El 19 de diciembre de 2018 se aprobó en la Argentina la Ley N° 27.499. Entre los Fundamentos del Proyecto, se incluía que “esta ley lleva el nombre de Micaela García, víctima de un brutal femicidio; en reconocimiento por su lucha militante por los derechos de las mujeres y de los más vulnerables”.
La ley tiene por objeto la “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”[1]. Un día después de su aprobación, la Universidad Nacional de Lanús decidió fortalecer su compromiso con la igualdad de género a partir de la aprobación en carácter de obligatoria de la capacitación en género y diversidad, a partir de la resolución de Consejo Superior N° 239/18.
En el presente artículo se explicita la importancia de la Ley y la capacitación en las temáticas de género como herramienta para la erradicación de las violencias y la lucha por la igualdad. En el segundo apartado se brinda una contextualización del estado de aprobación e implementación de la Ley a nivel nacional dentro del ámbito universitario, a partir de la información socializada por la Red de Género del Consejo Interuniversitario Nacional. Finalmente se presenta la información específica del estado de implementación de la Ley en la Universidad Nacional de Lanús.
Ley Micaela en el sistema universitario
En abril del año 2019 el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) recomendó que el sistema universitario adhiriera a la Ley N° 27.499, “Ley Micaela”.
Hasta septiembre de ese año, según un relevamiento sobre políticas de género en las instituciones universitarias realizado por la Red de Género (RUGE)[2], el 81,97% de las universidades habían adherido a la Ley y un 49% de las mismas ya la estaban implementando.
La distribución por claustro de quienes han participado de dichas capacitaciones muestra que el 31% corresponde a autoridades, el 27% corresponde a no docentes, el 20,7% corresponde a docentes y en igual porcentaje a estudiantes.
En la UNLa la adhesión a la Ley fue anterior al llamado del CIN. Los procesos internos de encuentro y debate lograron poner en agenda la necesidad de formación para todas las personas que integran la comunidad universitaria en género y violencias. Por tal motivo, la Universidad contaba con dos proyectos en curso de formación orientada a docentes y no docentes. Desde el Programa de Capacitación Docente (PROCADO), dependiente de la Dirección de Pedagogía Universitaria de la Secretaría Académica y en articulación con la especialización en Género, Sociedad y Políticas Públicas, se propuso el curso “Género, Identidades y Educación Superior” que consta de dos tramos formativos y propone “trayectos de formación destinados a brindar a lxs docentxs investigadorxs marcos conceptuales, como a promover el desarrollo para la enseñanza que favorezcan la formación de propuestas y prácticas de lxs futurxs profesionales en la perspectiva de género”. Este curso fue aprobado por el Consejo Superior en junio de 2018 por medio de la resolución N° 86/18[3].
Desde el Programa por la Igualdad de Género, con la intervención y articulación del Comité Técnico Mixto de Capacitación y Formación Profesional[4], se presentó en diciembre del mismo año al Consejo Superior un proyecto de formación en Género y Diversidad destinado a trabajadores y trabajadoras no docentes de la Universidad como propuesta formativa de carácter optativo, con una carga horaria de 16 horas, a cargo de Victoria Freire y yo. Sin embargo, el Consejo Superior decidió que el curso fuera obligatorio para no docentes y personal jerárquico, en clara sintonía con lo establecido en la Ley Micaela, aprobada un día antes por el Congreso de la Nación.
Durante el primer año de implementación de la Ley en la UNLa participaron en los espacios propuestos un total de 239 personas según la siguiente distribución: 116 no docentes, 63 docentes y 13 autoridades (Secretarios, Secretarias y Directores de Departamentos, Rectora y Vicerrector).
El proceso iniciado con la implementación de la Ley propicia instancias reflexivas en las que abordar nuestras obligaciones institucionales respecto de la prevención y erradicación de situaciones de violencia y/o discriminación pero, también, nos invita a repensarnos desde nuestros múltiples ámbitos de desarrollo, propiciando un encuentro para el debate, el diálogo y la construcción de posibilidades para el logro de una universidad libre de violencias.
En la búsqueda de espacios libres de violencias
El curso que dictamos junto a Victoria Freire, destinado a las autoridades de la Universidad y a trabajadores y trabajadoras no docentes, ofrece un itinerario que recorre desde la primera unidad conceptos nodales de la teoría de género y feminista, vinculando los mismos a los contextos sociohistóricos de surgimiento y a las luchas feministas por la igualdad relacionadas con la redistribución, el reconocimiento, la participación y las conquistas, en términos de derechos y desarrollo de políticas públicas.
Para dar inicio al curso comenzamos recuperando la figura de Micaela García, joven militante víctima de femicidio en la provincia de Entre Ríos. La Ley lleva su nombre “en reconocimiento a su lucha militante por los derechos de las mujeres y de los más vulnerables”. En ese sentido, también explicitamos el objetivo de la Ley en tanto pretende “capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado”, entendido no como una mera elección de preferencia personal, sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Belém do Pará”).
A partir de esta contextualización invitamos a pensar nuestra vida cotidiana, nuestras prácticas institucionales y la política institucional, haciendo una conexión entre la formación en igualdad y la formación para la igualdad. En este sentido resulta fundamental hacer explícito que todo proyecto educativo que pretenda aportar a la transformación de las desigualdades precisa de la perspectiva feminista. Cuando hablamos de género, patriarcado, violencias e intersecciones estamos refiriéndonos a conceptos que surgen de conceptualizaciones, luchas feministas y de la necesidad de poner nombre a las desigualdades y sus causas.
Por ello, el curso se inscribe en una propuesta de abordaje integral de las violencias en el ámbito universitario, que requiere de espacios de intervención ante situaciones de violencias pero que no se termina en la creación de los mismos.
Como señalan Rovetto y Figueroa (2017) en torno al abordaje de las violencias en las universidades nacionales: “Hay una idea extendida que sostiene que basta con una oficina, una persona responsable, un mail y un horario de atención para solucionar estos problemas. Las políticas de gestión automatizadas que se dan en los distintos niveles del Estado son una forma de esquivar el trabajo profundo y situado que se requiere para eliminar las violencias sexistas. Frente a estas respuestas inmediatas, individualizantes y centralistas, sostenemos que hace falta generar instancias de encuentros, de debate y de conceptualización entre diversos actores institucionales”.
Desde esta perspectiva la implementación de la Ley Micaela nos permite el encuentro, el debate, la re-conceptualización. Nos permite recuperar definiciones teóricas y normativas, pero también nos permite vincularlas con las experiencias propias y con una historia de lucha que ha logrado conceptualizar las violencias por razones de género como un problema social y político, hacer público aquello que nos hicieron creer que era privado, decir que lo personal es político.
[1] Ley 27499, artículo 1. Norma completa http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm
[2] El relevamiento se realizó durante los meses de septiembre y octubre de 2019. Dicho estudio de carácter cuantitativo relevó datos de 61 encuestas autoadministradas realizadas a representantes de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias (RUGE) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El CIN está compuesto por un total de 66 instituciones universitarias, 57 nacionales, 4 provinciales y 5 institutos universitarios. El estudio relevó información de 61 instituciones universitarias: 56 universidades nacionales, 4 provinciales y el Instituto Patagónico de las Artes, dejando afuera a 4 institutos universitarios y a la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz por encontrarse en proceso de normalización. Dicho relevamiento fue sistematizado por la Dirección de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de San Martín y enviado a representantes de la Red en el mes de diciembre de 2019.
[3] La docente a cargo del mismo es Viviana Ceresani y la carga horaria total de cada trayecto formativo es de 30 horas.
[4] Conformado por tres representantes de los Trabajadores no docentes y tres Consejeros Superiores.
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