Ajuste sin remedio

Un reciente informe elaborado en forma conjunta por la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS) y la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) comunica que, en el marco de los ajustes salvajes de la actual administración gubernamental, acaba de cerrarse una de las principales políticas públicas destinadas a la salud de la población: REMEDIAR, el Programa Nacional de Acceso a Medicamentos para el Abordaje de Patologías Crónicas Prevalentes, que posibilitó que cerca de 19 millones de personas accedieran oportunamente a medicamentos esenciales.

El programa había sido creado en 2002 y consolidado a partir de 2003, en un contexto de gravísima crisis social y económica. “Desde sus inicios, el REMEDIAR fue concebido para garantizar el acceso a medicamentos esenciales mediante compras centralizadas por parte del Ministerio de Salud de la Nación y su distribución en todo el territorio —especifica el informe—. Con el tiempo, amplió su alcance y cobertura, abasteciendo botiquines con tratamientos para hipertensión arterial, colesterol, diabetes, anticoncepción y otras patologías prevalentes. Estos botiquines eran enviados a centros de salud, permitiendo desplegar una política integral de acceso a medicamentos basada en los principios de equidad y justicia: en las salitas de cada barrio y cada pueblo estaban disponibles para todos, los medicamentos que salvan vidas. Gracias a ello, millones de personas pudieron sostener tratamientos para enfermedades crónicas que, de otro modo, habrían quedado sin abordar, con el consecuente deterioro de su calidad de vida y mayores riesgos de complicaciones. En sus primeros veinte años de funcionamiento, el programa distribuyó 4.304.785 botiquines y 684.762.380 tratamientos, lo que representó una transferencia a las jurisdicciones de más de 84,9 mil millones de pesos y un ahorro para el Estado Nacional del 85,8% respecto al precio de venta al público (datos del Ministerio de Salud, 2022). El REMEDIAR se consolidó como una verdadera política de Estado y, pese a los cambios de gobierno, logró sostenerse en el tiempo. Sin embargo, esta continuidad se interrumpió tras la asunción del actual gobierno en diciembre de 2023”.

El cierre de REMEDIAR viene a sumarse al abandono de una serie de programas destinados al acceso a la salud de las personas de todos los rincones de la Argentina, junto con el desfinanciamiento de políticas amparadas por ley cuyo funcionamiento se ve gravemente perjudicado por la falta de remesas destinadas a sostenerlas, tal como sucede con respecto a la Ley Nº 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Ley 26150 de Educación Sexual Integral.

“En el caso del REMEDIAR —continúa especificando el informe de RAIIS y GEP—, el vaciamiento fue progresivo pero sistemático: en 2024 se distribuyó un 46% menos de botiquines que en 2023, profundizando el recorte durante 2025 hasta culminar en su cierre el 1º de abril de 2026. El impacto de esta decisión es, sencillamente, devastador. Su eliminación no solo debilita la capacidad de respuesta del primer nivel de atención, sino que traslada el problema a las provincias y, en última instancia, a los propios pacientes. Las consecuencias serán inmediatas y profundamente desiguales: provincias desfinanciadas deberán intentar cubrir lo que el Estado nacional abandona a un mayor precio ya que las compras centralizadas aseguran precios más asequibles por cantidad, mientras millones de personas quedarán libradas a su suerte o forzadas a afrontar costos exorbitantes de su propio bolsillo. Un escenario tan injusto como ineficiente. Las diferencias de precios entre el precio unitario de compra pública y precio de venta al público son elocuentes y obscenas. En un contexto de caída sostenida del poder adquisitivo, muchas familias deberán afrontar de su bolsillo costos que hasta ahora estaban cubiertos. La diferencia de precios entre la compra pública y la venta al público —que en algunos casos supera el 900%— da cuenta de la magnitud del problema. Lo que se presenta como un ahorro fiscal puede traducirse, en la práctica, en un gasto mucho mayor para la sociedad.

El cierre del REMEDIAR no es una medida aislada, sino parte de una orientación que redefine el rol del Estado en áreas sensibles —concluye el informe de RAIIS y GEP—. La discusión de fondo no es únicamente presupuestaria: es también sanitaria y social. Reducir el acceso a medicamentos esenciales en un escenario de creciente vulnerabilidad es una decisión con consecuencias concretas, previsibles y profundamente desiguales”.