Anabella Museri es Licenciada en Ciencias Políticas y candidata a Magíster en Criminología en la Universidad Nacional del Litoral. En el Instituto de Salud Colectiva de la UNLa (ISCo) trabaja en investigaciones asociadas con el servicio penitenciario, el impacto de las cárceles en la familia de los detenidos y el funcionamiento de la salud durante el encierro. De esta forma, se adentra en un submundo de presos invisibles, vejados por la violencia, marginados por la sociedad y sesgados por la ausencia de políticas públicas que les permitan tener oportunidades a la hora de reinsertarse en el medio libre. En el laissez faire del encierro, reina el abuso y el principio darwiniano que contempla la supervivencia del más apto. La corrupción atraviesa todos los campos, incluso el de la salud, puesto que en una auditoría reciente realizada por el ISCo se detectó que la provisión de medicamentos psiquiátricos era administrada, impunemente, por un detenido. Atravesar el muro de la cárcel es atravesarse a sí mismo. Quebrado al entrar, fragmentado al salir. El miedo arrasa con la adrenalina de la vuelta a casa, a la vida, pero: ¿qué vida?
-Organismos de Derechos Humanos denuncian con insistencia que la cantidad de muertos en las cárceles asciende cada año y señalan la violencia institucional como una de sus causales. ¿Cómo se puede tratar esta problemática?
–Lo primero es democratizar las estructuras penitenciarias. La reforma del servicio penitenciario es una cuestión pendiente desde el inicio de la democracia, las fuerzas no fueron reformadas y esta es una cuestión clave para trabajar sobre la violencia institucional y los altos índices de muertes en el encierro. En segundo lugar, trabajar en la disminución de la sobrepoblación, ya que es una cuestión muy ligada a los niveles de violencia y muerte entre los detenidos. En tercer lugar, el trabajo con las fuerzas, con los sistemas de control interno y de investigación ante denuncias y situaciones de torturas. Por último, la importancia que tiene el trabajo de los organismos de monitoreo. Lo que hay que tener en cuenta al momento de pensar reformas es la realidad de cada unidad, los problemas que tiene el servicio penitenciario bonaerense son distintos al federal. Estos muchas veces se superponen, se combinan, pero hay que entender la especificidad de cada cárcel y de cada población de detenidos. Hay que tener una mirada muy fina para poder pensar en reformas que realmente cambien el funcionamiento institucional actual.
-¿Qué significa “democratizar las fuerzas de seguridad”?
-Se trata de incorporar mayor personal civil y sistemas más transparentes de regulación. Los niveles de corrupción al interior de las instituciones penitenciarias son altísimos y esta es otra cuestión clave que confluye en un funcionamiento violatorio de derechos humanos. La corrupción hace que no lleguen la comida o los medicamentos necesarios hacia donde efectivamente deberían ir, por poner solo un ejemplo.
-¿Qué ocurre con la provisión de medicamentos?
-La regulación depende de cada servicio penitenciario, pero lo cierto es que el acceso a la salud está atravesado por los mismos problemas estructurales de los que hablábamos y lo que se conoce, a través de los detenidos, es que por cualquier cosa les dan una aspirina. Claramente existen muchas dificultades para acceder a los tratamientos y a los medicamentos necesarios. En paralelo, también está el tema de los medicamentos psiquiátricos y su regulación, ya que en una auditoría realizada por el Instituto de Salud Colectiva se detectó el caso de un detenido que administraba irregularmente este tipo de medicación.
-La inseguridad en la Argentina es cada vez más creciente y también la violencia con la que se desarrollan esos delitos. Popularmente, suele aseverarse que quienes comenten estos actos son reincidentes. ¿Qué cifras se manejan oficialmente?
-Lamentablemente, la información disponible y los datos sobre reincidencia son muy precarios. En esos casos, se debe poner la mirada en el funcionamiento de las cárceles y en lo que ocurre durante ese encierro para que haya reincidencia. Ahí el foco central son las políticas post penitenciarias, hay un trabajo deficiente del Estado en materia de educación y de acceso a las actividades culturales para los detenidos como herramientas necesarias para su reinserción en el medio libre. Muchas veces, el mismo servicio penitenciario boicotea e interfiere en la posibilidad de que los detenidos accedan a trabajo, educación y cultura.
-¿Cómo se compone la población de detenidos?
-Mayormente de jóvenes entre los 18 y los 34 años, varones, provenientes principalmente de los barrios más pobres, por el delito de robo con arma.
-Entre los detenidos se encuentran aquellos que están cumpliendo su condena y quienes aguardan sentencia firme, situación que afecta aún más a la superpoblación carcelaria. ¿Cuál es su visión respecto de esta complejidad?
-Históricamente la Argentina tiene un nivel elevado de presos en prisión preventiva, pese a las reformas que han existido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para tratar esta cuestión. Hay detenidos sin haber sido declarados culpables y esto va en contra de cualquier tratado internacional, incluso muchas de ellos salen absueltos después de haber estado meses en prisión.
En términos judiciales, la prisión preventiva se aplica en casos en los que se prueba la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, pero en la práctica existe un uso abusivo de esta medida que tiene que ver con la criminalización de ciertos sectores sociales, principalmente en jóvenes de barrios pobres.
-¿Se está haciendo algo para mejorar las condiciones del sistema penitenciario?
-Las medidas anunciadas tienen que ver con la construcción de más unidades, pero lo que hay que tener en cuenta es que sin un control sobre la cantidad de personas que ingresan al sistema y sin una mejora en las condiciones de detención, es muy difícil pensar en la optimización del sistema. Lo que surge es la necesidad fundamental de que se apliquen políticas de prevención de la violencia tanto entre detenidos, como de la que se ejerce institucionalmente sobre ellos. También resulta urgente mejorar el acceso a la salud, a la educación y al trabajo y la promoción de políticas post penitenciarias. Actualmente no existe una mirada del encierro que se enfoque en el tipo de herramientas que necesitan los presos para su adaptación al medio libre.
-Se está intentando impulsar un cambio en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, con el propósito de restringir las salidas transitorias, la libertad condicional y el régimen de semilibertad que permite el trabajo fuera del penal. ¿Qué consecuencias podría tener esta reforma?
-No hay una mirada respecto de la promoción de vínculos para los presos que están egresando del sistema. Generalmente, este tipo de medidas afectan aún más la sobrepoblación carcelaria, dificultan el contacto de las personas con sus familias y la posibilidad de acceso a un trabajo. De hecho, ya fueron aplicadas en otros contextos provinciales, por ejemplo en Mendoza, y demostraron su fracaso.
-Se habla siempre desde la óptica del detenido, pero ¿qué ocurre en el seno familiar?
-El impacto de la cárcel en las familias es una cuestión que está muy invisibilizada y su consideración resulta fundamental para el desarrollo de políticas públicas. En el caso de los hijos de los detenidos, los estudios realizados advierten del trauma que esta situación implica para ellos y de las difucultades que se imponen desde el sistema para el contacto con los padres. No hay políticas públicas destinadas a fomentar los lazos y las familias son centrales en el acompañamiento del proceso de salida. En general, son las mujeres las que en la práctica terminan modificando sus vidas: pagan abogados, hacen gestiones por traslados, visitan cárceles y juzgados permanentemente. Invierten dinero y reciben maltratos institucionales estigmatizantes, tanto en los juzgados donde no se les brinda información, como en el servicio penitenciario con requisas vaginales, como un ejemplo terrible de tantos otros. Ellas trabajan para mantener a sus hijos y para poder brindarle al detenido todo aquello que la cárcel no le da.
-¿Cómo impactó la cárcel en tu vida?
-Cuando uno ingresa a una cárcel se encuentra con un panorama tremendo, difícil. Se ven personas lastimadas, violencia y la ausencia de políticas que logren que la gente egrese del penal en mejores condiciones que al ingresar. Ellos salen con miedo, sin recursos ni herramientas para enfrentar la vida en el medio libre y termina por volver a delinquir. Lo que uno observa, claramente, es que estas cárceles no van a ser las que vayan a disminuir el nivel actual de violencia social.
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