales y bachilleratos.
En Argentina quien ensaya la respuesta más creativa para vincular la educación con el trabajo es el peronismo, a través de la creación en 1944 de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), como un sistema paralelo al sistema educativo formal, con la finalidad de brindarle formación a los/as jóvenes que no habían podido acceder a la escuela, para que pudiesen progresar en sus trabajos y cuya culminación era la Universidad Obrera Nacional, que tenía como finalidad la formación de ingenieros de fábrica. A la par, por el pleno empleo y el crecimiento económico, más jóvenes, en especial, urbanos, pudieron concluir sus estudios primarios y secundarios y también acceder a la Universidad, cuya gratuidad se estableció en 1949 y cuya matrícula en este período tuvo un crecimiento del 187%[2].
Con la recuperación de la democracia en 1983, la educación fue cuestionada y asociada a la inestabilidad institucional que había experimentado el país desde 1930. Para fundar nuevas bases para reconstruir un sistema educativo democrático, se convocó al segundo Congreso Pedagógico, donde se propuso una reforma estructural y una descentralización del sistema; pero la inestabilidad política y las crisis hiperinflacionarias impidieron que se tratase una nueva ley de educación.
En los 90, con el triunfo de las ideas neoliberales y la predisposición del gobierno a aceptar las sugerencias del Banco Mundial, se transfirieron a las provincias los establecimientos educativos que restaban del proceso iniciado en los 70 con la Dictadura, sin el traspaso de los recursos correspondientes. La implementación de la Ley Federal desestructuró la escuela media, en especial, la industrial, lo que sumado al proceso de desindustrialización y precarización laboral, profundizó el proceso de desigualdad y segmentó la educación en circuitos de diferentes niveles de calidad. A la vez, el desfinanciamiento de la escuela pública contribuyó al crecimiento de los establecimientos privados y la matrícula del sector, en especial en los centros urbanos. El ideal de una sociedad más integrada por la educación pública parecía haberse abandonado por utópico. El neoliberalismo imponía su lógica meritocrática por la cual los destinos individuales dependen solo de los esfuerzos que cada uno/a realice.
Ley de Educación Nacional
La crisis del neoliberalismo planteó la necesidad de que el Estado asumiera roles que había abandonado y, a partir del año 2003, una sostenida recuperación de la economía dio lugar a un proceso de transformaciones democráticas y populares. En ese marco, se reinstala la confianza en la educación pública como un instrumento para lograr una sociedad más inclusiva. La Ley de Educación Nacional (LEN) aprobada en el año 2006 refleja un amplio consenso de la comunidad educativa y pone de manifiesto una nueva orientación de las políticas educativas, que tiene alcance regional.
La LEN significa un cambio en la concepción de la educación, porque ahora “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” (art. 2), entonces al ser considerada un derecho debe ser para todos y todas. Por ello, la LEN comprende las diversas modalidades en las que se puede encontrar ese/a sujeto/a de derecho que requiere los servicios educativos: junto a los niveles del sistema educativo y modalidades tradicionales como la educación técnico profesional y la artística, prevé otras modalidades como la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de la libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. Este afán inclusivo de la LEN se expresa también en la obligatoriedad de la educación secundaria, con lo cual un nivel que había sido concebido para algunos tiene que realizar una profunda transformación institucional y cultural. La LEN fue precedida por la Ley de Financiamiento Educativo que estableció que para el año 2010 el presupuesto para el sector debía ser el 6% del PBI, lo que efectivamente se alcanzó. La implementación de la LEN dio lugar a una serie de políticas inclusivas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Plan Progresar, el Programa Conectar Igualdad y el Plan FiNes, entre otros.
El neoliberalismo en el gobierno recortó los fondos de la educación; subejecutó el presupuesto asignado para el sector; discontinuó programas que tenían una inequívoca finalidad inclusiva como el Conectar Igualdad, o los desfinanció, como al Plan FiNes, que promovía la finalización de los estudios primarios y secundarios por parte de jóvenes y adultos; redujo el presupuesto de las políticas socioeducativas destinadas a los sectores más desfavorecidos y también de la educación técnica, salida laborar de los/as jóvenes de los sectores medios bajos y bajos.
Ante la pandemia y la necesidad de mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio para salvar vidas, el neoliberalismo se quiso erigir en defensor de la educación pública, manteniendo la presencialidad cuando todos los países que tuvieron cifras de contagios como las nuestras habían interrumpido las clases. Pero la memoria colectiva debe servir para que recordemos quiénes han defendido la educación pública en forma consecuente y quiénes agitan consignas vacías en los medios de comunicación que les pertenecen. Durante la pandemia y el aislamiento han sido los/as docentes quienes han sostenido la escolaridad de miles de estudiantes de los diferentes niveles educativos mediante sus esfuerzos denodados, ratificando su compromiso y defensa de la educación pública.
El sistema educativo argentino que empezó a edificarse con la Ley 1420, sigue teniendo en la educación pública su columna más vital, porque es la que atiende y contiene a los sectores más desfavorecidos; la que procura incorporar nuevos sectores sociales que antes estaban excluidos, y la que a través de sus universidades busca alternativas científicas y tecnológicas frente a la pandemia.
[1] Nos referimos a Educación y Sociedad en la Argentina (1880 – 1900), Buenos Aires, Solar, 1970. Luego reeditado y ampliado, Educación y Sociedad en la Argentina (1880 – 1945), Buenos Aires, Solar, 1986.
[2] La matrícula universitaria pasó de 47.400 estudiantes en 1945 a 136.362 en 1955, según Fernández Lamarra, N. La educación superior argentina en debate. Situación, problemas y perspectivas. Buenos Aires, EUDEBA, 2003. p. 32.
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