La emergencia de este principio o jurisdicción, aplicado por jueces alrededor del mundo, e impulsado por organismos de DDHH (que combaten el formalismo legalista que sirve o ha servido muchas veces de pantalla o excusa para la impunidad, también en temas de deuda externa[1]), puede ser visto pues como una reacción o último recurso más que como una acción deliberada o “discrecional“ de los jueces.
Por ende, este principio puede encontrar de este modo un nuevo tipo de justificación institucional que opere como respuesta a los críticos que tuvo también en la Argentina: Garzón era cuestionado públicamente en los medios argentinos por periodistas abogados como Mariano Grondona que cuestionaban a la vez el supuesto “abolicionismo“ de Zaffaroni y la intención de que un ignoto juez español, amigo de aquel, “quisiera venir a decirnos a los argentinos cómo tenemos que comportarnos“. Estos críticos entienden que los jueces que, como Garzón, recurren a este principio con valentía (Garzón también buscó investigar los crímenes del franquismo y es abogado de Julián Assange, arbitrariamente detenido en Inglaterra), se “extralimitan“ en sus funciones[2].
Pero la lucha contra la impunidad, tanto en el caso de Pinochet como en los juicios de Derechos Humanos argentinos como luego demostraría la propia Corte Interamericana ordenando a los países “revisar y juzgar“ estos crímenes atroces, no conforman ni han conformado ninguna “extralimitación“. Al contrario: fueron en muchos casos –sobre todo en América Latina- el puntapié o antecedente directo de un proceso político colectivo, cultural y jurídico, que luego se fue institucionalizando y asumiendo como propio.
Ese proceso tuvo tres actores centrales: Baltasar Garzón, Pierre Sané y Juan Guzmán Tapia, un juez chileno, hijo de un gran poeta, que intentó procesar a Pinochet[3] y fue a su vez amigo del embajador de Suecia en Chile –también abogado- Harald Edelstam. Edelstam, conocido como “El clavel negro“, también salvó vidas refugiando perseguidos políticos en el edificio de la embajada sueca en Santiago: como otra de las caras de la jurisdicción universal, la jurisdicción de esa embajada salvó las vidas de decenas de chilenos perseguidos por la dictadura de Pinochet.
Encuentro en la UNLa
Sané y Garzón se reencontraron en nuestra universidad, en el Tribunal Experimental de Mediación, veinte años después de haber trabajado juntos en Europa, con vuelos recíprocos entre Londres y Madrid (y más tarde a Santiago) por un cometido concreto muy vinculado con los Derechos Humanos: el arresto en Londres de Pinochet, proceso del que ambos formaron parte decisiva y coordinada.
El arresto de Pinochet en Londres involucró a tres abogados muy comprometidos con la jurisdicción universal: Baltasar Garzón, quien ordenó su captura desde España; Sané, entonces director ejecutivo de Amnistía Internacional en Londres, quien había viajado semanas antes para reunirse con Garzón en España con el objeto de planificar el arresto de Pinochet, y el juez Guzmán Tapia, activo defensor de los DDHH y amigo personal de Zaffaroni, quien procesó a Pinochet en Chile.
Lula
Tanto Garzón como Sané, Zaffaroni y Guzmán Tapia, coinciden con Chomsky en afirmar que Lula es el principal preso político que existe en la actualidad[4]. Todos coinciden en puntualizar un contraste: la impunidad de Pinochet, que no pudo ser juzgado siendo un dictador acusado de crímenes atroces, y la arbitraria prisión de Lula, un dirigente obrero (un tornero mecánico) que sacó a millones de compatriotas de la miseria y sobre el que no pesa cargo criminal alguno, habiendo sido apresado en forma ilegal durante un proceso electoral por un juez que terminó siendo ministro de justicia de su rival, Jair Bolsonaro, un presidente que aún reivindica los crímenes de la dictadura de Brasil y celebra los motines en que los presos se matan entre sí, llamando “cucarachas“ a los detenidos y “muertes ecológicas“ a los asesinatos en los motines (muertes que le harían “bien“ al ecosistema).
El Tribunal Internacional en
Mediación Académica de la UNLa se encuentra elaborando en la actualidad, con la
asistencia de todos ellos (de Sané, Garzón, Guzmán Tapia, Zaffaroni y también
Maier) un amicus curiae a presentar en los tribunales brasileros en
favor del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. ¡Lula Libre!
[1] El formalismo suele ser combatido por los movimientos de derechos humanos, que combaten la apelación burocrática y “formal“ a leyes que obstruyen el respeto de derechos básicos. Inversamente, fondos de inversión especulativa suelen basarse en el legalismo para reclamar sumas usurarias a las economías emergentes, haciendo negocios financieros en países empobrecidos.
[2] Grondona, M. “Los jueces los liberan y ellos vuelven a matar”. En diario La Nación, Buenos Aires, 18 de marzo 2012.
[3] Juan Guzmán Tapia, hijo de un poeta y diplomático chileno, prologó el libro Constitucionalismo y Democracia. De la tensión al falso dilema. UNLa. Buenos Aires. 2018.
[4] El artículo del Dr. Croxatto fue escrito cuando aún Lula se encontraba confinado en la penitenciaría federal de Curitiba (N. de la R.).
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario