A la muy mala tendencia política basada en sacar de la agenda los temas de Cultura y Comunicación, le corresponde hacerse responsable por las consecuencias que eso tiene no solo en la realidad económica de los pueblos sino, especialmente, en el campo del pensamiento, de los valores y de las conductas asumidas cotidianamente. Hoy es indicador de irresponsabilidad política deslindarse del debate teórico y práctico que atañe a la Cultura y a la Comunicación. Hoy, quizá como nunca antes, la cantidad y complejidad de las herramientas y de los dispositivos ideológicos que nos acechan implica la urgencia de elaborar dispositivos políticos y jurídicos pertinentes si no se quiere condenar a los pueblos a un estadio puramente contemplativo para siempre.

Van siendo suplantadas las políticas gubernamentales en materia de Cultura y Comunicación, por nociones reduccionistas que impactan no solo la “calidad institucional”, que es responsabilidad del Estado, sino el espectro de los derechos fundamentales asociados con la igualdad y con la diversidad humanas que, en políticas públicas, no deberían ser términos excluyentes. Se impone la idea de que “Cultura” es solo organización de “espectáculos” o “talleres de arte” y que Comunicación es solo un asunto de “medios”. En ambos casos se trata, realmente, de la supresión acelerada de los derechos sociales. Veamos.

Contrario al estímulo necesario que exigen la creatividad y la emancipación social en todos sus ámbitos; contrario al reclamo mundial, cada día más enfático, por garantizar igualdad, diversidad y libertad a las expresiones más diversas de los pueblos; contrario a la democratización y redistribución soberana de las herramientas de producción cultural y comunicacional… va poniéndose “de moda” la tendencia “liberal” que insiste en convencernos de que las mejores políticas de Cultura y Comunicación son las que no existen. Esto se opone claramente a la diversidad y a la igualdad. Ese campo contradictorio es “caldo de cultivo” para una cantidad enorme de injusticias y peligros. Ahí proliferan los postulados y las prácticas más retrógradas y ahí se fermentan los despojos más cruentos sin que, hasta hoy, exista un movimiento enérgico capaz de frenar y corregir el abandono, actual, de la Cultura y la Comunicación a los caprichos del “mercado” y sus intereses dominantes.

Si, paso a paso, los patrimonios y las iniciativas culturales van entregándose al voluntarismo de los “mecenas” empresariales; si compulsivamente el derecho social a la Cultura va quedando reducido o condicionado a la organización de entretenimientos masivos con publicidades “auspiciantes”; si se suprimen las leyes, las políticas gubernamentales y la democratización de las herramientas de la Cultura y la Comunicación… y a cambio tenemos patrimonios e iniciativas culturales interpretadas por y para el mercado; Gobiernos indiferentes con la producción pero entusiastas con la privatización (directa o indirecta) de la Cultura y la Comunicación… estamos avanzando hacia un escenario de supresión y violación de derechos fundamentales que hacen a la existencia misma de las relaciones humanas y a sus miles de formas diversas de expresar sus bienestares y sus malestares: la Cultura misma.

Cuando más urgente es la participación social abierta y comprometida en los campos de la Cultura y la Comunicación para garantizar su enriquecimiento, actualización y desarrollo; cuando más urgente es dar lugar a todas las voces y a todas las identidades; cuando más crucial es para la humanidad democratizar los avances tecnológicos, desplegar los talentos particulares y consolidar la soberanía en el desarrollo de las herramientas para la Cultura y la Comunicación, más concentración monopólica y más reducción de derechos van imponiéndose en una vorágine mercantilista que hoy tiene en manos de seis monopolios trasnacionales la casi totalidad de los medios de comunicación que son instrumentos de influencia decisiva en materia de Cultura.

Con un marco teórico-metodológico enraizado en la defensa y desarrollo emancipador de las expresiones populares y su historia, es indispensable actualizar modelos teórico-prácticos capaces de responder a las exigencias impuestas por los medios y los modos de producción cultural y comunicacional. Pero se requiere más que eso, es necesario dar un salto de calidad en los dispositivos epistemológicos, políticos y democráticos para disponernos no solo a la defensa de los derechos a la Cultura y a la Comunicación sino a su perfeccionamiento emancipado de los mandatos del mercado neoliberal. Y eso es una urgencia en los campos universitarios y en todos los campos donde se verifica la “batalla de las ideas”.

Se trata de una prioridad de relevancia y pertinencia estratégicas y tácticas en un mundo que está priorizando el belicismo y el control de las conciencias; en un mundo en el que se impone el individualismo y el consumismo; en un mundo en el que avanza -sin pudor- la superchería (incluso en las ciencias), el escapismo en la filosofía y el derrotismo incluso en la política. Desarrollar modelos teóricos y prácticos, en el campo de las políticas públicas y los espacios académicos tanto como en los frentes de lucha social: porque se trata de una necesidad imperativa para la sobrevivencia de los pueblos tan importante como la producción de alimentos y el desarrollo de medicamentos.

Es necesaria una cruzada autocrítica, de base científica rigurosa, para determinar cómo y en qué momento nos ha invadido el repertorio dominante de nociones y deformaciones reduccionistas, en muchos frentes de todas las escalas geográficas, educativas y políticas. Cómo y en qué momento se aceptó como “medida sensata” dejar que las empresas gobernaran la Cultura y la Comunicación descuidando su importancia estratégica en la constitución de todo cuerpo social. Cuándo ocurrió y con qué colaboración (voluntaria o involuntaria) dejamos el patrimonio espiritual de la humanidad en manos de unos comerciantes que se han dedicado a inventar definiciones y explicaciones de la Cultura y de la Comunicación sin el concurso critico y diverso de las sociedades que las producen. Cómo llegamos al punto en que nos pareció “modernidad” la peregrina idea de cancelar el derecho a la Comunicación y el derecho a la Cultura concesionándolos o privatizándolos bajo el reino de los intereses comerciales de unos cuantos grupo oligarcas. Y, sobre todo, qué haremos para recomponer proactivamente una salida útil y participativa basada en el concurso y el consenso de los pueblos. Eso es urgente.

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