Por una Provincia libre de manicomios

El ministerio de Salud bonaerense anunció la puesta en marcha del Plan de Adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos provinciales, con el objetivo de avanzar hacia una Buenos Aires libre de manicomios. De esta manera, las instituciones dejarán de ser lugares de encierro y comenzarán a convertirse en espacios abiertos a la comunidad. Asimismo, se cerrará definitivamente el ingreso de nuevos pacientes a los pabellones de larga estadía y solo serán admitidas las internaciones breves.

Para conocer con más detalle esta iniciativa, charlamos con Mario Woronowski, egresado del Doctorado en Salud Mental Comunitaria de nuestra universidad e integrante por más de 20 años del Programa de rehabilitación y externación asistida del Hospital Esteves de Lomas de Zamora.

¿Cuál es la importancia de este plan?

Es un proyecto de gobierno que tiene detrás una larguísima trayectoria, mucho trabajo, literatura y experiencias dentro de la Provincia. Se trata de un plan concreto de transformación, sólido, con una planificación estratégica y un fuerte compromiso político. Por supuesto habrá obstáculos, imprevistos, pero la decisión política es clara y no un simple slogan.

¿Es estigmatizante hablar de manicomios?

La palabra manicomio es adecuada porque describe a las instituciones y al modo de manejar a las problemáticas de salud mental. En vez de ser instituciones de producción de salud son creadoras de padecimientos y de limitación de posibilidades. No deberían existir y en muchos países de hecho ya no están.

El Plan tiene como eje a la transversalidad…

Sí, porque la vida y la realidad son transversales. Por ejemplo, una persona que vive en un neuropsiquiátrico tiene el derecho y la voluntad de vivir en libertad y de reinsertarse en su comunidad y, además, está el compromiso de los trabajadores de acompañarla en el camino. Bueno, ese camino tiene tres factores a resolver, el primero es la cuestión habitacional, porque algunos no tienen donde retonar; el segundo es lo económico, es decir, tener recursos para seguir adelante; y el tercero es el acompañamiento, que significa un apoyo y acuerdo terapéutico que le permita a la persona desenvolverse en la vida, en tareas como ir al cajero, cocinar, hacer compras, etc. Estos tres ejes no puede resolverlos el área de salud solamente, sino que la solución es intersectorial y también interjurisdiccional, porque incluye a municipios, Provincia y Nación.

¿Qué ocurre con quienes son catalogados como “peligrosos”?

El problema no es la persona, sino del catalogador. Calificar a alguien de “peligroso” es un estigma, una invención para designar a aquellos que se han salido del curso del paradigma de la normalidad y que producen angustia e incertidumbre en el que se autopercibe como normal. La Ley de Salud Mental claramente se define al respecto y dice que no hay ninguna patología que por sí misma permita atribuirle a una persona peligrosidad o discapacidad. Vos podés tener un diagnóstico psicopatológico lo que te va a orientar en un determinado tratamiento, pero eso no significa que seas peligroso para vos o terceros, ni que tengas una discapacidad. Ahora, puede ser que ante una situación particular haya que hacerse cargo de alguna de esas características y hacer un diagnóstico situacional, porque no se cataloga a alguien, sino que se diagnostica una situación. Si las personas están acompañadas y son cuidadas, las situaciones de peligrosidad se ven venir. Ahora, si se las considera peligrosas para siempre, lo único que te queda es dejarlas encerradas de por vida y eso es una locura porque es como una condena a perpetua sin haber cometido ningún delito. O sea, te encierran por si en algún momento cometés un crimen.

¿Qué pasa con los casos judicializados?

Se supone que el Poder Judicial o la administración de la Justicia actúa de acuerdo a las leyes vigentes, eso quiere decir que no puede decidir por encima de la opinión de un equipo interdisciplinario que diagnostica y propone el mejor tratamiento posible para cada situación. No puede pasar que un juez dictamine que una persona deba pasar un tiempo indeterminado encerrado; la ley es muy clara en eso y establece que cuando hay una internación involuntaria, esta tiene que ser revisada cada tres meses con la opinión de un equipo interdisciplinario.

¿Cuál crees que será la reacción de la opinión pública?

Considero que es un horror desde el punto de vista ético tener que pensar que hay que pedir permiso para que se le otorgue a una persona el derecho de recuperar su vida y la libertad. Los derechos se ejercen y el Estado debe garantizarlos. La otra cuestión es empírica y es una falacia. Ojo, puede ser que en alguna situación algún vecino se escandalice porque ve alguna acción o comportamiento raro. Pero la verdad es que cuando se muda un vecino a un barrio no le pide permiso a nadie y la gente entabla relaciones, mejores o peores, con esa persona. Es muy común que esté el “loco del barrio”, que nunca fue internado y es aceptado por la comunidad, hay muchos ejemplos.

¿Este Plan era una deuda pendiente considerando que hace ya 10 años que se sancionó la Ley de Salud Mental?

Es una deuda a nivel nacional y para la provincia de Buenos Aires. Hay muchas experiencias que fueron reconocidas, pero que no contaban con un apoyo político o ese apoyo era muy tibio. Hoy es parte de una política provincial sistemática. Y esto va a tener también un impacto en la Ciudad de Buenos Aires, que considero que es el distrito más atrasado en esta materia y que ni siquiera ha reconocido a la Ley Nacional de Salud Mental.