El docente investigador de nuestra universidad, Víctor Abramovich, fue distinguido con el Premio Konex de Platino en la categoría Derecho Constitucional e Internacional Público[1]. El reconocimiento distingue a personalidades destacadas de las Humanidades argentinas y es otorgado por la Fundación Konex.
“Me puso contento la noticia, está bueno. Si uno mira los temas en los que yo trabajo, que particularmente tienen que ver con derecho internacional de derechos humanos, es de alguna manera el reconocimiento de la actividad que yo hago en ese campo. También es, indirectamente, una valorización de ese ámbito y de lo académico que hoy es parte de la discusión pública”, aseguró Abramovich durante una entrevista realizada en el programa Todo tiene movimiento de Radio UNLa.
Abramovich es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y magister en Derecho Internacional por la Escuela de Derecho de la Universidad Americana (Washington, Estados Unidos). En sus inicios, se desempeñó como abogado laboralista.
“Empecé a trabajar temas de derechos sociales en los años ‘90. Tenía mucho trabajo, porque fue un momento de una fuerte regresión en cuanto a legislación laboral. Entonces, muchos abogados empezamos a mirar el uso de la Constitución y los tratados internacionales en los litigios por los derechos sociales. Se dio una situación paradójica porque, por un lado, en esa década se incorporaron tratados que tenían protecciones reforzadas en temas de derechos sociales; y por otro, se aplicaba un modelo que iba en contra de esa misma legislación”.
El nuevo milenio lo encontró como director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo con el que la UNLa editó la Revista Argentina de Derechos Humanos.
“Cuando me eligen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a principios del 2006, no podía continuar en la Dirección Ejecutiva del CELS porque era incompatible. Entonces, proyecté una actividad académica y la UNLa fue el lugar natural. Ingresé como director del Centro de Derechos Humanos, que hoy es el Instituto de Justicia y Derechos Humanos, y armamos la Maestría y el Doctorado”.
Su trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo un foco especial en Colombia, donde realizó un seguimiento en terreno de las negociaciones entre las fuerzas paramilitares y el entonces gobierno de Álvaro Uribe.
“Fue una etapa muy interesante porque lo que hacíamos era visitar el país y verificar cómo se estaban implementando las leyes de amnistía, cómo se concretaban las desmovilizaciones para que fueran efectivas, qué tratamiento se les daba a las víctimas, y cómo se aplicaba la política de reparación. Me parece que son actividades interesantes porque uno está interviniendo cuando se está dando el conflicto, es un trabajo de presencia, de monitoreo en terreno, es muy importante para el funcionamiento de los mecanismos de protección internacional”.
¿El concepto de derechos humanos se fue modificando a lo largo del tiempo?
El concepto se va ampliando, pero sigue habiendo debates que tienen que ver fundamentalmente con las funciones del Estado, con sus obligaciones de garantía, incluso, en algún sentido, no solo aquello que el Estado está obligado a hacer directamente, sino también las funciones que tiene vinculadas con la regulación de aspectos del mercado relacionados con violaciones de derechos humanos que pueden provenir, por ejemplo, de actores no estatales o particulares. Eso se ve muy bien en los temas, por ejemplo, de protección del ambiente, los recursos naturales, donde muchas veces lo que se demanda al Estado es la regulación o el control de agentes que pueden generar procesos de contaminación. Sin la actividad regulatoria de fiscalización del Estado, el ejercicio de los derechos se hace imposible.
Por otra parte, en la transición democrática, lamentablemente, seguimos conviviendo con patrones de violencia estatal importante, tenemos torturas en las cárceles, violencia policial en manifestaciones públicas. Entonces, además de los crímenes de lesa humanidad, se incorporan la violencia policial, la violencia institucional como ejes importantes en la discusión de derechos humanos. Y también, por ejemplo, se agregó toda la cuestión vinculada con los debates de igualdad, pero no solo de ser todos iguales ante la ley, sino la igualdad en términos de demandas de acciones afirmativas, de políticas diferenciadas respecto de ciertos sectores, como la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva, el aborto, las identidades de género, la ley de matrimonio igualitario.
¿Qué rol cumple la sociedad en el cumplimiento de los derechos?
Para que los derechos sean realmente respetados requiere que haya actores políticos que los demanden, los busquen, los reclamen permanentemente. Pero al mismo tiempo también se requiere cierta institucionalidad pública que transforme esos derechos en acción política, en políticas públicas, en servicios sociales, en programas.
¿Qué pasa con los discursos políticos?
En los últimos años vemos una regresión en términos del discurso público, o sea, cosas que antes no se decían hoy se instalan en el discurso público y corren la barrera de lo que se dice y no se dice en materia de derechos humanos. Se plantean discursos negacionistas sobre los crímenes de lesa humanidad, incluso apologistas de la dictadura, cosa que antes no existía en la Argentina. Es decir, se establece la idea de que en la Argentina la única igualdad que hay que reconocer es la del trato ante la ley y se niegan, por ejemplo, los problemas de desigualdad de género que son históricos y todavía importantes en todos los países de la región.
¿Cómo ves a la Justicia argentina?
Creo que hay que pensar transformaciones y reformas profundas de los sistemas judiciales en muchos temas. Desde los procesos de designación de jueces, los mecanismos de control de los jueces, la composición de los tribunales, los espacios de formación de las facultades de Derecho en el país. Creo que esos son cambios que hay que hacer y generar debates políticos importantes. Lamentablemente, el tema judicial aparece en la discusión política cuando hay fallos escandalosos, pero después no está en las agendas. El poder judicial no es algo que está en la estratósfera, sino que las decisiones que toma impactan en los temas cotidianos, en el ejercicio concreto de los derechos.
[1] La entrega será el martes 3 de noviembre de 2026, a las 18 hs.

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