De policías y salud mental

El grave episodio, mediáticamente difundido, que padeció un conocido músico, trajo al debate público los serios problemas que enfrentan los actores del sistema de salud, las fuerzas de seguridad, las familias y, sobre todo, los pacientes, cuando el Estado debe abordar hechos de violencia en situaciones de salud mental.

Pero a la vez, trajo al mismo espacio de debate las preguntas y las respuestas equivocadas que la mayoría exponemos cuando se trata de enfrentar el problema y buscar soluciones.

Es necesario tener en claro que la intervención policial en atención de episodios de salud mental no es excepcional, sino, por lo general, la regla cuando hay manifestaciones de violencia física sobre las personas o las cosas. Me animo a decir que cuanto menos recursos económicos y simbólicos tenemos, más cerca estamos de caer en la trampa de requerir la intervención policial; otras veces son los mismos profesionales de la salud quienes lo exigen.

Según dan cuenta los medios que siguieron el tema, al momento de la intervención policial que terminó con el paciente baleado y en riesgo de vida, no solo estaba presente, obviamente, el personal de la policía bonaerense, sino también un equipo médico de la empresa de medicina prepaga que lo “asistía”. En los mismos medios puede leerse que la semana anterior había ocurrido un episodio similar con intervención de un equipo médico de la misma empresa de medicina prepaga y, también, de policías, pero sin disparos de por medio (https://www.lavoz.com.ar/vos/mira/asi-fueron-los-ultimos-dias-de-chano-antes-de-la-sufrir-el-brote-psicotico/ La voz. 26/7/21).

Ello requiere tener en claro por qué se convoca a la policía ante episodios de salud mental que derivan en hechos de violencia. La llamada nada tiene que ver con considerar a la policía como reserva moral ni mucho menos, sino que, por el contrario, responde en principio a creer que son los únicos que podrían lidiar con la violencia que puede generar el paciente, tanto para la familia como para los vecinos e incluso para los profesionales de la salud. Quienes han pasado por hechos similares cuentan que es el propio equipo de salud el que reclama la presencia policial en el mejor de los casos, o se niega a asistir si el que reclama auxilio no llama, también, a la policía. Gracias a la influencia de las series y películas yanquis, todos conocemos -y nuestros gobernantes lo han institucionalizado- al “911” como el número para las emergencias: pero pocos conocen el número al que recurrir frente a problemas de salud.  

La despenalización del consumo de drogas no soluciona per se el problema de la intervención policial en cuestiones de salud mental. En estos casos no se convoca a la policía por lo que consumió la persona, ni estos concurren para criminalizarlo por el consumo de sustancias prohibidas, sino por el pedido de auxilio de la familia y el personal de salud.

Al día siguiente de que el paciente terminara internado, producto del disparo policial, muchos medios periodísticos entrevistaron al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para que explicara cuál había sido el cuadro de salud de la víctima; obviando que quien debía dar explicaciones sobre salud no era el titular de la cartera de Seguridad, sino algún funcionario del Ministerio de Salud o, eventualmente, de la empresa de salud privada cuyo equipo debía preservar la integridad del paciente al que habían ido a atender. Como era de esperarse el Ministro, aunque médico de profesión, dio una explicación acorde a la justificación del accionar de su subalterno: “…el policía hizo lo que tenía que hacer, neutralizarlo…” y luego agregó “…está vivo porque tuvo suerte…” (https://www.pagina12.com.ar/357346-chano-charpentier-sergio-berni-defendio-al-policia-que-la-di. Página 12. 26/7/2021). Es decir, parecería que, para el médico y Ministro de Seguridad provincial, frente a un cuadro de salud mental lo que habría que hacer sería pegarle un tiro al paciente y esperar a ver si la buena suerte lo salva o si la mala suerte lo lleva al cementerio.

Fue entonces que nos pusimos a discutir, escribir, criticar o apoyar esta postura insostenible, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de la seguridad ciudadana.  

Así, seguimos mirando las cuestiones de salud mental desde la seguridad. Volvimos a caer en la trampa de la violencia policial, porque en los casos de salud mental no se debe abordar el problema con el Código Penal en la mano y mucho menos con una pistola, sino reclamando la intervención de la agencia que puede y debe intervenir para contener al paciente. El problema no es que el Ministerio de Seguridad regule o no la intervención de las fuerzas de seguridad, el problema es que los profesionales de la salud no asumen su rol. Debe ser el equipo de salud el que dirija la intervención, no el policía.

El caso debe servirnos para redireccionar el diálogo y, por qué no, las interpelaciones. ¿Qué falló en la atención del paciente? ¿Está la prepaga en condiciones de brindar atención en salud mental de acuerdo a los estándares fijados por la Ley? ¿Quién controla a las prepagas? ¿Los equipos de salud que atienden emergencias domiciliarias tienen capacidad  de brindar auxilio en cuestiones de salud mental? ¿Quién trabaja con las familias para capacitarlas en cómo actuar y a quién recurrir? Estas, entre muchas otras preguntas que requieren respuestas.

Si creemos que el tema es una cuestión de salud, la conversación debe tener como principales interlocutores tanto a los actores y organizaciones del sistema de salud como a les familiares y a quienes padecen y han padecido problemas de salud mental: es decir, les grandes ausentes o invisibilizades en este debate.              

* Claudio Pandolfi es Magister en Derechos Humanos. Abogado. Docente de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana UNLa. Integrante de la RAIIS – Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud.