El director del Banco Nación, Claudio Lozano, participó hoy de la charla debate «El Caso Vicentin ¿Una forma de hacer negocios en Argentina?», donde aseguró que el objetivo es “transformar esta estafa generalizada en la posibilidad concreta de construir una empresa mixta”
“Lo mejor sería que pudiéramos transformar esta estafa generalizada en la posibilidad concreta de construir una empresa mixta, con presencia del Estado, asociado con las cooperativas agropecuarias, que pueda tener una conducción profesional, y generar al primer jugador dentro del comercio de granos”, explicó el funcionario durante el encuentro organizado por nuestra universidad y la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, y en el que también participaron la rectora Ana Jaramillo; Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE); Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense y director de la licenciatura en Economía Política de la UNLa; y Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).
Lozano también explicó que actualmente el proceso de intervención para desarrollar una estrategia en el marco del concurso de acreedores está “paralizado” debido a la decisión del juez de Reconquista Fabián Lorenzini.
“Acá ha habido un decreto del presidente de la Nación que ha sido desconocido por el juez que interviene en el concurso, lo cual resulta insólito. Este juez creo que no tiene mucha parcialidad, más cuando estuvo cerca de 18 años vinculado al Banco Nación y ha dictaminado en los créditos que recibió Vicentin. Él ha repuesto en la conducción de la empresa a los mismos directivos y se ha frenado el proceso de intervención. El juez tampoco le hizo caso a la propuesta del Gobierno de Santa Fe para una serie de intervenciones judiciales”, aseguró.
Por otra parte, Lozano habló sobre las actividades del grupo empresarial manejado por la familia Vicentin, una de las más 50 más afortunadas del país.
“Vicentin tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, apalancado en el uso del crédito, con trámites en el Banco Nación irregulares, colocando empresas en el exterior con las cuales llevó maniobras sospechosas y cuya resultante es una estafa generalizada que involucra a miles de productores, trabajadores y a la banca pública. En ese contexto ha paralizado Santa Fe y ha puesto en riesgo los puestos laborales de 7 mil trabajadores”.
Además, hizo especial hincapié en las deudas que la empresa mantiene con la banca pública y extranjera: “Creció un 84% promedio anual en los últimos 4 años tiene un endeudamiento de aproximadamente 64 mil millones de pesos, de los cuales 18.500 millones de pesos le debe al Banco Nación, que al cambio de ese momento serían 300 millones de dólares. A la banca extranjera le debe 36 mil millones de pesos y uno de los principales acreedor es el brazo financiero del Banco Mundial que es la Corporación Financiera Mundial, con 16.500 millones de pesos. Los primeros que están en claro sobre lo irregular de la situación es el Banco Mundial y el resto de bancos del exterior, que pusieron en marcha un proceso de ‘discovery’ para recabar información y han aparentemente descubierto que hubo un desvío de 400 millones de dólares”.
Sobre las críticas recibidas por parte de algunos sectores por la posible intervención, Lozano aseguró que existen propuestas de empresas y capitales extranjeros para quedarse con “lo mejor del grupo, concentrando y extranjerizando aún más el comercio de granos y la oferta de divisas de la Argentina”.
“Vicentin es una de las 10 principales exportadoras del país, que en su conjunto concentran el 84 por ciento de las exportaciones de manufacturas agropecuarias y son el 31 por ciento de las exportaciones totales. Por eso se entiende la reacción de ciertos sectores importantes ante la posibilidad de que el Estado ponga un ojo en el comercio de granos, porque la verdad es que desde que desapareció la Junta de Granos y se privatizaron los puertos, la operatoria de este comercio es opaca y oscura, con maniobras de triangulación, irregularidades en la facturación de exportaciones, pago de retenciones por debajo de lo que se debería e incluso contrabando de granos”.
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