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Por Diego Díaz Córdoba[1], Elsa Vera Morales[2], Nasim Iusef[3], María Eugenia Utgés[4] y María José Luzuriaga[5]

Antecedentes

En este texto nos proponemos repasar los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, ponderar sus ventajas y desventajas y reseñar las acciones y políticas que permitieron que el AMBA, durante la pandemia, estuviera siempre abastecida de frutas y verduras. Como marco de comprensión podemos decir que la seguridad alimentaria es un concepto originado en el seno de FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas), como una forma de poder comparar a los Estados-naciones en relación con la situación alimentaria de los países miembros. La soberanía alimentaria es un concepto nacido de las organizaciones campesinas, nucleadas en Vía Campesina, con el objetivo de colocar en el debate público tanto los derechos como las necesidades alimentarias de consumidorxs y productorxs y de alertar sobre las prácticas agrícolas que dañan el medio ambiente. Por último, nos interesa destacar que desde el inicio de la pandemia no hubo desabastecimiento. Las formas de garantizar la llegada de los alimentos frescos no es muy conocida por la población; como tampoco lo es el trabajo de productorxs y del transporte en medio de la pandemia por COVID-19.

Seguridad alimentaria

El concepto de seguridad alimentaria estuvo originalmente orientado a la cuestión bromatológica; con el auge de la alimentación industrial, se hizo imprescindible que los Estados pudieran controlar la inocuidad (al menos) de los alimentos consumidos. Si bien en un comienzo esta seguridad era más que nada “seguridad biológica” (Aguirre y Calvo, 2005), fue claro que luego de la II Guerra Mundial, los problemas vinculados con la desnutrición no desaparecieron del mundo y las décadas del 60 y del 70 fueron testigos de hambrunas localizadas que llevaron a la muerte a miles y miles de personas. Frente a este estado de situación, el fantasma malthusiano sobrevoló el mundo y las entidades multinacionales sospecharon que el principal problema que causaba las hambrunas, estaba vinculado con la falta de producción de alimentos.

No es casualidad que desde fines de los años 50, pero fundamentalmente desde los años 60, se comienza a hablar de “revolución verde” al referirse al cambio en las técnicas de producción, básicamente con la introducción de agroquímicos en general provenientes de derivados del petróleo. Si bien es cierto que estas modificaciones tecnológicas provocaron un aumento muy significativo en la producción, la realidad es que ni era una revolución, ni era verde. No era una “revolución” porque desde al menos el siglo XVIII la ciencia y la tecnología venían ofreciendo soluciones al problema de la producción; y no era “verde” debido a que los efectos sobre el medio ambiente no eran para nada sustentables.

A partir de los trabajos del economista Amartya Sen (India) sobre las hambrunas, fue cayendo en descrédito la idea de que la falta de productividad de los sistemas agrícolas era la causa de esas calamidades, ya que Sen demostró que, en todas las hambrunas que estudió, siempre hubo excedentes alimentarios (Aguirre, 2017).

El concepto de seguridad alimentaria cambia de una concepción basada en la productividad, hacia una basada en el derecho y sobre todo en las posibilidades de acceso a los alimentos. Claramente el problema era del mercado (como el redistribuidor por excelencia) y no de los sistemas agrícolas.

Ya desde la década del 80, el mundo produce alimentos para casi un 20% más de la población mundial; pese a eso los datos muestran que casi 1000 millones de personas padecen de desnutrición en el mundo, echando por tierra otra vez la concepción malthusiana de la producción. Ese excedente nunca llega a quien lo necesita y si no llega es porque, tal vez, el mercado no sea ese “distribuidor por excelencia” que el Consenso de Washington le quiso atribuir (Patel, 2008).

Para la FAO, en la actualidad, la seguridad alimentaria está basada en 4 componentes: Disponibilidad física, Acceso, Utilización y Estabilidad. La primera hace referencia a la producción y a la oferta de alimentos, a los stocks y al comercio. La segunda hace mención al problema de la imperfección del comercio como distribuidor, poniendo el énfasis tanto en los ingresos como en los precios de los alimentos. La tercera está vinculada con el uso que hace el cuerpo humano de los nutrientes y pone el acento en la necesidad de la diversidad alimentaria. La cuarta refiere al futuro, es decir, a la posibilidad de que los pueblos no solo satisfagan sus necesidades en la actualidad, sino que tengan garantizada la alimentación en el futuro.

Las principales críticas que se le realizan al concepto de seguridad alimentaria tienen que ver con que no suelen abarcar a las condiciones de producción, es decir al daño al medio ambiente que provocan los sistemas agrícolas utilizando agroquímicos. Tampoco parecen oponerse a la situación de oligopolio de la industria alimentaria (donde unas pocas empresas controlan la mayor parte de los alimentos consumidos en el mundo) y como consecuencia de lo anterior, no parecen condenar la lógica del mercado que rige a la alimentación en el mundo, donde la ganancia y el rédito económico importan mucho más que la salud.

Desnutrición y obesidad

El sobrepeso y la obesidad tienen una tendencia creciente a nivel mundial y son causantes del incremento de enfermedades consideradas factores de riesgo para contraer Covid-19. A nivel global, el número de adultxs obesxs era de 671 millones en 2016 y de adultxs con sobrepeso, de 1300 millones, mientras que de niñas y adolescentes con obesidad 124 millones; mientras que, los niños y adolescentes con sobrepeso representan 338 millones.

Hay 2000 millones de personas con inseguridad alimentaria (26,4%), 820 millones de personas que carecen de alimentos suficientes y padecen hambre. El hambre en el mundo lleva tres años sin disminuir.

Obesidad en Argentina

La prevalencia del sobrepeso (índice de masa corporal entre 25 y 30) es de 36,3% y la de la obesidad (índice de masa corporal mayor a 30) del 25,3%. Estos valores muestran al exceso de peso como un factor de riesgo prevalente en la población, y que en muchos casos se relaciona con un acceso dificultoso a una alimentación saludable. Acceder a una buena alimentación es una parte indispensable para pensar en procesos de atención de la salud integrales que permitan construir modos de vida saludables y fortalecer el vínculo entre productorxs y consumidorxs[6].

Aumento del consumo de frutas y verduras

De acuerdo con una encuesta del INTA, se incrementó un 7% el consumo de frutas y hortalizas, junto con el aumento de cereales y derivados (11%), infusiones (9%), lácteos (5%), y la disminución de snacks (4%), alimentos listos para consumir (14%), y congelados (5%).

Según un relevamiento de UNICEF a nivel país, 28,3% del total de hogares había dejado de consumir algún alimento por limitaciones en el ingreso, y en villas y asentamientos el porcentaje llegó a 45,3%.

Por otro lado, un estudio en PBA halló que el 73% de lxs niñxs no consumen las 5 porciones de frutas/verduras recomendadas. Solo el 14,5% declaró consumir más verduras durante la ASPO, frente a lácteos, galletitas y cereales que fueron más consumidos por el 20-29%.

Soberanía alimentaria

La soberanía alimentaria es un concepto surgido desde las bases campesinas. Frente a la imposición de las políticas neoliberales a fines de la década del 80, que impactaron duramente en el mundo agrícola, las organizaciones campesinas nucleadas en la internacional Vía Campesina, reclamaron que la alimentación (en todas sus etapas) es un derecho. Si bien el concepto surge de una entidad global que nuclea a campesinos de todo el mundo, la idea de soberanía alimentaria plantea la necesidad de recuperar lo local. Varios factores no tenidos en cuenta por la industria alimentaria hegemónica, son puestos en discusión a partir de la generación del concepto (Díaz Córdova, 2007).

En primer lugar, podemos destacar que la mayor parte de las decisiones en Vía Campesina se corresponden con las que toman las mujeres. Fueron ellas quienes llevaron adelante la militancia necesaria para convertirse en una organización global, del mismo modo que son ellas quienes representan el aspecto más importante tanto del campesinado como de la agricultura familiar. La cuestión del género es sumamente relevante y en algún sentido opuesta a lo que sucede con las multinacionales de la alimentación, mayormente dirigidas por hombres blancos.

En segundo lugar, otro elemento a considerar está vinculado con el medio ambiente y su protección. La mal llamada “revolución verde” si bien aumentó la productividad, también provocó daños al medio ambiente no contemplados originalmente, pero que se revelaron implacablemente a medida que los paquetes agroquímicos se implementaron. Pan para hoy, hambre para mañana pareciera ser el lema de los agroquímicos, ya que a medida que pasa el tiempo y la tierra es sometida a más y más paquetes de tecnología importada, la calidad del suelo se ve mermada de manera notoria.

En tercer lugar, la agricultura promovida por las multinacionales, atenta directamente contra las tecnologías usadas en forma local. Esto coloca a lxs agricultorxs y campesinxs en dependencia directa de las empresas. Uno de los tesoros de la agricultura fue siempre el uso de las semillas propias; el mismo ciclo agrícola provee de las herramientas necesarias para cultivar mañana. Sin embargo los procedimientos agroquímicos exigen un determinado tipo de semilla que soporta el cúmulo de sustancias que se necesitan para lograr la productividad declamada (en algunos casos incluso las semillas tienen un copyright).

En cuarto lugar, se encuentra la cuestión del comercio. En general el comercio internacional de alimentos está pensado de tal manera que lxs productorxs reciben lo mínimo indispensable (a veces ni siquiera ello) y lxs consumidorxs pagan lo máximo posible (a veces incluso más). Por lo tanto, desde Vía Campesina se promueve lo que se llama comercio justo, donde tanto productorxs como consumidorxs se ven beneficiadxs, eliminando las cadenas intermedias, que son las que se llevan la parte del león. Eliminar este modelo es uno de los objetivos y para ello se requiere además de productorxs conscientes, de consumidorxs activxs.

Como decíamos al comienzo del apartado, la soberanía alimentaria se basa fundamentalmente en los derechos. Estos derechos pueden ser resumidos en: priorizar la producción local con el objetivo de alimentar y no de exclusivamente hacer dinero; el derecho a utilizar la tierra, el acceso a créditos y el libre acceso a las semillas y al agua; el derecho a que tanto productorxs como consumidorxs puedan elegir libremente qué, en qué forma y quién lo produce/consume. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agresivas (dumping) imponiendo costos a la introducción de alimentos foráneos, solicitando que los países centrales eliminen los subsidios y/o aplicando retenciones a las exportaciones (en países productores). El derecho a que las políticas agrarias no sean decididas entre tecnócratas y empresarios, sino que involucren activamente tanto a productorxs como a consumidorxs.

La soberanía alimentaria no solo es un concepto elaborado por las bases campesinas, compuestas mayormente de mujeres, sino que implica un cambio de paradigma y una invitación a hacer del mundo de la alimentación (el tan importante mundo de la alimentación) un espacio de mayor justicia.

Lxs productorxs son trabajadorxs esenciales

Se desplegó a partir del inicio de la pandemia el diseño y la confección de protocolos de aplicación en establecimientos productorxs, envasadorxs y manipuladorxs de alimentos, transporte de alimentos, nodos de concentración de productos frescos y de distribución entre otros[7].

Desigualdad de acceso a la alimentación

En la Argentina, la desigualdad también se manifiesta a partir del acceso a una alimentación variada y muestra de ello es el diferencial que existe en el consumo de frutas diario reportado en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2018 entre el primer quintil de la distribución de ingresos (1,7 frutas diarias) y el quinto (2,4 frutas diarias), mostrando así que el acceso a una alimentación saludable está estrechamente relacionado con la distribución del ingreso.

Políticas públicas. Compromiso Social de Abastecimiento

Mercado Central + Secretaría de Comercio Interior de la Nación + municipios bonaerenses. 21 productos, 115 puestos mayoristas, 122 verdulerías.

ProHuerta. Ministerio de Desarrollo Social + INTA. 4 millones beneficiarixs, red federal de 9.192 promotorxs voluntarixs (67% mujeres), acceso al agua a más de 16.000 familias, 744 ferias agroecológicas, 637.847 huertas (97% familiares).


Plan Argentina contra el Hambre. 11 millones de beneficiarixs de Tarjeta Alimentar. Programa Sembrar Soberanía Alimentaria. $1000 millones para la agricultura familiar.

Bibliografía

Aguirre, P. (2017). Una historia social de la comida. Lugar Editorial.

Calvo, E. B., & Aguirre, P. (2005). Crisis de la seguridad alimentaria en la Argentina y estado nutricional en una población vulnerable. Archivos Argentinos de Pediatría, 103(1), 77–90.

Díaz Córdova, D. (2007). Soberanía alimentaria: algunas ventajas de un concepto surgido de las bases campesinas. Sociales en Debate, 45-50

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, INTA, SENASA. Universidad Arturo Jauretche. Lineamientos de buenas prácticas para la producción agropecuaria para el COVID-19. Sector Agricultura familiar. 2020. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/covid- 19_agriculturafamiliar_x_0.pdf

Ministerio de Salud de la Nación. Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Buenos Aires, 2020. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/4ta- encuesta-nacional-factores-riesgo_2019_principales- resultados.pdf

Patel, R. (2008). Obesos y famélicos el impacto de la globalización en el sistema alimentario mundial. Los Libros del Lince.

[1] Integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS), docente- investigador Universidad Nacional de Lanús (UNLa)/Universidad de Buenos Aires (UBA).  

[2] Integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS), Ministerio de Agricultura , Ganadería y Pesca de Nación – MAGyP. 

[3] Integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS), Centro Universitario de Farmacología de la Universidad Nacional de La Plata (CUFAR-UNLP). 

[4] Integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS), Centro Nacional de Investigación en Endemio-Epidemias (CeNDIE) de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS).

[5] Integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS), docente -investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

[6] En Argentina, la prevalencia del exceso de peso (personas con sobrepeso y obesidad) medido por autorreporte en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2018, alcanza al 61,6% de la población, mostrando un aumento con respecto a la edición previa de la ENFR (57,9%); siendo mayor para varones (68,5%, frente a 55,0% en mujeres). A su vez es mayor en las personas de los primeros cuatro quintiles de la distribución del ingreso que en las personas del quinto quintil (las personas con menores ingresos reportaron mayor prevalencia de exceso de peso).

[7] De acuerdo al documento oficial “Lineamientos de buenas prácticas para la producción agropecuaria para el COVID-19” referido a la agricultura familiar se menciona que aún cuando no se tiene constancia de ningún informe que sugiera que el COVID-19 pueda transmitirse a través de los alimentos, al tratarse de una enfermedad que se contagia principalmente por las vías respiratorias es central resguardar la salud de los trabajadores al desempeñar sus tareas y prevenir el contagio entre personas. Las recomendaciones en establecimientos donde se producen alimentos necesitan encuadrarse entonces con las buenas prácticas de manipulación vinculadas con los procedimientos de limpieza y desinfección en general, extremando la higiene del personal y la organización de las tareas habituales. En este sentido se desplegó a partir del inicio de la pandemia el diseño y la confección de protocolos de aplicación en establecimientos productores, envasadores y manipuladores de alimentos, transporte de alimentos, nodos de concentración de productos frescos y de distribución entre otros. Estos instrumentos elaborados tomando como base documentos e informes técnicos realizados por especialistas y/o los organismos competentes en alimentos brindan la garantía de provisión continua de alimentos frescos.

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