A pesar de que cuando hablamos del sistema de salud argentino debemos imaginarnos un rompecabezas donde sobresalen tres subsistemas —el público, el de seguridad social y el privado—, de tanto en tanto el gobierno difunde un mapeo de los gastos en materia de salud. Y se produce el hechizo de que el sistema sanitario parece un organismo centralizado que todo lo controla, todo lo gestiona, y todo lo conoce. Nada más lejos de la realidad. Aún así, el Ministerio de Salud acaba de dar a conocer el gasto total en materia de salud entre el año 2017 y el 2020, un período atravesado y convulsionado por la pandemia. Y nos muestra cabalmente dónde estamos parados en inversión pública en el sistema sanitario de los argentinos.

El reporte dio a luz un puñado de datos significativos, que vale la pena enumerar para conocer información actualizada de primera mano: el gasto en salud en estos tres años osciló, en relación al PBI, dentro del 10%, escaló hasta el 10,84% —para el año 2020—, y cayó levemente al piso del 10,16% para 2019. Un número que trasciende el 7% en inversión pública recomendado como mínimo por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la cobertura universal a todos los habitantes. Estamos tres dígitos por encima de caer en la vulnerabilidad.

¿Pero de qué cantidad concreta de dinero invertido hablamos? En el año 2020, por lo pronto, el Estado Nacional colocó $ 2.947.103 millones en el sector salud: el 29,2% fue destinado al sector público (861.285 millones destinados por las provincias, municipios y el Estado Nacional). El financiamiento privado significó un aporte de $1.016.412 millones (el 34,5% del total), mientras que las erogaciones de la seguridad social tuvieron un impacto del 36,3% ($1.069.406 millones).

En el año 2020, desatada la pandemia, al igual que en el resto del mundo el Estado hizo un esfuerzo adicional y lógico en salud que tuvo su correlato en un puñado de intervenciones decisivas: desde la compra, logística y distribución de vacunas contra el Covid-19 hasta la inversión en equipos destinados a las provincias para diagnóstico y protección del personal de salud; desde incrementar fondos para programas de atención primaria de salud hasta capacitaciones y erogaciones para aumentar los recursos humanos en el sistema sanitario; desde extender las camas disponibles en internación a aumentar la compra de insumos y equipamientos.

La amenaza mundial del Covid-19 —y roguemos que no haya otra pandemia en puerta—, dejó al desnudo las grietas sanitarias que aún conmueven los cimientos de la sociedad. Hoy, mientras se debate el aumento a la medicina prepaga, nos preguntamos: ¿qué cantidad de argentinos representan este sector que, a pesar del azote de la pandemia, tuvo los beneficios de la cobertura privilegiada? Más de 6 millones de argentinos; en otras palabras, el 14% de los habitantes tienen cobertura privada (el dato parte de una estimación para el año 2021 de la Oficina de Presupuesto del Congreso). Ahora bien, ¿dónde se concentra el mayor número de argentinos que invierten en medicina prepaga? Se da, sobre todo, en tres regiones: CABA (45,5%), provincia de Buenos Aires (15,1%), y Tierra del Fuego (16,9%). Del otro lado de la escala social, las provincias con menos afiliados a la medicina prepaga son Formosa, Santiago del Estero y Chaco —entre las tres superan apenas el 7%—.

Aunque las cifras, más allá de su exactitud, esconden su trampa. Según expertos del sector, la medicina privada alcanzaría hasta el 60% de los servicios en salud, si se consideran los particulares que se ofrecen en sanatorios, hospitales y consultorios privados.

Mientras tanto, el 36% de los argentinos sin posibilidad de sostener económicamente la cobertura médica privada, recibe atención en la salud pública. Esto involucra a 16,5 millones de habitantes. Y por último, el sector más numeroso: el de los trabajadores formales y sus familias, y los jubilados con acceso al PAMI que representan el 61% de los argentinos y reciben asistencia sanitaria a través del sector de seguridad social: las obras sociales.

Cada vez que se ponen sobre la mesa, como ahora, las cifras oficiales del sistema sanitario argentino, con beneficiarios y perjudicados, donde el código postal sigue indicando lamentablemente un reflejo de la prestación que recibe cada vecino, volvemos a plantear la necesidad impostergable de tener un Sistema Nacional Integrado de Salud. Un sistema que garantice una unidad de gestión y vuelque la premisa número uno de toda gestión sanitaria: el acceso a salud para todos y para todas. Un derecho universal innegociable. Donde no hay lugar para el lucro. Es el derecho a la vida. A luchar en igualdad de condiciones contra las enfermedades, más allá del sector social y geográfico al que se pertenezca. Y recibir la atención médica que merece todo ser humano. Porque sin salud garantizada, no hay proyecto posible de país.

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