En la madrugada del 20 de agosto de 1976, una explosión puso en vilo a los vecinos de Fátima. Un grupo de tareas del Ejército y de la Policía Federal hacían explotar los cuerpos de 30 militantes en el cruce de un camino de tierra con la Ruta Provincial Nº 6 del partido de Pilar. En un radio de cien metros se encontraron los restos de veinte hombres y diez mujeres que estaban detenidos ilegalmente en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y que eran, en su mayoría, referentes sindicales de la zona fabril norte del Gran Buenos Aires.
En 2008, el Tribunal Oral Federal Nº 5 condenó a prisión perpetua a los ex comisarios Carlos Enrique Gallone y Juan Carlos Lapuyole por la masacre, y absolvió al comisario Miguel Ángel Trimarchi. En 2010, el fallo fue ratificado por la Cámara de Casación. En democracia, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó veinticinco de sus víctimas, que en su momento fueron enterradas en una fosa común como “NN” en el cementerio de Derqui.
Sobre la “Masacre de Fátima” conversamos con Damián Ravenna, Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires. Ravenna es también autor del libro Los Derechos Humanos desde una Perspectiva Anticapitalista, publicado en el año 2021 como parte de la colección Cuadernos de Contrahegemonía y coeditado con la editorial Herramienta.
¿Qué sucedió esa madrugada de agosto de 1976 en Fátima?
Treinta compañeros desaparecidos, que luego se supo que estaban detenidos en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, fueron trasladados a la zona de Fátima en Pilar. Los llevaron sedados y maniatados. Fueron fusilados con un tiro en la cabeza y posteriormente dinamitaron sus cuerpos. Esto se hizo con la intención de simular un enfrentamiento, aunque los estudios posteriores indican que se trató de una venganza por el asesinato del General Omar Actis atribuido a Montoneros.
¿Cómo fue el proceso hasta que se logró juzgar a los responsables?
Fue similar a lo que sucede con los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Conlleva por un lado investigaciones que permitan comprender cómo fueron detenidos estos compañeros. Llegamos a saber que en su mayoría eran delegados o personas con una actividad sindical importante de la zona que la dictadura definió como “zona cuatro”. Luego comenzó el trabajo para identificar quiénes fueron las víctimas de la masacre. Así se fue generando un consenso social importante en la comunidad, con el trabajo fuerte de familiares y militantes de la época. Este empuje logró llevar esta causa a juicio.
Usted nombra a la “zona cuatro”: ¿a qué se refiere?
A la zona norte de la provincia de Buenos Aires que es fabril. Hasta hoy lo sigue siendo y existe allí mucho movimiento obrero organizado. En esa época aún más, y había muchos delegados de base. Esto nos permite comprender el aspecto de clase que tuvo el genocidio y el terrorismo de Estado. En muchos casos los detenidos desaparecidos eran personas denunciadas y entregadas por las empresas. Esto sucedió con Bendix, Rojo, Ford y Astrasa en la misma zona.
¿Podemos dar cuenta entonces de un vínculo entre las patronales, el sistema de explotación de los trabajadores y las dirigencias sindicales?
El movimiento de Derechos Humanos logró plasmar una comprensión social que demuestra que el terrorismo de Estado fue cívico, militar, empresarial y eclesiástico. Esto desnuda la existencia de un bloque social e histórico que son las clases dominantes. Ellos perpetuaron un genocidio de clase porque fue un genocidio de las clases dominantes hacia los sectores subalternos o de la clase trabajadora. A partir de esto, se empezó a elaborar que no había convivencia del empresariado, sino responsabilidad con respecto a los trabajadores. Esto se plasma muy claramente en el juicio contra Ford en Pacheco de la zona norte.
¿Podemos hablar de un plan sistémico?
Sí. Raúl Zaffaroni lo denominó como un genocidio por goteo, lo que permitió resaltar lo sistémico del genocidio de clase. El terrorismo de Estado aplicó el genocidio sobre la clase trabajadora, porque era su enemigo principal a la hora de avanzar en actualizar a la Argentina al capitalismo de época que era el neoliberalismo. Atentó contra la clase trabajadora porque busca plasmar un capitalismo financiero en contra de un capitalismo más keynesiano o desarrollista que tiene su núcleo en el mercado interno. El movimiento obrero tenía una conciencia de clase muy marcada. Había pasado del plano reivindicativo de derechos a tener un programa político. En este sentido podemos afirmar que el neoliberalismo es hijo del terrorismo de Estado.
¿Cómo se reclama memoria desde la vera de un camino de tierra y desde el Partido Bonaerense de Pilar?
El espacio está señalizado, el juicio se llevó a cabo y se realizan todos los años conmemoraciones con apoyo del Municipio. En este caso, la institucionalización de la memoria por parte del Estado se ha cumplido. Esto no pasa siempre, como sucede con el ex Centro de Detención Clandestino “El Cilindro”, ubicado en el ex Batallón 601 de Los Polvorines (Malvinas Argentinas), que no está visibilizado. Es importante hacer una diferencia entre la Memoria Institucionalizada que es cuando el Estado toma las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y la memoria que podemos denominar como “instituyente”, que es la que autónomamente ejercemos las organizaciones del pueblo.
¿Está previsto un acto por los 46 años de la Masacre de Fátima?
El sábado 20 de agosto está previsto un acto homenaje en la Escuela Secundaria Nº 9 de Fátima a las 14 horas, organizado por los familiares de las víctimas de la Masacre. Nosotros como organismo de Derechos Humanos acompañamos.
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