“El problema de la discapacidad atañe a la sociedad, no a los individuos, y las investigaciones deberían ocuparse en identificar de que forma la sociedad incapacita a las personas, más que de los efectos sobre los individuos”
(Oliver, 1998: 47)
En pos de aportar al debate en el momento de diseñar o fortalecer políticas universitarias inclusivas, es imprescindible visibilizar y comprender la complejidad de la situación de discapacidad en nuestras universidades, ideando escenarios y políticas que prioricen el derecho a la educación para todas y todos en la República Argentina. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[1] (ONU, 2006) (CDPCD) orienta la responsabilidad al Estado y a la sociedad, siendo quienes deben resolver las barreras físicas, comunicacionales y culturales que anteponen entre la persona en situación de discapacidad y su plena inclusión.
Es prioritario avanzar en la estructuración de la política universitaria de accesibilidad y discapacidad en las Universidades Públicas, desde una dinámica integral e integrada, para dar respuesta a un asunto público altamente complejo, heterogéneo y multidimensional. Esta situación requiere de un análisis profundo sobre la transformación ideológica y cultural que debemos librar para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, posibilitando la incorporación a la sociedad de forma activa y dando cumplimiento al derecho a la educación que tienen todas las personas, sea cual sea su situación económica, social o funcional.
En el marco del análisis político de la agenda gubernamental de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), con respecto a la política universitaria de discapacidad y accesibilidad, es imprescindible comprender las transformaciones históricas y políticas de este asunto público que acontecieron a nivel nacional, regional y global.
La CDPCD es un acontecimiento histórico en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, para reafirmar los principios del modelo social[2] , a fin de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Los sectores de la población cuyas condiciones de origen se presentan en vulnerabilidad en términos no solo de capital económico sino también simbólico como, las poblaciones originarias, los afro-descendientes, los habitantes de zonas rurales, migrantes y las personas con discapacidad, entre otros, son colectivos habitualmente excluidos de los bienes educativos y culturales, y a través de ellos se evidencian injusticias históricas.
Resulta fundamental a partir de este enfoque de justicia social, poner en valor el posicionamiento de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos (CID y DDHH) perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que en consonancia a la transformación de las normativas sobre los derechos de las personas con discapacidad a nivel regional e internacional, gestaron desde 1994 un espacio plural, transdiciplinario y participativo del Sistema Universitario Nacional, donde la voz de los sin voz, es el motor que orienta las acciones.
Fue desde la CID y DDHH que se comenzaron a tensionar las lógicas homogeneizantes y hegemónicas que circulan en la Educación Superior, incidiendo en un primer momento en la agenda del CIN a partir de la producción y presentación del documento, que luego fue aprobado por el conjunto de Rectoras y Rectores, dando creación al Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas a través de la Resolución CIN N°: 426 del año 2007.
A partir de este hecho, se logra involucrar a las Rectoras y Rectores de las Universidades Nacionales, en una propuesta global de política hacia la eliminación de las barreras físicas, comunicacionales y académicas en las Universidades Públicas de la República Argentina. La aprobación de la Resolución 426/07 del CIN, impulsó la generación de un programa específico desde la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura de la Nación a partir del año 2009, en diálogo y trabajo conjunto con la CID y DDHH.
Tres ejes
La SPU tomó como Programa para diseñar la política universitaria de discapacidad y accesibilidad y en el mismo se estructura la política en cuestión dimensionando tres ejes: Eje de Accesibilidad Física, Eje de Accesibilidad Comunicacional y Equipamiento Educativo y el Eje de Accesibilidad Académica y Capacitación a la Comunidad Universitaria.
El primer avance en la implementación de esta política a nivel nacional, fue desde el Área de Infraestructura de la SPU para eliminar las barreras físicas de las Universidades Públicas, implementando 2 convocatorias para la presentación de proyectos institucionales entre el año 2010 al 2015. Luego, a partir del año 2011 comenzó a diseñarse el eje de accesibilidad comunicacional y equipamiento educativo desde la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias (SSPU), comenzándose a implementar el mismo desde el año 2012 hasta el año 2015, constando el mismo, en la implementación de relevamientos de estudiantes universitarios con discapacidad en las Universidades Públicas, con la posterior entrega de notebooks accesibles para cada uno de ellos.
En el proceso de instalación en la agenda gubernamental de la SPU y de las Universidades Públicas del país, había que avanzar en el eje de accesibilidad académica y es así como la CID y DDHH genera el Documento de Profundización y avances en la implementación, del Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas. Posicionando al Estado y a las propias Universidades, como las responsables de movilizar los recursos necesarios en pos de avanzar en la transformación en clave universal de las universidades públicas, el documento de la CID y DDHH (2011) plantea que “La accesibilidad académica integra el principio de la accesibilidad universal a la vida universitaria y sin soslayar la obligada accesibilidad física y comunicacional (y el equipamiento que esto requiera) atiende específicamente los aspectos curriculares, pedagógicos y didácticos para respaldar la formación integral, en función de los alcances de cada trayecto profesional particular y eso requiere que las Casas de Estudio tengan la disposición necesaria para pensar respuestas singulares a situaciones igualmente singulares, con anclaje en estos principios. Modificar el sentido homogeneizante de la institución universitaria supone cuestionar ese modo único de vincularse con el conocimiento y de aprender, lo que requiere -como contrapartida- pensar creativamente diversas maneras de enseñar y de evaluar los aprendizajes. Comprometerse con la accesibilidad de la Universidad para todas y todos más allá de cómo sea cada uno, implica que si los modos singulares de aprender requieren apoyos específicos, la institución debe garantizarlos, porque los derechos humanos en general y el derecho a la educación en particular no admiten más adjetivos que los limiten. (CID y DDHH, 2011).
En marzo del año 2015, la SPU a través del Programa de Calidad de la Educación Universitaria, que desarrolla políticas de fortalecimiento para las Universidades Nacionales, lanza la convocatoria “Proyecto de Apoyo al Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Atención de Necesidades de Personas con Discapacidad en el Ámbito de la Enseñanza Universitaria.” (SPU, 2015), dando respuesta al eje de accesibilidad académica.
En el marco de esta convocatoria, fueron 40 los proyectos elaborados y presentados por las Universidades Públicas y luego aprobados, en noviembre del año 2015 por la SPU. Este acontecimiento fue un avance histórico para el Sistema Universitario Nacional, que en el marco del cambio de gobierno a nivel nacional a partir del 10 de diciembre del año 2015, queda sometido a discusión en la nueva configuración de la agenda gubernamental.[3]
Análisis de la agenda
En los postulados fundacionales de la Universidad Nacional de Lanús, se plantea la necesidad de que la Universidad comprenda y reconozca, la necesidad de eliminar las barreras creadas entre la academia y la sociedad, y que de la universidad se espera que responda más efectivamente y más rápido a los problemas de la comunidad. En esto, fundamentalmente, radica el concepto de la “Universidad Urbana Comprometida”. (Jaramillo Ana, 2006)
A partir de esta concepción de la Universidad como una de las herramientas más potentes para combatir las desigualdades sociales, es necesario situar la discapacidad como una cuestión transversal en todos los ámbitos. En ese contexto, una de las condiciones para que la Universidad sea verdaderamente democrática, es “… que en relación a los contenidos, sus currículas académicas, sus programas de extensión y de investigación, partan de una direccionalidad ético-política orientada a producir conocimientos y profesionales aptos para construir una sociedad abierta, participativa y solidaria.” (UNIDIS, 2009, p.176).
Se identificaron momentos claves en la UNLa donde la temática comenzó a visibilizarse– en una primera etapa desde el 2008 al 2013 – en algunas prácticas institucionales específicas y asiladas. No existía en ese período una política institucional integral y transversal sobre discapacidad y accesibilidad, pero comenzaban a implementarse políticas a nivel nacional que promovían el ingreso en la agenda gubernamental.
A la luz de los avances a nivel nacional en este período de tiempo, la UNLa debía ingresar en su agenda gubernamental la política de discapacidad y accesibilidad desde una visión estratégica y conceptual de la discapacidad en consonancia con la CDPCD, que con suficiente poder político, capacidad institucional, y mecanismos de articulación y coordinación política, impulse que cada área de la universidad lleve adelante sus propias acciones, en pos de una política universitaria de accesibilidad y discapacidad integral e integrada.
En la 3° Reunión del Consejo Superior en el mes de mayo del año 2013, se aprueba la creación del Programa de Inclusión Universitaria para personas con discapacidad en el ámbito de la Dirección de Bienestar Universitario perteneciente a la Secretaría de Cooperación y Servicio Público, a través de la Resolución de Consejo Superior N° 108/13[4], que tiene como objetivo “… establecer una política institucional que promueva la inclusión educativa de las personas con discapacidad, a partir de reconocer los alcances y limitaciones institucionales y determinar la forma progresiva y sostenible, como se harán los ajustes razonables y se acopiarán los elementos de diseño universal en la docencia, la investigación, las labores administrativas, el bienestar universitario, la movilidad, la comunicación y la accesibilidad…”
Hacia el final del año 2013, y como parte del informe de gestión entregado en octubre de ese mismo año, se da cuenta de la importancia de generar una instancia institucional que pudiese reunir, con el suficiente respaldo político institucional, a actores de todas las secretarías, departamentos, personal docente y no docente, estudiantes y graduados de la universidad, en pos de la construcción de esta política universitaria.
Es así como en marzo del año 2014, el Consejo Superior de la UNLa aprueba a través de la Resolución N° 046/14[5], la creación de la Comisión Asesora de Discapacidad (CAD) en el ámbito del Vicerrectorado, planteando como objetivo “… instalar el debate sobre la temática de la discapacidad dentro del ámbito universitario como una cuestión de derechos humanos, intercambiando conocimientos y experiencias en las áreas de docencia, cooperación e investigación, comprometiendo a toda la dinámica de la Universidad, y buscando incidir en el diseño e implementación de políticas públicas.”
La creación de la CAD, en el ámbito del Vicerrectorado, posicionó a la política de discapacidad y accesibilidad de la UNLa, con el “…suficiente poder y respaldo político institucional para acometer con los cambios culturales y de democratización del conocimiento…” (UNESCO – IESALC, 2008) que deben librarse en pos del ejercicio efectivo del derecho a la educación por parte de las personas con discapacidad.
El primer documento que publica la CAD en el año 2014, tuvo el objetivo de estructurar la política de accesibilidad e inclusión universitaria de personas con discapacidad. En dicho documento, se describe que “… hay que plantearse, en y desde la Universidad Nacional de Lanús, la necesidad de estructurar el problema de la accesibilidad académica de las personas con discapacidad, no sólo a partir del trabajo con el emergente, el cual, nos invita a percibir la realidad en diversos momentos específicos, sino también a través de la instalación de un cambio paradigmático y por tanto cultural.” (CAD – UNLa, 2014)
Otro hecho relevante se dio en la dimensión política a partir del 27 de marzo del año 2015, cuando la UNLa fue elegida para ejercer la Coordinación Nacional de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos (CID y DDHH), perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional. Dicho mandato concluyó el 20 de abril del año 2017, siendo reelegida para continuar en el marco del Comité Ejecutivo de la CID y DDHH, hasta abril del año 2019. Este hecho político posicionó a la UNLa a nivel Nacional y Regional.
Una cuestión a destacar de este proceso institucional, es que desde que ingresó la cuestión en agenda de la UNLa, estuvo la voz y la presencia de las personas con discapacidad, y prueba de ello lo dan algunos de sus testimonios: “… lo más difícil radica en que las personas con discapacidad, pasemos de la queja a la protesta, porque la protesta es propuesta, eso significa ser protagonistas de la conquista de nuestros derechos. Todavía no se comprende nuestra situación histórica de opresión, muchos tienen naturalizada esa situación.” “…en la CAD nos invitan siempre y nos dan el lugar para participar y opinar, hay muchas cosas que resolver en la UNLa y nuestro aporte es fundamental. Nada sobre nosotros sin nosotros.”
Para la agenda futura
Luego del ingreso de este asunto público en la agenda del Consejo Superior, Vicerrectorado y Dirección de Bienestar Universitario, resulta imprescindible que el diseño de la política universitaria de discapacidad y accesibilidad busque profundizar y consolidar la transversalización en las agendas de las distintas Secretarías (Académica; Ciencia y Técnica; Cooperación y Servicio Público; Asuntos Jurídicos e Institucionales; General; Administración), articulando con los cuatro Departamentos de la UNLa y sus carreras de grado y posgrado (Planificación y Políticas Públicas; Humanidades y Artes; Desarrollo Productivo y Tecnológico; Salud Comunitaria), desde una perspectiva integral e integrada y con direccionalidad estratégica.
Si la política de discapacidad y accesibilidad de la UNLa se propone avanzar en los objetivos y propósitos enunciados en sus normativas institucionales dando cumplimiento efectivo a la CDPCD, debe contemplar la situación de opresión y exclusión desde donde parten las personas con discapacidad. Esta posición y el trabajo transversal realizado desde el año 2013, generó que desde la CAD se diseñe el Plan Estratégico de la política en cuestión, que al día de la fecha se encuentra en proceso de evaluación externa – y durante el año 2017 – será comunicado y compartido con los distintos decisores de nuestra Universidad para su posterior presentación y aprobación en Consejo Superior.
Es imprescindible una transformación en las apreciaciones en torno a la discapacidad, trabajando colectivamente para modificar la estigmatización a la que se suele recurrir al referirse a las personas con discapacidad. Discapacidad no es incapacidad.
La Universidad Nacional de Lanús, al igual que el conjunto de Universidades Públicas de la República Argentina, deben avanzar en el análisis integral del modelo social de la discapacidad, haciendo hincapié en la formación de nuevos perfiles profesionales, promoviendo la investigación y vinculación tecnológica en la temática, articulando con el diseño, planificación y ejecución de las decisiones políticas y académicas pertinentes, que contribuyan a hacer realidad una Universidad inclusiva, en pos de efectivizar los derechos humanos de todas las personas; en la redistribución de la riqueza no solo económica sino también educativa y cultural, comprendiendo globalmente las condiciones de vulnerabilidad relativas a la discapacidad.
[1] En el año 2008 se aprueba la Ley N° 26.378 siendo ratificada por parte de la República Argentina la CDPCD y su Protocolo Facultativo, adquiriendo luego jerarquía constitucional mediante la Ley N° 27.044.
[2] El modelo social se sostiene en el paradigma de la autonomía personal: enfoca la cuestión desde el punto de vista de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, sin negar la existencia de un sustrato fisiológico o biológico que lleva a requerir, de forma puntual o con cierta continuidad, apoyos médicos (Barton, 1998: 25), los cuales, deberían orientarse a la capacitación en lugar de a la adaptación −como en el modelo médico− y deben ser acompañados con cambios más profundos en las estructuras sociales y económicas (Oliver, 1998: 49). Las diferencias entre el modelo médico céntrico y el modelo social de la discapacidad, no son menores. En el modelo médico céntrico, es la persona con discapacidad la que debe ser rehabilitada y normalizada; en el segundo, es la sociedad la que debe ser pensada, diseñada o adaptada para hacer frente a la diversidad funcional de sus miembros. (Astorga Gatjens, 2007).
[3] Al día de la fecha de la presentación de este artículo (22/04/2017), el Eje de Accesibilidad Comunicacional y el Eje de Accesibilidad Física que implementaba la SPU y la SSPU desde el año 2010 hasta diciembre de 2015, dejaron de implementarse desde el cambio de gestión gubernamental, el 10 de diciembre del 2015. La transferencia de fondos correspondientes a los 40 proyectos de Accesibilidad Académica, aprobados por la gestión de gobierno anterior de la SPU -en noviembre de 2015- fue realizada en los meses de agosto y septiembre de 2016, a las 40 Universidades Públicas que entregaron proyecto en el marco de esta convocatoria.
[4] R.CS.N_108-13–20.05.13 Res. Creación Programa Inclusion Discapacidad.pdf
[5] R.CS.N_046-14–31.03.14 Reso Creacion Comisión de Discapacidad en ambito vicerrec.pdf
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