Los sueños democráticos han ido y vuelto, a veces surgiendo como visiones de lo que podría ser un mundo humano, a veces convirtiéndose en monstruosas pesadillas, a medida que la gente se desesperaba en la búsqueda de respuestas para las presiones de sus vidas. Pero aún cuando puedan ser momentáneamente sofocados, su existencia no puede nunca ser olvidada, pues el deseo de ser parte de una comunidad significativa es una necesidad humana que ningún hecho histórico ha superado por completo aún[1].
Alan Wolfe
Uno de los desafíos fundamentales de la democracia política actual es la recuperación de la industria, que debe estar acompañada por un proceso que revierta la concentración de capital agrario, financiero e industrial a través de una política redistributiva del ingreso. Para ello, es necesario comenzar un proceso de acumulación de capital social en el marco de un Proyecto Nacional, lograr un nuevo contrato social sobre la Comunidad Organizada. La estabilidad de la democracia política estará asimismo estrechamente ligada a la posibilidad de satisfacer los reclamos sociales, de resolver el proceso inflacionario que manifiesta la institucionalización del conflicto entre los distintos sectores por acceder al producto y a la implementación de una política redistributiva.
La ausencia de participación de las y los trabajadores, la carencia de capacitación laboral en cuanto a la administración de empresas participativas, la burocratización de los instrumentos legales existentes para crear cooperativas, la total ausencia de los mismos para crear empresas cogestionarias, las dificultades financieras para poner en marcha y fortalecer el sector social de la economía, patentizan las dificultades que conlleva la estructuración, desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones participativas del trabajo, como del sector social en su conjunto.
Sin embargo, la participación de las y los trabajadores-productores en el planeamiento y ejecución de la producción puede en este momento elevar la productividad, otorgarle un uso social al capital, generar empleos productivos y lograr una distribución del ingreso más justa.
Es necesario por lo tanto que el sistema educativo y principalmente la universidad pública fomente el sector social en materia económica financiera, técnico-administrativa, legal y educativa, dado que ambas instituciones se proponen profundizar la democracia buscando una sociedad más equitativa.
Dicha promoción trae consigo múltiples beneficios reconocidos por ambas instituciones, puesto que implican la posibilidad de:
- Una mejor distribución del ingreso;
- Valorizar el trabajo a través de su calificación y de la retribución real del mismo y no de su precio en el mercado;
- Suprimir la intermediación improductiva;
- Elevar la participación de las y los trabajadores en la empresa, su producto y sus beneficios y progresivamente en las decisiones económicas y políticas fundamentales;
- Generar empleo reasignando recursos para la creación de puestos productivos, contribuyendo a solucionar los problemas de desempleo y subempleo;
- Elevar el poder adquisitivo de los salarios a partir de la incorporación en el mercado de productos a bajos precios y socialmente necesarios;
- Elevar los niveles reivindicativos de los trabajadores pasando a formar parte de las decisiones sobre el desarrollo nacional;
- Fortalecer las organizaciones de los trabajadores a través de la integración del sector social;
- Combatir el capital oligopólico y monopólico a través de la integración de las empresas administradas por los trabajadores, generando un desarrollo que vincule el crecimiento económico a la justicia social;
- Elevar el nivel de educación de las y los trabajadores a través de los sistemas de autoeducación, programas de educación cooperativa, cooperativas escolares, etc.;
- Contribuir a la democracia política a través de la democratización de la economía en general, la industria y el agro en particular, como freno a las agudas diferencias sociales existentes en el país;
- Contribuir a la democracia entendida como posibilidad de participación real de las grandes mayorías en los destinos que le pertenecen;
- Elevar la productividad social, entendida esta como la eficiencia para producir y distribuir los bienes socialmente necesarios;
- Humanizar el trabajo y el capital.
Si la esencia del capitalismo es la de producir cada vez mayores beneficios y no la de producir bienes socialmente necesarios, poco importa para este la humanización del trabajo, la creciente marginalización, la inequitativa distribución del ingreso o el creciente acceso de las mayorías a la satisfacción de las necesidades esenciales como la salud, la vivienda, la nutrición, la educación o el empleo.
La universidad pública debe trabajar para lograr poner la tecnología y el capital al servicio de las personas: puesto que estas son el fin último de toda producción, es necesario fomentar y promover a las cooperativas “madres”, “originales y originarias”, que son las de producción, donde el trabajador es dueño de su producto, participa en las decisiones que le competen, donde el código autoritario es reemplazado por la participación igualitaria, donde la escisión entre dirección y ejecución se suprimen y los objetivos de la empresa pasan a coincidir con los del trabajador.
Todas estas medidas tenderán a fortalecer, profundizar y expandir la democracia, evitando que las personas sean explotadas en nombre del capital o en nombre del Estado.
Queremos que la persona, dentro de su libertad, sea un ser, principio y fin en sí misma y no un instrumento de los apetitos del capitalismo o de los apetitos del Estado. La educación debe asumir como tarea la formación de ciudadanos y ciudadanas que defiendan los valores humanísticos y nacionales entendiendo por ello que el capital tiene por principal objeto el bienestar social y sus diversas formas de manifestación no pueden afectar los fines de utilidad pública o interés general del pueblo argentino. La libertad, derechos y garantías que establece la Constitución no amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro.
Coincidimos con Dewey en que “solo se consigue la plena educación cuando existe una participación responsable por parte de cada persona, en proporción a su capacidad, en la tarea de dar forma a las finalidades y a las tácticas de los grupos sociales a que el individuo pertenece. Este hecho fija el significado de la democracia…”.
En estos momentos en que la solidaridad del pueblo todo, la Comunidad Organizada con sus Organizaciones Libres del Pueblo, iglesias, comedores, cooperativas, etc., sigue siendo parte de lo que debería ser un nuevo contrato social sobre la base siempre para el bien común, el Estado de Bienestar para todas y todos que busquen la justicia social.
Para
finalizar, rescatamos el apoyo de la carta del Papa Francisco que les escribe a
los integrantes de los movimientos y organizaciones populares diciendo: “Ustedes son para mí, como les dije en
nuestros encuentros, verdaderos poetas sociales, que desde las periferias
olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los
excluidos. Sé que
muchas veces no se los reconoce (…) Nuestra civilización, tan competitiva e
individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus
lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un cambio,
repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores indispensables de ese cambio
impostergable; es más, ustedes poseen una voz autorizada para testimoniar que
esto es posible. Ustedes saben de crisis y privaciones (…) que con pudor,
dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad logran transformar en promesa de
vida para sus familias y comunidades. Sigan con su lucha y cuídense como
hermanos”.
[1] WOLFE, Alan (1980): Los límites de la legitimidad, las contradicciones políticas del capitalismo contemporáneo, México, Siglo XXI.
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